Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 36171-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello, la valoración del Tribunal Fiscal respecto a la prueba y su suficiencia es una cuestión de hecho reservada a ese organismo que excede, como principio, el conocimiento de esta Cámara, a menos que se pruebe que aquél hubiese incurrido en arbitrariedad en su decisión (v. esta Sala in re “Clement S.C.A.”, sent. del 10/11/98; entre muchas otras).
6Que, respecto a la residencia del actor, asiste razón al Sr. Ravera en cuanto niega la existencia de un reconocimiento tácito de dicha condición, dado el carácter subsidiario del argumento oportunamente propuesto. No obstante ello, lo cierto es que el análisis llevado adelante por el TFN para tener por verificada la condición de residente no luce arbitrario. Ello por cuanto: (i) aplicó las pautas establecidas en el art. 125 entonces vigente, una vez verificado el reingreso del Sr. Ravera al territorio argentino con la finalidad de permanecer en él; (ii) la alegada falta de intención de permanencia no resulta suficientemente acreditada por el interesado puesto que no efectuó precisiones respecto a las razones de su regreso y, una vez formalizado el cese de la relación laboral con su empleador de Camerún el 31/01/10, permaneció en este país; (iii) la búsqueda de un nuevo trabajo en el exterior a partir de mayo de 2010 no es suficiente para tener por acreditada la falta de intención de permanencia en el país en el momento en que reingresó; …
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6112/2024 RAVERA, PAULO ANDRES (TF 36171-I) c/ DIRECCION GENERAL IM- POSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, agosto de 2024.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que, mediante pronunciamiento del 24/08/23, el a quo hizo lugar al recurso de repetición deducido por el actor y ordenó la devolución de las sumas retenidas en concepto de Impuesto a las Ganancias, con más los intereses resarcitorios calculados desde la fecha de interposición del reclamo administrativo previo y liquidados a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria establecida en la causa “Dálmine Siderca S.A.I.C.” (cfr. arts. 151 y 179 de la ley 11.683). Impuso las costas por su orden, en atención a las particularidades del caso descriptas en los considerandos de la decisión (cfr. fs. 153/157).
Para así resolver, señaló que no existía controversia respecto a que las sumas cobradas por el actor como consecuencia del “Acuerdo de Disolución de Empleo y Eximición General” del 9/07/10, eran de fuente extranjera. En ese contexto precisó que correspondía determinar si el Sr. Ravera era residente argentino (en cuyo caso debía aplicarse la ley del Impuesto a las Ganancias) o si debía ser considerado “no residente” y, por ende, no alcanzado por el gravamen.
Señaló que la solicitud del apelante respecto a la aplicación de la doctrina jurisprudencial fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa N. 204. XL- VIII., “Negri, Fernando Horacio c/ EN AFIP DGI s/dirección general impositiva”, sentencia del 15/7/14, “parte del fundamento de considerarse ´residente argentino`” puesto que, de lo contario, “no le sería aplicable la LIG, porque la renta bajo análisis es, sin discusión por las partes, de `fuente extranjera`”. En consecuencia, aseveró que aquél reconocimiento tácito “bastaría para dar por concluida la discusión relacionada con la `residencia` del Sr. Ravera”.
Sin perjuicio de ello, efectuó las siguientes consideraciones: (i) el actor perdió la residencia en la República Argentina al radicarse en Canadá en junio de 2003 y retornó al país en noviembre de 2009 mientras continuaba trabajando para la filial de EAS Corporation en Camerún, África, hasta el cese de dicha relación laboral el 31/01/10; (ii) el reingreso a la República Argentina otorga razón a la posición fiscal en cuanto analizó el caso a la luz del art. 125 de la ley del Impuesto a las Ganancias entonces vigente; (iii) el actor no acreditó en forma fehaciente que, al momento de su reingreso, no hubiese tenido la intención de permanecer en la República, que “luego se evidenció al permanecer en nuestro país varios meses con posterioridad a haber concluido el vínculo laboral con AES el 31/01/2010”; (iv) los dichos del actor respecto a que su vivienda permanente se ubicaba en Camerún no resultaban acreditados con la cláusula del contrato de desvinculación por la que su ex empleadora se hacía cargo de “todos los gastos de reubicación que se reembolsen como consecuencia del traslado a su hogar”, pues la parte actora no había acompañado ninguna documentación adicional que demostrase el reembolso y su fecha; (v) el Sr. Ravera poseía vivienda permanente en nuestro país en los términos del art. 1º de la resolución general (AFIP) 1621/2004, sin que siquiera se hubiese invocado que los inmuebles de su propiedad no estaban a su disposición al momento de sus numerosos ingresos al país; y (vi) el actor poseía sus intereses vitales en la República Argentina, que se evidencia a partir de las innumerables visitas al país, “no mencionándose en ninguna parte del recurso sobre la ubicación de su familia directa (esposa y dos hijos) que tal como figura en el contrato del 27/08/2007 lo acompañó durante su estancia en Camerún”.
Concluyó que el actor recobró la residencia argentina al ingresar en el país en noviembre de 2009 “por lo que debe tributar por el criterio de renta mundial, esto es por las ganancias de fuente argentina y extranjera”.
En ese escenario y teniendo en cuenta que no existe Convenio para evitar la Doble Imposición con la República de Camerún, señaló que correspondía observar las nomas de la ley del Impuesto a las Ganancias y los lineamientos jurisprudenciales a fin de analizar el tratamiento impositivo atribuible a la renta de fuente extranjera, en función a lo establecido por el art. 137 entonces vigente (actual 134 de la ley del gravamen). Puntualizó que la suma percibida por el actor no se encontraba alcanzada por el Impuesto a las Ganancias, se la calificase como “indemnización por antigüedad” o “gratificación por el excedente”, pues se trataba de un pago indemnizatorio realizado como consecuencia de la ruptura de una relación laboral y, por ende, carente de los requisitos de permanencia y periodicidad de la fuente que los generaba exigidos por el art. 2º, inc. 1º de la ley del gravamen.
En lo atinente a la necesidad de que el actor presentara la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2010, indicó que la ley del gravamen tipifica a las “indemnizaciones por antigüedad en los casos de despidos” como una exención (art. 20, inciso i), mientras que la jurisprudencia de la Corte federal le confiere la naturaleza de exclusión de objeto. Sin embargo, entendió que “hasta tanto la norma no sea modificada deberán declararse estas rentas como `exentas`, debiendo el Sr. Ravera —como residente argentino— presentar la declaración jurada del IG correspondiente al período 2010 en estos términos”.
En función a los argumentos desarrollados, el a quo hizo lugar a la repetición de $186.950, con más los intereses supra detallados.
2. Que, contra dicha sentencia, el Fisco y el actor apelaron y expresaron agravios (fs. 163/164, 171/179 y 184/195). A fs. 204/215 obra agregada la réplica de la AFIP al memorial de la parte actora.
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6112/2024 RAVERA, PAULO ANDRES (TF 36171-I) c/ DIRECCION GENERAL IM- POSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO El actor se agravió de que el a quo: (i) lo haya considerado residente argentino en el ejercicio 2010, por cuanto no ingresó al país con la intención de permanecer en él; (ii) le exija la presentación de la declaración jurada del período fiscal 2010 para incluir el ingreso exento pese a reconocer que la Corte lo ha considerado excluido del objeto del impuesto; (iii) aluda a la existencia de un reconocimiento tácito de la residencia cuando, en realidad, efectuó un planteo subsidiario en función a la jurisprudencia de la Corte; (iv) fije una tasa de interés que no contempla la depreciación del capital; y (v) distribuya las costas en el orden causado apartándose del hecho objetivo de la derrota.
Explicó que un convenio de no divulgación le impedía explicitar las circunstancias concretas acaecidas en un Estado extranjero “pero lo cierto, es que regresó al país a la espera de que se dieran las condiciones de hecho para regresar a su trabajo en Camerún” (fs. 172vta.). Indicó que la documental aportada y los informes de Migraciones acreditan que durante un año calendario no permaneció más de seis meses en la República Argentina. En esa misma línea, puso de resalto que viajó a Londres en búsqueda de trabajo a los tres meses de haber cesado su relación laboral con AES Corporation. Precisó que contaba con vivienda permanente en Camerún, porque trabajó allí casi tres años, y alegó que el traslado cuyos gastos quedaron a cargo de la ex empleadora, “sólo pudo ser realizado al lugar donde ya estaba trabajando al momento de suscribir ese convenio, esto es la ciudad de Londres” (fs. 173).
