Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 136.001
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación presentada por la Defensora Oficial Dra. Natalia Argenti.
II. Rechazar, por improcedente, el recurso de casación interpuesto en favor de Luis Alberto Ramos, con costas.
III. Tener presente la reserva del caso federal formulada.
Rigen los arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 8.2.h, CADH;
14.5, PIDCP; 12, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 50 y 80 inciso 4to. del CP; 14, ley 48; y 106, 209, 210, 371, 373, 434, 448, inc. 1°, 450, 454, 530, 531 c.c. y s.s. del CPP).
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 136001 (IPP 0605-001038-2100) caratulada “RAMOS LUIS ALBERTO S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 30 de agosto del año 2024, el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial La Plata, luego de la celebración del juicio oral en la causa n° 6753/1776, dictó veredicto condenatorio e impuso a Luis Alberto Ramos la pena de reclusión perpetua, accesorias legales y costas, más la declaración de reincidencia, por encontrarlo coautor responsable del delito de homicidio calificado, cometido en la localidad de Alejandro Korn, partido de La Plata, en perjuicio de Tehuel De La Torre. (arts. 5 ,12, 29 inc. 3°, 40, 41, 50 y 80 inciso 4° del CP).
La Defensora Oficial, Dra. Natalia Argenti, interpuso recurso de casación (presentación electrónica del 20/9/2024). La causa ingresó a la Sala I de este Tribunal con fecha 21 de noviembre de 2024, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA, dijo:
El recurso fue interpuesto por quien se encuentra legitimada, en debido tiempo y contra una sentencia definitiva de juicio oral en materia criminal, por lo que se verifican los recaudos formales y satisfacen los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 20 inc. 1, 450 1er párrafo, 451 y 454 inc. 1° del CPP).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL, dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA, dijo:
La Defensa plantea los siguientes motivos de agravio: 1) Nulidad de la sentencia por afectación al derecho de defensa y debido proceso, al no describir de forma clara, precisa, circunstanciada y específica el hecho atribuido. Sostiene que la acusación no expuso cómo se produjo el supuesto homicidio y dicha indeterminación se mantuvo en la sentencia, lo que imposibilitó oponer una defensa plausible. 2) Arbitraria valoración de la prueba para tener por acreditados los extremos de la materialidad ilícita y autoría. Entiende que la prueba producida y la incorporada por lectura impiden reconstruir lo sucedido tal como fuera tenido por acreditado en el veredicto. Afirma la orfandad probatoria en especial en lo relativo a los mecanismos de producción de la supuesta muerte y la determinación del arma homicida.
Considera que la evidencia empleada permite la concurrencia de otras hipótesis válidas, enumerando, a modo ejemplificativo, diversas posibles interpretaciones de lo ocurrido. Cuestiona que no se ahondó en otras líneas de investigación, recayendo en la visión de túnel y los propios sesgos cognitivos direccionaron la pesquisa a la hipótesis más sencilla. Manifiesta que se descartó: que Tehuel haya sido captado por una red de trata de personas; la presencia de una tercera persona en el lugar de los hechos; y la asistencia de Tehuel a una fiesta clandestina la madrugada del 12 de marzo. Solicita la nulidad de los secuestros realizados por no haberse preservado correctamente el lugar. Señala que, en las dos diligencias de allanamiento, realizadas el 16 y 23 de marzo de 2021, el personal interviniente dejó constancia de que la zona no había sido preservada y que al arribar se encontraba personal de la Sub DDI San Vicente.
Pone en duda el procedimiento realizado y postula que la evidencia fue plantada en el domicilio de Ramos. Manifiesta que el oficial Ortiz se contradijo con lo declarado durante la investigación preliminar, y cuestiona la legalidad de su intervención. Agrega que la madre del imputado hizo mención a que el personal policial se hizo presente en el domicilio de su hijo antes de que se llevara a cabo el primer registro. 3) Errónea aplicación del art. 80 inc 4° del CP. Critica la ausencia de actuación con perspectiva de género a lo largo de todo el proceso. Señala que hubo orfandad probatoria y exigua argumentación para justificar la agravante. Argumenta que el imputado y la víctima eran buenos amigos, que Ramos respetaba la elección personal de Tehuel, lo trataba con respecto, lo ayudaba económicamente, y le prestaba dinero sin exigir devolución, todo lo cual descarta el móvil de odio a la identidad de género.
Considera que la declaración de Michelle Leyes, pareja de Tehuel, respecto a las dificultades de conseguir trabajo evidencia la discriminación sufrida por la víctima por parte de la sociedad, pero no se relacionan con la actitud reprochada a su defendido, que fue el único que lo ayudó a conseguir trabajo. Entiende que el comentario traído a colación por la testigo Andrea Nikolich no resulta suficiente para sustentar la agravante. Remarcó que la testigo hizo alusión a que Ramos asistía a las marchas del orgullo, nunca tuvo una actitud fuera de lugar, era atento con todos, con Tehuel tenía una muy buena amistad y fue quien lo acercó al movimiento. Aclara que la expresión “chica-chico”, tal como lo refiriera el testigo Ricardo Luis García Sommaruga, lejos estuvo de ser utilizada como una frase discriminatoria o peyorativa, sino que fue para explicarle que Tehuel era una persona trans.
Considera que no se demostró la existencia de una relación asimétrica de poder o situación de vulnerabilidad y dependencia económica. Sostiene que no se ha hecho referencia a ninguna conducta objetiva demostrativa de la ejecución por parte de Ramos de actos tendientes a crear una relación de poder sobre su amigo. Señala que la sentencia no explica cómo se aprovechó, que obtenía a cambio, y sobre qué conductas tenía control Ramos. Cuestiona los informes psicológicos por entrar en contradicción con las propias declaraciones de los familiares de la víctima, partir de premisas falsas y arribar a conclusiones tendenciosas. Aclara que Tehuel no era un militante de la colectividad y no se relaciona con su desaparición.
Invoca jurisprudencia y doctrina. 4) Inconstitucionalidad de la reincidencia por afectación a los principios de ne bis in idem, culpabilidad, legalidad y reserva. 5) Afectación al principio acusatorio y del derecho de defensa en juicio al haberse declarado la reincidencia de oficio, mediando exceso de jurisdicción. Indica que se privó a la Defensa de la posibilidad de contradecir la configuración de sus presupuestos. 6) Errónea valoración de circunstancias atenuantes y agravantes de la pena. Considera que se ha incurrido en una doble valoración prohibida al ponderar los antecedentes condenatorios que registra su defendido tanto para el dictado de la reincidencia como para agravar la pena. Sostiene que las agravantes impuestas carecen de respaldo probatorio.
Solicita se valoren como pautas atenuantes que su defendido posee una familia y que ha trabajado a lo largo de su vida. 7) Inconstitucionalidad de la pena de reclusión. Afirma que la pena de reclusión se encuentra derogada en nuestro ordenamiento y su aplicación conculca el principio de legalidad. Agrega que por su carácter infamante es contraria al principio de humanidad de las penas y el fin de resocialización de las penas. 8) Afectación de los principios de proporcionalidad, culpabilidad, razonabilidad y proscripción de crueldad por aplicación de una pena perpetua sin posibilidad de egreso ni reinserción social. Entiende que la falta de delimitación temporal de la sanción impuesta es contraria al principio de legalidad y ocasiona un gravamen actual que debe ser subsanado.
Solicita se fije la extensión de la pena o, en su caso, se declare la inconstitucionalidad del art. 14, en función del art. 80, del CP. Entiende que al momento de su determinación debe tenerse en consideración el límite de 20 años que deriva del Estatuto de Roma. 9) Inconstitucionalidad de la incapacidad civil accesoria -art. 12, CP- por resultar contraria al fin de las penas, estigmatizante, indigna e inhumana. y 10) Arbitraria aplicación de las costas del proceso, por haber existido razón plausible para litigar y la situación económica que atraviesa su defendido. Hace reserva del caso federal.
El Defensor Adjunto de Casación, Dr. José María Hernández, mantiene el recurso de casación interpuesto y, en atención a la autosuficiencia del mismo, se remite a las razones expuestas y solicita se lo declare procedente.
El Fiscal Adjunto de Casación, Dr. Fernando Luis Galán, propicia el rechazo del recurso de acuerdo a su dictamen del 21/11/2024.
Con independencia de la garantía procesal que conduce a las exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación. Los arts. 8.2.h de la Convención Americana y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por la impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs. del CPP; v. TCPBA, Sala I, c. 77.456 “Silva, Sergio Daniel s/ Recurso de Casación,” sent. del 8 de noviembre de 2016, reg. 949/16, entre otras).
El Tribunal tuvo por acreditado que: “entre las primeras horas de la noche del día once de marzo del año 2021 y las primeras del día doce del mismo mes y año, en el interior del domicilio sito en calle Mansilla Nº 1203 de la localidad de Alejandro Korn -partido de San Vicente-, dos personas del sexo masculino, una de ellas identificada como Luis Alberto Ramos, motivados por razones de odio a la identidad de género y a la orientación sexual, intencionalmente causaron la muerte de Tehuel De la Torre y ocultaron sus restos mortales que, hasta el día de hoy, no han sido hallados”.
El recurso no habrá de prosperar.
I. En primer lugar, corresponde abordar el pedido de nulidad formulado con base en una supuesta afectación al derecho de defensa y al debido proceso por indeterminación del hecho imputado. Al respecto, debe recordarse que los actos procesales solo serán sancionados con nulidad cuando no se hubieren observado las disposiciones establecidas para su realización.
La pretensión debe examinarse con criterio restrictivo, pues muchos casos de meras irregularidades procesales, cuando falta alguno de los elementos del acto que no lo privan de su esencia y las formas que reúne son suficientes para cubrir las exigencias mínimas, conserva su entidad como figura procesal autónoma.
Por ello, las nulidades de los actos procesales, además de ser de declaración restrictiva, constituyen un remedio extremo, por lo que únicamente proceden cuando la violación de las formalidades que las conforman deriva en un perjuicio real y concreto para quien las invoca, pero no cuando se solicitan por exigencias puramente formales desprovistas de interés práctico.
El sistema consagrado por el Código en materia de nulidades -art. 201 c.c. y s.s. del CPP- persigue, como regla general, la estabilidad de los actos jurisdiccionales por lo que, tratándose la nulidad de un remedio de excepción, cede frente al principio de conservación de aquéllos actos, razón por la que, previo anular es menester examinar el destino procesal del acto y separar lo sanable de lo insanable y la posibilidad de la existencia de un perjuicio concreto, o sea la limitación de un derecho del justiciable vinculado en forma inmediata al buen orden del proceso y en forma mediata a las garantías que son su causa, por lo que no habiéndose acreditado en el caso los extremos que la habilitan, corresponde su desestimación (TCPBA, Sala VI, Causa n° 65.958 “Foti, Alfredo Antonio s/ Recurso de Casación,” sentencia del 1 de junio de 2016).
En esta misma línea, tal como lo expusiera en la causa 86955 "Cardozo/Ferreyra" del 9/5/2019, la descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del sentenciante. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan (v. Corte IDH, caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, Sentencia de 20 de junio de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 67).
El llamado “principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia” implica que ésta última puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias valoradas en la acusación (Corte IDH, Íd.).
La Corte Europea de Derechos Humanos ha sostenido que “Las particularidades del delito juegan un rol crucial en el proceso penal, desde […] la comunicación de aquéllas es cuando el sospechoso es formalmente puesto en conocimiento de la base fáctica y legal de los cargos formulados en su contra […]. El artículo 6.3.a) de la Convención reconoce al imputado el derecho a ser informado no sólo de la causa de la acusación, es decir, de los actos que supuestamente ha cometido y sobre los que se basa la acusación, sino también de la calificación legal dada a esos actos […]” (Cfr. Pelissier and Sassi v. France 25444/94, [1999] ECHR, párrs. 51, citado por Corte IDH, cit.)
La descripción material de la conducta imputada a Luis Alberto Ramos, se mantuvo inalterada y fue expresada en los siguientes términos: “entre las primeras horas de la noche del día once de marzo del año 2021 y las primeras del día doce del mismo mes y año, en el interior del domicilio sito en calle Mansilla Nº1203 de la localidad de Alejandro Korn - partido de San Vicente-, dos personas del sexo masculino, una de ellas identificada como Luis Alberto Ramos, motivados por razones de odio a la identidad de género y a la orientación sexual, intencionalmente causaron la muerte de Tehuel De la Torre y ocultaron sus restos mortales que, hasta el día de hoy, no han sido hallados”.
Las circunstancias señaladas en el recurso son insuficientes para la fulminación reclamada.
La enfática consagración en el artículo 18 de la Constitución Nacional de la fórmula: "Es inviolable la defensa en Juicio, de la persona y de los derechos", se ha definido en materia procesal penal que comprende la facultad de intervenir en el procedimiento penal abierto para decidir acerca de una posible reacción penal contra el imputado y la de llevar a cabo todas las actividades necesarias para poner en evidencia la falta de fundamento de la potestad penal del Estado o cualquier circunstancia que la excluya o atenúe.
En el caso, se garantizó a la defensa y a su asistido la posibilidad de ejercer adecuadamente el derecho de defensa material y técnica, puesto que en todo momento tuvieron conocimiento cabal del contenido de la acusación, sin que hayan podido verse sorprendidos o imposibilitados de oponer defensa alguna al respecto, lo que torna improcedente el planteo.
