Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2024-43511968-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener a la Sra. Susana Ramponi por desistida de la acción y el derecho, incluso el de repetición, en el aporte solidario determinado en la RESOL-2024-17-E-AFIP-DVORR1#SDGOPIM, por los montos incluidos en el acogimiento efectuado, como así también respecto de la porción de los intereses resarcitorios que fija el inc. b) del art. 6 de la ley 27.743. Con costas.
2Condonar la porción de intereses que exceden aquellos que deben formar parte de la regularización (art. 6 de la ley 27.743) según se resuelve en el punto 1) y la multa aplicada en la proporción correspondiente al monto incluido en el acogimiento, sujeto a que se acredite la cancelación total -pago- de las obligaciones sustanciales, con más los intereses no condonables. Con costas por su orden.
3Revocar la RESOL-2024-17-E-AFIP-DVORR1#SDGOPIM en lo que hace al monto de aporte determinado que no fue objeto del desistimiento parcial, así como también los intereses y la multa aplicada por tal concepto. Las costas se imponen a la parte vencida.
4Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, de conformidad con lo resuelto en el punto 1), los que quedan a cargo de la Sra. Susana Ramponi, teniendo en cuenta a tales fines el monto de la regularización efectuada, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida, conforme lo dispuesto por la ley 27.423, de la siguiente forma, en la suma de $613.352, equivalente a 7,78 UMA, por la …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-141877576-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 23 de Diciembre de 2025 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° EX-2024-43511968- -APN-SGAI#TFN caratulado “Ramponi, Susana Beatriz s/ recurso de apelación”
La Dra. O’Donnell dijo:
I. La Sra. Susana Beatriz Ramponi interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la RESOL-2024-17-E-AFIP-DVORR1#SDGOPIM dictada en la Dirección Regional Oeste de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos, en la que se determinó de oficio su obligación respecto del aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia -ley 27.605 y su reglam.- (en adelante, aporte solidario), por el año 2020 y se la intimó a ingresar la suma de $45.217.082,38, más intereses resarcitorios (art. 37, ley 11.683). Asimismo, se le aplicó una multa de omisión de $45.217.082,38 en los términos del art. 45 de ley 11.683. En su presentación ante este Tribunal, la Sra. Ramponi sostiene la improcedencia del aporte solidario, por resultar, en su entendimiento, palmariamente violatorio de diversos derechos y garantías fundamentales.
Dice que en la instancia administrativa previamente sustanciada informó la constitución conjuntamente con su esposo, el Sr. Rossotti, de un trust discrecional e irrevocable con bienes de su patrimonio que no deben ser gravados por no formar más parte del mismo al no tener más la posesión ni la tenencia, ni facultades para ejercer actos de dominio sobre dichos activos a la fecha de entrada en vigencia de la ley del aporte. Agrega que “…al constituir el trust de carácter irrevocable a la avanzada edad en que lo hizo, siendo consciente de que le quedan pocos años de vida, solo ha buscado ejecutar una planificación patrimonial sucesoria que preserve la continuidad del negocio familiar que con tanto esmero ha desarrollado tanto ella como sus ancestros y resguardar la unión entre sus descendientes y las generaciones venideras”. En este punto, sostiene que la circunstancia de que la ley no distinguiera entre trust revocables o irrevocables, tal como invoca el juez administrativo, resulta una violación manifiesta al principio de capacidad contributiva. Afirma así que, en su caso, no cuenta con ninguna facultad decisoria ni disponibilidad que le permita ejercer derecho alguno sobre esos activos.
Aduce a continuación que el aporte solidario grava una manifestación directa de la capacidad contributiva que debe ser considerada en conjunto con el principio constitucional de inviolabilidad de la propiedad, cuya contracara es la garantía de la no confiscatoriedad.
Por lo demás, sostiene que pretender gravar con el aporte los activos en cuestión, implicaría la imposición sobre un patrimonio ficticio, lo que ya ha sido rechazado, según asegura, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el derecho comparado.
