Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Tener por DESISTIDO el recurso interpuesto por la Unidad de Información Financiera.
II. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la querellante, por entonces Administración Federal de Ingresos Públicos, anular la resolución recurrida, y REENVIAR las presentes actuaciones para que, previa sustanciación en audiencia con las partes interesadas, se dicte una nueva resolución de acuerdo con los lineamientos aquí establecidos, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del CPPN).
En la ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de noviembre de 2024, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Gustavo M. Hornos como Presidente y los doctores Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, asistidos por el secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en la presente causa CFP 3017/2013/TO5/CFC89 del registro de esta Sala, caratulada “Ramos, Néstor Marcelo s/recurso de casación”; de la que RESULTA:
I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de la Ciudad de Buenos Aires, el 4 de diciembre de 2023, resolvió, en lo que aquí interesa: “II. Rechazar la solicitud de decomiso formulada por los representantes de la UIF (arts. 23 y 305 –a contrario sensu- del Código Penal)”.
II. Contra dicha decisión, interpusieron recursos de casación las partes querellantes Unidad de Información Financiera y Administración Federal de Ingresos Públicos, los que fueron concedidos por el tribunal a quo el 9 de febrero de 2024.
III. a. Recurso de casación interpuesto por la Unidad de Información Financiera.
La parte expresó en su impugnación que la resolución cuestionada había incurrido en una errónea aplicación de las normas sustantivas y procesales, en los términos del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación.
Señaló que el tribunal había efectuado una interpretación restrictiva de los arts. 23 y 305 del Código Penal y del Convenio de las Naciones Unidas contra la 1 Registro Nº 1343/2024 Corrupción (ley 26.097), así como había desoído las recomendaciones efectuadas por el GAFI respecto a la procedencia del decomiso en casos como el presente. Destacó que “la exigencia de un estándar probatorio que la norma no solicita para la procedencia del decomiso anticipado vuelve inoperativas las normas señaladas”. Por otro lado, señaló que la resolución impugnada había desconocido la prueba producida en la investigación y lo resuelto en el marco de la causa conexa 3017/2013/TO02, en cuanto a la relevancia de los hechos a los que estuvieron vinculados los bienes cuyo decomiso se pretende.
Manifestó que el tribunal se había limitado a referir que no se había podido llevar a cabo un juicio oral y público para determinar la responsabilidad del Sr. Ramos en los hechos que se lo acusaba y el origen de los bienes analizados. Reseñó diversas declaraciones en las que se vinculaba a Ramos con las operaciones de lavado de dinero, que habían sido objeto de sentencia condenatoria en el tramo TO02. b. Recurso de casación interpuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
El impugnante fundó su recurso en las previsiones del art. 456 del CPPN.
Afirmó que el origen ilícito de los bienes había sido acreditado en el procesamiento sin prisión preventiva de Néstor Marcelo Ramos dictado con fecha 12-08-2021 “al considerar al nombrado coautor de delito de lavado de activos previstos por el art. 303 inc. 1 y 2 a del C.P., disponiéndose, asimismo, el embargo sobre sus bienes. Lo propio se adoptó respecto de las firmas Helvetic Services Group Sa Y Wodson International S.A.”. Por otro lado, señaló, en la sentencia condenatoria dictada en otro tramo de la misma causa se había demostrado el papel desempeñado por Néstor Marcelo Ramos mediante sociedades vehículos, tales como las firmas Helvetic Service Group S.A. y la firma Wodson Intenational S.A.
Desarrolló que “para concluir en que no se ha podido establecer el origen o trazabilidad de los fondos, a ese razonamiento se arriba a partir de una valoración apartada de la totalidad de las circunstancias fácticas de la causa, y sin perder de vista que la finalidad perseguida en este tipo de delitos es impedir conocer el verdadero origen del dinero. Esta circunstancia no puede ser interpretada en el sentido que como esos fondos no fueron parte de aquella sentencia, tampoco puedan ser ahora decomisados”.
Señaló que la interpretación efectuada del artículo 305 del Código Penal en la sentencia impugnada vaciaba a este artículo de contenido, pues “los magistrados consideran poco menos que insoslayable la realización de audiencia de debate, mientras que la norma precisamente prevé la posibilidad de decomiso cuando tal acto procesal no pudiera ser llevado a cabo”.
Agregó que “aún si se concediera como cierta la falta de comprobación del origen ilícito de los fondos, resulta indudable la vinculación de la sociedad Helvetic Service Group S.A. en la sentencia a la que se viene haciendo referencia, y más aún, a la fecha, dicha firma se encuentra mencionada en el debate que se encuentra en pleno desarrollo, refiriéndome concretamente a la causa 3017/2013/TOO4 en trámite ante el Tribunal Oral Federal N° 4, por lo cual entendemos que ello ameritaba un análisis más global de la participación de la sociedad en los delitos de lavado que por allí se investigan, sin perder de vista que la finalidad que justamente se persigue con el decomiso, es que los responsables de las maniobras de lavado no puedan utilizar el provecho del delito”.
Hizo reserva del caso federal.
IV. Con fecha 10 de octubre del corriente año se cumplieron las previsiones del art. 465 bis del C.P.P.N., oportunidad en la que la parte querellante Administración Federal de Ingresos Públicos presentó breves notas en las que reafirmó los motivos expuestos en su recurso de casación. Superada dicha etapa procesal y efectuado el sorteo de estilo para que los jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden: doctores Javier Carbajo, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos.
En consecuencia, las actuaciones quedaron en condiciones de ser resueltas.
El señor juez Javier Carbajo dijo:
I. En primer lugar y en atención a las constancias de autos, corresponde tener por desistido el recurso de casación interpuesto por la Unidad de Información Financiera (artículo 454, segundo párrafo, del C.P.P.N.).
Sentado ello, y en lo que hace a la impugnación presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, considero que la decisión recurrida cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva establecido en el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación, pues resulta equiparable a un pronunciamiento de carácter definitivo en la medida en que pone fin a la cuestión discutida.
De esta manera, advierto que en el caso se encuentran satisfechos los recaudos mínimos de fundamentación y las demás exigencias formales que demanda la vía recursiva intentada, por lo que estimo que el recurso de casación interpuesto por la AFIP es admisible.
II. Conforme surge de las constancias obrantes en el sistema de gestión Lex 100, cuando el tribunal a quo corrió vista a las partes acerca de la extinción de la acción por fallecimiento respecto de Néstor Marcelo Ramos, la Unidad de Información Financiera, en su carácter de parte del presente proceso, reiteró una petición efectuada en el incidente 3017/2013/TO5/3, consistente en la aplicación del decomiso anticipado previsto en el artículo 305 del Código Penal respecto de “los fondos depositados en las cuentas n° 1160636 y n° 1160545 del PKB Privatbank SA (Lugano, Suiza), las que serían de titularidad de BRIDLE INVESTMENT LTD y de FONDAZIONE FEDERICO ZICHY THYSSEN, respectivamente”.
En la petición original, a la que aquí se remitió, había indicado que “conforme los informes de inteligencia, Bridle Investment LTD sería una sociedad pantalla en la que Helvetic Service Group sería su fiduciaria y la Fondazione Federico Zichy Thyssen una compañía subyacente. Asimismo, se indicó que la referida Fondazione registraría como firmantes a Diego Fernando López Ugolini, Jorge Osvaldo López y Néstor Marcelo Ramos, en tanto éste último, además, actuaría como director de la sociedad”.
También se había destacado que el a quo hizo mención a un “esquema actual de sociedades pantalla, que habrían sido utilizadas en el exterior por Néstor Marcelo Ramos, para la circulación de fondos que podrían constituir la legitimación y/o el ocultamiento de ganancias ilícitas. De acuerdo a los informes de inteligencia, se ha detectado la existencia de una sociedad pantalla denominada BRIDLE INVESTMENT LTD; en la que HELVETIC SERVICES GROUP (y la compañía SWISSER SA) son sus fiduciarias; y que a su vez es la compañía subyacente de la FONDAZIONE FEDERICO ZICHY THYSSEN. Habiendo sido Ramos director de las estructuras mencionadas”.
Y que había analizado información de inteligencia de la que se desprendía que “... según la información obtenida, BRIDLE INVESTMENT LTD sería utilizada “para la compraventa de acciones” y sería la titular de la cuenta n°1160636, registrada en el PKB Privatbank SA (Lugano, Suiza): BAN CH4008663116063600003, CH6708663116063600002, H5408663611606360001, CH8108663611606360000 y CH9408663116063600001. El argentino Diego Fernando LÓPEZ UGOLINI participaría como firmante y la firma FONDAZIONE FEDERICO ZICHY THYSSEN, en la cual Ramos revestiría el cargo de Director, se encontraría designada como beneficiaria final. Respecto de FONDAZIONE FEDERICO ZICHY THYSSEN, la información de inteligencia reveló que esa entidad sería la titular de la cuenta n° 1160545, también abierta en el PKB Privatbank SA (Lugano, Suiza). Este producto registraría como firmantes a Diego Fernando LÓPEZ UGOLINI, Jorge Osvaldo LÓPEZ y Néstor Marcelo RAMOS. Además, tal como fuera consignado, Ramos actuaría como Director de esta sociedad y Helvetic Services Group como su fiduciaria. En uno de los informes se señaló que ‘Diego Fernando LÓPEZ UGOLINI (firmante de BRIDLE INVESTMENT LTD y co-firmante en su beneficiaria, FONDAZIONE FEDERICO ZICHY THYSSEN) se introduciría a la investigación a partir de las intervenciones señaladas, como posible testaferro…’ de Néstor Marcelo RAMOS. (…) la Unidad de Información Financiera concluyó que tal situación, sumada a ‘la intervención de RAMOS en FONDAZIONE FEDERICO ZICHY THYSSEN”, y al hecho de que BRIDLE INVESTMENT LTD, desde su cuenta en el PKB Privatbank SA (Lugano, Suiza), giró fondos a una cuenta que INTLEX ENTERPRISES LTD tiene en una entidad de Canadá, “integra junto con las razones sociales mencionadas, el esquema actual que utiliza el nombrado RAMOS para la circulación y eventual ocultamiento de fondos en el exterior’”.
Al momento de resolver, el a quo consideró que “si bien dicha información de inteligencia permitió establecer presunciones delictivas respecto de dichas cuentas bancarias a fin de que fueran cauteladas preventivamente y garantizar que, una vez realizado el correspondiente juicio oral y público a Néstor Marcelo Ramos, se pudiese cumplir con una eventual condena y/o decomiso, lo cierto es que no alcanzan el grado de certeza requerido para proceder a un decomiso sin condena, por cuanto resultan afirmaciones potenciales que no encuentran un acabado sustento probatorio en estas actuaciones”.
Explicó que “es un requisito imprescindible para proceder a un decomiso in rem el haber podido determinar el origen ilícito de los bienes con un grado de certeza apodíctica, lo cual no se vislumbra en este caso en particular respecto de las cuentas referidas, en tanto que ante la imposibilidad de realizarse el pertinente debate a efectos de jugar el hecho ilícito por el cual se acusara al fallecido Néstor Marcelo Ramos es que no existe ningún trazado del dinero allí obrante, como así tampoco los solicitantes han efectuado una vinculación certera con los hechos por los cuales se requiriera la elevación a juicio del nombrado.
Por ello, sin que se hubiese acreditado fehacientemente que los valores concretos e individualizados que obren en dichas cuentas sean el producto de un ilícito penal comprobado en las presentes actuaciones, no puede fundarse la falta de legitimidad de su dominio y, por tanto, ahora impiden su decomiso sin condena sobre el imputado. Que, por otra parte, debe destacarse que los hechos que fueran comprobados en el marco de la causa conexa N° 3017/2013/To2 y que motivaron la aplicación de una sanción de multa a la firma Helvetic Service Group, encuentran su debido reproche en aquella sentencia, siendo que, además, las cuentas bancarias bajo análisis no formaron parte de los hechos allí acreditados”.
Concluyó que “ante la imposibilidad de comprobarse en un juicio contradictorio la fuente ilícita de los bienes obrantes en las cuentas n° 1160636 y n° 1160545 del PKB Privatbank SA (Lugano, Suiza), las que serían de titularidad de BRIDLE INVESTMENT LTD y de FONDAZIONE FEDERICO ZICHY THYSSEN, conforme los términos del requerimiento de elevación a juicio, es que corresponde rechazar el pedido de decomiso de la UIF”.