En efecto, la acusación delimitó de manera precisa el hecho, al circunscribir temporalmente el acontecimiento al lapso comprendido entre las primeras horas de la noche del 11 de marzo de 2021 y las primeras horas del día siguiente, y precisar el lugar de ocurrencia -el interior del domicilio sito en calle Mansilla N° 1203 de la localidad de Alejandro Korn, partido de San Vicente- y en qué consistió, al referir que Ramos, motivado por razones de odio a la identidad de género y a la orientación sexual, intencionalmente causó la muerte de Tehuel. Durante el desarrollo del debate, los distintos testimonios brindados aportaron elementos que otorgaron mayor especificidad y coherencia a la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal. De esta forma, el hecho intimado al acusado, debidamente determinado desde sus inicios y conocido por la defensa, fue descripto con claridad, concreción y delimitación suficiente para garantizar el pleno y efectivo ejercicio del derecho de defensa. No surge de las actuaciones ningún elemento que permita sostener la existencia de una conculcación de garantías constitucionales.
Además, no puede perderse de vista que la mera invocación genérica y dogmática de afectación a garantías constitucionales no resulta suficiente para establecer que, en autos, concurra algunos de los supuestos previstos en la ley procesal, que permita a esta altura hacer lugar al reclamo.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de nulidad efectuado por la defensa, en tanto no se ha demostrado que la supuesta indeterminación del hecho haya generado una lesión real y efectiva al derecho de defensa del imputado ni a otras garantías constitucionales, lo cual sella de modo adverso la suerte de la crítica.
II. Corresponde analizar los cuestionamientos dirigidos a la valoración de la prueba respecto de la materialidad ilícita y la autoría.
Los planteos son una reedición de los que fueron realizados ante el tribunal y rechazados en forma justificada, sin que la persistencia en esta sede logre alterar la decisión (p. 31/35, v. Sala VI, c. N° 56.386, caratulada “BUSTAMANTE, Sergio Gustavo s/ Recurso de Casación”, sent. del 11 de octubre de 2013, reg. 453/13; c. N° 56.644, “GONZÁLEZ, Pamela Elizabeth y SAAVEDRA, Sebastián Ezequiel s/ Recurso de Casación” y su acum., c. N° 56.647, “GONZÁLEZ, Pamela Elizabeth y SAAVEDRA, Sebastián Ezequiel s/ Recurso de Casación interpuesto por part. damnif.”, sent. del 30 de diciembre de 2013, reg. 680/13, c. 58.518 “REQUITO, Alfredo Enrique s/Recurso de Casación, reg. 227/14).
La motivación o expresión de agravios es el razonamiento de censura que el impugnante formula contra la resolución cuestionada, para destruir sus premisas y conclusiones o para demostrar su ilegalidad y, por lo tanto, debe ser clara, precisa y específica (cfr. CLARIÁ OLMEDO, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal Penal, t. V: La Actividad Procesal, Bs. As., EDIAR, 1966, ps. 468/469); de este modo, si prescindió de formular una crítica concreta y eficaz contra los argumentos desarrollados, el recurso deviene inidóneo para alterar la decisión.
Sin perjuicio de ello, encuentro que, en contra de la arbitrariedad señalada, el Tribunal hizo una valoración pormenorizada de los elementos probatorios que lo llevó a reconstruir el hecho y tener por acreditada la autoría de Ramos, en los términos explicitados en la decisión. Las críticas de la defensa se encuentran dirigidas en forma individualizada al material probatorio utilizado; sin atender al rendimiento probatorio que surge de un exámen completo del que fuera practicado en el debate.
Como punto de partida, no puede soslayarse la particular complejidad que reviste el hecho.
La ausencia de hallazgo del cuerpo de la víctima constituye, sin duda, una circunstancia relevante, en tanto priva a la investigación de una fuente de prueba que, en otras condiciones, permitiría una reconstrucción más completa de lo sucedido.
El sistema probatorio consagrado por el art. 210 C.P.P. no prevé formas determinadas para acreditar un hecho delictivo, lo que procura afianzar la búsqueda de la verdad como objeto del proceso, e impide sostener que sus reglas sometan la convicción acerca de un determinado hecho o circunstancia, a su comprobación por un medio de prueba específico (arts. 209, 210 y 373 C.P.P.; TCPBA, Sala VI, Causa nº 56.107 “Sonda, Juan Alejandro s/ recurso de casación” del 21 de mayo 2013 y Causa nº 56.097 “Chávez, Alexis Sebastián s/ recurso de casación” del 27 de noviembre de 2013, entre otras).
Sin embargo, no es imprescindible para la condena por un delito de homicidio la aparición del cuerpo de la víctima. Si bien su hallazgo puede constituir una fuente relevante de información -por ejemplo, al permitir la realización de exámenes forenses orientados a precisar con mayor detalle las circunstancias de la muerte-, la ausencia no impide ni invalida la posibilidad de su esclarecimiento, por lo que no constituye un obstáculo insalvable (Conforme me pronunciara en las causas nro. 62.950 "Totaro, Matías Daniel; Totaro, Carlos Gastón y Falcón, Nahuel Luis s/recurso de casación" , sala 6, del 1/3/2016, y nro. 93.441 "Lagostena, Héctor Daniel s/ recurso de casacion", sala 1, 5/5/2020).
La verificación del “hecho desconocido” requiere una conexión lógica y directa con la existencia de un “hecho indicador” debidamente acreditado; no se trata de un mero cálculo de probabilidades, sino de una inferencia fundada, completa, concluyente y convincente que respete las reglas de la lógica y de la experiencia.
No obstante, en la medida en que los aspectos fácticos esenciales se encuentren sustentados en inferencias lógicas que cumplan con dichos estándares de razonabilidad, puede alcanzarse un grado de certeza compatible con las exigencias del debido proceso. Tal como ha sido debidamente fundamentado en la sentencia, la reconstrucción del hecho fue posible gracias al análisis integral y convergente de múltiples indicios concordantes, evaluados de manera adecuada durante el debate oral.
La decisión adoptada por los jueces se sustenta en un conjunto probatorio válido y coherente, cuya valoración fue realizada en forma correcta. La inmediación impide revisar aspectos ligados a la comunicación directa y cuestiones singulares de percepción que hacen a la recepción oral de la prueba, en la medida que dieron cuenta detallada de su empleo, y necesariamente otorga a los jueces de mérito un amplio margen de discrecionalidad, no arbitrariedad, pues no pueden relegar el deber de documentar y exponer los motivos de su convicción, según las reglas de la sana crítica racional, a fin de cumplir con el mandato constitucional que exige que las sentencias sean fundadas.
Con el objetivo de facilitar la comprensión del fallo, expondré de manera detallada los fundamentos esenciales que sustentaron la condena, junto con la valoración de la prueba que le dio respaldo:
1. Se tuvo por acreditado que la víctima fue vista por última vez el día 11 de marzo de 2021, cuando se dirigía al encuentro del imputado Luis Alberto Ramos, por una propuesta laboral que le había formulado.
Para arribar a esta conclusión, el Tribunal utilizó los testimonios de Michelle Anabel Leyes, Verónica Elizabeth Alarcón y Sofía Eliana Villa, así como en el informe emitido por la empresa SUBE. En particular, Michelle Anabel Leyes, pareja de la víctima, relató que Tehuel recibió una llamada de Ramos con una propuesta para trabajar como mozo, motivo por el cual se retiró de su domicilio entre las 18 y 19 horas. Expresó que desde ese momento perdió todo contacto con él, lo que consideró inusual, dado que nunca antes se había producido una interrupción tan prolongada en la comunicación. Agregó que inicialmente entendió la falta de comunicación porque que el evento laboral era nocturno, pero que, al no regresar a la mañana siguiente, intentó contactarlo sin éxito y, ante la persistente ausencia, el 13 de marzo radicó la denuncia correspondiente.
Su testimonio fue respaldado por la declaración de Norma Isabel Nahuelcura, madre de Tehuel, y por el informe victimológico elaborado por los profesionales María Belén Gallego y Juan Pablo Díaz, ambos coincidentes en dar cuenta de los dichos de Leyes respecto a que Tehuel había salido de su domicilio con la intención de asistir a un trabajo ofrecido por Luis Ramos.
Asimismo, Verónica Elizabeth Alarcón relató haber visto a Tehuel el 11 de marzo alrededor de las 19 horas, momento en el que le comentó que se dirigía a la casa de Ramos por una propuesta laboral.
Esta afirmación se vio fortalecida por el testimonio de Sofía Eliana Villa, quien elaboró un informe sobre los registros de una cámara de seguridad ubicada en un supermercado. Allí se consignó que, a las 19:07 horas de ese día, se observó a Tehuel subiendo a un colectivo, vestido con una campera azul con capucha roja y detalles blancos, coincidente con la descripción brindada en los afiches de búsqueda. Ello fue corroborado por el informe de la empresa SUBE, del cual surge que, a las 19:06:54 horas, la tarjeta asignada a Tehuel fue utilizada para ascender al interno 5572 de la línea 435 de la empresa San Vicente S.A., sin que se registraran movimientos posteriores. Por otro lado, el testimonio incorporado por lectura de Federico Andrés De La Torre, hermano de la víctima, da cuenta de que se dirigió al domicilio de Ramos para preguntarle por el paradero de Tehuel. Según sus dichos, Ramos refirió “haberla” visto por última vez el jueves en la estación de Korn, y que finalmente no habían asistido al evento al que se iban a dirigir.
Finalmente, el Tribunal también ponderó la circunstancia de que, desde el momento en que Tehuel salió de su domicilio con destino a la casa de Ramos, nunca más volvió a ser visto por sus allegados ni por terceros, pese a las numerosas diligencias dispuestas durante la etapa investigativa para dar con su paradero.
2. Geolocalización del celular de la víctima: El análisis de las señales emitidas por el celular de Tehuel permitió establecer que su última localización activa se registró en las inmediaciones del domicilio de Ramos.
A tal fin, el Tribunal consideró diversos informes técnicos y declaraciones testimoniales que dieron cuenta de los registros obtenidos mediante GPS, redes móviles y plataformas en la nube. En primer lugar, Federico Di Luca explicó que recabó información sobre la geolocalización del dispositivo a través de datos del GPS y de la red móvil, precisando que el teléfono perdió señal a las 00:24 horas del 12 de marzo, lo que sugiere que fue apagado o destruido en el lugar donde se encontraba al momento de su última localización. Indicó, además, que, aunque el GPS no posee la precisión de otras tecnologías, su señal puede permanecer activa incluso si el dispositivo pierde cobertura. En su declaración, hizo expresa referencia al informe de geolocalización incorporado por lectura y agregado a fs. 50/53, el cual respaldó sus conclusiones y fue valorado por el Tribunal en forma conjunta con su testimonio.
Por su parte, Carlos José Gianni Nouzeilles declaró haber realizado pericias sobre la cuenta de gmail de la víctima, logrando recuperar información almacenada en la nube, que incluía datos de ubicación. Afirmó que la cuenta registró su última actividad pasada la medianoche del 12 de marzo, y que los datos sincronizados coincidían con los registros del dispositivo destruido, el cual resultó inutilizable para una pericia integral.
Silvina Andrea Rodríguez informó sobre la verificación de un IMEI en una tarjeta SIM y solicitó datos a las empresas de telefonía. Confirmó que la antena a la que se había conectado el dispositivo era la WNH046c, ubicada en la localidad de Alejandro Korn.
A su vez, Horacio Walter Martino y Jorge Agustín Marisi, integrantes de la Unidad de Análisis e Investigación Judicial de la Procuración, sostuvieron que el 12 de marzo el teléfono de Tehuel se activó brevemente, lo que permitió constatar que tuvo cobertura en una celda habitual próxima al domicilio de Ramos.
Finalmente, Fernando Emmanuel Ortiz refirió que elaboró un informe de geolocalización del cual surgía que el aparato había estado previamente en un comercio, una forrajería y, posteriormente, en la casa de Ramos. Reconoció su firma en la documental correspondiente y recordó que el informe indicaba que, entre las 21:00 horas del 11 de marzo y las 00:24 horas del 12 de marzo, el dispositivo permaneció a escasos metros de la vivienda ubicada en calle Mansilla N.º 1203.
A partir de la prueba valorada, el Tribunal tuvo por acreditado que la localización del celular de Tehuel De la Torre (número 011 6746-6231) se registró entre las 19:49 y las 21:00 horas del día 11 de marzo, y luego, desde las 21:00 horas de esa misma jornada hasta las 00:24 del día 12 de marzo de 2021, en inmediaciones de la calle Mansilla al numeral 1212, en la localidad de Alejandro Korn; es decir, a muy pocos metros de la vivienda de Luis Ramos, lugar este donde dicho aparato telefónico dejó de funcionar.
3. Imágenes en el celular del imputado: El Tribunal tuvo por acreditado que, durante la noche del 11 de marzo de 2021, Tehuel De la Torre se encontraba en el domicilio de Luis Ramos, en compañía del imputado y otra persona, presuntamente identificada como Alfredo Montes. Las imágenes fotográficas tomadas entre las 20:42 y las 00:00 horas, que fueron recuperadas del teléfono celular del propio imputado y vinculadas mediante la mensajería de WhatsApp y herramientas de análisis digital, lo corroboran.
A tales fines, el Tribunal valoró, nuevamente, el testimonio de Carlos José Gianni Nouzeilles, quien declaró haber practicado pericias sobre los dispositivos remitidos a la DAIC. Informó que analizó cuatro teléfonos celulares, entre ellos el de Luis Ramos, del cual extrajo conversaciones de WhatsApp e imágenes relevantes para la investigación. Asimismo, refirió que del teléfono LG de Priscila Soledad Molero logró recuperar chats y una fotografía vinculada al dispositivo del imputado mediante dicha aplicación. Si bien se detectaron otras conversaciones, sostuvo que únicamente las mantenidas entre Molero y Ramos resultaban de interés para el caso.