A renglón seguido critica el aporte solidario en términos generales, aún respecto de los bienes que no fueron aportados al trust, y entiende que vulnera la garantía de la inviolabilidad de la propiedad, el principio de no confiscatoriedad y el principio de capacidad contributiva. Para ello desarrolla una serie de cálculos a partir de los cuales llega a la conclusión de que el aporte solidario intimado, sumado a lo ingresado en concepto de impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales en el mismo período fiscal, en su conjunto absorbería casi cinco veces la renta generada por los activos gravados, lo que implica la privación de la renta e incluso la descapitalización de los activos que, afirma, no es otra cosa que la negación de su derecho de propiedad.
Agrega que el aporte solidario fue establecido en forma ilegítimamente retroactiva, menoscabando derechos adquiridos y afectando el principio de legalidad que rige en la materia.
Sostiene, además, que el aporte recae sobre la misma manifestación de capacidad contributiva que el impuesto sobre los bienes personales, con igual valuación y casi idéntico hecho imponible. Asimismo, invoca violación al principio de razonabilidad, de igualdad y el derecho a una tutela administrativa efectiva.
Por todo ello, solicita que se deje sin efecto la pretensión fiscal y, rechaza la intimación de pago de los intereses resarcitorios, frente a la inexistencia de culpa en la mora que se le atribuye. Pide también que se deje sin efecto la sanción aplicada. En su caso, pide que se admita error excusable en su conducta, teniendo en cuanta que la interpretación hecha respecto del aporte solidario fue coincidente con la mayoría de la jurisprudencia.
Aporta prueba documental, ofrece prueba pericial contable y por todo lo expuesto solicita que se revoque la Resolución, con costas al Fisco Nacional.
II. La representación fiscal contesta el traslado del recurso de apelación, acompaña los antecedentes de la causa y solicita que se confirme la Resolución en forma íntegra, también con costas.
Para ello explica que la Sra. Ramponi no presentó la declaración jurada ni ingresó el aporte solidario en el período fiscal 2020 a pesar de encontrase alcanzada por el mismo.
En lo particular, destaca que la Sra. Ramponi y su cónyuge, el Sr. Omar Luis Rossotti, firmaron un contrato de fideicomiso denominado “The Vintage Trust” en porcentajes iguales, con Corpag Services (Switzerland) S.A. (fiduciario) mediante el cual transfirieron al fondo fideicomitido los activos que integraban su patrimonio.
Contrariamente a lo alegado por la recurrente, afirma que dichos activos forman parte de la base de determinación del aporte solidario, por el 50% que le corresponde, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 3 de la ley 27.605 y 2 de su decreto reglamentario 42/2021.
Efectúa una reseña de los antecedentes de la ley 27.605, que creó el denominado aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, con carácter de emergencia y por única vez, de manera obligatoria. En orden a los planteos de la recurrente, tendientes a poner en dudas su constitucionalidad, señala que los mismos deben ser considerados en el contexto nacional e internacional en la cual fue dictada dicha ley, con el propósito de enfrentar las consecuencias del COVID-19 y de fortalecer el sistema sanitario público y privado y asistiendo a los sectores más afectados y de allí su carácter de solidario.
Solicita, en consecuencia, que se confirme la Resolución recurrida, con costas.
III. En trámite el Expediente, en el IF-2024-89441543-APN-DTD#JGM, la Sra. Ramponi informa el acogimiento - parcial- a los beneficios del régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias previsto en el Título I de la ley 27.743 y su reglamentación, respecto de la pretensión fiscal notificada en la Resolución, con exclusión de los bienes aportados de forma irrevocable al trust en el exterior. Por ello, desiste parcialmente del recurso de apelación que tramita en este Expediente.
Acompaña a su presentación el formulario Nº 408 y la constancia de su presentación digital, el detalle de las cuotas en las que formuló el plan de pago N° T293732 de la ley 27.743, de fecha 9 de agosto de 2024 -tres cuotas-.
Asimismo, desiste de la prueba pericial contable ofrecida al interponer el recurso de apelación y solicita que la causa continué respecto de la base imponible no conformada y que en este aspecto se revoque la Resolución, con costas. Tras correrle el pertinente traslado, la representante fiscal confirma la presentación de la recurrente y del formulario N° 408 en el que se acogió parcialmente al régimen de la ley 27.743 mediante el plan de pagos N° T293732.
Asimismo, hace saber, respecto a las causales de exclusión previstas en el art. 4° de la ley 27.743, que de la consulta a las bases correspondientes, no obran registrados juicios universales en trámite, finalizados ni paralizados (inc. i), ni tampoco hay registro de causas penales (inc. j) y que no puede aportar otra información sobre el resto de las causales de exclusión.
IV. En la PV-2025-125534072-APN-VOCXI#TFN se tiene por desistida de la producción de la prueba pericial contable ofrecida y por la PV-2025-130391373-APN-VOCXI#TFN se eleva el Expediente a la Sala. Por la IF-2025-140734992-APN-VOCXI#TFN queda en estado de dictarse la sentencia.
V. En primer lugar, corresponde resolver sobre la presentación de la Sra. Ramponi en relación al régimen previsto por la ley 27.743, con exclusión de los montos vinculados a los bienes aportados en forma irrevocable al trust denominado “The Vintage Trust”, con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.605.
Para ello cabe tener en cuenta que la ley 27.743 y su reglam. establecía que los contribuyentes, podían acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024 inclusive, o infracciones relacionadas o no con éstas, al régimen de regularización excepcional de regularización de deudas tributarias al que se refiere el Título I de dicha ley. También, podían incluirse aquellas obligaciones que se encontraban en curso de discusión administrativa, ante este Tribunal Fiscal de la Nación o contencioso administrativa en trámite ante el Poder Judicial, en tanto el contribuyente se allanara y/o desistiera, según corresponda, incondicionalmente por las obligaciones regularizadas; y renunciara a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos (conf. art. 3 y 35 de la R.G. 5525/2024). Por su parte, en sus arts. 6 y 7 se preveían beneficios de condonación de intereses y de sanciones por haber efectuado el acogimiento, según la fecha de adhesión al régimen y la forma de pago elegida.
En el caso, de lo manifestado por las partes, la documental acompañada y las constancias de autos surge: - que la Sra. Ramponi desistió parcialmente de la acción y del derecho, incluso el de repetición conforme surge del formulario Nº F408 acompañado en el RE-2024-89441724-APN-DTD#JGM.
- que la Sra. Ramponi regularizó parcialmente la obligación fiscal determinada en la Resolución recurrida, en el plan de pagos Nº T293732 previsto por la ley 27.743 y su reglam., en tres cuotas (v. RE-2024-89441724-APN-DTD#JGM). - la falta de configuración de las causales de exclusión previstas en el art. 4 de la ley 24.743, sin perjuicio de señalar que no surge del Expediente ni de las actuaciones administrativas previamente sustanciadas su acaecimiento, ni de la normativa se desprende que los contribuyentes tengan el deber de informar al respecto ante este Tribunal.
Por ello, con los alcances de lo dispuesto en los arts. 6 y 7 de la ley 27.743 y lo previsto en el art. 15 de la RG 5525/2024, teniendo en cuenta la regularización efectuada, corresponde:
1. Tener a la Sra. Ramponi por desistida de la acción y del derecho -incluso el de repetición- en cuanto a los montos incluidos en el acogimiento en concepto de capital y accesorios que no resultan condonados, de conformidad con lo previsto en los arts. 3 y 6, inc. a) de la ley 27.743. Las costas se imponen a la recurrente.
2. Condonar los intereses en la proporción dispuesta en el art. 6, inc. a) de la ley 27.743, conforme el art. 20 de la R.G. 5525/2024, y la multa aplicada, según el primer párrafo del art. 7 de la ley y el art. 23, inc. b) de la R.G. 5525/2024, en ambos casos conforme al acogimiento efectuado. Las costas se imponen por su orden, conforme jurisprudencia de este Tribunal según la cual la condonación no implica que haya una parte vencida.
VI. A continuación, corresponde resolver sobre la legitimidad de la Resolución respecto de la parte no desistida, es decir, por los bienes aportados por la Sra. Ramponi al trust en el exterior que constituyera, junto con su esposo el Sr. Omar Luis Rossotti, que el juez administrativo incluyó en la base imponible del aporte solidario del período fiscal 2020. Para ello cabe tener en cuenta que ley 27.605 (B.O. 18/12/2020) creó con carácter de emergencia y por única vez, un aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia sobre las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de los bienes en el país y en el exterior existentes a la fecha de entrada en vigencia, siempre que excedieran la suma de $ 200.000.000. La ley, además, incluyó en la base imponible los aportes a trust, fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de su entrada en vigencia.
Dicha ley fue reglamentada por el decreto 42/2021 (B.O. 29/01/2021) y por la Resolución General (AFIP) N° 4930/2021 donde se establecieron pautas para la aplicación e ingreso del aporte.
En este contexto normativo, debe decirse en primer término que el aporte solidario, más allá de su denominación, es un tributo y como tal se rige por las reglas y los principios constitucionales aplicables en materia tributaria por expreso mandato constitucional. Ha dicho en este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “Las instituciones jurídicas no dependen del nomen iuris que se les dé o asigne por los otorgantes del acto o legislador incluso, sino de su verdadera esencia jurídica económica: cuando medie ausencia de correlación entre nombre y realidad deberá desestimarse el primero y privilegiarse la segunda, o lo que es equivalente, los caracteres que la ciencia del derecho exige para que se configuren los distintos hechos y actos jurídicos” (Fallos: 21:498; 280:176; 289:67; 318:676 y 332:640). En el caso, la Sra. Ramponi se agravia que se incluyó en la base imponible del aporte solidario los bienes entregados para la constitución de un trust irrevocable con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.605, el 18 de diciembre de 2020, invocando que a dicha fecha ya no formaban parte de su patrimonio en tanto no tenía ni el dominio, ni la posesión ni la tenencia de los mismos. Por su parte, el juez administrativo sostiene que por aplicación de las previsiones contenidas en los arts. 3 y 9 de la ley 27.605 y los arts. 2 y 9 del Decreto Reglamentario 42/2021, los bienes del trust forman parte de la base imponible del aporte en tanto la normativa no distinguió entre trust revocables o irrevocables. Tal lo que esta Sala resolviera en los autos “Rossotti, Omar Luis”, sentencia del 12 de noviembre de 2025: “…el trust es un acuerdo mediante el cual una persona (settlor) transfiere la propiedad de ciertos activos a otra (trustee) para que los administre en beneficio de uno o más terceros (beneficiaries) y los transfiera definitivamente a éstos o a otros beneficiarios, al cumplimiento de un plazo o cuando se cumpla una condición (vg. como puede ser la muerte del settlor). Así, la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en 1984, definió al trust como “un conjunto de relaciones jurídicas en virtud de las cuales una persona, a la que se ha transferido la propiedad sobre unos bienes, está obligada a administrar dicha propiedad en beneficio de otra”.
Agregó allí que “Cuando estamos en presencia de un trust revocable, éste puede ser modificado o dejado sin efecto, total o parcialmente, por el settlor con o sin el consentimiento del trustee; pero en caso puntual de los trust irrevocables -como es el que se plantea en autos-, se presenta la particularidad que, quien lo establece no es beneficiario ni protector ni retiene facultades de administración sobre los bienes transferidos a los mismos, es decir que la propiedad de estos sale del patrimonio del settlor”.
Y concluyó allí que “Es así que en los trusts irrevocables quien que lo constituye no debe conservar ni detentar ningún poder de hecho ni derecho sobre los fondos o bienes transferidos al trust, ni adoptar o intervenir, directa o indirectamente, en actos de administración o disposición, y por ende no puede realizar cambio alguno. En tal sentido, los bienes transmitidos pasan a conformar una masa independiente tanto del transmitente como de quien los recibe fiduciariamente bajo su responsabilidad, para gestionarlos y disponerlos conforme a aquel y al derecho aplicable, para que lleguen a manos de los beneficiarios que oportunamente serán los efectivos titulares”.
En dicha oportunidad se resolvió revocar la determinación de oficio practicada al Sr. Rossotti, esposo de la aquí recurrente y titular del 50% de los bienes patrimoniales aportados al mismo trust. Se tuvo para ello en cuenta que el Sr. Rossotti no había sido designado protector del trust, que, en su caso, le hubiese permitido ejercer algún control luego del desapoderamiento de los bienes. Además, del mismo modo que la Sra. Ramponi está entre las personas excluidas para cualquier intervención en el mentado trust, por lo que no podría detentar el carácter de beneficiario.
Por ello, al igual que en dicho caso, en el presente no se encuentra en discusión que la Sra. Ramponi aportó los bienes al trust antes de la promulgación de la ley 27.605, sin reservarse ninguna posesión ni facultad ni control sobre la gestión patrimonial; en definitiva, el juez administrativo no objetó el carácter irrevocable del trust, por lo que debe concluirse que en el período fiscal 2020 dichos bienes no formaban parte de su patrimonio y, de allí la inexistencia de exteriorización de riqueza o de capacidad contributiva para gravar los mismos, principio rector en materia tributaria por mandato constitucional conforme antigua y reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 312:2467; “Navarro Viola de Herrera”).
Ello así, máxime cuando el art. 2 del decreto 42/2021, al reglamentar el art. 3 de la ley 27.605, dispone que “…los sujetos deberán declarar como propios e incluir en la base de determinación del aporte, los bienes aportados a las estructuras allí previstas, por un porcentaje equivalente al de su participación en estas”, de lo que se sigue que para que esté gravado debe existir una participación del contribuyente, mientras que en el caso, como ya se dijo, la Sra. Ramponi no detenta dicha participación en el trust dado que de su instrumentación surge el desapoderamiento de los bienes destinados a su constitución, sin conservar ningún poder de decisión o económico sobre el mismo.
Así las cosas, debe concluirse que en el caso los bienes, por las razones ya señaladas, no están sujetos al aporte solidario y por lo tanto se encuentran fuera de la base para el cálculo de la obligación prevista en la ley 27.605.
VII. A dicha conclusión no obsta lo dispuesto en el último párrafo del art. 9 de la ley 27.605 que dispone que: “Cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte, durante los ciento ochenta (180) días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación que configure un ardid evasivo o esté destinada a eludir su pago, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá disponer que aquellos se computen a los efectos de su determinación”; en tanto para que opere dicha presunción debe mediar “un ardid evasivo o esté destinada a eludir” el pago de la obligación que debe estar demostrado.
En el caso, obra en las act. adm. el dictamen jurídico de calificación penal N° 31/22, en el que la Sección Penal Tributaria de la Dirección Regional analizó la conducta de la Sra. Ramponi bajo el Régimen Penal Tributario. Allí, si bien se hace referencia a que el ajuste superaría la condición objetiva de punibilidad requerida por el art. 1° del citado régimen, también se descarta la voluntad de ocultamiento defraudatoria y por ello la falta de sustento para formular una eventual denuncia penal tributaria.
El mismo análisis se hace en el dictamen jurídico N° 312/22 de la Sección Dictámenes, agregado también en las act. adm., en virtud del cual el juez administrativo decidió aplicar a la Sra. Ramponi la multa prevista en el art. 45 de la ley 11.683, imputándole un accionar culposo y/o negligente por la falta de presentación de la declaración jurada y pago en tiempo, excluyendo de ese modo una conducta dolosa.
Es decir, en el caso ha sido el propio juez administrativo el que, precedido de los dictámenes de las áreas penal y jurídica, ha descartado la actitud dolosa del recurrente, elemento necesario para la aplicación de la presunción allí prevista, esto es el ardid evasivo o el ánimo de elusión perseguido por el contribuyente. En consecuencia, no se encuentra debidamente fundado el indicio para la aplicación de la presunción prevista en dicha norma. Del mismo modo se resolvió en la sentencia dictada en los autos “Rossotti, Omar Luis”, más arriba referida.
Tales consideraciones son suficientes para revocar la Resolución recurrida, en la parte no incluida en el desistimiento. Las costas se imponen a la parte vencida.
Por la forma en que se resuelve, resulta insustancial referirse al resto de los agravios.
El Dr. Martín dijo:
I. Que comparto el relato de los hechos efectuado en el voto de la Dra. O’Donnell y la solución propiciada en el Considerando V del mismo para tener a la recurrente por desistida parcialmente de la acción y el derecho, incluso el de repetición, en cuanto a los montos del aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia por el año 2020 incluidos en el acogimiento en concepto de capital y accesorios que deriva del art. 6 inciso a) de la ley 27.743. Las costas sobre estos conceptos se imponen a cargo de la actora.
II. Que el citado inciso establece que los contribuyentes que se adhieran al régimen dentro de los primeros treinta (30) días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la respectiva reglamentación (16/07/2024) se les condonará el setenta por ciento (70%) de los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fecha de acogimiento al presente, en la medida que la totalidad de la deuda a regularizar se cancele por pago al contado o en un plan de facilidades de pagos de hasta tres (3) cuotas mensuales bajo los términos que la Administración Federal de Ingresos Públicos establezca a tal fin. Que en este orden de ideas, cabe resaltar que el beneficio de condonación quedará plenamente consagrado cuando la recurrente acredite la cancelación total del plan de pagos, hecho no sucedido en autos toda vez que la obligación principal y los intereses no condonados fueron incluidos en un plan de facilidades de pago compuesto por tres (3) cuotas. Que por lo tanto, corresponde condonar la porción de intereses que exceden aquellos que deben formar parte de la regularización (arts. 6° de la ley 27.743), sujeto a que se acredite la cancelación total -pago- de la obligación sustancial - con más los intereses no condonables- en razón de que de la documentación acompañada no se desprende dicha circunstancia. En igual sentido, procede la condonación respecto de la multa aplicada en autos (art 7º). Por ambos conceptos, las costas se imponen por su orden.
III. Asimismo, comparto los argumentos expuestos en los Considerandos VI y VII para revocar el acto apelado en lo que hace al monto de aporte determinado que no fue objeto del desistimiento parcial formulado, en tanto tuvo en consideración los bienes destinados a la constitución del Trust analizado en autos, debiendo en consecuencia dejarse sin efecto los intereses reclamados y la multa aplicada por tal concepto. Las costas se imponen a la parte vencida. La Dra. Gómez dijo:
I. Que conforme lo expresado por la Vocal Instructora en el Considerando V de su voto y toda vez que el desistimiento formulado por la actora se ajusta a lo estipulado por la ley 27.743, corresponde tenerla por desistida de la acción y del derecho incluso del de repetición, en los términos previstos por dicha norma en cuanto a los montos determinados en concepto de capital e intereses resarcitorios, éstos últimos en la proporción que deriva del art. 6° inciso a) de dicha normativa atento haber formulado su acogimiento dentro de los primeros treinta (30) días corridos desde la entrada en vigencia de la Resolución General N° 5525/2024 (B.O. 16/7/24). Las costas se imponen a cargo de la recurrente. Se deja constancia que los honorarios a su cargo quedan reducidos en la forma dispuesta por el art. 9 de la ley 27743 y art. 38 inc. b) de la R.G. 5525/2024.
En cuanto al monto de intereses que excede el límite fijado por la normas antes referidas, hasta el monto incluido en la determinación de oficio por el monto objeto de acogimiento, como así también respecto de la multa aplicada en la proporción correspondiente al desistimiento formulado, adhiero a lo expuesto en el Considerando II del voto del Dr. Martín; y en consecuencia corresponde declarar condonados de la porción de los intereses resarcitorios que exceden el límite señalado en el párrafo precedente y la multa apelada en autos en la proporción correspondiente al monto incluido en el mentado acogimiento. Las costas por esos conceptos se imponen en el orden causado.
II. En cuanto a la cuestión relativa al monto que el Fisco incluyera en la base de cálculo de aquellos bienes que fueron destinados a la constitución de un Trust discrecional e irrevocable y que por tal motivo la recurrente sostiene que dichos bienes ya no formaban parte de su patrimonio y en consecuencia no correspondía su gravabilidad en ningún impuesto patrimonial, adhiero a lo expuesto en los Considerandos VI y VII del voto de la Dra. O'Donnell.
Ello así, procede revocar el acto apelado en lo que hace al monto de aporte determinado que no fue objeto del desistimiento parcial formulado en autos, en tanto tuvo en consideración los bienes destinados a la constitución del Trust referido, debiendo en consecuencia dejarse sin efecto los intereses reclamados y la multa aplicada por tal concepto. Las costas se imponen a la parte vencida.
Atento la forma en que se resuelve no procede pronunciarse sobre los restantes agravios formulados por las partes. En atención al resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Tener a la Sra. Susana Ramponi por desistida de la acción y el derecho, incluso el de repetición, en el aporte solidario determinado en la RESOL-2024-17-E-AFIP-DVORR1#SDGOPIM, por los montos incluidos en el acogimiento efectuado, como así también respecto de la porción de los intereses resarcitorios que fija el inc. b) del art. 6 de la ley 27.743. Con costas.
2. Condonar la porción de intereses que exceden aquellos que deben formar parte de la regularización (art. 6 de la ley 27.743) según se resuelve en el punto 1) y la multa aplicada en la proporción correspondiente al monto incluido en el acogimiento, sujeto a que se acredite la cancelación total -pago- de las obligaciones sustanciales, con más los intereses no condonables. Con costas por su orden.
3. Revocar la RESOL-2024-17-E-AFIP-DVORR1#SDGOPIM en lo que hace al monto de aporte determinado que no fue objeto del desistimiento parcial, así como también los intereses y la multa aplicada por tal concepto. Las costas se imponen a la parte vencida.
4. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, de conformidad con lo resuelto en el punto 1), los que quedan a cargo de la Sra. Susana Ramponi, teniendo en cuenta a tales fines el monto de la regularización efectuada, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida, conforme lo dispuesto por la ley 27.423, de la siguiente forma, en la suma de $613.352, equivalente a 7,78 UMA, por la representación procesal, y $1.533.380, equivalente a 19,45 UMA, por el patrocinio letrado, sin perjuicio de la reducción de honorarios prevista en los arts. 9 de la ley 27.743 y art. 38, inc. b) de la R.G. 5525/2024.
5. Regular los honorarios de la Dra. Valeria D’Alessandro, de conformidad con lo resuelto en el punto 3), los que quedan a cargo del Fisco Nacional, por su actuación en autos en el doble carácter de apoderada y patrocinante de la Sra. Ramponi, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida, conforme lo dispuesto por la ley 27.423, en la suma de $8.908.000 equivalente a 112,97 UMA.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Date: 2025.12.22 17:21:41 -03:00 Date: 2025.12.22 17:25:57 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.12.23 09:55:02 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.12.23 09:55:03 -03:00
Fin de la sentencia