Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa R-2490/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por el demandado Gustavo Daniel Campana (cfr. PE263391-2021), y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial adjunta en PE315196-2021.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: R-2490/21-TSJ Interlocutorio N°: 3691 Actor: RASJIDO AMIRA DEL VALLE Demandada: CAMPANA GUSTAVO Objeto: INTERDICTO DE RECOBRAR Fecha: 29-06-2022 Texto: TOMO XXXIII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3691 FOLIO Nº 6512/6515 PROT. ELECT. TSS1 040 I.221
Río Gallegos, 29 de junio de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “RASJIDO AMIRA DEL VALLE c/ CAMPANA GUSTAVO s/ INTERDICTO DE RECOBRAR”, Expte. Nº R-18.798/17 (R-2490/21-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a este Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por el demandado, Gustavo Daniel Campana, con el patrocinio letrado del Dr. Matías E. Solano (cfr. PE263391-2021), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, que confirmó el pronunciamiento dictado en Primera Instancia (cfr. PE243661-2021). Este último había hecho lugar al interdicto de recobrar promovido por la actora Amira del Valle Rasjido en relación al inmueble identificado como parcela 14 de la manzana 639-D, ubicado en calle Los Pingüinos Nº 242 de esta ciudad capital y, en consecuencia, condenó al demandado a restituir ese bien en el plazo de diez días de quedar firme y consentida esa decisión (cfr. fs. 71/73).-
II. Para así decidir, el Tribunal de Alzada consideró desacertados los agravios del accionado dirigidos a cuestionar una sentencia interlocutoria dictada por ese mismo órgano, merced a la cual había ordenado el desglose de prueba documental que había intentado incorporar por fuera del momento y de los casos autorizados por el artículo 259, sgtes. y cttes. del CPCyC. En punto a ello, aclaró que ese tipo de objeciones debieron ser arbitradas mediante los recursos correspondientes.- Advirtió que el memorial se encontraba al borde de la deserción, al no contener una crítica concreta y razonada, no obstante lo cual puntualizó que ingresaría a su análisis, a raíz de la postura amplia que pregona al momento de evaluar la suficiencia de los escritos recursivos.-
Expuso que para que proceda el interdicto de recobrar basta que quien tiene materialmente la cosa resulte desplazado de ella contra su voluntad y por medios ilegítimos, para que tenga derecho a ser restituido en esa posesión o tenencia, debiendo ser dirimidas dentro de un juicio de conocimiento las cuestiones relativas a los derechos que pudieran asistir a los litigantes.-
En base a lo dispuesto por el artículo 334 del CPCyC, hizo hincapié en la falta de contestación de demanda por parte de Gustavo D. Campana. Resaltó que el accionado pretendió polemizar en la apelación sobre los hechos denunciados por Amira del Valle Rasjido -demostrativos de la posesión actual del predio-, cuando no lo fueron en el momento procesal oportuno. Destacó que la omisión de replicar la demanda creó una presunción judicial a favor de la accionante, siendo innecesario extremar el rigor en el análisis de la prueba rendida; en tal sentido, precisó que era suficiente que el material probatorio se bastara a sí mismo para ratificar la presunción reseñada.- La Cámara también puso énfasis en la falta de oposición oportuna respecto de los testigos que cuestiona el demandado en su apelación. Ello, por cuanto resultaba inadmisible plantear ese tipo de crítica ante la Alzada cuando los testigos declararon en la instancia de origen, de conformidad con lo establecido en el artículo 276 del ordenamiento adjetivo.-
Ponderó que los testigos fueron contestes al declarar que Amira del Valle Rasjido ha estado en posesión del inmueble desde el año 2011 y que el accionado ingresó rompiendo cadenas y candados. Además, valoró la documental aportada en la causa penal por usurpación entablada contra éste último, de donde surgía -entre otras cosas- que la pareja de la actora había construido un galpón y un portón.- De conformidad con ello, arribó a la conclusión de que la prueba documental aportada por la actora da cuenta del tiempo y modo en que adquirió el terreno y aportó indicios serios sobre la veracidad de las declaraciones de los testigos.-
Con apoyo en el artículo 1928 del CCyC, precisó que la construcción de mejoras, el amojonamiento, el acto de cercar y alambrar implicaron actos posesorios. Igualmente, trajo a colación el artículo 1930 de ese cuerpo normativo, que establece una presunción de continuidad en la posesión.-
Entendió, finalmente que la obstrucción de acceso, la rotura de candados y la desaparición de un perro introducido por la demandante en el predio (para su custodia) importaron actos de violencia.-
III. Contra este modo de decidir, el demandado articula recurso de casación, aduciendo violación de la ley y vicios ‘in procedendo’ (cfr. PE263391-2021, pág. 2). Asimismo, denuncia arbitrariedad y apartamiento de la doctrina legal vigente (cfr. PE cit., pág. 4).-
En su agravio inaugural, cataloga de contradictoria y abusiva a la sentencia impugnada. Dice que adolece de serias falencias formales y que viola la igualdad ante la ley y el debido proceso legal, desoyendo mandatos constitucionales. Afirma que en el proceso no median pruebas que den cuenta de que la accionante tenga algo que recobrar, en tanto no probó que haya estado en posesión del inmueble con anterioridad a la demanda promovida. Sostiene, asimismo, que el acto sentencial tiene por acreditados extremos de manera indebida y sólo por el hecho de que su parte estuvo en rebeldía, violando de este modo los artículos 60, 61, 66 y 601 del CPCyC (cfr. PE cit, págs. 4 y 5).- En su segundo y último agravio, catalogado como “errónea aplicación de la ley sustantiva y violación de la doctrina legal”, postula que el fallo asienta su razonamiento sobre la base de considerar ciertas las aseveraciones de la actora sin prueba alguna, avanzando sobre la ley respecto del alcance otorgado a su declaración de rebeldía. Manifiesta que la ley consagra una presunción favorable a la parte que se beneficia con la rebeldía de su contraria, pero que ello no exonera a la demandante de la carga de probar ni entraña, sin más, el reconocimiento ficto de la verdad de los hechos alegados. En esta senda, señala que puede suceder que medie una contradicción entre los hechos presumidos y otras constancias del juicio y que si estas últimas producen plena convicción al juzgador, tendrá que atenerse a ellas (cfr. PE cit., págs. 5 y 8).- La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto en PE315196-2021.-
En PE225419-2021 pasan los presentes al Acuerdo.-
IV. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
Liminarmente, se advierte que el fallo atacado no es definitivo en los términos del artículo 1º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, y que las resoluciones que recaen en los interdictos “…admiten la promoción del proceso de conocimiento posterior (confr. art. 593 y ccds. del Código Procesal) donde, en definitiva, se dilucidará el derecho que asiste a las partes.” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXI, Reg. 2726, Folio 4191/4194).- En efecto, este Alto Cuerpo ha sostenido que: “…‘No cabe reconocerle efectos de cosa juzgada material a la sentencia dictada en el interdicto de recobrar…ya que el objeto de la litis tiende a restablecer una situación de hecho sin abrir debate sobre el derecho a poseer y la propiedad. En estos casos la Ley adjetiva instituye la posibilidad de promover procesos posteriores de pleno conocimiento, susceptibles de alcanzar un resultado final derogatorio del anterior. Excepcionalmente, corresponde equiparar a definitivo el interlocutorio que resuelve la procedencia de un interdicto cuando el pronunciamiento cause un gravamen irrepa- rable o de tardía reparación ulterior, siempre dependiendo de las circunstancias que rodeen al litigio que le impidan a la parte acudir a un nuevo proceso’…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3555, Folio 6139/6142).- Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha indicado que: “Los pronunciamientos recaídos en los interdictos posesorios, que no deciden de manera final respecto del derecho que puede asistir a las partes, no revisten el carácter de sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la ley 48…” (cfr. Fallos: 262:215 y 294:291).-
El concepto de sentencia definitiva va ligado a la posibilidad de renovar en otro juicio o en otra oportunidad la cuestión litigiosa, de existir esta posi- bilidad se cierran los carriles de la impugnación casatoria. Excepcionalmente podría provocarse la apertura de esta instancia si se demuestra que la resolución recurrida causa un gravamen irreparable. No obstante y si bien en el caso el demandado alega que la resolución que acogió el interdicto de recobrar es asimilable a definitiva, no explica ni demuestra cómo es que lo decidido en este proceso es de imposible o dificultosa reparación ulterior. No ha brindado razones ni emanan de la causa circunstancias que coloquen el caso en la excepcionalidad que procura, lo cual conlleva a la inadmisibilidad de la casación.-
V. Sin perjuicio del déficit apuntado en el apartado anterior, a mayor abundamiento es dable efectuar una serie de consideraciones adicionales que conducen indefectiblemente a la declaración de inadmisibilidad del recurso intentado.-
Si bien la parte recurrente no invoca explícitamente la causal de quebrantamiento de forma, conforme lo habilita el artículo 2º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, no puede soslayarse el hecho de que en su agravio inicial denuncia la existencia de vicios ‘in procedendo’ y cataloga de contradictoria a la sentencia en crisis.- Este Alto Cuerpo ha considerado procedente el recurso de casación por quebrantamiento de forma en casos de falta total de fundamentación de una sentencia, ausencia de mayoría de opiniones concordante (cfr. Sentencia, Tomos V, Reg. 166, Folio 857/859 y VII, Reg. 229, Folio 1234/1238), incongruencia palmaria por omisión total o parcial de pronunciamiento sobre los agravios propuestos (cfr. Sentencia, Tomos III, Reg. 90, Folio 404/408) ), o autocontradicción entre los considerandos y lo que se decide en la sentencia (cfr. Sentencia, Tomo XII, , Reg. 414, Folio 2257/2260).- En el caso bajo juzgamiento, la casacionista no logra evidenciar la configuración de vicio alguno en torno a las formas y solemnidades prescriptas para el acto sentencial. Más aún, la simple lectura de la pieza recursiva denota de manera prístina la ausencia total de toda crítica tendiente a demostrar la infracción a alguna de las reglas básicas del razonamiento sentencial.-
VI. Las censuras sometidas a juzgamiento pretenden la revisión de cuestiones de hecho y prueba, ajenas al acotado margen por el que transita el andarivel recursivo de marras, como lo son determinar si la actora estuvo en posesión del inmueble en cuestión con anterioridad a la demanda interpuesta, salvo que se invoque y demuestre cabalmente la configuración del absurdo, circunstancia que no se avizora en el presente caso.- La revocación de una sentencia por absurdo es un remedio excepcional (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomos VIII, Reg. 282, Folio 1531/1533 y XV, Reg. 513, Folio 2877/2883) para neutralizar los efectos dañosos del desvío de las reglas de la sana crítica (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3480, Folio 5942/5946, entre otros).-
En tal inteligencia este Alto Cuerpo ha entendido que: ‘“...‘para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhi- bición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demos- trarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que ‘el discurrir del fa- llo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento’...”’ (cfr. Interlocutorio, Tomos IX, Reg. 1320, Folio 1786/1788; XX, Reg. 2648, Folio 3999/4003 y XXX, Reg. 3480, Folio 5942/5946).- En la especie, la recurrente pretende discurrir libremente sobre su particular interpretación del caso y la forma en que debió fallarse. Empero, omite desplegar un desarrollo argumental que patentice un yerro en el razonamiento revelado en el acto sentencial cuestionado.-
VII. Por otro lado, la fundamentación recursiva esbozada por la casacionista deviene palmariamente insuficiente, en tanto se circunscribe a la mera cita de la violación de los artículos 60, 61 y 66 del CPCyC, sin formular la argumentación que respalde su cuestionamiento.-
Sobre el particular, Alberto J. Tessone explica que a los fines de la suficiencia, no basta la cita de las normas infringidas; es menester demostrar en qué consiste la violación o la errónea aplicación. El recurrente debe suministrar los argumentos jurídicos que patenticen la infracción legal que denuncia (cfr. autor cit., “Recursos extraordinarios. En los procesos civil y comercial, de familia y laboral en la Provincia de Buenos Aires. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de la doctrina legal”, LEP, La Plata, 2004, pág. 206).- En este marco, la parte impugnante también omite citar como infringidos los artículos 276 y 334 del CPCyC y 1928 y 1930 del CCyC que dieron sustento al fallo, lo que importa un argumento adicional que denota la insuficiencia del recurso bajo examen.-
