Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la actora respecto de la multa aplicada en el impuesto al valor agregado por el período fiscal 11/2007, con costas y declararla de oficio respecto de la sanción dispuesta en el impuesto al valor agregado por los períodos fiscales 04 a 10/2006, con costas por su orden.
2Confirmar parcialmente la resolución apelada en cuanto determina impuesto al valor agregado con más intereses, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-133336924-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 12 de Diciembre de 2022 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En la ciudad de Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación), Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación) y Agustina O´Donnel (Vocal Subrogante de la Primera Nominación), a fin de resolver el expediente N° 37.799-I caratulado: “RAYEN CURA S.A.I.C.” y su acumulado Nro. 42.513-I, de igual carátula.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fs. 57/85 y 171/201 la recurrente interpone sendos recursos de apelación contra las Resoluciones Nros. 220/13 y 74/2015 (DV RRME) dictadas por la AFIP-DGI mediante las cuales se determinó de oficio el impuesto al valor agregado por los períodos fiscales 01 a 10/2006, 08/2007 a 06/2008 y 12/2008 a 11/2009, con mas intereses resarcitorios y se aplican sanciones con sustento en los art. 46 y 47 inc. b) de la ley de procedimiento fiscal.
En primer lugar, explica que la empresa se dedica a la actividad de fabricación y comercialización de envases de vidrio (botellas) para la industria vitivinícola nacional, abarcando aproximadamente el 60 % del mercado local. Añade que, en dicho proceso de fabricación, también se emplea vidrio descartado, que se vuelve a utilizar en un típico proceso de reciclaje.
Afirma que, pese a que la documentación respaldatoria de las operaciones cuestionadas cumplía con todos los requisitos necesarios conforme el art. 12 de la Ley de IVA, que habilita el cómputo del crédito fiscal, y de todas las normas reglamentarias y a pesar de que la propia AFIP reconoce expresa y categóricamente la existencia de las operaciones impugnadas y de los bienes adquiridos, el organismo fiscal decidió formular arbitrariamente cargos fiscales con sustento en que los proveedores de vidrio de descarte serían presuntamente apócrifos.
Advierte que el propio organismo fiscal reconoce que los bienes cuyo crédito fiscal se impugna realmente fueron adquiridos y utilizados en su proceso productivo.
Sostiene que se le impide computar el crédito fiscal debido a los incumplimientos de terceras personas completamente ajenas a la empresa.
Enumera los elementos que, a su criterio, permiten comprobar la realidad de las compras efectuadas a los proveedores cuestionados.
Afirma que para derribar un ajuste fiscal sustentado en la verificación de facturación supuestamente apócrifa se debe demostrar que las operaciones materialmente existieron y que sus pagos fueron legalmente documentados y efectuados a la contraparte, cumpliendo con los recaudos fiscales regulados por la normativa tributaria vigente.
Aduce que no resulta admisible el traslado de la responsabilidad de control propia del organismo fiscal, ni erigir al comprador de buena fe en responsable por deuda ajena, sin que la ley lo autorice.
Plantea que se han verificado todas las obligaciones que impone la ley en cabeza de los contribuyentes, como ser los aspectos formales de la facturación, la CAI de las mismas, la efectiva entrega del producto, la utilización de determinados medios de pago, etc.
Señala que los indicios considerados por el Fisco sólo resultan hábiles para demostrar que el organismo fiscal ha sido negligente en la fiscalización de los proveedores.
Destaca que del expediente administrativo surge la existencia de los proveedores emisores de las facturas, como así también la existencia de los bienes objeto de las transacciones -vidrio deshecho o reciclado- y la existencia del pago documentado por esos bienes.
Explica que la mayoría de sus proveedores de materia prima (vidrio reciclado) son empresas unipersonales que se manejan en forma personal tercerizando sus operaciones y colocando contenedores en distintos puntos de la ciudad que luego son levantados por camiones que prestan dicho servicio. Agrega que el mercado de vidrio de rezago, como el de papel y metales es de tipo marginal, tanto por las zonas en las que se recolecta, como residuo urbano, como por el bajo valor agregado que tiene el producto, con utilidades altamente relacionadas con los volúmenes de operación.
Respecto del contribuyente Distribuidora GYG SH, alega que la empresa solicitó su baja definitiva en noviembre de 2007, razón por la cual no puede requerírsele que constituya un nuevo domicilio fiscal puesto que ya no desarrolla actividad alguna.
Agrega que la fiscalización no desplegó actividad alguna para encontrar a dicho contribuyente, pudiendo haber concurrido a los domicilios fiscales de los socios que, como parte de una sociedad de hecho, tienen deber de informar.
Afirma que la misma información obrante en las bases de datos del organismo fiscal demuestra la efectiva existencia de la sociedad de hecho, como ser el hecho de haber sufrido retenciones en el impuesto a las ganancias y estar informada en la base CITI Compras, entre otras.
Dice que el proveedor Carlos Armando Tronzano, reconoció, mediante un acta, haber realizado las operaciones cuestionadas, tratándose de un medio eficaz para rebatir la circunstancia alegada de que el contribuyente no fue hallado.
Señala que del anexo II del cuerpo I del expediente administrativo surge que el Sr. Tronzano fue ubicado pero se negó a ser notificado.
Expone que todos los elementos colectados permiten concluir que dicho proveedor existió y operó con la empresa actora.
Por su parte, sostiene que en la vista el juez administrativo nada dice sobre una presentación del entonces presidente de la sociedad Casa de Crianza S.A., solicitando que se levante la inclusión como APOC de la empresa y que se autorice la emisión de facturas.
Afirma que lo expuesto permite corroborar que el contribuyente existía y operaba en el momento de las transacciones impugnadas por el Fisco y agrega que en este caso puntual no se le compró vidrio, sino regalos empresariales de fin de año, situación que no reflejó la inspección y que invalida las conclusiones del organismo fiscal.
Relata que el proveedor Jorge Eduardo Diaz reconoció frente a la inspección haber efectivamente realizado el tipo de operaciones cuestionadas.
Enumera una serie de circunstancias que, según sus dichos, no fueron tenidas en cuenta por el organismo fiscal debido a que no cuenta con elementos suficientes para rebatir todas las circunstancias señaladas. Respecto del proveedor María Cruz Lazarte también enumera una serie de elementos sobre los que el Juez Administrativo nada dice por no contar con elementos suficientes para rebatirlos.
En lo que refiere al proveedor Horacio Fernando Marcolini advierte que posee cuentas bancarias con depósitos muy importantes y con tres vehículos relativamente nuevos con lo cual quedaría desvirtuado que no posea capacidad económica.
En cuanto al proveedor Luis Alberto Sandoval señala que su alta en la base APOC es muy posterior a las operaciones cuestionadas.
Respecto del proveedor Mario Rubén Valdéz también sostiene que el Sr. Juez Administrativo no analiza los elementos verificados respecto de dicho proveedor.
Sobre el proveedor Carlos Marcelo Palacios sostiene que las circunstancias señaladas por la actora no fueron tenidas en cuenta por el Juez Administrativo.
Afirma que los pagos están todos debidamente acreditados.
Por su parte, expone que la inclusión en la base e-Apoc fue posterior a las operaciones cuestionadas. Aduce que, junto con la contestación de la vista se aportó un anexo por cada proveedor impugnado, de los cuales quedó suficientemente demostrado que el crédito fiscal impugnado por el organismo fiscal fue originado por operaciones reales y lícitas.
Sostiene que el organismo fiscal no analizó en forma debida las pruebas presentadas sobre los proveedores cuestionados.
Señala que la impugnación de los créditos fiscales se basa sobre la base de presunciones, conjeturas e indicios sin base cierta, como ser la inclusión de los proveedores en la base APOC y la llamada falta de capacidad económica de los proveedores.
Agrega que la sola inclusión en la base Apoc no es suficiente para negar la realidad de la operación. Cita jurisprudencia para avalar su postura.
Considera que el Fisco debió indicar de donde provienen los bienes adquiridos a los proveedores impugnados, toda vez que no se negó la existencia de tales bienes.