Esgrimió que no readquirió la condición de residente en el país a los fines tributarios y afirmó que no es procedente examinar los presupuestos del art. 125 de la ley del Impuesto a las Ganancias por cuanto no se acreditó —en forma previa— que hubiese regresado al país con intención de permanecer en él.
Indicó que, desde el 14/06/10, es residente del Reino Unido de Gran Bretaña a los efectos fiscales, como ciudadano de la Unión Europea. En consecuencia, coligió que “aún partiendo de la absurda hipótesis de que habría readquirido la residencia fiscal a los fines tributarios en la República Argentina, también la habría vuelto a perder en los términos del art. 120 de la Ley de Impuesto a las Ganancias el 14 de junio de 2010 antes de la rescisión de su contrato con AES CORPORATION” (el destacado es original) (fs. 175vta.).
Adujo que la exigencia de presentar la declaración jurada es ajena a la demanda promovida y se sostiene en indicios improcedentes. Asimismo, consideró que, tratándose de ingresos excluidos del objeto del impuesto, el cumplimiento de la obligación formal requerido por el a quo debe ser dejado sin efecto.
Solicitó que este Tribunal fijara el índice que considerase más razonable para actualizar el capital objeto de repetición y que sobre ese capital actualizado se aplicase la tasa de interés fijada por el a quo.
Respecto a la distribución de las costas, destacó que, al momento de plantear la demanda de repetición, ya existían los precedentes de la Corte federal, de modo que, en el caso de considerar que el Sr. Ravera era residente argentino, la repetición debió ser admitida en ese entonces.
A su turno, el Fisco manifestó que la decisión del a quo no se ajustó a derecho por cuanto la parte actora no cumplió con la presentación de la declaración jurada; circunstancia que impidió que la AFIP analizara el reclamo incoado. Adicionalmente, aclaró que su presentación con posterioridad al dictado de la sentencia no subsanaba el incumplimiento.
En lo relativo a la tasa de interés, solicitó la aplicación de aquélla fijada en las resoluciones del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 179 de la ley de rito. Citó jurisprudencia de esta alzada.
3. Que, de acuerdo a la normativa aplicable, se consideran residentes en el país: “a) Las personas humanas de nacionalidad argentina, nativas o naturalizadas, excepto las que hayan perdido la condición de residentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117” (art. 116 de la ley del Impuesto a las Ganancias).
A su turno, el artículo 117 dispone que “[l]as personas humanas que revistan la condición de residentes en el país, la perderán cuando adquieran la condición de residentes permanentes en un Estado extranjero, según las disposiciones que rijan en el mismo en materia de migraciones o cuando, no habiéndose producido esa adquisición con anterioridad, permanezcan en forma continuada en el exterior durante un período de DOCE (12) meses, caso en el que las presencias temporales en el país que se ajusten a los plazos y condiciones que al respecto establezca la reglamentación no interrumpirán la continuidad de la permanencia”.
El artículo (III) agregado a continuación del art. 165 del decreto reglamentario (actual art. 283) establece que “[e]n el supuesto contemplado en el primer párrafo del artículo de la ley, se considera que las presencias temporales en el país que, en forma continua o alternada, no excedan un total de NOVENTA (90) días durante cada período de DOCE (12) meses, no interrumpen la permanencia continuada en el exterior”. Por otra parte, el artículo 122 de la ley del gravamen determina el supuesto de “doble residencia” para las personas humanas que, tras haber obtenido la residencia permanente en un Estado extranjero o haber perdido la condición de residentes en la República Argentina fueran considerados de tal modo por otro país a los efectos tributarios, continúen residiendo de hecho en el territorio nacional o reingresen al territorio, con el fin de permanecer en él. De verificarse esta situación, la norma enumera los sucesivos elementos a tener en cuenta para considerar que tales personas son residentes en el país, 10 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL – SALA IV 6112/2024 RAVERA, PAULO ANDRES (TF 36171-I) c/ DIRECCION GENERAL IM- POSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO a saber: (i) mantener su vivienda permanente en la República Argentina; (ii) tener su centro de intereses vitales en el territorio nacional a pesar de mantener viviendas permanentes en el país y en el Estado que les otorgó la residencia permanente o que los considera residentes a los efectos tributarios; (iii) habitar en forma habitual en la República Argentina si no puede determinarse la ubicación del centro de intereses vitales; y (iv) la permanencia —durante el período que fije la reglamentación— por igual tiempo en el país y en el Estado extranjero que les otorgó la residencia o los considera residentes a los efectos tributarios, cuando sean de nacionalidad argentina.