Nouzeilles afirmó que del teléfono de Ramos se recuperaron registros fundamentales correspondientes al día de los hechos, incluyendo una imagen en la que aparecen Ramos, Montes y Tehuel, tomada entre las 22:00 y las 00:00 horas del 11 de marzo. Al comparar esta imagen con otra presentada durante el juicio, identificó similitudes en una gorra visible en ambas fotografías, lo que reforzó la identificación de las personas retratadas.
Por otro lado, el Tribunal utilizó, otra vez, el informe presentado por Horacio Walter Martino y Jorge Agustín Marisi, integrantes de la Unidad de Análisis e Investigación Judicial de la Procuración, quienes analizaron varios dispositivos, incluyendo un ZTE perteneciente a Ramos, un C115 de Montes y un LG de Molero. Los peritos señalaron que, a partir del teléfono de Ramos, extrajeron datos sobre comunicaciones mantenidas entre los involucrados, tanto por llamadas de línea como por WhatsApp. Indicaron que se registraron varias llamadas entre Tehuel y Ramos, siendo la última a las 19:34 horas. También identificaron imágenes donde Ramos, Montes y Tehuel aparecían juntos a las 20:42 horas, así como una captura de pantalla de un video donde Ramos baila con otras personas.
Finalmente, el Tribunal valoró el análisis realizado sobre las celdas telefónicas activadas en la zona, lo cual permitió reconstruir parcialmente la geolocalización del imputado, constatándose que se había alejado de su domicilio durante la madrugada anterior a la desaparición de la víctima, con registros que lo ubicaban en diferentes zonas.
A partir de esta prueba, el Tribunal sostuvo que a las 20:42:32 horas del 11 de marzo fue tomada, con el celular de Luis Ramos, una selfie en la que se lo observa junto a Tehuel -y a Montessentados alrededor de una mesa.
La imagen, incorporada al informe de fs. 2736/2745, se opone a la versión que el imputado diera a Michelle Leyes y a Federico De la Torre en la que dijo haber visto a Tehuel solo por unos minutos transmitirle que el evento había sido cancelado, tras lo cual se habría retirado sin volver a tener contacto con él.
También los dichos de Ramos contrastan con una captura de pantalla tomada minutos después, en la que aparece bailando y cantando frente a una persona que se encuentra sentada, cuya identidad no podría ser otra que la de Tehuel. En dicha imagen se distingue claramente un codo y una manga de color blanco, correspondiente a la prenda que la víctima llevaba puesta en la foto anterior, lo que descarta que se trate de Montes, quien vestía una camiseta negra.
4. Secuestros durante el allanamiento: El Tribunal tuvo en cuenta el resultado del allanamiento realizado el 16 de marzo de 2021 en el domicilio de Luis Ramos, durante el cual fueron secuestrados elementos de especial relevancia para el esclarecimiento del hecho. Entre ellos, se incautaron restos calcinados de una campera de tela azul y roja y la carcasa destruida de un teléfono celular, posteriormente identificados como pertenecientes a Tehuel De la Torre. Estos objetos fueron hallados en las inmediaciones de la vivienda: los restos de la campera colgaban de una ligustrina con alambrado romboidal, mientras que la carcasa del celular fue encontrada en una zanja situada frente a la propiedad.
En este marco, el Tribunal otorgó particular valor a los testimonios de los agentes policiales que participaron en el procedimiento, quienes, de manera coincidente, describieron el hallazgo de los elementos secuestrados y la detección de posibles manchas hemáticas en el lugar.
Utilizó el testimonio de Cristian Sebastián Pastore, quien indicó que durante la inspección se encontraron manchas en una pared de la vivienda y que los objetos incautados se hallaban distribuidos en el perímetro, confirmando además la coincidencia del IMEI de la carcasa con el del celular de la víctima.
Encontró relevante el testimonio de Sandra Beatriz Carballo, quien refirió haber visto manchas que parecían hemáticas y observar colgado en la ligustrina un pedazo de tela azul y roja parcialmente quemado, así como evidencias de quema en el patio, posiblemente utilizadas para incinerar objetos.
Otros funcionarios, como Alejandro Adan Azcua, José Enrique Portillo Fleitas, y Fernando Emmanuel Ortiz, efectuaron relatos que confirmaron de forma coincidente la localización de los elementos secuestrados y la presencia de manchas compatibles con sangre. Asimismo, los testimonios de Andrés Sebastián Piro, María Florencia Paz y Agustín Pablo Navamuel reforzaron la constatación del hallazgo de una tapa de celular Motorola y fragmentos de tela calcinada. En particular, Piro, en su rol de perito de rastros, procedió al levantamiento de manchas pardo-rojizas observadas en una pared, conforme al protocolo vigente.
Finalmente, Laura Mariela Delpretti manifestó haber observado y reconocido una carcasa de celular. y un pedazo de tela quemada con características coincidentes con la campera de Tehuel. El Tribunal asignó especial valor al testimonio de Michelle Anabel Leyes quien, al exhibírsele los elementos secuestrados durante el allanamiento -en particular, el fragmento de campera azul y roja parcialmente calcinado-, los reconoció de manera inmediata, en virtud de su tela y características distintivas. Señaló que se trataba de una prenda que él usaba habitualmente.
Esta identificación resultó decisiva para el Tribunal, en tanto permitió vincular directamente los restos incautados con la víctima y otorgó sustento concluyente a los hallazgos realizados durante el operativo.
5. Rastros hemáticos: El Tribunal tuvo por demostrado que, las manchas de sangre obtenidas durante el allanamiento llevado a cabo en el domicilio del imputado, una vez sometidas a análisis pericial, correspondían al perfil genético de la víctima, Tehuel De la Torre. Tuvo en cuenta la pericia realizada por los expertos encargados de la recolección y análisis de las muestras secuestradas, así como la identificación de las manchas hemáticas encontradas en el lugar.
En particular, consideró las conclusiones de Darío José Flores, bioquímico de Policía Científica, quien intervino en el peritaje de dos muestras: una de tela similar a la de un colchón y otra de un hisopo con manchas pardo-rojizas.
Flores explicó que, si bien no fue posible determinar el grupo sanguíneo ni el factor Rh debido a la naturaleza seca de la muestra, la obtenida del hisopo correspondía a sangre humana. El Tribunal ponderó este testimonio como clave para la identificación de la naturaleza del ejemplar hallado en el lugar de los hechos.
Asimismo, tuvo en consideración las explicaciones del perito médico genetista Lisandro Laborde, quien realizó el análisis de ADN con el fin de determinar si existía una relación genética con los padres de Tehuel, Norma Nahuelcurá y Félix De la Torre.
Laborde detalló que, tras analizar el hisopo con manchas hemáticas y otros elementos, se logró obtener material genético que fue cotejado con las de los padres de la víctima, concluyendo que el perfil genético de la mancha hemática coincidía con una probabilidad de paternidad del 99,999999%.
Finalmente, el Tribunal sostuvo que ninguna explicación, fuera de la muerte violenta de la víctima, resulta plausible para justificar la existencia de las manchas hemáticas que, perceptibles a simple vista, en forma de gota y a una altura aproximada de un metro cincuenta, se encontraban en la pared interior de la casa que habitaba Luis Ramos.
6. Fuga del imputado: también fue valorado por el órgano de juicio que, a pocos días de la desaparición de Tehuel De la Torre, el imputado Luis Alberto Ramos adoptó una conducta claramente evasiva, destinada a eludir el accionar de la justicia, manteniéndose prófugo durante varios días y desplazándose entre distintos domicilios de conocidos y familiares, en un intento deliberado de ocultar su paradero.
Para sustentar esta afirmación, utilizó en primer lugar el testimonio de Alejandro Eber Sosa Umerez, vecino del imputado, quien relató que, al regresar de su trabajo un martes, encontró a Ramos dentro de su vivienda, escondido en la bañera. Indicó que, al tomar conocimiento de la desaparición de Tehuel por los medios de comunicación, le exigió que se retirara.
En igual sentido, consideró el testimonio de Celeste Elizabeth Damaris Ramos, prima del imputado, quien refirió que Ramos se presentó una noche en la casa de sus padres, solicitando quedarse a dormir tras una supuesta discusión con su pareja. Señaló que permaneció allí durante dos días, situación inusual dado que no era frecuente que los visitara. Añadió que, ante la llegada de los agentes de la DDI, le pidió que negara su presencia, mientras sostenía un cuchillo en la mano.
Resulta complementaria la declaración de Susana Noemí Coronel, quien manifestó que Ramos pasó dos noches en su domicilio, tras presentarse sin previo aviso, con el pretexto que venía a visitar a su tío. Indicó que, luego de ser alertada por su hija, al regresar a su hogar encontró a Ramos alterado, bajo los efectos de medicamentos psiquiátricos que había ingerido sin autorización, pertenecientes a su esposo. Señaló además que le había sustraído perfumes y que portaba un cuchillo, razón por la cual decidió expulsarlo del domicilio.
Asimismo, valoró lo declarado por Michaela Silvana Alves Vera, quien relató haber conocido al imputado durante una cena en casa de Celeste Ramos. Contó que, al ver en televisión la noticia sobre la desaparición de Tehuel, recordó que Ramos se encontraba en aquella vivienda debido a conflictos con vecinos. Agregó que su amiga le comentó que Ramos había matado a Tehuel, aunque no pudo precisar el origen de esa información.
Finalmente, tuvo en consideración el testimonio de los efectivos de la DDI La Plata, Cristian Adrián Pared y Christian Ariel González, quienes declararon haber interceptado a Ramos cuando se dirigía al domicilio de un familiar. Describieron que se había rapado la cabeza, presentaba un deterioro físico evidente y signos de consumo de alcohol o estupefacientes. Añadieron que, durante la requisa, se le secuestró un cuchillo en la cintura y pastillas de clonazepam en su mochila. Por otro lado, dio crédito a testimonios que relataron sobre la actitud distante y evasiva que adoptó el imputado tras la desaparición de Tehuel De la Torre, pese a haber sido la última persona en tener contacto con la víctima.
En este sentido, consideró la declaración de Michelle Anabel Leyes, quien relató que, acompañada del personal policía, se dirigió hasta el domicilio de Ramos. Señaló que, en un primer momento, se negó a salir, que sólo lo hizo cuando los efectivos se disponían a retirarse, oportunidad en que manifestó que Tehuel no se encontraba allí y, acto seguido, ofreció que revisen la vivienda.
Asimismo, refirió que, posteriormente, intentó comunicarse con Ramos por teléfono. En una primera llamada, le cortó la comunicación, mientras que en una segunda oportunidad respondió de manera esquiva. Agregó que, pese a los reiterados intentos por contactarlo, Ramos demoró 26 horas en contestar sus mensajes de WhatsApp, y que nunca se ofreció a colaborar con la búsqueda.
La situación también fue expuesta por el hermano de la víctima, Federico Andrés De la Torre, incorporado por lectura, quien expresó sus sospechas sobre Ramos, pues había sido la última persona en ver a Tehuel. Señaló que, al mantener una conversación con él, observó que le temblaban las manos.
Con ello, es posible tener por comprobado los extremos de materialidad ilícita y autoría, tal como lo hicieran los jueces del Tribunal, toda vez que los datos conocidos, en su conjunto, constituyen indicios graves, precisos y concordantes que, valorados conforme las reglas de la sana crítica racional, permiten establecer el desconocido que Luis Alberto Ramos es coautor penalmente responsable de la muerte violenta de Tehuel De la Torre Conforme a lo expuesto, la afirmación del hecho desconocido: que Ramos intencionalmente causó la muerte de Tehuel, adquiere certeza pues racionalmente reúne las condiciones de: a) certeza del hecho singular verificado; b) que en forma racional permite la inferencia por tratarse de una afirmación de la práctica, c) inferencia que no conduce a una consecuencia distinta (indicio anfibológico) y, por último, d) los otros elementos probatorios no conducen a conclusiones diferentes (prueba en contrario), sino que afirman la conclusión a la que se arribara, en carácter de prueba compleja.
En el caso, la evaluación efectuada por el Tribunal refleja una correcta interpretación de las coincidencias referidas, lo que justificó acertadamente su fuerza convictiva. Las concordancias en la información aportada por todos los testigos, sumado a la proveniente de la incorporada por lectura, fundan un conjunto de indicadores serios, múltiples y contestes que respaldan la conclusión.
El análisis integral de los elementos probatorios permite sustentar la certeza sobre los extremos de la imputación, sin que del análisis de las pruebas surjan interrogantes o dudas sobre lo que ocurriera, ni es necesario la existencia de otros medios probatorios, como afirma la Defensa, para su comprobación.
Conforme lo expuesto, la operación que determinó la convicción del tribunal respecto de la materialidad ilícita y la coautoría responsable de Ramos, se apoyó rigurosamente en la lógica, la observación y la experiencia siguiendo un razonamiento inobjetable, sin que las críticas formuladas por la impugnante logren desvirtuarla.
Como punto de partida, corresponde reiterar que los planteos formulados por la Defensa fueron debidamente tratados y resueltos en la sentencia recurrida, y que la mera insistencia, desprovista de argumentos novedosos que la sustente, resulta insuficiente para conmover lo decidido.
Sentado ello, el motivo de agravio relativo a que los elementos secuestrados -en particular, los restos de una campera y la carcasa de un teléfono celular- habrían sido plantados en la escena del hecho, debe ser rechazado por carecer de sustento probatorio.
Tal como se explicó con detalle en el fallo cuestionado, no existen razones válidas ni prueba concreta para receptar la hipótesis. La defensa se limita a formular conjeturas sin acompañar elementos objetivos que las respalden, lo cual torna improcedente cualquier revisión del análisis efectuado por el Tribunal.
El planteo desatiende que fueron encontradas, además, manchas hemáticas en el interior del domicilio del imputado, las que, tras ser sometidas a los correspondientes análisis periciales, fueron identificadas como coincidentes con el perfil genético de la víctima. El hallazgo refuerza la autenticidad y la integridad de los objetos secuestrados, pues su existencia y localización no pueden explicarse razonablemente dentro del marco de la tesis sostenida por la Defensa.
También corresponde desechar la conjetura de que los hechos hayan ocurrido de otra forma, pues el planteo se encuentra desprovisto de correlato con las pruebas disponibles.
Por el contrario, los elementos de convicción valorados en la sentencia -cuya solidez no pudo ser controvertida- resultan concluyentes para tener por acreditado que Luis Alberto Ramos dio muerte a Tehuel De la Torre, conclusión compatible con la lógica, la experiencia común y las máximas de la razón práctica.
La pretensión se aparta ostensiblemente de la secuencia lógica que surge del análisis concatenado de los múltiples indicios reunidos: la última localización activa del teléfono celular de la víctima en las inmediaciones del domicilio del imputado; la presencia de imágenes que ubican a Tehuel en dicho lugar durante la noche del 11 de marzo; los elementos calcinados reconocidos como propios de la víctima; la existencia de manchas hemáticas cuyo perfil genético coincide con el de Tehuel De la Torre; y, finalmente, la actitud asumida por el imputado tras el hecho, caracterizada por su fuga, ocultamiento e indiferencia.
A la luz de este conjunto de elementos, la reconstrucción fáctica sostenida por el Tribunal se impone como la única conclusión razonable y jurídicamente válida, en estricta correspondencia con el caudal probatorio reunido en la causa.
Finalmente, corresponde señalar que la sentencia brindó una fundada y razonada explicación acerca de los motivos por los cuales no se profundizó en otras líneas investigativas propuestas durante la etapa de instrucción. Lejos de existir una omisión en ese sentido, las diversas hipótesis alternativas fueron debidamente exploradas y descartadas en virtud de su falta de sustento empírico.
En tal sentido, revistió especial relevancia el testimonio de Fernando Emmanuel Ortiz, quien intervino en la investigación y dio cuenta de que, desde sus inicios, los nombres que con mayor insistencia aparecieron vinculados a la desaparición de Tehuel fueron los de Luis Alberto Ramos y Oscar Montes, a quienes incluso manifestó no conocer con anterioridad.
El testigo explicó que se llevaron a cabo múltiples diligencias en distintos puntos, orientadas a verificar versiones que circularon en el ámbito barrial, tales como la existencia de supuestos restos corporales en diferentes lugares, versión atribuida a menores de edad y que no fue corroborada por ningún testimonio adulto confiable.
Asimismo, hizo referencia a rumores infundados relativos a la circulación de camionetas blancas y a la realización de una fiesta clandestina, cuya existencia no pudo ser confirmada, toda vez que los testimonios recolectados al respecto resultaron entre sí contradictorios o imprecisos.
Ortiz también aseveró que las distintas líneas surgidas durante la investigación se vieron sensiblemente condicionadas por la difusión de una recompensa, lo cual derivó en la proliferación de informaciones espurias, carentes de corroboración objetiva.
En consecuencia, no cabe objeción alguna al modo en que se condujo la pesquisa, en tanto la decisión de centrar la investigación en la responsabilidad de Luis Alberto Ramos obedeció a criterios sustentados en una evaluación objetiva y razonada del material probatorio reunido, y no en una selección caprichosa o negligente de alternativas investigativas, cuyas deficiencias e inconsistencias fueron debidamente explicadas.
El código de procedimiento penal no fija recaudos probatorios, sino que admite cualquier medio de prueba en la medida que no vulnere las garantías del imputado y exprese “la convicción sincera sobre la verdad de los hechos juzgados, con desarrollo escrito de las razones que llevan a aquella convicción”. No hubo, pues, infracción a ninguna regla de la sana crítica, ni al principio in dubio pro reo (arts. 1, 106, 209 y 210, CPP), desde que la duda, en tanto repercusión de la garantía de inocencia como posición del juez respecto de la verdad –frustrada–, no sólo no surge de los fundamentos que el Tribunal expuso sino tampoco de los argumentos utilizados en el recurso (cfr. TCPBA, Sala VI, c. 55.295, “El Bueno, Humberto Gabino ó Del Bueno, Humberto Gabino s/ Recurso de Casación”, reg. 186 del 30 de mayo de 2013, entre muchas otros).
III. Rechazo del cuestionamiento vinculado a la aplicación del artículo 80, inciso 4°, del Código Penal:
Una primera aproximación a la figura comprendida en el inciso cuarto del artículo 80 del Código Penal necesariamente conduce a referirse a los delitos de odio, los cuales pueden ser conceptualizados como aquellos actos de violencia en los que la hostilidad, el rechazo o el desprecio hacia determinadas características de la víctima- constituye un elemento central en su comisión. A diferencia de otros delitos, lo que define al crimen de odio no es tanto la acción en sí, sino el motivo que la impulsa: una aversión hacia una o más características reales o percibidas que identifican a la víctima como parte de un grupo específico. Estos grupos suelen estar conformados por personas históricamente marginadas o subordinadas -no necesariamente minoritarias en número- por razones de etnicidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, nacionalidad, religión, discapacidad, entre otras. En este sentido, el crimen de odio no solo impacta en la víctima directa, sino que busca disciplinar o amedrentar a toda la comunidad a la que pertenece, afectando así valores fundamentales del orden democrático y pluralista (Cfr. Martín De Grazia, Crimenes de odio. Contra personas LGBTI en América Latina y el Caribe, ILGALAC, 2020).
En particular, los transfemicidios, travesticidios, transmasculinicidios y demás crímenes motivados por el odio hacia las identidades de género y orientaciones sexuales no normativas deben ser leídos como crímenes por prejuicio.
En tal sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo que “La violencia por prejuicio es un concepto que apunta a una comprensión de la violencia como un fenómeno social, en contraposición con la violencia entendida como un hecho aislado. Los crímenes por prejuicio constituyen racionalizaciones o justificaciones de reacciones negativas, por ejemplo, frente a expresiones de orientaciones sexuales o identidades de género no normativas. Tal violencia requiere de un contexto y una complicidad social, se dirige hacia grupos sociales específicos, tales como las personas LGBT y tiene un impacto simbólico. Incluso cuando este tipo de violencia es dirigido contra una persona o grupo de personas, se envía un fuerte mensaje social contra toda la comunidad” (Informe de la CIDH sobre Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América del 12 de noviembre de 2015). Estas agresiones deben ser comprendidas dentro de una lógica estructural, interseccional y sistemática, pues no responden a hechos aislados, sino a patrones arraigados en una lógica de exclusión social sostenida por representaciones binarias del género y prejuicios históricamente legitimados.
La Corte IDH ha establecido que las personas LGBTI “han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales y que la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de la persona son categorías protegidas por la Convención Americana” (Corte IDH, “Azul Rojas Marín y otra VS. Perú”, del 12 de marzo de 2020).
Con respecto a ello, la CSJN ha manifestado que:
“no es posible ignorar los prejuicios existentes respecto de las minorías sexuales, que reconocen antecedentes históricos universales con terribles consecuencias genocidas, basadas en ideologías racistas y falsas afirmaciones a las que no fue ajeno nuestro país, como tampoco actuales persecuciones de similar carácter en buena parte del mundo, y que han dado lugar a un creciente movimiento mundial de reclamo de derechos que hacen a la dignidad de la persona y al respeto elemental a la autonomía de la conciencia. Que tampoco debe ignorarse que personas pertenecientes a la minoría a que se refiere la asociación apelante no sólo sufren discriminación social, sino que también han sido victimizadas de modo gravísimo, a través de malos tratos, apremios, violaciones y agresiones, e inclusive con homicidios. Como resultado de los prejuicios y la discriminación que les priva de fuentes de trabajo, tales personas se encuentran prácticamente condenadas a condiciones de marginación, que se agravan en los numerosos casos de pertenencia a los sectores más desfavorecidos de la población, con consecuencias nefastas para su calidad de vida y su salud, registrando altas tasas de mortalidad, todo lo cual se encuentra verificado en investigaciones de campo” (CSJN, “Recurso de hecho Asociación Lucha por la Identidad Travesti - Transexual c/ Inspección General de Justicia”, del 21 de noviembre de 2006).
Resulta indispensable considerar que la violencia motivada por el prejuicio hacia identidades de género no normativas encuentra sus raíces en una estructura social que discrimina, excluye y violenta a quienes se desvían de los mandatos tradicionales de género. Estos actos no sólo buscan anular a la víctima individual, sino que funcionan como dispositivos simbólicos que reafirman una lógica de subordinación colectiva.
Así lo ha afirmado la Corte IDH al sostener que:
“la violencia contra las personas LGBTI tiene un fin simbólico, la víctima es elegida con el propósito de comunicar un mensaje de exclusión o de subordinación. La violencia ejercida por razones discriminatorias tiene como efecto o propósito el de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona objeto de dicha discriminación…”. En particular, señaló que: “…la causa fundamental de los actos de violencia y discriminación [por orientación sexual o identidad de género] es la intención de castigar sobre la base de nociones preconcebidas de lo que debería ser la orientación sexual o la identidad de género de la víctima, partiendo de un planteamiento binario de lo que constituye un hombre y una mujer o lo masculino y lo femenino, o de estereotipos de la sexualidad de género” (Corte IDH, “Vicky Hernández y otras VS. Honduras”, del 26 de marzo de 2021).
Esto implica que el hecho violento no debe analizarse únicamente en relación con la víctima directa, sino que es necesario comprender su impacto en el colectivo social al que ésta representa.
En esta línea, el análisis efectuado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) sobre sentencias dictadas en el período 2016-2021, demuestra que estos crímenes se caracterizan por una motivación basada en actitudes valorativas negativas hacia las víctimas, centradas en su orientación sexual, identidad o expresión de género, reales o percibidas. En muchos de estos casos, el móvil discriminatorio opera como factor central en la selección de la víctima y en la brutalidad del ataque. Es esta carga simbólica lo que permite identificar la existencia de este tipo de delitos, incluso cuando la expresión explícita del prejuicio no se haya exteriorizado en palabras.
De acuerdo al informe del año 2024 del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, este tipo de crímenes presenta tres elementos fundamentales: una agresión o conjunto de agresiones que vulneran los derechos de una persona; la pertenencia o asociación de la víctima a un colectivo históricamente vulnerado; y la existencia de una motivación fundada en el odio, prejuicio o rechazo hacia ese colectivo. Estas agresiones no son únicamente individuales, sino que lesionan también a todo el grupo al cual la víctima es asociada. El mensaje que se transmite es claro: determinadas identidades no son legítimas, y pueden ser eliminadas sin consecuencia. En esta lógica, la persona trans asesinada no es solo un cuerpo, sino un símbolo: una materialización de lo que se quiere borrar.
El rechazo social a manifestar una sexualidad o identidad no hegemónica, es una de las claves para entender los crímenes por prejuicio. Estos no se dirigen a cualquier persona, sino a aquellas que encarnan, con su sola existencia, una disidencia al orden de género dominante. En ese sentido, la conducta violenta no es solamente la expresión de un acto individual, sino un fenómeno social que reproduce y refuerza jerarquías sociales de género y sexualidad. La víctima se convierte en un mensaje: su cuerpo es el medio por el cual se comunica que ciertos modos de ser y existir no son tolerables. Es por ello que el tratamiento judicial de estos casos no puede prescindir de este análisis estructural ni de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Esta forma de violencia requiere para su reproducción una complicidad social que la legitima, sea a través de la indiferencia, la impunidad o la criminalización. En este punto, el rol del Estado se vuelve crucial. La omisión en la prevención, investigación, sanción y reparación de estas violencias implica una forma de tolerancia institucional que refuerza los patrones de discriminación y exclusión. La Corte IDH ha sido clara al respecto: el deber del Estado no se agota en evitar la comisión de actos discriminatorios por parte de sus agentes, sino que incluye la obligación positiva de prevenir, investigar, sancionar y reparar de manera diligente los hechos cometidos por particulares cuando estos tienen como móvil la orientación sexual, la identidad o expresión de género de la víctima. Asimismo, resulta necesario considerar que la identidad de género es una categoría protegida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que tal como se afirmó en el caso “Vicky Hernández y otras vs. Honduras”, la aplicación de la Convención de Belém do Pará debe extenderse a las situaciones de violencia contra mujeres trans, en tanto esta violencia tiene como causa su género autopercibido. Esto implica un reconocimiento explícito de la intersección entre la violencia de género y la violencia por prejuicio, y exige una respuesta estatal que prevea esta doble dimensión.
Los Principios de Yogyakarta refuerzan esta perspectiva, al establecer que todas las personas tienen derecho al goce de los derechos humanos sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género (segundo principio). Cualquier forma de distinción, exclusión o restricción basada en estos motivos que tenga como efecto el menoscabo del reconocimiento y goce en igualdad de condiciones de los derechos fundamentales, debe ser considerada discriminatoria. En particular, la discriminación que padecen las personas trans suele agravarse por otras condiciones interseccionales como el género, la pobreza, la raza o el estado de salud. Esta realidad complejiza aún más el deber estatal de respuesta frente a situaciones de violencia, exigiendo la adopción de medidas especiales para revertir el impacto de la discriminación estructural. En este contexto, cabe señalar que la responsabilidad estatal es reforzada cuando la víctima se encuentra en situación de especial vulnerabilidad producto de una discriminación sistemática. Tal responsabilidad incluye garantizar que los procesos judiciales reconozcan la motivación discriminatoria de los hechos y adopten calificaciones jurídicas acordes con esa realidad. Ignorar el carácter estructural de estas violencias implica contribuir a su reproducción, normalizarlas y negar la dignidad de las personas afectadas. La invisibilización del prejuicio, la falta de contextualización y la omisión de los deberes estatales reforzados configuran deficiencias que deben ser superadas para lograr una justicia que no sea ciega al género ni sorda ante el clamor por igualdad.
Durante el año 2012, la República Argentina introdujo dos reformas legislativas de significativa trascendencia en materia de reconocimiento y tutela de los derechos de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI.
Por un lado, se sancionó la Ley 26.743 de Identidad de Género, que en su artículo segundo define dicha identidad como "la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente", incluyendo la expresión corporal, gestual y social de esa vivencia. Esta norma no solo reconoce el derecho de toda persona a vivir conforme a su identidad sentida, sino que impone al Estado el deber ineludible de garantizar condiciones de vida libres de violencia y discriminación para quienes han sido históricamente objeto de estigmatización, exclusión y vulneración sistemática de sus derechos.
Por otro lado, mediante la Ley 26.791, se reformó el artículo 80 del Código Penal, incorporando entre las causales de homicidio agravado el motivo de odio por razones de género, orientación sexual, identidad de género o su expresión (inciso 4°). Esta reforma legislativa se enmarca en un proceso de reconocimiento institucional de las violencias sistemáticas que afectan de modo particular a las personas LGTBI+, y tuvo como propósito dotar al sistema penal de herramientas adecuadas para sancionar con mayor gravedad aquellos crímenes que no solo lesionan derechos individuales, sino que refuerzan patrones sociales de exclusión, al intentar reprimir expresiones de la diversidad sexual y de género que desafían estereotipos de género y sexualidad dominantes.
En el debate legislativo en la Cámara de Diputados del 18 de abril de 2012 se dijo que: “Si bien el derecho penal no va a modificar la realidad, estamos mandando un mensaje: vamos a aplicar la máxima represión a quienes cometan delitos que expresen la discriminación e intolerancia más extrema, como es el caso de aquellos que no aceptan a seres humanos que elijan una orientación distinta a la propia, y que no solamente se conforman con quitar la vida sino que, además, expresan su intolerancia” (la diputada Gambaro).
El tipo penal contenido en el artículo 80, inciso 4°, se configura con la concurrencia de un elemento subjetivo especial, que excede el dolo genérico de matar. La figura agravada se completa con un elemento subjetivo distinto del dolo, exige una motivación específica por parte del autor: el odio hacia una característica identitaria de la víctima (Cfr. Arocena, Gustavo, “Femicidio y otros delitos de género”, Hammurabi, 2017, Buenos Aires). Esta motivación debe surgir de un prejuicio estructural, manifiesto en el desprecio o rechazo hacia la identidad sexo-genérica del sujeto pasivo, sea en razón de su género, su orientación sexual, su identidad de género o su forma de expresión.
En los delitos de odio, el análisis no se realiza sobre “ningún ánimo, sino de la motivación, de lo que decide al sujeto a cometer un delito, que es otra cosa… Tampoco es un Derecho Penal de autor; no se está identificando al sujeto activo con las características personales, ni mucho menos. Es la motivación, cualesquiera que sean las características personales del sujeto" (discurso de Eugenio Raúl Zaffaroni). En este marco, no se trata de indagar en el fuero íntimo del autor ni de sancionar formas de pensamiento o ideologías discriminatorias, sino de reprochar la exteriorización de ese prejuicio mediante actos concretos de violencia. La acción homicida se vuelve penalmente agravada cuando se dirige a suprimir o anular simbólicamente una identidad que interpela los patrones sociales dominantes.
La noción de “odio” debe entenderse aquí como una aversión intensa, fundada en estereotipos y construcciones sociales discriminatorias, que impulsa al autor a seleccionar a la víctima no por sus cualidades personales sino por lo que representa. La víctima resulta así intercambiable dentro del colectivo al que pertenece: no es atacada por ser quien es, sino por encarnar una identidad considerada disidente. Por tanto, lo que se tutela con la agravante no es sólo la vida humana en abstracto, sino también el derecho a la autodeterminación identitaria y la dignidad inherente a toda persona.
Se trata, por tanto, de un delito que encuentra su fundamento en una lógica de sometimiento y censura. Tal como lo expresa Milton Peralta, "el agresor no solo mata, sino que busca suprimir la manifestación identitaria de la víctima, negándole el derecho a vivir conforme a su sentir más profundo; la manera en que las víctimas pueden evitar la agresión en estos casos es sometiéndose a la voluntad de un autor que quiere imponerles un modo de vida; la contracara es que el autor las mata porque no se han sometido" (Peralta Milton José, “Homicidios por odio como delitos de sometimiento”, InDret, 2013).
Desde el punto de vista probatorio, el elemento subjetivo especial puede acreditarse a partir de indicios objetivos que permitan reconstruir la motivación discriminatoria del autor. Entre estos elementos se encuentran: la elección de la víctima en función de su apariencia o comportamiento, expresiones insultantes referidas a su identidad de género, el contexto de hostigamiento, la desmesura o simbolismo de la agresión, y cualquier otra manifestación que evidencie un desprecio hacia las características identitarias protegidas por el orden jurídico. Tales circunstancias deben ser valoradas en su conjunto, a fin de establecer un nexo causal entre la conducta delictiva y el prejuicio que la motivó.
En casos de transmasculinicidio, como el presente, este componente suele exteriorizarse mediante una violencia extrema y simbólicamente dirigida al cuerpo de la víctima, en un intento de disciplinamiento o aniquilación de su manifestación identitaria. El acto homicida se transforma así en un mensaje aleccionador hacia el colectivo trans, reafirmando jerarquías sociales que colocan a ciertas identidades en posiciones de inferioridad y exclusión. El agresor no sólo mata, sino que pretende suprimir un modo de estar en el mundo que considera inaceptable, operando bajo una lógica de censura que exige la subordinación de la víctima a un modelo de vida impuesto.
En definitiva, lo que justifica la agravante es el impacto estructural de estos delitos: no sólo lesionan bienes jurídicos individuales, sino que generan un efecto de intimidación y silenciamiento sobre toda una comunidad (Cfr. Pazos Crocitto, José Ignacio, “Los homicidios agravados”, Hammurabi, Buenos Aires, 2017). De allí que la prueba en estos casos no debe centrarse exclusivamente en las características de la víctima, sino en demostrar que fue seleccionada en virtud de esas características, y que el móvil de la agresión fue el odio o rechazo a su identidad sexo-genérica. En otras palabras, lo que se reprime no es la pertenencia de la víctima a un colectivo determinado, sino la violencia que, guiada por el prejuicio, se dirige contra ella precisamente por lo que representa.
Corresponde evaluar los fundamentos jurídicos que llevaron al tribunal a tener por acreditada la figura agravada escogida. En primer término, consideró la situación de vulnerabilidad estructural en la que se encontraba inmersa la víctima, particularmente en relación con las dificultades que enfrentaba para acceder al mercado laboral como consecuencia de su identidad de género. Tal como se ha desarrollado previamente, esta exclusión no puede atribuirse de modo exclusivo al accionar del imputado, pues se inscribe en un contexto más amplio de discriminación estructural hacia las personas trans. Sin embargo, es dentro de ese marco donde adquiere relevancia el análisis de cómo dicha situación de desigualdad fue instrumentalizada por el acusado para facilitar el contacto con la víctima y, en definitiva, consumar el hecho delictivo.
A lo largo del fallo, la sentencia puso especial énfasis en el estado de vulnerabilidad de la víctima, particularmente en lo que respecta a su situación económica. Con fundamento en los informes psicológicos, el Tribunal consideró acreditado que el imputado condicionaba a la víctima mediante la promesa de empleos o la entrega de dinero, generando así una relación de dependencia económica, y que se aprovechó de dicha vulnerabilidad para establecer un vínculo asimétrico que facilitó su accionar.
La conclusión a la que arriba resulta adecuada a la luz de las pruebas valoradas, en tanto se funda en elementos objetivos que dan cuenta de la situación de la víctima y de la dinámica de poder desigual que caracterizó el vínculo con el imputado. No surge de meras conjeturas, sino de declaraciones testimoniales, informes técnicos y circunstancias debidamente acreditadas en el debate.
En tal sentido, la testigo Michelle Anabel Leyes refirió que Tehuel se encontraba desempleado, que realizaba trabajos informales, y que incluso enfrentaba rechazos explícitos al intentar insertarse laboralmente debido a su condición de varón trans. Relató un episodio en el que, al solicitar trabajo en un supermercado, se le negó la oportunidad con el argumento discriminatorio de que “podía arrepentirse de su orientación sexual y quedar embarazado”.
Este dato resulta central, pues da cuenta de un patrón de exclusión que limitaba gravemente sus posibilidades de autonomía económica y lo colocaba en una posición de necesidad. Esta vulnerabilidad se ve reflejada también en el informe victimológico elaborado por los licenciados María Belén Gallego y Juan Pablo Díaz, quienes describieron a Tehuel como una persona tímida, con dificultades para expresar emociones, y visiblemente afectado por su imposibilidad de acceder a un trabajo formal. El informe remarca que sentía frustración y angustia por no poder cumplir el rol de proveedor dentro de su núcleo afectivo, compuesto por su pareja y la hija de esta.
En ese marco, cobra especial relevancia el hecho de que el encuentro entre Tehuel y el imputado Ramos se originó en el marco de una promesa de trabajo. Lejos de ser un dato menor, esta circunstancia revela que la víctima aceptó reunirse con el imputado movido por su necesidad económica, lo cual expone una clara relación de asimetría. Así lo sostuvo también su madre, Norma Isabel Nahuelcura, al afirmar que la situación de precariedad en la que se encontraba su hijo pudo haber influido en la decisión de aceptar la propuesta laboral.
Las conclusiones del informe victimológico permiten sostener que existía una dependencia material y simbólica, originada tanto en la necesidad de Tehuel de contribuir al sostén familiar como en su búsqueda de afirmación identitaria en un contexto adverso. En ese sentido, el rol del imputado, como persona que ofrecía oportunidades de empleo -aunque precarias-, le confería una posición de poder respecto de la víctima.
Dicha relación asimétrica es también abordada por la licenciada en psicología Karina Alicia Sorokowski, quien identificó un vínculo de subordinación donde Ramos no solo brindaba ayuda económica, sino también un apoyo emocional que, dada la situación de extrema vulnerabilidad de Tehuel, le permitía ejercer un control sobre él. Sorokowski enmarcó esta dinámica en lo que denominó “dominio estratégico”, una forma de manipulación que se aprovecha de las carencias emocionales y materiales del otro.
A ello se suma lo sostenido por el licenciado Daniel Alejandro Osorio, quien identificó dos niveles de desigualdad en la relación entre víctima y victimario: uno etario -Ramos tenía 37 años y Tehuel, 21-, que conllevaba una diferencia importante de experiencia vital; y otro socioeconómico y cultural, donde la precariedad en la que vivía Tehuel lo colocaba en una situación de dependencia frente a Ramos.
No puede soslayarse que el imputado se valió de una situación de vulnerabilidad estructural para acceder a la víctima y consolidar un vínculo asimétrico que facilitó la comisión del hecho. En este contexto, la agravante encuentra adecuado sustento probatorio y se vincula con una lectura interseccional del caso, que reconoce cómo las desigualdades estructurales pueden ser utilizadas por el agresor como herramientas de control y sometimiento.
Por lo demás, no se desconoce la existencia de un vínculo entre Tehuel y Ramos, el cual fue caracterizado por personas allegadas a la víctima como una relación de amistad, aspecto que incluso es mencionado en los propios informes periciales. Sin embargo, el reconocimiento de dicho vínculo no desvirtúa ni neutraliza las conclusiones a las que arriban los profesionales intervinientes respecto de la existencia de una relación asimétrica. Por el contrario, tales conclusiones se construyen a partir de un análisis integral que comprende no solo la dinámica interpersonal entre víctima e imputado, sino también las condiciones estructurales de vulnerabilidad que atravesaba Tehuel y que permitieron al imputado situarse en una posición de poder frente a él.
Por otro lado, el Tribunal efectuó un pormenorizado análisis de los múltiples testimonios producidos en el debate oral, que revelan que el imputado exteriorizaba de forma reiterada actitudes y manifestaciones de rechazo hacia las personas trans, y en particular hacia Tehuel, desconociendo sistemáticamente su identidad de género.
En este sentido, resulta relevante señalar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que ciertos elementos, especialmente cuando concurren de forma conjunta, pueden constituir indicios de un crimen motivado por prejuicio. Entre ellos, menciona expresamente los "insultos o comentarios realizados por el o los presuntos responsables, que hacen referencia a la orientación sexual y/o identidad de género de la(s) víctima(s)" (Informe sobre Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América, 12 de noviembre de 2015).
En línea con estas exigencias, varios testigos dieron cuenta de expresiones y conductas del imputado que permiten establecer un menosprecio hacia la identidad de género de la víctima. Así, Catalina Elizabeth Salas fue contundente al afirmar que Ramos manifestaba una marcada aversión hacia las personas homosexuales y trans, y que esa actitud se evidenciaba en un claro enojo y rechazo: “le daba bronca que los hombres estuvieran con hombres o las mujeres con mujeres; no le gustaba, no lo toleraba”.
De igual forma, Andrea Fabiana Nikolich declaró que el imputado presentó a Tehuel como “una amiga”, pese a que conocía su identidad, y llegó a manifestar que era “un desperdicio de mujer haberse convertido en hombre”. Asimismo, refirió que Ramos rechazaba explícitamente a las lesbianas y a las personas trans, afirmando que “la mujer es para el hombre y el hombre para la mujer”. Incluso, aunque Ramos participaba de marchas por la diversidad, evitaba interactuar con el grupo de personas trans, ubicándose al frente con la bandera para no compartir espacio con ellas.
Ricardo Luis García Sommaruga, por su parte, señaló que el imputado se refería a Tehuel como “chico-chica” y que, al ser interpelado al respecto, explicó que se trataba de “una chica que era un chico”, a quien había conocido en una marcha. Aunque la defensa procuró relativizar el tenor de estas expresiones, argumentando que habrían sido utilizadas con fines explicativos, lo cierto es que, a partir de un análisis integral de los elementos de prueba reunidos, el carácter discriminador de las mismas no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una actitud sostenida del imputado frente a la identidad de género de la víctima. En el mismo sentido, Michelle Anabel Leyes relató que Ramos identificaba a Tehuel como mujer, utilizando expresiones como “mi amiga, yo la quiero mucho” y refiriéndose a él en femenino al momento de comentar que iba a “buscarla”. Finalmente, Federico Andrés de la Torre afirmó que, cuando le preguntó por el paradero de Tehuel, el imputado respondió que “la había visto por última vez el jueves a las 16 horas en la estación de Korn”.
Estas expresiones, reiteradas y sistemáticamente enunciadas por el imputado ante distintos interlocutores, ponen de manifiesto la negación de la identidad de género de la víctima que, lejos de ser irrelevante, refuerza la conclusión del tribunal sobre la existencia de un móvil discriminatorio que permite fundar la agravante.
Finalmente, el Tribunal valoró como un elemento particularmente significativo de la violencia ejercida, la existencia de manchas de sangre en la pared de la vivienda del imputado, reveladoras de las características de la violencia desplegada para dar muerte a la víctima. Sin embargo, el accionar no se agotó en el hecho homicida, sino que se proyectó en el tiempo, evidenciando un claro intento por borrar todo vestigio del crimen. En efecto, Ramos hizo desaparecer el cuerpo de Tehuel, impidiendo de ese modo el duelo y la elaboración del dolor por parte de su familia y entorno afectivo, al mismo tiempo que quemó las prendas que este vestía, reforzando la voluntad de ocultamiento y la intención de suprimir toda huella de la identidad de la víctima.
Este comportamiento, además de su crueldad, reviste una significación especial en el marco de la calificación jurídica adoptada. El ocultamiento del cuerpo, en conjunción con el ensañamiento evidenciado en la escena, constituye para el Tribunal un dato adicional -y particularmente determinante- del móvil discriminatorio que animó el accionar del imputado, justificando la aplicación de la agravante prevista en el artículo 80, inciso 4°, del Código Penal.
Cabe recordar que la CIDH, en su Informe sobre Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América, ha señalado que la brutalidad del crimen y signos de ensañamiento (incluyendo los casos de homicidio en los que la naturaleza y el nivel de violencia parecen ir más allá de la mera intención de matar y estar dirigidos a castigar o ‘borrar’ la identidad de la víctima) pueden constituir indicios de crímenes por prejuicio. Precisamente, la desaparición del cuerpo de Tehuel y la quema de sus pertenencias adquieren un carácter simbólico de negación de su identidad, que refuerza la conclusión del tribunal en cuanto a la existencia de un móvil de odio motivado por la identidad de género. En definitiva, el análisis conjunto de la prueba producida durante el debate, valorada conforme las reglas del art. 210, 373 c.c. y s.s. del CPP, permite tener por acreditado el móvil discriminatorio que lo motivó, vinculado al odio hacia la identidad de género y orientación sexual de la víctima. Las múltiples manifestaciones del imputado que exteriorizan su repulsión hacia las personas trans, el carácter desigual y aprovechado de la relación con Tehuel, y la violencia desplegada antes y después del hecho - particularmente, la desaparición del cuerpo y la destrucción de sus pertenencias-, constituyen indicios claros y concordantes que, en su conjunto, habilitan la aplicación de la figura agravada prevista en el inciso 4° del artículo 80 del Código Penal.
Por tanto, la conclusión del Tribunal respecto de la realización del tipo de homicidio agravado por odio a la identidad de género y a la orientación sexual resulta fundada y se ajusta a la prueba disponible, en línea con los estándares reforzados de debida diligencia que el Estado debe observar en casos de violencia motivada por prejuicios hacia personas del colectivo LGTBI.
IV. Corresponde a esta altura del análisis abordar los planteos de inconstitucionalidad introducidos por la Defensa, anticipando que no habrán de prosperar.
Como punto de partida, es sabido que el análisis de la validez de una norma de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y debe estimarse la declaración de inconstitucionalidad como ultima ratio del orden jurídico, por lo que no debe acudirse a ella sino en casos de estricta necesidad (Fallos 260:153).
Se trata de un remedio extremo, que sólo puede operar cuando resulte imposible compatibilizar la ley con la CN y los tratados internacionales que la integran (Fallos 328:1491), por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocada (v. Fallos 315:923; 321:441 y SCBA, P. 70498, Ac.
29-XII-2004).
Para ello se requiere que la parte interesada realice un análisis inequívoco y exhaustivo del problema, que demuestre el alcance de sus derechos y las razones por las que cree que lo actuado por el legislador es incorrecto (Fallos 306:1597).
IV.1. En concreto, en relación al motivo de agravio circunscripto a la inconstitucionalidad de la pena de reclusión, cabe apuntar que el argumento presentado sólo ataca la cuestión bajo un aspecto sesgado del alcance de la perpetuidad que ha de asignárseles a las penas en nuestro ordenamiento, y que ha sido el resultado del ejercicio de facultades propias del Congreso de la Nación y del ámbito de discrecionalidad que posee al cumplir con este quehacer.
Conforme la jurisprudencia de la CSJN, la ventaja o acierto de las medidas legislativas escapa de este contralor pues la conveniencia del criterio elegido no está sujeta a revisión judicial, salvo que sea arbitrario o irrazonable (Fallos: 224:810; 300:642 y 306:655), extremo no demostrado, dado que si bien la letrada denuncia que dicha sanción constituye una pena irrazonable, omite abordar una exégesis constitucional del punto y se desentiende que éstas han sido mantenidas por voluntad del legislador en las sucesivas y actuales reformas penales que las han venido convalidando, lo que impide sostener su aserción inicial de que las mismas deben ser tenidas como “derogadas”.
De acuerdo me he expedido (vgr. Causa nro. 55.384 “Vairo, Luciano Fabián / recurso de casación”, sent. 31 días del mes de julio del año dos mil trece, reg. 286 Sala VI, entre otros) la pena de reclusión merece una reflexión más acabada, pues sólo una lectura superficial de la temática arrojaría –tal como postula la defensa- que no se encuentre en vigor; mas el abordaje concienzudo del asunto, apareja que dicho modo de cumplimiento de la privación de libertad sigue vigente, porque su previsión diferencial excede la relativa a la mayor intensidad en la ejecución material (Leyes 24.660 y 12.256), y se ha mantenido intacta en distintas disposiciones penales (v.gr. arts. 10, 13, 24, 26, 44, 46 del C.P.), aún pese a las enmiendas legislativas que fueron operando a lo largo del tiempo.
Y éste es, además, el criterio que tiene nuestro Máximo Tribunal Provincial, último intérprete de la ley sustantiva (art. 494 último párrafo del C.P.P.), en cuanto sostuvo que “En suma, sólo en lo que atañe a la modalidad de su ejecución la distinción ha perdido vigencia, mas no desde un plano simbólico y, tampoco, desde otras condiciones relativas a su ejecución material, v. gr.: las consecuencias más severas que resultan de su imposición en relación con determinados institutos que dan sentido a su concepción como pena distinta y más grave que la de prisión. De otro lado, la cantidad de reformas operadas en el Código Penal con posterioridad a la sanción de la ley 24.660 en las que se conmina con la pena de reclusión diversos tipos penales (v. gr.: leyes 25.061; 25.742; 25.816; 25.882; 25.886; 25.890; 25.928), impide considerar que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación citada sea extensible sin más al caso que nos ocupa, ello particularmente ante la ausencia de razones que expliciten el alcance de dicha doctrina (conf. voto de la doctora Kogan en P. 102.332 cit.)” (SCBA, P. 99.636, rto. 03/03/2010.).
En síntesis, no se aprecian motivos válidos para modificar la pena impuesta por el Tribunal en lo Criminal (reclusión por prisión), sin perjuicio de añadir que tampoco resultan conducentes para la solución del caso, el precedente de la CS en Fallos: 328:137, pues allí se asentó solo un criterio minoritario; ni tampoco los posteriores pronunciamientos, por mayoría, al decidir las causas: G. 1711; HLI, RHE (11-09-2007) y Fallos: 330:4465, en virtud que allí se examinó la validez constitucional de la desigual imputación de la prisión preventiva a la reclusión (art. 24 C.P.); materia distinta a la que se discute en el caso.
IV.2. El planteo de inconstitucionalidad de la reincidencia tampoco habrá de prosperar.
El Tribunal a los efectos de declararlo reincidente, tuvo en consideración que el imputado registraba una condena, por la cual había cumplido tiempo en detención en calidad de condenado, aspecto del fallo que no resultó cuestionado.
Ahora bien, cabe aclarar que la declaración de reincidente no fue de oficio, sino que del acta de debate surge que lfue a instancias del representante del Ministerio Público Fiscal.
El planteo de inconstitucionalidad del artículo 50 del CP no logra conmover la opinión que tengo y respecto del cual me expidiera extensamente en precedentes análogos (cfr. TCP, Sala VI, c. 63.038, caratulada: "MORENO, GONZALO RODRIGO s/ Recurso de Casación”, rta. 30/05/14, reg. 389, e/o).
La recurrente no ha conseguido acreditar que existe incompatibilidad normativa y tampoco ha demostrado que la aplicación del artículo 50 del CP resulte particularmente problemática en el caso.
Además de ello, la constitucionalidad de la figura cuestionada ha sido convalidada por numerosos pronunciamientos de los tribunales superiores, que avanzan en sentido contrario a la pretensión sometida a conocimiento de esta Sala. En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que el principio constitucional del ne bis in idem no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena –entendida ésta como un dato objetivo y formal-, a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos supuestos en los que el individuo incurra en una nueva infracción criminal (Fallos 311:1451, 311:552).
Ha establecido, además, que esto es así aun cuando se pudiere considerar que la pérdida de la libertad condicional comporta una pena más gravosa, pues lo que se sanciona con más rigor es sólo la conducta puesta de relieve después de la primera sentencia. Este incremento en la severidad se debe al mayor grado de culpabilidad y desprecio por la pena que evidencia quien recae en el delito, tras haber cumplido una pena privativa de la libertad (Fallos 308:1938).
Asimismo, tales consideraciones han sido refrendadas por la Corte Federal en el precedente de la causa N° 2175, “G., D. A. s/ recurso de hecho”, rta. 06/05/2008, G.704.XLIII, con la remisión al dictamen del Procurador Fiscal y en el caso “ARÉVALO, MARTÍN SALOMÓN s/ causa n° 11.835”, sentencia del 27 de mayo de 2014, en las cuales, en conclusión, se compartió toda la anterior argumentación expuesta y de lo cual se extrae el criterio jurisprudencial actual que se mantiene y rige sobre el instituto.
En este mismo sentido, se ha pronunciado también la Suprema Corte de esta provincia que incluso ha señalado que el instituto ha pervivido las numerosas reformas legales que se han sucedido y el escrutinio de la CSJN (P. 70.498, Ac. 29-XII-2004, P. 100.629, Ac. 6-V- 2009, P100.924, Ac. 3-11-2010, P. 57.387, Ac. 1-XII-1999; P. 58.385, Ac. 22-
XII- 1999; P. 65.719, Ac. 10-IX-2003; P. 94.467, Ac. 7-V-2008, entre otras). Todo lo expuesto lleva a rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la reincidencia efectuado.
IV.3. Con relación al planteo de inconstitucionalidad formulado en relación al artículo 14 del Código Penal, me he pronunciado al respecto en causas 82435 “Acuña” sent. 1/3/18; 102414 “Boyer” sent. 8/9/20, 110677 “Piñero”, sent. 22/11/21 –entre otras-, TCP, Sala I.
Se trata de un remedio extremo, que sólo puede operar cuando resulte imposible compatibilizar la ley con la CN y los tratados que la integran (Fallos 328:1491), lo que de ninguna manera ha sido acreditado por la recurrente. Esto porque el argumento presentado sólo ataca la cuestión bajo un aspecto sesgado del alcance de la perpetuidad que ha de asignárseles a las penas en nuestro ordenamiento, y que ha sido el resultado del ejercicio de facultades propias del Congreso de la Nación y del ámbito de discrecionalidad que posee al cumplir con este quehacer. La exégesis del término “perpetuidad” debe ser conformada con los postulados constitucionales que imprimen una finalidad determinada a las penas en nuestro derecho represivo, puesto que las leyes deben aplicarse buscando la armonización entre éstas y teniendo en cuenta el contexto general y los fines que informan, porque la inconsecuencia o falta de previsión en el legislador no se supone y por ello se reconoce como principio que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efectos (CS, Fallos 307:518).
En este sentido, la crítica que se le dirige debe contextualizarse con lo impuesto por los artículos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 4.2, 5.2, 5.3, 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6.2, 10.1, 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incorporados a nuestra CN por el artículo 75 inc. 22, en virtud de los cuales se ratifica que las cárceles son para seguridad y no para castigo de los reos (art. 18 CN), y se ha definido con mayor precisión la finalidad de la pena bajo términos de prevención especial positiva.
Por eso, la ejecución al orientarse a la readaptación y reforma de los condenados, con resguardo del concepto de persona y dignidad humana, excluye en todo aspecto legitimar un encierro de por vida, el que por propia naturaleza no cumpliría con la reintegración social. En definitiva, debe rechazarse toda acepción literal del término, pues ello haría trocar esa finalidad por otra y asignarle a la privación de libertad un componente de inocuización, retributivo y/o de defensa social vedado constitucional y convencionalmente.
Sin embargo, una interpretación dinámica del tópico impone un análisis que compatibilice y armonice el sentido y alcance de la pena a perpetuidad, negándole una duración sine die pues, de ser así, además, se atentaría contra el fundamento de proporcionalidad que rige respecto de la reacción penal del Estado, por aplicación del principio de culpabilidad que impide que la pena sea una sanción desmedida que transforme la privación en castigo o retribución.
En el ámbito del derecho internacional no existe una norma que impida la aplicación de una pena perpetua, pues la mayoría de los tratados en la materia sólo establecen fórmulas más o menos similares, que “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, conforme artículos 5.2 de la CADH, 7 del PIDCyP, 3 de la CEDH y 5 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Corte IDH, Caso “Mendoza y otros vs. Argentina, 14/05/2013).
Al respecto, cabe destacar que la pena de privación de libertad perpetua aplicada a Ramos no constituye un acto cruel, inhumano ni degradante de los que prohíbe el artículo 16.1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en virtud que no se consideran tales, aquellos dolores o sufrimientos que sean consecuencia de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas (cfr. art. 1.1. de dicho plexo, la cursiva me pertenece). Por otra parte, el TEDH ha admitido la compatibilidad de sentencias de condena a encierro por tiempo indeterminado con la respectiva CEDH, sólo bajo la premisa de que se asegure debidamente el control judicial de las condiciones de la liberación y de que haya existido un examen concreto de la situación de los afectados (Caso 7906/77, Serie A 50, “Van Droogenbroek”, del 24/6/82; Caso 23/1989/241-243, Serie A 190-A, “Thynne, Wilson y Gunnell”, del 25/10/90; Caso 9787/82, “Weeks”, Serie A, N° 114, del 2/3/87; Caso 6301/73, “Winterwerp”, Serie A 33, del 24/10/79; Caso 7215/75, “X v. United Kingdom, Serie A 46, del 5/11/81; cfr. citas en el Cons. 44 del voto del doctor Enrique Santiago Petracchi, en “Gramajo, Fallos 329: 3680).
En definitiva, y bajo esta tesitura que busca la congruencia de las normas con el estándar constitucional e internacional que rige en materia de derechos humanos, concluyo que las penas a perpetuidad son admisibles en la medida que el Estado autorice una revisión periódica del encierro que sufre el condenado, de modo que –más allá del “nomen”- exista la posibilidad de acceder a una liberación anticipada y que, en caso de denegación, la misma esté supeditada a un control regular.
Llevando estas premisas al caso en estudio, advierto que en nuestro derecho penal no es aceptable un encierro vitalicio, primero porque el mandato constitucional y convencional así lo impide; y segundo, ninguna sanción es ejecutable de por vida, de acuerdo a nuestra normativa, habida cuenta que, incluso en los casos de reclusión o prisión perpetua, está reglado el derecho a favor del penado de obtener una libertad condicional, bajo una serie de requisitos que hacen a la progresividad del tratamiento hacia la inclusión de la persona en la sociedad (cfr. art. 13 del C.P.).
Cierto es que no puede desconocerse en la especie lo establecido en el artículo 14 del Código sustantivo -cuyo alcance deberá revisarse a la luz de los principios constitucionales y postulados que vengo sustentando por la presente-, en tal sentido fluye con meridiana claridad que la limitación que podría derivarse de su aplicación aparece como una cuestión eventual, hipotética y futura que no merece discusión actual, por no ser éste el momento oportuno ni configurar un perjuicio real para el encausado, por prematuro. La discusión pertinente sobre este aspecto se llevará a cabo en el momento procesal adecuado al evaluar el cómputo de pena.
Por estas razones, al no estar basada la concepción de la pena perpetua en un juicio de peligrosidad, sino que conciliándola bajo parámetros de readaptación y de resguardo de la dignidad del hombre, y de los principios de razonabilidad y culpabilidad que excluyen toda acepción literal del término en cuestión, las objeciones de la defensa no pueden prosperar y deben ser rechazadas.
IV.4. Por último, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en la Causa nro. CSJ 003341/2015/RH001 "Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa González Castillo, Cristián Maximiliano y otro s/ robo con arma de fuego", por la constitucionalidad del art. 12 del CP. La recurrente no ha conseguido acreditar que existe incompatibilidad normativa, y tampoco ha demostrado que la aplicación del artículo 12 del C.P. resulte particularmente problemática en el caso.
Conforme la jurisprudencia de la CSJN, la ventaja o acierto de las medidas legislativas escapa de este contralor pues la conveniencia del criterio elegido no está sujeta a revisión judicial, salvo que sea arbitrario o irrazonable (Fallos: 224:810; 300:642 y 306:655), extremo no demostrado, dado que si bien la defensa denuncia que dicha sanción constituye un castigo irrazonable, omite abordar una exégesis constitucional del punto y se desentiende que éstas han sido mantenidas por voluntad del legislador en las sucesivas y actuales reformas penales que las han venido convalidando.
Asimismo, conforme lo sostuviera en causa n° 59.711 de la Sala VI de TCP –entre otras-, merece destacarse que el art. 12 del CP no conculca el art. 18 de la CN, como tampoco de los tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad. La incapacidad civil dispuesta por la citada norma no implica bajo ningún concepto la pérdida de derechos, sino únicamente su suspensión mientras dure la incapacidad por el encierro.
Continuando con el análisis, debe señalarse que la norma en cuestión es una consecuencia lógica de la condena y carece de carácter represivo, cuyos efectos concluyen cuando se reputa cumplida la condena o, según el caso, el Tribunal optara por aplicarlas por tres años más.
En efecto, el fin de la medida dispuesta no es otro que el de auxiliar al inculpado frente a su imposibilidad de ejercer determinados actos ante los que se encuentra en situación desventajosa por su situación de encierro. Frente a ese contexto, es válido suponer que las limitaciones propias del encierro por un tiempo prolongado acarrean una serie de dificultades para llevar adelante la administración del patrimonio o los negocios, así como lo que mejor convenga a la educación o atención de los hijos menores. Por el contrario, no ocurre lo mismo con los condenados a penas de encierro de corta duración en tanto a ellos les será más fácil postergar sus decisiones hasta tanto recuperen su libertad.
Por último, debe advertirse que las limitaciones sólo se refieren a los derechos enumerados por la ley, por lo que puede realizar todos los demás actos de la vida civil.
En definitiva, no se observa la concreta violación al bloque de constitucionalidad conformado por la Carta Magna y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N., 10 del P.I.D.C.y P., y 5 ap. 6to. de la C.A.D.H.).
V. Habré de tratar el reclamo vinculado al monto de la sanción impuesta.
El sistema general de determinación de la pena adoptado por el Derecho Penal Argentino -de penas relativas-, en el que se mencionan pautas de orientación ejemplificadoras, sin determinar no sólo el sentido sino tampoco el valor de cada una de las circunstancias, sólo permite evaluar si las reglas seguidas cumplen con el deber de fundamentación explícita que posibilite el control critico–racional del proceso de decisión (Conf. Sala I TCPBA, causa "Valant" del 14/8/2018; "Carleo" del 21/2/2018; “Manzo” 5/5/20).
En efecto, no existe norma que establezca determinado método de dosificación de la pena. En tal sentido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dicho que: “...Si lo que la defensa pretendía era que además de ello, la decisión hubiera asignado un valor numérico a cada pauta, sumando y restando cada una de ellas sobre algún punto de ingreso a la escala penal, corresponde señalar que esta Corte ha declarado invariablemente que ese método no resulta impuesto por norma alguna...” (SCBA P. 125.464, del 22/12/15, entre otras). La evaluación del ilícito, el grado de culpabilidad del imputado con el correctivo de la peligrosidad y las reglas de los arts. 40 y 41 del Código Penal, no permiten arribar a un monto con exactitud matemática. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostuvo que las disposiciones aludidas “no contienen bases taxativas de fijación, sino que dejan librada esta, dentro de los límites normativos, a la apreciación discrecional del juez en el caso concreto” (fallos 303:449).
Además, cabe mencionar que el principio de proporcionalidad es un elemento distintivo de todo ordenamiento jurídico sometido a los principios del Estado de derecho, compuesto por criterios de idoneidad (para la consecución de su objetivo), necesidad (atendiendo al derecho penal como ultima ratio o in dubio pro libertate) y exigibilidad, que se establece con el fin último de lograr un trato justo y de gravamen adecuado para el ciudadano (HASSEMER, Winfried, “El principio de proporcionalidad como límite de las intervenciones jurídico-penales”, en El principio de proporcionalidad penal, Editorial Ad-Hoc, 2014). ). De este modo, la condena debe guardar racional proporción respecto del hecho delictivo endilgado.
Así, siendo graduable el injusto y consecuentemente el reproche, la pena debe ajustarse a tales parámetros, respetando -claro está- los marcos punitivos previstos para el caso. Ello así, en tanto el mentado principio de proporcionalidad, que insisto, conecta a la pena con el hecho, gradúa la sanción punitiva, cuya determinación está sujeta al juicio de los sentenciantes.
Luis Alberto Ramos fue condenado a la pena de reclusión perpetua, accesorias legales y costas, como coautor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por odio a la identidad de género y a la orientación sexual, declarándoselo reincidente, sin valorarse atenuantes y ponderándose como agravantes la extensión del daño causado al haberse ocultado el cuerpo de la víctima, la pluralidad de intervinientes que facilitó la perpetración del ilícito y los antecedentes penales condenatorios que registra.
Con ello, no advierto de qué modo las objeciones efectuadas por la defensa al monto de la pena puedan incidir en lo resuelto, dado que la sanción impuesta es de naturaleza absoluta conforme a la calificación legal aplicada, es decir, fija e indivisible.
En ese marco, si el caso hubiera contemplado una pena susceptible de graduación, la discusión podría haber adquirido otra entidad. Ello así, incluso considerando que la pena de reclusión perpetua no es estrictamente perpetua en su sentido estricto, sino relativamente indeterminada.
Sin perjuicio de ello, el reclamo de la impugnante no habrá de prosperar.
En cuanto a la solicitud de la defensa de que se computen como atenuantes las circunstancias de que Ramos posee una familia y ha trabajado durante toda su vida, esta fue planteada sin aportar fundamentos sustanciales, limitándose únicamente a señalar que la denegatoria de dicha solicitud fue infundada.
No obstante, el Tribunal rechazó con argumentos sólidos, claros y coherentes, los cuales no fueron cuestionados con eficacia en el recurso interpuesto. En su resolución, expuso que las condiciones personales del acusado, como tener una familia constituida o un historial laboral, no son factores que puedan influir en la reducción de la pena en este caso particular, dada la naturaleza del delito que se le imputa. Además, no se ha presentado evidencia alguna que sugiera que tales circunstancias personales hayan tenido alguna incidencia en la determinación al cometer el homicidio.
En virtud de lo expuesto, el planteo de la defensa carece de fundamento. Las razones que motivaron el rechazo de las atenuantes solicitadas están debidamente sustentadas en derecho, y el recurrente no ha acompañado ninguna argumentación que demuestre la injerencia en el procedimiento de determinación de la pena, lo que conlleva al rechazo del reclamo.
Por otro lado, la defensa centra su reclamo en la existencia de una doble valoración tanto de los antecedentes condenatorios que registra el imputado como del carácter de reincidente para agravar la pena.
Es doctrina del suscripto la que afirma que el antecedente condenatorio opera como agravante (cfr. TCPBA, Sala VI, c. 55.373, “López, Daniel Alejandro s/ Recurso de Casación”, reg. 77 del 16/04/13; c. 54.805, “Ledesma, Pablo Daniel s/ Recurso de Casación”, reg. 178 del 30/05/13; c. 54.649 y sus acum. 54.651 y 54.652, “Briganti, Sergio Antonio s/ Recurso de Casación”, “Aguirre, Ricardo Emanuel s/ Recurso de Casación” y “Briganti, Sergio Antonio y Aguirre, Ricardo Emanuel s/ Recurso de Casación interpuesto por Agente Fiscal”, reg. 241 del 12/07/2013; c. 56.050, “Cardano Aramburu, Rolando Oscar s/ Recurso de Casación”, reg. 250 del 30/07/2013; c. 55.384, “Vairo, Luciano Fabián s/ Recurso de Casación”, reg. 296 del 31/07/2013; c. 56.277, “Agquin, Miguel Raúl o Moretta, Ángel Daniel s/ Recurso de Casación”, reg. 396 del 30/09/2013; c. 62.081, “Quintana, Sebastián Matías s/ Recurso de Casación”, reg. 231 del 22/05/2015 y las citas allí expuestas; e/o), a cuyos fundamentos me remito; por lo demás, como dijera oportunamente en consonancia con la Corte provincial (v.
TCPBA, Sala VI, c. 70.501, caratulada “Ferreyra, Néstor Maximiliano s/ Recurso de Casación”, reg. 240 del 21/04/2016), no importa doble valoración prohibida la consideración del antecedente condenatorio en el marco de los arts. 40 y 41 del Código Penal y, a la vez, como presupuesto para la declaración de reincidencia (conf. SCBA, P. 57.387, sent. del 1/XII/1999; P. 60.751, sent. del 31/VIII/1999; P. 95.225, sent. del 13/VI/2007; P. 98.379, sent. del 23/VII/2008; P. 111.948, sent. del 13/XI, 2013; e.o.). Finalmente, la defensa impugna las agravantes vinculadas con la pluralidad de intervinientes y la extensión del daño causado, argumentando que no fueron debidamente fundamentadas. No obstante, este planteo resulta infundado, pues la defensa se limita a afirmar que el rechazo de dichas agravantes fue arbitrario, sin aportar elementos sustanciales que refuten los argumentos expuestos por el Tribunal.
Conforme ya me he expedido, en la causa nro. 98295 "Chavarría, Mauricio Daniel y Alvarez, Ariel Damián, Sala I, sent. 16/03/21, e/o; el fundamento de la agravante de la pluralidad de intervinientes radica en que el auxilio de otras personas genera superioridad, que debilita la defensa del ofendido por el desequilibrio del poder físico o anímico del agresor respecto de la víctima, la que debe ser buscada. En el caso, el hecho que se tuviera por acreditado la plural intervención, constituye una circunstancia que sustenta su valoración, al concurrir objetivamente el desequilibrio y subjetivamente un conocimiento cierto de la situación.
Asimismo, la extensión del daño encuentra su justificación en que la conducta reprochada no se limitó únicamente al resultado típico del homicidio, sino que se vio profundizada debido a las acciones posteriores al hecho, en particular la desaparición del cuerpo. Esta conducta no solo dificultó el esclarecimiento inmediato del hecho y la recuperación del cuerpo por parte de los familiares, sino que también generó un sufrimiento adicional e injustificado a los allegados de la víctima. El ocultamiento deliberado del cadáver constituye una deshumanización de la víctima, prolongando el daño en el tiempo y afectando a terceros ajenos a la acción directa, lo cual incrementa sustancialmente la lesividad del hecho. Estos aspectos fueron debidamente ponderados por el Tribunal, que fundó en ellos la aplicación de las agravantes correspondientes. Frente a ello, el planteo de la Defensa no aporta elementos que permitan desvirtuar dicha valoración, limitándose a negar su fundamento sin ofrecer una crítica concreta o una refutación razonada de los argumentos vertidos en la sentencia.
Así las cosas, no se advierte una desproporción en el monto de la sanción aplicada, ni ausencia de fundamentación al respecto, por lo que considero que la sanción fijada por el Tribunal debe mantenerse como fuera establecido, pues partiendo de la gravedad del hecho, el grado de participación que tuvo el imputado (coautor, conforme lo normado por el art. 45, CP), así como la calificación jurídica asignada (homicidio agravado por odio a la identidad de género y a la orientación sexual art. 80 inciso 4to, CP), las agravantes valoradas, la pena impuesta de reclusión perpetua se ajusta a la necesidad, idoneidad y exigibilidad como criterios propios del principio de proporcionalidad y constituyen la medida de la culpabilidad del acto atribuido (arts. 40 y 41, CP).
VI. Finalmente, corresponde desestimar el motivo de agravio sobre arbitrariedad en la imposición de las costas del proceso. La imposición de costas al condenado constituye una consecuencia legal derivada del principio general consagrado en los artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal, conforme al cual debe responder por ellas quien resulta vencido en juicio, salvo que se configuren circunstancias excepcionales debidamente acreditadas que justifiquen su eximición, lo que en el caso no ha sido demostrado.
La invocación genérica de una supuesta “razón plausible para litigar”, así como las meras afirmaciones sobre la situación económica del imputado, no resultan suficientes para enervar la aplicación del principio.
Por el contrario, la condena dictada en su contra habilita la imposición de costas sin que ello importe afectación a derecho alguno, máxime cuando la Defensa no ha alegado ni acreditado en forma concreta la existencia de circunstancias excepcionales que tornen irrazonable su aplicación.
En consecuencia, la decisión recurrida en cuanto impone las costas del proceso al condenado se ajusta plenamente a derecho y no exhibe rasgo alguno de arbitrariedad que justifique su modificación.
VII. En función de lo expuesto, propongo rechazar, por improcedente, el recurso de casación interpuesto por la defensora oficial, Dra. Natalia Argenti, en favor de Luis Alberto Ramos, con costas y tener presente la reserva del caso federal formulada (artículos 12, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 50 y 80 inciso 4to del CP; 209, 210, 371, 373, 421, 434, 448 inc. 1, 450, 454, 530, 531, cits. y c.c., CPP; 14, ley 48).
ES MI VOTO.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor CARRAL, dijo:
Adhiero al voto del colega que lidera el acuerdo, doctor Ricardo Maidana, por los mismos fundamentos y a tenor de las siguientes consideraciones adicionales, en lo que hace a la configuración de los delitos de odio, en el caso odio a la identidad de género.
1. Todos los homicidios, sean estos cometidos por odio o por cualquier otra razón injustificada, incluyen un resultado idéntico con relación al resultado derivado del nexo de imputación entre el riesgo (jurídicamente desaprobado) que se crea y el resultado finalmente acecido como concreción exclusiva de ese riesgo que, tratándose de un tipo consumado será la muerte de la víctima. No obstante, ello no explica -al menos en un análisis acotado a esos extremos y por lo bajo no lo hace de forma clara- qué agrega el odio a esa muerte para permitir un trato penal más severo.
Podría decirse que la respuesta a este interrogante encuentra fundamento en que estos delitos se cometen, con frecuencia, de un modo especialmente violento.
No es casualidad que los homicidios por odio den lugar a delitos con ese tipo de modalidad; es decir, que existe alguna clase de relación entre modalidad de comisión y motivos, que hace que al evaluar los motivos también se deba prestar atención a la modalidad de la acción, aunque en rigor de verdad esta no es necesariamente decisiva.
A modo de ejemplo, en casos de odio a la orientación sexual, en Chile, se conoció el caso “Daniel Zamudio”, suceso demostrativo de la crueldad y brutalidad que puede reportar a un hecho de odio.
Con este norte desde algún sector se sostuvo que los homicidios por odio merecen una pena más intensa que los comunes porque suelen presentar una fenomenología aberrante consistente en aumentar deliberada e intensamente el sufrimiento de las víctimas. No obstante, hechos de estas características podrían encontrar en nuestra legislación, anclaje dentro de las previsiones del artículo 80 inciso 2 del Código Penal.
Entonces surge otro fundamento: los motivos del agente.
Similar vía de pensamiento se exteriorizó en la jurisprudencia estadounidense a propósito de la sanción de la ley “Shepard - Byrd” -aprobada por el Congreso de los EEUU en octubre de 2009 y que lleva el nombre de dos víctimas de crímenes de odio y amplía la ley Federal de delitos de odio de 1969 incluyendo a los supuestos relacionados con la orientación sexual y el género-, cuando señaló que la redacción “por motivo de prejuicio” denota que no es la identidad de la víctima lo que hace a un acusado más culpable, sino que lo que lo hace más culpable es el prejuicio hacia la identidad actual o percibida [para el perpetrador] de la víctima” (Boram, Meredith; “The Matthew Shepard and James Byrd, Jr., Hate Crimes Prevention Act: A Criminal Perspective"; University of Baltimore Law Review: Vol. 45: Iss. 2, Article 6, 2016).
2. Esa motivación es la nota esencial que distingue a los homicidios por odio.
Sin embargo, una agravante basada en la mera motivación individual, parecería acercarnos demasiado a un derecho penal de autor y a la necesidad auscultar el estado mental del agente, en clara contradicción al artículo 19 de la Constitución Nacional.
En palabras de Carlos Nino “los motivos que tuvo el agente para cometer el delito no deberían ser tomados en cuenta para adscribir responsabilidad penal bajo una concepción liberal que excluye la idea de que tal responsabilidad presupone una evaluación moral de la personalidad del agente”.
Este dilema, tal como lo señaló el colega preopinante, encuentra solución a través de la siguiente premisa: los motivos de odio indican, en la gran mayoría de los casos, una finalidad de sometimiento de la víctima por parte del autor.
En otras palabras, los homicidios por odio son una reacción del autor ante una víctima que no vive conforme a los parámetros que aquel considera correctos. La conducta de la víctima rechaza la heteronomía implícitamente pretendida en la agresión, en un ámbito donde debería regir la autonomía. La potencial víctima debe someterse a la voluntad del autor, si quiere evitar ser agredida.
Esta idea de sometimiento, en puridad, no se emparenta con la mera motivación del autor, y en definitiva trasforma en algo más grave el hecho cometido. En rigor, es mucho más que un motivo personalizado, dado que en muchos casos la “víctima” pueda ser hasta incluso fungible.
La conducta infraccionaría del autor, en estos casos, comunica algo más que la mera afectación de un bien jurídico del titular afectado, sino que, en palabras de Nathan Hall, “el crimen que se dirige a una víctima que pertenece a un grupo discriminado [o que es percibida por el autor como tal] en razón de un prejuicio y como objeto persecutorio no impacta sólo a ésta , sino que es un mensaje que se envía a través de la víctima basado en características que ésta no puede controlar, a todo el conjunto al que la víctima pertenece” (el destacado es propio).
3. Por consiguiente, la motivación en términos de "odio a la identidad de género", debe presentarse mediante exteriorizaciones que indiquen, además de la intención de actuar contra la vida, la de accionar contra la autonomía personal de la víctima real o percibida y la del colectivo al que se dirige, es decir "con odio a la identidad de género". Dicha motivación debe ser inferida de los hechos y presentarse como una motivación sustancial.
A través de “datos objetivos” presentes en el proceso debe corroborarse que el central o categórico motivo del delito fue el odio y, en el caso, el odio a la identidad de género.
A continuación observo que, si bien se trata de una herramienta propia del derecho de responsabilidad civil, el contexto legal del "but for causation” (causalidad de no ser por), podría aplicarse a estos supuestos, esto es que si no fuera por el odio a la identidad de género de la víctima el acusado no habría cometido el delito.
Por consiguiente, la prueba no alude al "sentimiento" que experimentó el autor sino a la acreditación del motivo que determinó que éste obrara como los hizo y que, sin ese motivo, no emprendería la acción matadora.
Esta idea se proyectó en la sanción de la antes mencionada ley Shepard-Byrd, distinguiendo que para agravar la conducta por prejuicio es necesario probar que el daño corporal a cualquier persona se causó debido a la religión -por ejemplo- real o percibida de la víctima, y que en consecuencia esta motivación también debe deducirse de los hechos Indicadores tales como: a) declaraciones de la víctima o del autor de que el homicidio estuvo motivado por prejuicio; b) la brutalidad del crimen y signos de ensañamiento, la excesiva violencia destinada a castigar o “borrar” la identidad de la víctima; c) insultos o comentarios del imputado que hacen referencia a la orientación sexual o identidad de género de la víctima; d) el estatus de la víctima como activista o LGTBIQ+ o su participación en un evento para celebrar la diversidad de las personas LGTBIQ+; e) la presencia de un prejuicio conocido en el perpetrador contra personas LGTBIQ+ o si el perpetrador forma parte de un grupo que tiene prejuicios contra personas LGTBIQ+; f) la naturaleza o significado del lugar donde se desarrolló la naturaleza o desde donde la víctima fue atraída; g) la víctima había estado en un grupo LGTBIQ+ cuando la violencia ocurrió; son herramientas efectivas para confirmar este aspecto.
4. En el caso, se corroboró que Luis Alberto Ramos actuó por odio a la identidad de género de Tehuel de la Torre, que su condición de hombre trans motivó el delito, circunstancias que derivaron de la prueba producida en el debate.
En ese sentido la hipótesis de la acusación fue corroborada por los colegas de la instancia anterior a través de la valoración de los factores emergentes de distintos elementos de prueba, reseñados en el voto que antecede y a los cuales me remito a fin de evitar repeticiones innecesarias, para determinar la relación entre el motivo y el hecho cometido por el acusado, tales como expresiones y conductas de Ramos que permitieron establecer un menosprecio hacia la identidad de género de la víctima, manifestaciones sobre una marcada aversión hacia las personas homosexuales y trans, la palmaria violencia de las acciones desplegadas por el nombrado para dar muerte a la víctima y la desaparición de su cuerpo, entre otros.
Por otro lado advierto que las hipótesis de la defensa, distintas a las del odio, no se exhiben como plausibles, explicativas a través de la prueba disponible, dejando incólume la de la acusación. Con lo hasta aquí expuesto y con las consideraciones adicionales formuladas, a esta cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
I. Declarar admisible la impugnación presentada por la Defensora Oficial Dra. Natalia Argenti.
II. Rechazar, por improcedente, el recurso de casación interpuesto en favor de Luis Alberto Ramos, con costas.
III. Tener presente la reserva del caso federal formulada.
Rigen los arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 8.2.h, CADH;
14.5, PIDCP; 12, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 50 y 80 inciso 4to. del CP; 14, ley 48; y 106, 209, 210, 371, 373, 434, 448, inc. 1°, 450, 454, 530, 531 c.c. y s.s. del CPP).
Regístrese electrónicamente. Notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Fin de la sentencia