Destaca que el organismo fiscal no pretende conocer quienes son los verdaderos proveedores, sino que dirige su reclamo a quien tiene capacidad para responder por ser un contribuyente cumplidor y en pleno funcionamiento.
Entiende que no puede responder por un posible incumplimiento de cada uno de los proveedores, ya que no es procedente cargar sobre él con la obligación de control respecto del cumplimiento fiscal de sus proveedores. Por su parte, se agravia de las sanciones aplicadas por considerar que no se ha omitido el pago de suma alguna en concepto de IVA, y no puede presumirse la consignación de datos inexactos que pongan una grave incidencia en la materia imponible.
Aduce que no se ha verificado materialmente el aspecto objetivo de la infracción que se le endilga, ni tampoco se condujo con ánimo defraudatorio para perjudicar al Fisco Nacional.
Explica que no realizó ninguna declaración engañosa, ni efectuó ocultaciones maliciosas, sino que, por el contrario, sostiene que se celebraron contratos de compraventa de vidrios con distintos proveedores, respecto de los cuales se verificaron, no sólo los requisitos formales para computar el IVA, sino también los materiales, relativos a la acreditación de la existencia de las operaciones; existencia de los materiales, constancia de su transporte y acreditación de los pagos por medios válidos.
Plantea que el organismo fiscal no aporta prueba alguna para acreditar la defraudación.
Cita jurisprudencia sobre la necesaria acreditación del aspecto subjetivo para sustentar la aplicación de sanciones por defraudación fiscal.
Por último, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
Respecto de la multa aplicada en el impuesto al valor agregado por el período fiscal 11/2007, sostiene que la acción del Fisco para aplicar y hacer efectiva la multa se encontraba prescripta. Entiende que la suspensión de la prescripción dispuesta por el art. 17 de la ley 26.860 no resulta aplicable en este caso. Además, plantea que las suspensiones dispuestas por los arts. 44 de la ley 26.476 y 17 de la ley 26.860 son inconstitucionales. A su vez, a su criterio, no corresponde la aplicación de la suspensión prevista en el art. 65 inc. d) de la ley 11.683, ante la inexistencia de identidad subjetiva entre la denuncia penal contra los directores y la acción fiscal contra la empresa.
II. Que a fs. 99/112 y 216/229 contesta el Fisco Nacional los traslados de los recursos, y por las razones de hecho y derecho que expone, solicita se confirmen las resoluciones apeladas, con costas. Acompaña los antecedentes administrativos de la causa.
III. Que a fs. 125 se abre la causa a prueba. A fs. 249 se clausura el período probatorio y se elevan los autos a consideración de la Sala “A”.
Puestos los autos para alegar, a fs. 259/268 vta. obra el alegato del Fisco Nacional y a fs. 271/280 vta. el presentado por la actora.
Finalmente, a fs. 283 pasan los autos a sentencia.
IV. Que sentado lo que antecede, corresponde entonces establecer la procedencia del ajuste efectuado por el ente fiscal.
Conforme se desprende del informe final de inspección (vid. Ant. Adm. a fs. 673/689 del cpo. IVA n° 4) se le inició una fiscalización a la recurrente, que desarrolla la actividad de fabricación y comercialización de envases de vidrio para la industria vitivinícola nacional, abarcando aproximadamente el 60% del mercado nacional, resultando imprescindible en el proceso de fabricación, el empleo del vidrio reciclado, es decir el vidrio roto y descartado que se vuelve a utilizar.
Como resultado de las tareas de verificación y fiscalización llevadas a cabo por los actuantes, se observaron a los proveedores que a continuación se detallan, razón por la que se inició el correspondiente procedimiento de determinación de oficio que culminó con la resolución que ante esta instancia se apela, en la cual se especificaron las irregularidades observadas respecto de cada proveedor, a saber:
Distribuidora G y G. S.H.: la responsable no fue localizada en su domicilio fiscal y se encuentra inscripta en la actividad de venta al por mayor de artículos de iluminación, lo que no guarda relación con los conceptos facturados a la contribuyente. Además, se verificó que presentó declaraciones juradas del impuesto al valor agregado por los períodos fiscales enero de 2006 a junio de 2008 sin declarar débitos ni créditos fiscales del tributo ni determinar saldos a ingresar a favor de AFIP, limitándose a trasladar saldos técnicos; por los períodos fiscales siguientes no presentó declaraciones juradas. Además, se verificó que no declaró empleados en relación de dependencia y que, no registra pago de impuestos desde el año 2003, ni registra titularidad de automotores, ni de propiedades y no se informan las acreditaciones bancarias a partir de febrero de 2004. Por su parte, se observó que los comprobantes fueron suscriptos por una persona que no integra la sociedad de hecho.