4. Que, de acuerdo a las constancias de la causa, el 11/07/11, el actor efectuó el reclamó de repetición en sede administrativa sobre la base de dos argumentos: (i) su condición de no residente y (ii) la exclusión de la indemnización por despido del objeto del Impuesto a las Ganancias (cfr. fs. 1vta. de la actuación administrativa 11899-245- 2011).
Mediante intimación del 30/08/11, la Dirección Regional de Mar del Plata advirtió que el actor había regresado al país el 15/11/09, “permaneciendo hasta el 11 de mayo de 2010, y del 15 de mayo de al 14 de junio de 2010. Por tal razón, recobró su condi - ción de residente en el país, el 14 de febrero de 2010, fecha a partir de la cual su pre - sencia temporal en el país excedió el plazo de NOVENTA (90) días, establecido en el tercer artículo agregado a continuación del artículo 165 del Decreto Nº 1344/98 y sus modificaciones, reglamentario de la ley del tributo”. En consecuencia y debido a que desde el 15/06/10 se encontraba residiendo en el extranjero, consideró que el actor había vuelto a perder la condición de residente en el país a partir del 1º/07/11. En ese escenario, el organismo fiscal entendió que el Sr. Ravera debía tributar sobre la totalidad de las ganancias obtenidas en el país o en el exterior, por el período fiscal 2010. De esta mane - ra, previo al análisis del reclamo de repetición, lo intimó a presentar la declaración jurada pertinente “conforme las previsiones del artículo 11, inciso c), apartado 1, de la Resolución General Nº 2437” (fs. 145 de la actuación administrativa 11899-245-2011). El 3/04/12, la AFIP dictó la resolución 10/12 que no hizo lugar a la repetición intentada. En dicha ocasión, puso de resalto que: (i) el actor replicó el requerimiento supra mencionado, alegando que el plazo utilizado por el Fisco no resultaba aplicable para determinar la readquisición de la residencia en el país, a cuyo fin debía atenderse exclusivamente a la intención de permanecer en él; (ii) el Sr. Ravera perdió la condición de residente en el país el 27/06/03; (iii) en septiembre de 2007 el actor fijó su residencia en Camerún; y (iv) el 15/11/09 el actor regresó al país “con la evidente intención de permanecer en él” dado que justificó su retorno en la verificación de “un contexto muy difícil” y nunca volvió a Camerún “lo cual evidencia que su partida de ese país tuvo carácter definitivo”. En esa misma línea, la AFIP puntualizó que no resultaba verosímil que a pesar de haber retornado al país, haya continuado con su trabajo para su empleadora en Camerún hasta el 31/01/10, ni mantenido vivienda permanente en dicho país hasta la firma del acuerdo de desvinculación (esto es, hasta julio de 2010).
En lo que aquí interesa, el organismo recaudador consideró acertado lo expuesto por el actor respecto a la inaplicabilidad del tercer párrafo del artículo agregado a continuación del art. 165 del decreto reglamentario (actual art. 283) y aseveró que es el artículo 125 de la ley del gravamen el que refiere a la forma en que las personas recuperan la condición de residente cuando reingresan al territorio nacional a fin de permanecer en él, “debiendo cumplirse, además”, alguna de las condiciones previstas en los incisos de ese artículo trascriptas en el considerando anterior, regladas por la resolución general (AFIP) 1621/204 (sustituida por la resolución general 4236/2018).
Así pues, entendió que “durante el lapso de permanencia en territorio nacional, Paulo Andrés Ravera mantuvo vivienda permanente sólo en la República Argentina, razón por la cual recobró su condición de residente en el país a los efectos tributarios, el 15 de noviembre de 2009, de acuerdo a lo establecido en el artículo 125, inciso a), de la Ley del Impuesto a las Ganancias”. Además, añadió que “para no adquirir la condición de residente en el país, a los efectos tributarios, debería haber mantenido la vivienda permanente y el centro de intereses vitales en el exterior (ambos requisitos simultáneamente)” (cfr. fs. 167/169 de la actuación administrativa 11899-245-2011).
Precisó que, “habiéndose radicado nuevamente en el exterior a partir del 15 de junio de 2010, y encontrándose cumplidos los requisitos previstos en el artículo 120 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (…) recuperó su condición de residente en el exterior a afectos tributarios, a partir del 1º de julio de 2011” (fs. 169 de la actuación administrativa 11899-245-2011).
En ese contexto, expuso que, previo al análisis relativo a la gravabilidad de las ganancias obtenidas en 2010, el actor debía presentar la declaración jurada de ese ejercicio. En sustancia, coligió que “habiendo manifestado la apoderada del recurrente, en su nota del 14 de septiembre de 2010, su negativa a presentar la mencionada declaración jurada, corresponde en consecuencia, denegar la solicitud de repetición” (fs. 170 de la actuación administrativa 11899-245-2011). Sin perjuicio de ello, aludió a la exención prevista en el art. 20, inciso i, segundo párrafo, de la ley del gravamen entonces vigente y distinguió la situación del actor de la analizada por la Corte federal en el precedente “D. 1148. XLII., “De Lorenzo, Amelia Beatriz (TF 21.504-I) c/DGI”, sent. del 17/06/09. El 11/05/12 el actor interpuso recurso de apelación ante el a quo (fs. 28/43vta.) que fue admitido en función al argumento subsidiario planteado por el Sr. Ravera.
5. Que, el art. 86 de la ley 11.683 contempla que, en los recursos de revisión y apelación contra las sentencias dictadas por el Tribunal Fiscal en materia de tributos o sanciones, la Cámara resolverá la cuestión teniendo por válidas las conclusiones del Tri- 10 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL – SALA IV 6112/2024 RAVERA, PAULO ANDRES (TF 36171-I) c/ DIRECCION GENERAL IM- POSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO bunal sobre los hechos probados. No obstante, podrá apartarse de ellas y disponer la producción de pruebas cuando, a su criterio, las constancias de autos autoricen a suponer error en la apreciación que se hace en la sentencia de los hechos.
Por ello, la valoración del Tribunal Fiscal respecto a la prueba y su suficiencia es una cuestión de hecho reservada a ese organismo que excede, como principio, el conocimiento de esta Cámara, a menos que se pruebe que aquél hubiese incurrido en arbitrariedad en su decisión (v. esta Sala in re “Clement S.C.A.”, sent. del 10/11/98; entre muchas otras).
6. Que, respecto a la residencia del actor, asiste razón al Sr. Ravera en cuanto niega la existencia de un reconocimiento tácito de dicha condición, dado el carácter subsidiario del argumento oportunamente propuesto. No obstante ello, lo cierto es que el análisis llevado adelante por el TFN para tener por verificada la condición de residente no luce arbitrario. Ello por cuanto: (i) aplicó las pautas establecidas en el art. 125 entonces vigente, una vez verificado el reingreso del Sr. Ravera al territorio argentino con la finalidad de permanecer en él; (ii) la alegada falta de intención de permanencia no resulta suficientemente acreditada por el interesado puesto que no efectuó precisiones respecto a las razones de su regreso y, una vez formalizado el cese de la relación laboral con su empleador de Camerún el 31/01/10, permaneció en este país; (iii) la búsqueda de un nuevo trabajo en el exterior a partir de mayo de 2010 no es suficiente para tener por acreditada la falta de intención de permanencia en el país en el momento en que reingresó; (iv) la alusión a la cláusula de reembolso de gastos por mudanza previstos en el acuerdo de disolución salarial no fue demostrada con documentación de respaldo que confirme la línea argumental del actor; (v) el Sr. Ravera no justificó la existencia de vivienda permanente en Camerún durante el período 2010, omitió puntualizar acerca de la locación de su familia (esposa y dos hijos) desde su reingreso al país el 15/11/09 hasta su radicación en Londres y nada adujo respecto a la disponibilidad o no de los inmuebles de su propiedad situados en el país; y (vi) no se hizo debido cargo —con la consecuente prueba de la normativa extranjera invocada— del lapso temporal entre la fecha en que alegó había adquirido la condición de residente en Londres (esto es, el 14/06/10), la fecha del contrato de rescisión laboral (9/07/10) y la pérdida de residencia que el Fisco fijó el 1º/07/11 (v. art. 120, de la ley del Impuesto a las Ganancias); todo lo cual sella la suerte adversa del agravio impetrado por la parte actora respecto a esta cuestión.
7. Que, distinta solución cabe adoptar con relación a la exigencia de que el actor presente la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período 2010, puesto que se trata de una obligación formal que no resulta exigible como requisito para que proceda la repetición admitida por el a quo (cfr., en especial, art. 81 de la ley 11.683). Al respecto, cabe recordar que la resolución que denegó la repetición consideró que resultaba necesario contar con la declaración jurada presentada para examinar la procedencia del reclamo. Ahora bien, el a quo resolvió hacer lugar a la repetición y no sujetó expresamente su procedencia a la previa declaración jurada del actor. Ello así, y tal como fueron propuestas las cuestiones debatidas ante el Tribunal Fiscal, corresponde hacer lugar al agravio de la parte actora y dejar sin efecto lo señalado por el a quo con relación a la declaración jurada del ejercicio 2010.
En nada modifica lo expuesto el hecho de que la AFIP considere que la declaración jurada, además de configurar una exigencia formal, comporta una “declaración de voluntad en lo sustancial” (fs. 189), puesto que dicha caracterización no logra obstaculizar la procedencia del reclamo intentado. Máxime, cuando la repetición incoada habilitaba al Fisco a ejercer las facultades de fiscalización y/o las relativas a la determinación de impuestos y aplicación de sanciones (cfr. cuarto párrafo del art. 81 de la ley 11.683). Por otro lado, es dable precisar que la demandada solicitó la revocación de la decisión en pugna en todas sus partes pero no se agravió —ante esta instancia— en forma concreta y circunstanciada de lo resuelto por el Tribunal Fiscal respecto a la gravabilidad de las rentas obtenidas por el actor en el Impuesto a las Ganancias; cuestión que ha quedado firme y consentida.
8. Que, en cuanto a las tasas de interés fijadas por la Secretaría de Hacienda, corresponde admitir la aplicación del art. 179 de la ley 11.683, sujeta a las precisiones infra desarrolladas.
Respecto a la resolución 314/04 del ex Ministerio de Economía y Producción, cabe remitir a lo expuesto por esta Sala en la causa nº 68.476/2018/CA1 “Maselis, Analía Edith c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 12/03/19.
Asimismo, es dable recordar que en “Frigorífico Lamar SA c/ EN-AFIP- DGI- Resol 86/12 (LGCN) s/ Dirección General Impositiva”, sentencia del 22/12/20, el Fiscal General, al contestar la vista efectuada ante el pedido de inconstitucionalidad de la resolución 314/04, señaló que si el Tribunal consideraba que la aplicación de la tasa de interés fijada por el art. 4° de la referida normativa implicaba un perjuicio económico injustificado para la actora, podía emplear aquélla que estimase apropiada.
En tales condiciones y en virtud de lo dispuesto en el art. 179 de la ley 11.683 aplicable al caso de autos, corresponde disponer que los intereses de las sumas involucradas, de acuerdo con lo que surja de la liquidación que se efectúe oportunamente en sede administrativa, se calculen teniendo en cuenta la tasa de interés pasiva promedio que publica mensualmente el BCRA desde la fecha de presentación del reclamo en sede administrativa hasta el 31/07/19.
Cabe destacar que por medio de la resolución 598/2019, publicada en el Boletín Oficial el 18/07/19, el Ministerio de Hacienda dispuso que “la tasa de interés aplicable 10 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL – SALA IV 6112/2024 RAVERA, PAULO ANDRES (TF 36171-I) c/ DIRECCION GENERAL IM- POSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO a los supuestos previstos en el artículo 179 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998, a los restantes supuestos de devolución, reintegro o compensación de los impuestos regidos por la citada ley y a los supuestos previstos en los artículos 811 y 838 del Código Aduanero, vigente en cada trimestre calendario, será la efectiva mensual surgida de considerar la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina para el período de treinta (30) días finalizado el día veinte (20) del mes inmediato anterior al inicio del referido trimestre” (art. 4º).
Por consiguiente, desde el 1°/08/19 al 31/08/22, cabe aplicar la tasa de interés supra transcripta (cfr. esta Sala, “Fauvety, Martha Adelina c/ EN – AFIP s/ amparo ley 16.986”, causa 16.973/2020, sentencia del 8/2/2022; “Muiños, Alberto César c/ EN – AFIP s/ Dirección General Impositiva”, causa 11.695/2020, sentencia del 8/3/2022; “Villegas, Carlos Alberto c/ EN – AFIP – Ley 20628 s/ amparo ley 16.986”, causa 6512/2021, sentencia del 17/3/2022; entre otras).
Por otra parte, desde el 1°/09/22 y hasta el 31/01/24 estuvo vigente la resolución (MH) 559/2022 (B.O. 25/08/22) que en su art. 4º disponía que “la tasa de interés aplicable a los supuestos previstos en el artículo 179 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, a los restantes supuestos de devolución, reintegro o compensación de los impuestos regidos por la citada ley y a los supuestos previstos en los artículos 811 y 838 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, en el tres como ochenta y cuatro por ciento (3,84 %) mensual”. En consecuencia, a partir del 1º/ 9/22 y hasta el 31/1/24 los intereses deben ser liquidados de conformidad con la tasa establecida en la resolución (MH) 559/2022 [en análogo sentido, esta Sala in re “Clodinet SA (TF 112063665-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 1º/12/22].
Por último, a partir del 1º/02/24 corresponderá aplicar la tasa prevista en el art. 4º, primer párrafo, de la resolución 3/2024 (B.O. 22/01/24), de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10 de esa norma.
En lo que atañe a la actualización solicitada por la parte actora, no puede perderse de vista que admitir su argumentación, en los términos en que ha sido planteada, conllevaría a un desconocimiento de las normas a través de las cuales el legislador instauró la prohibición de indexación (esto es, leyes 23.928 y 25.561). En efecto, el accionante pretende una actualización del importe indebidamente retenido; esto es, una pretensión con un inequívoco propósito “indexatorio”, que resulta improcedente (cfr. CSJN, en las causas Nº L.337.XL: “La Pampa, Provincia de c/ Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional s/incumplimiento de contrato”; B.56.XLVII “Belatti, Luis Enrique c/ F.A. s/ cobro de australes”, sent. del 8/10/13 y 20/12/11, respectivamente; en igual sentido, esta Sala in re “Pedro Goyena 242 SRL c/ Edesur SA s/ Expropiación-Servidumbre administrativa”, sent. del 21/7/20; Sala I in re “Chachahuen S.A. Minera – Incidente II- Ejec. Sentencia y otro c/ YPF Soc. del Estado s/ Proceso de Ejecución”, sent. del 1/12/17; y Fallos: 333:447 y sus citas).
De modo que, acceder a la pretensión medular del accionante conllevaría un desconocimiento total de las prescripciones de las leyes 23.928 y 25.651, ambas de orden público; cuando no se advierte un sólido desarrollo argumental sobre la repugnancia de las resoluciones impugnadas para con el plexo constitucional (esta Sala in re “Industrial and Commercial Bank of China c/ AFIP - DGI s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 7/11/23).
9. Que, respecto a la distribución de las costas dispuesta por el a quo y teniendo en cuenta las particularidades fácticas de las cuestiones debatidas, las dificultades interpretativas que presupone el elemento subjetivo del art. 125 de la ley de Impuesto a las Ganancias aquí involucrado y el probado interés del actor por no circunscribir su apelación a la aplicabilidad del criterio jurisprudencial adoptado por la Corte Suprema, corresponde confirmar lo resuelto en la anterior instancia. Asimismo y en atención a la existencia de vencimientos parciales y mutuos, y a la falta de contestación de los agravios del Fisco por parte del actor, las costas de esta instancia también se distribuyen en el orden causado (art. 68, segunda parte, CPCCN).
Se hace saber a los letrados que el texto de las sentencias citadas puede ser consultado en la página de internet www.cij.gov.ar/sentencias.html o requerido a través del correo electrónico del Tribunal ([email protected]).
En función a lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente a los recursos incoados, modificar la decisión apelada en los términos y con el alcance dispuesto en este pronunciamiento, e imponer las costas de ambas instancias por su orden (art. 68, segunda parte, CPCCN). ASÍ SE RESUELVE.
10. Que, teniendo en cuenta la liquidación de la tasa de justicia presentada por las partes y las constancia de pago incorporadas el 3/05/24 y el 13/05/24, ofíciese al Sr. Representante del Fisco, en atención a encontrarse configurado el supuesto previsto en el punto 10, in fine, de la acordada (CSJN) 20/92. ASÍ SE ORDENA.
Regístrese, notifíquese y ofíciese por DEOX al Representante del Fisco en los términos ordenados en el considerando 10 supra.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL – SALA IV
6112/2024 RAVERA, PAULO ANDRES (TF 36171-I) c/ DIRECCION GENERAL IM- POSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
Fin de la sentencia