VIII. Al pretender sustentar el cuestionamiento que denuncia la errónea aplicación de la ley, el recurrente insiste -sin éxito- en que el fallo impugnado asienta su razonamiento sobre la base de considerar ciertas las aseveraciones de la actora sin prueba alguna, avanzando sobre la ley respecto del alcance otorgado a su declaración de rebeldía.-
Se observa aquí que el impugnante pretende recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXI, Reg. 2701, Folio 4131/4135), lo que torna inhábil al recurso en estudio para ser considerado admisible.-
Frente a este embate es dable rememorar que el recurso de casación constituye un acto procesal de alegación crítica, pues tiene por finalidad poner de resalto los errores que se atribuyen a una sentencia, lo que claramente no puede predicarse respecto de las aseveraciones dogmáticas que esgrime, las que se desentienden notoriamente de la estructura argumental y jurídica del fallo.-
IX. Idéntica suerte adversa debe asignarse a la endeble crítica ensayada por el recurrente, según la cual se han violado la igualdad ante la ley y el debido proceso legal y se han desoído mandatos constitucionales; ello, en la medida en que el impugnante omite indicar de qué forma se produjo la transgresión que predica -dado que sus agravios no pasan del mero enunciado- sin hacer referencia a su aplicación concreta al caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado prerrogativas constitucionales. En esta línea, este Alto Cuerpo ha sostenido inveteradamente que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156, entre otros).-
X. Las razones hasta aquí brindadas resultan, asimismo, suficientemente justificativas de la ausencia de arbitrariedad del pronunciamiento atacado.-
Este Alto Cuerpo ha señalado que: “...‘La doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad excepcional, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación’...” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIV, Reg. 2969, Folio 4781/4786, entre otros).- En efecto, el casacionista no logra demostrar la arbitrariedad que achaca al dispositivo sentencial que pretende postrar. Sólo se desprende del recurso impetrado –como se dijo anteriormente– una exposición reiterada de meras discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio. No se demuestra ni se aprecia que el fallo constituya una decisión sujeta a descalificación, por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales; antes bien el fallo abunda en fundamentos de diverso orden que le dan suficiente consistencia fáctica y jurídica.-
XI. Tampoco es de recibo la denuncia de violación de la doctrina legal.-
En su pieza recursiva, el recurrente únicamente invoca pronunciamientos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza y la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la 5ª Nominación de Córdoba.-
Resulta pertinente precisar que la doctrina legal que hace viable el recurso de casación es sólo aquella que emana de este Tribunal Superior de Justicia (conf. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3349, Folio 5590/5594) y no la que deriva de la jurisprudencia de otro tribunal. En este sentido, se ha sostenido que es este Alto Cuerpo el forjador de la doctrina legal que debe regir en el ámbito provincial, ya que está en juego uno de los objetivos principales de la casación como lo es el deber de uniformar la jurisprudencia a través de sus fallos y en toda la actividad interpretativa del orden jurídico vigente (conf. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XVI, Reg. 2077, Folio 3046/3049).- Por este motivo, devienen inatendibles los agravios sustentados sobre la base de fallos dictados por otros tribunales, en franca contradicción con lo dispuesto por los artículos 3°, inciso a) y 4°, inciso b) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
XII. Que en virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por el demandado Gustavo Daniel Campana (cfr. PE263391-2021) no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial adjunta en PE315196-2021, de conformidad con lo establecido por el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por el demandado Gustavo Daniel Campana (cfr. PE263391-2021), y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial adjunta en PE315196-2021.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse vacante un cargo de vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1040I.221 Tomo: XXXIII Interlocutorio: 3691 Folio N°: 6512/6515 Secretaría: 1
Fin de la sentencia