Asimismo, se solicitó al Banco Supervielle (antes Banco Regional de Cuyo) que aportara copia del anverso y reverso de los cheques que la contribuyente informó que fueron utilizados para la cancelación de las operaciones. Se deja constancia que dichos cheques no fueron aportados por la entidad bancaria, por lo que no pudo confirmarse si fueron emitidos a nombre de la sociedad de hecho ni que hubieran sido cobrados por ésta o por alguno de sus integrantes. Agrega que no se informaron acreditaciones bancarias de la sociedad de hecho por los períodos involucrados -sólo hasta enero de 2004- por lo que los pagos no se habrían realizado vía transferencias bancarias o por medio del depósito de cheques, como sostiene la contribuyente.
A su vez, señala el Juez Administrativo que si bien en el comprobante de pesada se indica como proveedor a un sujeto que sería el transportista, en dicho instrumento no consta leyenda alguna que permita ratificarlo como tal sino que el nombre (Oscar Duarte) figura específicamente como “proveedor”. Además, ni los comprobantes de pesada ni los otros comprobantes aportados contienen datos relativos al transporte utilizado (empresa, vehículo, identidad del chofer u otros) y no están firmados por persona alguna, tratándose de comprobantes emitidos por la propia contribuyente.
Tronzano Carlos Armando: se dejó constancia que no fue localizado en su domicilio fiscal, como así también que durante la fiscalización efectuada bajo la orden de intervención 183.192 finalizada en diciembre de 2006, el personal fiscalizador no pudo ubicarlo. Además, en el marco de la verificación realizada bajo la orden de intervención 586.802, se obtuvo la declaración de otro contribuyente, quien, según acta labrada en diciembre de 2007, manifestó que el Sr. Tronzano le ofreció comprarle sus facturas y le hizo abrir una cuenta, que en realidad era utilizada por el Sr. Tronzano.
Además, teniendo en cuenta que el Sr. Tronzano no declaró personal en relación de dependencia y del análisis de los movimientos bancarios, se concluyó sobre la falta de capacidad económica del responsable con la consiguiente inclusión en la base de facturas apócrifas.
Asimismo, se deja constancia en la resolución apelada que la recurrente acompañó un acta notarial en la cual se indica que el Sr. Carlos Armando Tronzano compareció ante el escribano interviniente y manifestó que su tarea - principalmente la venta de vidrio- la desempeñó depositando contenedores en distinos puntos de la ciudad, donde una vez completos, por medio de servicios tercerizados de fletes fueron llevados a la planta de acopio de la empresa actora.
En relación al acta mencionada, añade el Juez Administrativo que no fue acompañado el anexo en el cual habría detallado las ventas realizadas. Afirma que, aún cuando se hubiera acompañado el mencionado anexo, el acta labrada no resulta comprobación suficiente de la realización de las operaciones ya que, en cuanto a su valor probatorio, deben distinguirse los hechos pasados en presencia del escribano de las simples anunciaciones o declaraciones.
Con respecto a los medios de pago de las operaciones cuya existencia se discute, señala el Juez Administrativo que la recurrente incurrió en una contradicción respecto de la información que brindó con anterioridad a este organismo. En tal sentido, según nota del 16 de junio de 2009 presentada en Dirección Regional Oeste con motivo de la fiscalización realizada a Carlos Armando Tronzano bajo la orden de intervención 348.530, la contribuyente informó que “la totalidad de las operaciones con el proveedor en cuestión fueron canceladas mediante cheques a la orden del Sr. