Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa R-2631/25-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por por el Sr. José Américo Picone en PE1653017-2024 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE1758039-2025.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: R-2631/25-TSJ Interlocutorio N°: 3863 Actor: RASJIDO VIVIANA DEL CARMEN Demandada: CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO SITO EN AV. KIRCHNER 1361 Y/O PICONE JOSE AMERICO Y/O SEPE SUR S.A. Y/O QUIEN RESULTE RESP Objeto: LABORAL Fecha: 30-05-2025 Texto: TOMO XXXVI -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3863 FOLIO Nº 7104/7106 PROT. ELECT. TSS1 014 I.251
Río Gallegos, 30 de mayo de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “RASJIDO VIVIANA DEL CARMEN c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO SITO EN AV. KIRCHNER 1361 Y/O PICONE JOSE AMERICO Y/O SEPE SUR S.A. Y/O QUIEN RESULTE RESP s/ LABORAL”, Expte. Nº R-20.936/20 (R-2631/25-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por el demandado, Sr. José Américo Picone, por intermedio de sus letrados apoderados, Dres. Pablo O. Kairuz y Ricardo A. Julián (cfr. PE1653017-2024), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial. Esta última admitió parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Sr. José Américo Picone sólo en lo que respecta a la tasa de interés de condena, que se establece conforme la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Viviana del Carmen Rasjido e impuso las costas de la Segunda Instancia por su orden (cfr. PE1633239-24).- A su turno, la sentencia de Primera Instancia, en lo que aquí interesa, hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa opuesta por SEPE SUR S.A., condenó al demandado, José Américo Picone, a abonar a la trabajadora distintos rubros indemnizatorios por despido indirecto, más diferencias salariales -intereses a la tasa activa promedio mensual que utiliza el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos-, lo intimó a entregar a la actora los certificados previstos en el artículo 80 de la LCT, con costas a cargo del Sr. José Américo Picone (cfr. PE1203778-2023).-
II. Los letrados del casacionista plantean que resulta procedente el recurso intentado por existir clara violación de la ley conforme lo establece el artículo 1 de la sección 6º IV del C.P.C.C. (cfr. PE1653017-2024, pág. 2).-
Postulan que: “…la pretendida relación laboral iniciada en 2007 bajo disposición de la síndica de la quiebra resulta jurídicamente irrelevante para el cómputo de la supuesta antigüedad laboral, toda vez que el desapoderamiento del fallido, producido en 1999, se mantuvo vigente hasta la conclusión del proceso concursal en 2012, momento a partir del cual recién podría el causante recuperar su legitimación para establecer vinculaciones laborales. En tales condiciones, el decisorio impugnado al omitir pronunciarse sobre la imposibilidad de computar antigüedad durante el período de desapoderamiento -entendemos- está desprovisto de fundamentación suficiente para tenerlo como un acto jurisdiccional válido y consecuentemente corresponde su modificación.” (cfr. PE y pág. cits.).- Estiman que la sentencia impugnada incurre en un error de derecho al considerar que la prueba testimonial y la supuesta preservación patrimonial pueden soslayar las restricciones legales del desapoderamiento, efectuando una interpretación que desnaturaliza el alcance del artículo 109 de la Ley de Concursos y Quiebras (cfr. PE y pág. cits.).-
Agregan que los autos “Murugarren, Francisco Ignacio c/ Picone José Américo s/ Quiebra”, Expte. Nº M-6993/97, que tramitaron ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº 2, Secretaría Nº 1, de esta ciudad, forman parte de la prueba agregada a estos obrados y del pleno conocimiento del Juez de Primera Instancia, quien fue el que decretó la quiebra a su mandante (cfr. PE y pág. cits.).-
Aducen que el Sr. Picone nunca contrató a la actora, que la contratación fue una disposición del Sr. Juez del proceso falencial otorgando la autorización a la Síndica para que dichas tareas de limpieza fueran encuadradas como un contrato de locación de servicios, que en materia tributaria deben acreditarse mediante la emisión de la correspondiente factura por parte de la actora (cfr. PE y pág. cits.).-
Señalan que no puede prevalecer la teoría de la realidad y las presunciones del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) sobre el dispositivo del artículo 109 de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ), por cuanto la norma concursal establece una restricción absoluta a los actos del fallido durante el desapoderamiento, que no admite excepción ni interpretación extensiva basada en presunciones laborales. Agrega que: “…El principio de conservación patrimonial que pretende sostenerse no puede válidamente desplazar la prohibición legal expresa, so riesgo de convalidar actos jurídicos que el ordenamiento ha declarado expresamente ineficaces, y que en la realidad de los hechos son inexistentes.” (cfr. PE cit., pág. 3).- Dicen que la Cámara minimiza el alcance del desapoderamiento al argumentar que las tareas realizadas por la trabajadora pueden considerarse como actos destinados a mantener la integridad del patrimonio en beneficio de los acreedores (cfr. PE y pág. cits.).-
Afirman que la Alzada desconoce la jurisprudencia aplicable al artículo 109 de la LCQ, en relación a los siguientes principios: “Principio de Ineficacia Absoluta: Los actos realizados por el fallido -en el caso de que realmente hubieran existido- durante el período de desapoderamiento son jurídicamente ineficaces, sin posibilidad de convalidación posterior. Preservación de la Masa Concursal: El desapoderamiento busca proteger los derechos de los acreedores, impidiendo que el fallido realice actos de disposición o administración que puedan menoscabar el patrimonio concursal. Nulidad Objetiva: La ineficacia de los actos del fallido -de haberlos- es una nulidad de pleno derecho, independiente de la buena o mala fe del tercero contratante.
Suspensión de la Administración: Durante el proceso falencial, el fallido pierde la administración y disposición de sus bienes, siendo el síndico quien ejerce estas facultades. Inoponibilidad de Actos: Los actos realizados por el fallido durante el desapoderamiento son inoponibles a la masa de acreedores, lo que implica que no pueden ser invocados válidamente para generar derechos o modificar la situación patrimonial. Primacía del Interés Colectivo: La norma privilegia el interés de la masa de acreedores por sobre los intereses individuales del fallido o de terceros contratantes. En el caso específico, la doctrina legal sostendría que la relación laboral iniciada durante el período de desapoderamiento no puede ser válidamente reconocida, independientemente de la prueba testimonial o de los argumentos sobre preservación patrimonial.” (cfr.
PE cit., págs. 3/4).- Entienden que se omitió soslayar el núcleo central de la expresión de agravios, esto es la imposibilidad del Sr. Picone de administrar sus bienes durante la quiebra. Añaden que: “…La sentencia recurrida no solo omite un análisis pormenorizado de esta restricción legal sino que directamente prescinde de toda consideración sustancial sobre el alcance del desapoderamiento, soslayando el principio cardinal que tutela la integridad de la masa concursal y garantiza la igualdad entre los acreedores. Al prescindir de este análisis medular, la Cámara incurre en un defecto de fundamentación que torna jurídicamente inconsistente el pronunciamiento, desatendiendo la expresa previsión legal que inhibe absolutamente al fallido de realizar actos de disposición o administración sobre su patrimonio y que reiteramos jamás realizó nuestro conferente.” (cfr.
PE cit., pág. 4).- Argumentan que no ha existido una injuria laboral al haber “despedido” a la actora y que: “La relación contractual de locación de servicios establecida en el proceso falencial 'Murugarren, Francisco Ignacio c/ Picone José Américo s/ Quiebra', Expte. Nº M-6993/97, que tramitó por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 2, Secretaría N° 1 de esta ciudad, por la señora sindica (sic), con la debida autorización del señor juez a cargo de la quiebra ha sido un acto legalmente válido. La continuación de tal relación contractual fue un hecho que fue consentido por la señora Rasjido durante el periodo que va desde diciembre de 2012 hasta el cese de la actividad en 2019.
Evidentemente, la transformación de la relación contractual de locación de servicios habida entre las partes fue una relación plenamente válida y continuada naturalmente por nuestro conferente, en razón de que la misma había sido la consecuencia de una decisión jurisdiccional. Cabe preguntarse entonces, cuál sería la razón por la cual, con posterioridad se pretende sancionar con la indemnización prevista por el artículo 245 de la LCT a nuestro cliente, cuando en realidad su conducta estaba en todo ajustada a derecho. Si para el juez la relación de locación de servicios era legal y justa, también debe serlo para Picone.” (cfr. PE cit., págs. 4/5).- La Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación en PE1758039-2025.-
III. Que en oportunidad de efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a fin de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, se advierte que el mismo no alcanza a cumplimentar los requisitos formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria.-
No debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXV, Reg. 3795, Folio 6885/6888).-
Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que el recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.-
En este análisis previo, se detectan falencias en la fundamentación del recurso que obstan a su concesión.-
Así, se verifica que los planteos del recurrente tienen como núcleo fundamental cuestionar la antigüedad y naturaleza jurídica del vínculo que unía a las partes; y la alegada inexistencia de injuria laboral. Es decir, que remiten al examen de cuestiones de hecho y prueba; y son, por lo tanto, en principio, ajenos a esta instancia extraordinaria; salvo que se demuestre arbitrariedad o absurdo. En este sentido este Alto Cuerpo tiene dicho que: “ ''…los jueces de grado son soberanos en la valoración de la prueba, por lo que el control casatorio queda por regla excluido, salvo los supuestos en que los magistrados incurran en absurdo o arbitrariedad (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2644, Folio 3980/3984); y que la selección y valoración de la prueba constituyen facultades privativas del Juez, que no puede ser reemplazada por el mero criterio divergente de los recurrentes, como aquí se pretende, salvo error o arbitrariedad manifiestos, los que no se avizoran en el caso bajo estudio (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3541, Folio 6088/6092)…''” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXVI, Reg. 3858, Folio 7086/7091).- Debemos decir que, de la atenta lectura del instrumento recursivo, surge que las críticas del impugnante sólo traducen meras diferencias de opinión con el Tribunal de Alzada y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta.-
Es menester señalar, a estas alturas, que en su acto sentencial la Cámara ha dado una respuesta razonable al tema que se sometió a su decisión, sin que se vislumbre la existencia de violación de la ley o arbitrariedad.-
Así las cosas, se observa que los argumentos del recurrente se dirigen, en definitiva, a brindar su punto de vista sobre porqué sería ineficaz la contratación de la actora por el fallido, como se debería computar su antigüedad y porque no existió injuria en su despido; pero en relación a estos asuntos tan sólo se pretende recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada, por lo que deviene inadmisible el recurso (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorios, Tomos XI, Reg. 1504, Folio 2103/2104 y XII, Reg. 1655, Folio 2385/2387, entre otros).- En síntesis, se debe concluir que las críticas del recurrente no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Máxime cuando la interpretación sustentada por la Cámara de Apelaciones resulta suficientemente motivada, lo que avienta la posibilidad de su descalificación como acto jurisdiccional válido.-
IV. Que en mérito a las consideraciones expuestas, el recurso de casación articulado por el Sr. José Américo Picone en PE1653017-2024 no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE1758039-2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por por el Sr. José Américo Picone en PE1653017-2024 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE1758039-2025.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia el Sr. Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal a/c de Presidencia-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1014I.251 Tomo: XXXVI Interlocutorio: 3863 Folio N°: 7104/7106 Secretaría: 1
Fin de la sentencia