III. Tal como sostiene autorizada doctrina, la disposición penal cuya aplicación aquí se pretende se trata de una incorporación novedosa al texto sustantivo (cfr. “Cód. Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, AA.VV., dirección Baigún D. y Zaffaroni E.R., 1a. ed., T. 12, ed. Hammurabi, Bs. As., 2013, p. 606). Los representantes parlamentarios, al momento de discutir en el recinto la modificación del Código Penal respecto del delito de lavado de activos, así lo dejaron asentado en la versión provisional de la Cámara de Senadores del 1 de junio de 2011 (cfr. C.D. 40/11; S. 209/11); específicamente, en aquella sesión ordinaria, la señora Senadora Sonia Margarita Escudero, miembro informante de uno de los proyectos, sostuvo “en el nuevo artículo 305, se toma otra decisión muy novedosa y que también venía siendo reclamada por el GAFI: es la posibilidad de que los jueces puedan disponer el decomiso de los bienes producto de este ilícito sin necesidad de condena penal. ¿En qué casos? Cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud del origen de los bienes o el hecho material al que estuvieren vinculados; cuando el imputado no pudiere ser enjuiciado por fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal; o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes. Esto es muy importante porque en la lucha contra el crimen organizado, si no establecemos esta sanción de decomiso del beneficio de ese delito, en realidad, se lo consolida. Con un sistema penal de tan largos plazos como el de la Argentina, donde los juicios pueden durar doce años, en esa espera de doce años, los bienes desaparecen. Entonces, se establece que los activos decomisados de esta forma serán destinados a reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular o al Estado” (cfr. p. 21).
Fácil es colegir de su lectura que, para la procedencia del instituto, la norma requiere, por un lado, la imposibilidad, por diversos motivos, de realizar un juicio oral, y, por el otro, la comprobación de la ilicitud del origen de los bienes o del hecho material al que estuvieran vinculados.
Ahora bien, del análisis del decisorio impugnado, advierto que la intelección dada por mis colegas de grado a este precepto -sobre todo en la medida en que no se cuestionó su constitucionalidad- es una que lo ha vaciado de sentido al tornarlo, por los efectos que ocasiona, de imposible su aplicación.
Ciertamente, si tal como surge de su literalidad y como el propio tribunal interpreta, la medida establecida en esa disposición legal se configura en casos en los que no resulta posible realizar un juicio oral -en el caso, por fallecimiento-, no puede afirmarse, sin violar el principio de autocontradicción, que “... ante la imposibilidad de comprobarse en un juicio contradictorio la fuente ilícita de los bienes obrantes en las cuentas n° 1160636 y n° 1160545 del PKB Privatbank SA (Lugano, Suiza)” debe rechazarse lo peticionado (sic. de pronunciamiento, disponible en Lex 100). Es que no es posible, a la vez, afirmar y negar un hecho relevante para la solución del caso o negar en la conclusión del fallo lo que se sigue necesariamente de los fundamentos normativos o fácticos que se brindan.
A todo evento, debe repararse en el estándar probatorio que se exige respecto al ilícito precedente en las operaciones que configuran el lavado de activos (cfr., al respecto, mi voto en el Reg. 125/23 de esta Sala).
Tal como expuso el impugnante y surge de la causa principal, Néstor Marcelo Ramos (f) fue procesado como coautor de delito de lavado de activos previstos por el art. 303 inc. 1 y 2 “a” del C.P., disponiéndose, asimismo, el embargo sobre sus bienes, lo que también se adoptó respecto de las firmas Helvetic Services Group Sa y Wodson International S.A., demostrándose, en otro tramo de la causa troncal, el papel que éste desempeñó mediante esas sociedades vehículos.
Que aquella figura legal, como se sabe, da pie a la aplicación del decomiso previsto en el art. 305 del C.P., incorporado al texto sustantivo por la ley 26.638, precedida su sanción por el debate parlamentario al que se hizo alusión, sin necesidad -como aclara la norma- de condena penal. Desde esa perspectiva, la presunta ilicitud del origen o trazabilidad de los fondos cuyo decomiso se pretende se podría derivar a partir de diversos indicios, todos ellos referidos en la discusión aquí generada por los ahora recurrentes, sin que pueda argumentarse, so pena de afectar aquel principio y desoyendo el propio texto de la ley, que por no haberse celebrado el debate no se ha podido demostrar que los valores concretos e individualizados en autos sean el producto de un ilícito penal.
Esa aseveración, así expuesta, revela un déficit argumentativo y un quebrantamiento de las formas sustanciales del proceso al verificarse una manifiesta contradicción interna en el fallo, habida cuenta de que al ser éste un todo indivisible demostrativo de una unidad lógica jurídica, la decisión a adoptar debía ser un reflejo del análisis de los presupuestos fácticos y normativos aplicables al caso, desarrollados en su fundamentación como una razonable y coherente derivación de las argumentaciones que lo sustentan (cfr., en lo pertinente, Fallos 321:1642 y 317:465). En ese orden de ideas, el a quo ha negado en su corolario no solo lo que necesariamente podía seguirse de los fundamentos fácticos y jurídicos desarrollados con anterioridad en sus propios decisorios dictados en la presente causa, sino que ha recurrido en la ocasión a términos que, por ser antitéticos, resultan incompatibles entre sí frente a la disposición legal que se debía aplicar, de suerte que la afirmación de uno le resta eficacia al otro.
En esa senda, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto en reiteradas oportunidades que la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador (Fallos: 302:973) y la fuente primigenia para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167).
Las leyes deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras que emplean sin violentar su significado específico (Fallos: 295:376) y es necesario evitar darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como valedero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 1:297, considerando 3o; 312:1614; 321:562; 324:876, entre otros).
En ese marco y como sostuve, considero que el pronunciamiento recurrido presenta déficits de fundamentación y, por consiguiente, debe ser descalificado como acto jurisdiccional válido en los términos del artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación.
El Máximo Tribunal ha sostenido que los jueces deben fundar debidamente sus decisiones, no solamente para que los ciudadanos puedan sentirse mejor juzgados, ni porque se contribuya así al mantenimiento del prestigio de la magistratura, sino para excluir la posibilidad de decisiones irregulares, es decir, para asegurar que el fallo sea derivación razonada del derecho vigente y no producto de la individual voluntad del juez (Fallos 320:2737; 323:1787, entre otros).
Debe tenerse presente que con la doctrina de la arbitrariedad se procura asegurar la garantía constitucional del debido proceso (Fallos: 199:617; 299:17 y 308:1557), exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias efectivamente comprobadas en la causa (Fallos: 301:978; 311:948 y 2547; 313:559; 315:28 y 321:1909).
IV. Por los motivos expuestos, propongo al Acuerdo:
I. Tener por desistido el recurso interpuesto por la Unidad de Información Financiera.
II. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por las querella AFIP, anular la resolución recurrida, y reenviar las presentes actuaciones para que, previa sustanciación en audiencia con las partes interesadas, se dicte una nueva resolución de acuerdo con los lineamientos aquí establecidos, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del CPPN).
El señor juez Mariano Hernán Borinsky dijo:
Que la resolución puesta en crisis presenta un déficit de motivación que acarrea su descalificación como acto jurisdiccional válido.
En tal sentido, cabe advertir que la querella constituida por el organismo recaudador expuso en su recurso diversos extremos que, según su perspectiva, permitirían establecer el origen espurio de los bienes cuyo decomiso es reclamado y que el tribunal a quo no descartó, al menos en esta oportunidad, con motivos suficientes.
Por lo expuesto, corresponde: Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el querellante organismo recaudador, anular la resolución recurrida y reenviar las presentes actuaciones al tribunal de origen para que, previa sustanciación en audiencia con las partes interesadas, dicte un nuevo pronunciamiento, sin costas en la instancia (CPPN, arts. 530 y 531).
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I. Comparto, en lo sustancial, las consideraciones efectuadas en el voto que lidera el acuerdo y que cuenta también con la adhesión del colega preopinante.
En efecto, la inteligencia asignada al art. 305 C.P. por al a quo contiene un error cuyas características torna su resolución en un supuesto de sentencia arbitraria (Fallos: 311:948, 313:559, 315:29, 321:1909, entre otros).
Es que en el fallo bajo análisis se asentó que era un requisito ineludible para hacer lugar al decomiso solicitado el haber podido determinar con certeza el origen ilícito de los bienes y, asimismo, que correspondía rechazar tal pedido ante la imposibilidad de comprobarse en un juicio contradictorio la ilicitud de los bienes.
Ahora bien, el art. 305 C.P. prevé justamente la posibilidad de proceder al decomiso “sin necesidad de condena penal”. De modo que deviene una palmaria contradicción con la norma la exigencia de “certeza” y de que se haya celebrado un juicio contradictorio.
Así las cosas, deberá determinarse ahora con la participación de todos los interesados la verificación o no del estándar probatorio exigible en la especie para la demostración de la ilicitud del origen de los bienes. Al respecto, corresponde destacar que aplica a tal fin la misma regla que en el lavado de activos se impone para la comprobación de la proveniencia de los efectos de un ilícito penal.
Sobre el tópico, llevo dicho que “…la procedencia criminal de los bienes que son objeto de blanqueo sólo requiere la comprobación genérica de una actividad delictiva previa que, según las circunstancias del caso, permita la exclusión de otros orígenes posibles, sin que sea necesaria la demostración plena de un acto delictivo específico […] El Tribunal encargado de evaluar el caso de lavado de dinero deberá determinar, a partir de las pruebas presentadas durante el proceso, si hubo alguna actividad ilegal previa que originó los activos en cuestión. Sin embargo, no es necesario que lo haga con la misma minuciosidad y detalle que sería requerida en un juicio específico sobre ese hecho en particular. Es suficiente demostrar las circunstancias que claramente sugieran la comisión de una actividad ilegal, la cual puede permanecer relativamente indeterminada en sus especificidades” (cfr. mi voto in re “VIEYRA FERREYRA, Diego Alberto y otros s/ recursos de casación”, causa nro. FCB 1392/2020/87/CFC3, reg. nro. 978/24, rta. 5/9/2024, del registro de esta Sala IV C.F.C.P.).
II. Por lo demás, en atención a las particulares circunstancias del caso bajo examen, corresponde enfatizar que el lavado de dinero es un delito organizado, transnacional y complejo. Al respecto, es destacable el terrible impacto que el crimen organizado y el ingreso y movimiento de fondos y activos provenientes del delito tienen a nivel nacional e internacional, así como la afectación que producen al orden económico financiero, el orden público interno, la gobernabilidad y la estabilidad misma de un Estado. En consecuencia, resulta fundamental el aseguramiento de las herramientas de las que disponga un Estado para prevenir, detectar y contribuir a la represión penal del lavado de activos, del mismo modo que para avanzar en esta línea en las acciones necesarias para lograr la identificación de bienes y el recupero de activos de origen ilícito en forma oportuna y eficaz.
Es por ello que el Estado Argentino se encuentra obligado, en razón de los compromisos internacionales asumidos, a adoptar las medidas pertinentes para garantizar el recupero de los bienes provenientes de los delitos de lavado de activos (cfr. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción -Nueva York, Estados Unidos, año 2003, Ley 26.097-; Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional - año 2000, Convención de Palermo, Ley 25.632-; y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI-, del cual nuestro país es miembro pleno).
En ese sentido, por mi parte, he resaltado que en los delitos en donde se investigan actos de lavado de dinero e involucran actos de corrupción, como el de autos, debe ponerse el acento precisamente en la función reparatoria del decomiso.
Por ello, no puede ignorarse que la medida bajo examen resulta trascendental a los fines de restauración de la justicia y el restablecimiento del equilibrio perdido. Es que estos institutos apuntan a recuperar para la comunidad los activos obtenidos o utilizados en la comisión de delitos, socialmente dañosos (cfr., en este sentido, mis votos en causas de la Sala IV: “ALSOGARAY, María Julia”, nro. 4787, reg. nro. 6674.4, rta. 9/5/2005; “VÁZQUEZ, Manuel y otros”, nro. CFP 2160/2009/37/CFC3, reg. nro. 512/16, rta. 29/4/2016; “BERAJA, Rubén Ezra”, reg. nro. 1255/20, rta. 31/7/2020; entre otros).
III. Con esas breves consideraciones, coincido en lo sustancial con la solución propiciada por los colegas que me preceden en el orden de votación, en cuanto a que se debe tener por desistido el recurso interpuesto por la Unidad de Información Financiera y hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos, anular la resolución recurrida y reenviar las presentes actuaciones para que, previa sustanciación en audiencia con las partes interesadas, se dicte una nueva resolución de acuerdo a los lineamientos aquí establecidos, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.). En mérito del Acuerdo que antecede, el Tribunal
I.TENER POR DESISTIDO el recurso interpuesto por la Unidad de Información Financiera.
II. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la querellante, por entonces Administración Federal de Ingresos Públicos, ANULAR la resolución recurrida, y REENVIAR las presentes actuaciones para que, previa sustanciación en audiencia con las partes interesadas, se dicte una nueva resolución de acuerdo con los lineamientos aquí establecidos, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del CPPN). Regístrese, notifíquese, comuníquese (Acordada 5/2019 de la C.S.J.N.) y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío. Firmado: Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky.
Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Secretario de Cámara
Fin de la sentencia