Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 38615-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar los recursos interpuestos por las partes y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada. Las costas de alzada se imponen en el orden causado.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 16068/2024/CA1; RANIERI ARGENTINA SA (TF 38615–A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO.
DVP Buenos Aires, de junio de 2025.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Mediante sentencia del 11/04/2024, la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, resolvió: (i) confirmar parcialmente la exigencia tributaria contenida en la Resolución DE PRLA 8647/2017, declarando que los tributos adeudados por la firma actora ascendían a la suma de USD 1.322,79, en concepto de derechos de importación, tasa estadística e IVA, a ser convertidos a pesos utilizando el tipo de cambio vendedor informado por el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones del día hábil anterior a la fecha del efectivo pago, con más intereses desde el 06/08/2013 y hasta su efectivo pago, con costas a la actora; (ii) revocar la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del IVA adicional e impuesto a las ganancias, con costas al fisco.
Para así decidir, luego de reseñar las posiciones adoptadas por las partes contendientes en sus respectivas presentaciones y efectuar una síntesis de las actuaciones administrativas que llevaron al dictado de la Resolución impugnada, puntualizó que mediante DIT 07073ITI4001693R – registrada el 11/07/2007– la actora había documentado la importación temporaria de 598 unidades de mercadería en la Posición Arancelaria 9003.11.00.990N correspondiente a “Las demás Las demás -- De plástico – Monturas (armazones: MONTURAS (ARMAZONES) DE GAFAS (ANTEOJOS) O ARTICULOS SIMILARES Y SUS PARTES”, –sin marca, código de producto 6712–, al amparo del decreto 1330/04, con la finalidad de utilizar dichos insumos en la producción de anteojos para su posterior exportación, operando el vencimiento del plazo anual otorgado a tales efectos el 05/07/2008.
Señaló que correspondía a los beneficiarios de los regímenes preferenciales –frente a la imputación de incumplimiento– acreditar de forma fehaciente y mediante la documentación aduanera adecuada el cabal cumplimiento de las condiciones impuestas por la reglamentación –que en el caso de autos, por el tipo de operación efectuada, dichos documentos resultaban ser los Permisos de Embarque (PE) y los Certificaos de Tipificación y Clasificación (CTC)– Remarcó que la Sección Operativa y Registral, frente a la presentación de los PE 07001EC03038530X, 07073EC03015967D, 07001EC03041234D, 07073EC03017331N, 07073EC03017481T y el CTC 1443/06 –que, a criterio de la actora acreditaban la regularización en tiempo y forma de la totalidad de la mercadería introducida en forma temporaria– había ratificado la denuncia efectuada por la Aduana, al considerar que el CTC acompañado “no resultaba de aplicación por no corresponderse la unidad de medida declarada para el producto con la unidad de medida declarada en los PE”, afirmación que constituyó el principal fundamento de la Resolución impugnada en autos.
Así las cosas, y dado que no se encontraba discutida la procedencia de la multa por haber sido la causa infraccional archivada, se limitó al análisis de la procedencia de los tributos reclamados a la actora por la presunta comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero.
Ponderó que, de la compulsa de las pruebas obrantes en las actuaciones administrativas resultaba que el CTC imputado en la descarga de los referidos PE, no individualizaba la posición arancelaria del producto a exportar contando únicamente con una descripción genérica del mismo. Asimismo, sostuvo que las hojas de descarga de los PE no individualizaban el subitem del producto al que se pretendían imputar los insumos temporariamente importados –ni identificaban el código de tales insumos– por lo que resultaba imposible verificar la relación insumo–producto, a efectos de tener por cancelada la DIT aquí involucrada, por lo que no se podía tener por acreditada la reexportación en tiempo y forma de los armazones importados temporariamente, resultando aplicable –a los efectos tributarios– lo normado en el artículo 274, apartado 1, inc. a), del C.A. Confirmó –por no encontrarse impugnada– la liquidación efectuada en sede administrativa de los tributos adeudados –derecho de Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 16068/2024/CA1; RANIERI ARGENTINA SA (TF 38615–A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO.
importación, tasa estadística e IVA–, y dispuso su conversión a pesos al tipo de cambio vendedor del BNA correspondiente al día hábil anterior a la fecha de pago, con más intereses –conforme lo normado en los art. 794, 1101, 1103 del CA– computados –al no existir constancias de la notificación del corrido de vista– desde la fecha en que la firma actora se presentó a contestar la vista del sumario –06/08/2023– Con relación a los rubros de la liquidación tributaria que fueron revocados –IVA adicional y Ganancias–, consideró que debía ajustar su pronunciamiento a lo resuelto por el Máximo Tribunal en el precedente “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas”, Causa 22.930/2009, del 26 de noviembre de 2019.
II. Contra dicha decisión se alzan ambas partes. La actora interpone recurso de apelación el 17/05/2024 y expone sus agravios el 07/06/2024 –los que fueron replicados por la contraria el 25/06/2024–; mientras que la demandada hace lo propio el 31/05/2024 –siendo sus agravios contestados el 29/07/2024–.
La parte actora asevera que el Tribunal Fiscal de la Nación efectúa una errónea valoración de los hechos así como de la prueba producida en el expediente por lo que solicita que, en virtud de lo normado en el artículo 1180 del Código Aduanero, no se tengan por válidas las afirmaciones efectuadas por el Tribunal a quo que lo llevaron a considerar que no se encontraba acreditada la reexportación de los insumos importados temporariamente.
Manifiesta que de la lectura de las descargas se aprecia claramente que las exportaciones cancelaban la DIT en las proporciones mencionadas por la DDJJ y conforme lo expuesto en la demanda. Remarca que en los alegatos se identificó en que foja se encontraba cada descarga. Esgrime que, si el Tribunal Fiscal de la Nación hubiese leído la DIT denunciada, hubiera advertido que la importación no tiene subitems, por lo que las descargas de cada exportación tampoco los tienen, simplemente por no existir. Asimismo, afirma que “tampoco las exportaciones tuvieron subitems razón por la cual tampoco resulto necesario hacer dicha referencia”.
En esta tónica, declara que de la simple lectura del CTC se desprende que, en sus tres anexos, se tipifican las relaciones insumo– producto (Anexo I: Insumo 9004.10.00 Producto 9004.10.00; Anexo II: Insumo 9003.11.00 Producto 9003.11.00; Anexo III: Insumo 9003.19.10 Producto 9003.19.10). Expone el mentado CTC individualiza las posiciones arancelarias.
En virtud de lo expuesto, alega que se encuentra probado el cumplimiento del régimen y la exportación de los insumos por lo que solicita se revoque la sentencia apelada.
III. Por su parte, el fisco nacional cuestiona la manera en que fueron impuestas las costas, como consecuencia de haberse declarado extinguida la facultad del servicio aduanero para exigir el pago de las percepciones del IVA adicional y del Impuesto a las Ganancias.
Sostiene que los precedentes de la Corte Suprema –y que fueran utilizados por el Tribunal Fiscal de la Nación para resolver la cuestión en ese aspecto– son posteriores a la exteriorización de la pretensión fiscal y de la propia Resolución Aduanera que formuló el cargo por tributos, la que data del año 2012 (sic). Reitera que el fallo “Frisher” es de 2013 y "Cladd" del 2019.
Señala que las particularidades del caso, sumado a su complejidad jurídica, justificarían –a su criterio– el apartamiento del principio general de la derrota y la distribución de las costas por su orden en este punto. Cita jurisprudencia en sustento de su tesitura.
IV. Previo a ingresar al tratamiento de los agravios expresados por las partes es importante destacar que esta Sala no se encuentra obligada a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de esta Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 16068/2024/CA1; RANIERI ARGENTINA SA (TF 38615–A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO.
265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986", del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III-11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 – Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018, “Caratelli, Stolano c/ EN -AFIP- s/ Proceso de Conocimiento”, del 08/03/22¸ “Construmex SA c/ EN -DNV- s/ Proceso de Conocimiento”, del 08/11/22, entre otros)
V. Asimismo, cabe rememorar que el recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la ley 11.683 (t.v.) otorga carácter limitado a la revisión de este Tribunal de Alzada, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (conf. Fallos 300:985). En esta tónica, teniendo en vista el contenido de los agravios reseñados, cabe advertir que el análisis de las cuestiones planteadas exige la revisión de cuestiones de hecho y prueba ajenos, por regla general, a la jurisdicción de esta Cámara, debido a lo previsto en el artículo recientemente citado. En tal orden, por principio, cabe estar a las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados (CNACAF, Sala I, in re “Merlino Automotores S.A.” del 12/3/09; Sala II, “Frigorífico Marejada S.A.” del 29/12/2009; Sala IV, “Agropecuaria Laishi S.A.” del 15/04/10; Sala V, “Del Buono, Jorge Luis” del 15/03/07; Sala III, “Adicción al Deporte SA”, Causa Nº 72746/2017, del 15/11/18, entre otros). Ahora bien, es importante destacar que este principio cede no sólo cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados hechos o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino también ante supuestos de arbitrariedad en la apreciación de aquéllos. Por ello, se ha dicho que el recurso impetrado no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y sobre la conclusión a la que dicho órgano jurisdiccional hubiera arribado al ponderarla, salvo supuestos de error manifiesto (CNACAF, Sala V, in re “Sullair Argentina S.A. (TF 24732-I) c. DGI”, Causa Nº 35.379/10, sentencia del 21/03/2011; Sala II, in re “Caterina Consignatarios S.R.L. c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 74722/2018, del 18/7/19). En definitiva, si el apelante pretende la revisión de cuestiones de hecho y prueba de la sentencia del TFN, constituye un requisito de procedencia que el recurrente demuestre, preliminarmente, que la valoración efectuada por el mismo fue arbitraria.
VI. Sentado todo ello, este tribunal observa que las manifestaciones vertidas por la parte actora en su memorial no alcanzan para desvirtuar las conclusiones a las que ha arribado el Tribunal Fiscal de la Nación respecto de los hechos y de la prueba producida en autos.
En efecto, y contrario a la postura mantenida por la firma Ranieri SA en su memorial, de la constatación del CTC 1443/06 y sus Anexos –obrantes a fs, 101/104 de las actuaciones administrativas– y los PE 07001EC03038530X, 07073EC03015967D, 07001EC03041234D, 07073EC03017331N, 07073EC03017481T con sus respectivos cumplidos y descargas –ver fs. 23/40, 41/54, 55/77, 79/85, 86/98 respectivamente, del expediente administrativo–, y la confrontación de dichos documentos entre sí, no se puede extraer, de forma clara y certera, la relación insumo–producto a los efectos de tener por acreditada la reexportación de los 598 armazones importados temporariamente por la firma actora mediante DIT 07073ITI4001693R.
En virtud de lo expuesto, y toda vez que firma actora no ha logrado acreditar la arbitrariedad de las conclusiones de hecho sentadas por el Tribunal a quo, corresponde confirmar la sentencia apelada en este apartado.
VII. Por otro lado, el recurso intentado por la demandada tampoco podrá prosperar, toda vez que las pretensiones deducidas en el Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 16068/2024/CA1; RANIERI ARGENTINA SA (TF 38615–A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO.
proceso determinan la existencia de mutuos y recíprocos vencimientos en la anterior instancia.
En este sentido, no debe perderse de vista que la imposición de costas a la parte vencida en una determinada cuestión, no opera como una sanción sino como un resarcimiento en favor de quien se ha visto obligado a litigar (Jorge L. Kielmanovich, “Código procesal comentado y anotado.”, T. I, pág. 150, edit. Abeledo Perrot, 2010). En otras palabras, no se busca castigar al perdedor sino de hacerle cargar al vencido con las erogaciones que debió realizar la contraria (cfr. CNACAF, esta Sala, in re “Chubb Argentina de Seguros SA (TF 31544-A) c/DGA s/ Recurso de Organismo Externo” Causa 87.438/2017, sentencia del 01/05/2025; Sala II, in re “Donto SA (TF 32614-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, causa 21.677/2024, sentencia del 21/05/2025)
En virtud de ello, la conclusión esbozada en el primer párrafo de este considerando se impone al presente caso, toda vez que el importe correspondiente a los rubros revocados había sido específicamente cuestionado por la firma Ranieri S.A (cfr. fs.1, fs. 8/11, fs. 130/131; en igual sentido, CNACAF, esta Sala, in re “Chubb” ya citado; Sala IV, in re “Chubb Argentina de Seguros SA (TF 31522-A) c/DGA s/ Recurso de Organismo Externo”, causa 10.056/2025, sentencia del 06/05/2024)
A mayor abundamiento, se debe señalar el hecho que al tiempo en que fuera dictada la resolución impugnada en autos, el Alto Tribunal aún no hubiera dictado el precedente en los que se basara la decisión de detraer los conceptos IVA adicional e Impuesto a las Ganancias del reclamo tributario, no constituye un factor suficiente a fin de revelar la improcedencia en la distribución de costas dispuesta en esta oportunidad por el Tribunal Fiscal de la Nación.
En efecto, el precedente “Cladd” –citado por el a quo para dirimir el punto bajo estudio– data del 26/11/2019, mientras que la sentencia apelada fue dictada el 11/04/2024, por lo que la omisión de haber efectuado un allanamiento expreso y oportuno –conforme la facultad que confiere el artículo 70 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, aplicable al sub–examine en virtud de la remisión que hace el artículo 1174 del Código Aduanero– expuso al recurrente al riesgo procesal de tener que afrontar las costas relacionadas con un reclamo como el de autos, en donde por aplicación de la doctrina sentada en el mentado precedente “Cladd”, se podrían detraer ciertos conceptos que habían sido originalmente incluidos (en la misma línea, CNACAF, Sala II in re “Donto” y Sala IV, in re ”Chubb” ya citados)
En tales condiciones, corresponde rechazar la apelación intentada por el Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar, en este aspecto, la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación.
VIII. Las costas de esta Alzada, teniendo en cuenta las particularidades del caso, así como la existencia de vencimientos parciales y mutuos, se imponen en el orden causado (cfr. art 68, segundo párrafo, y 71 del CPCCN)
En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: rechazar los recursos interpuestos por las partes y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada. Las costas de alzada se imponen en el orden causado.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia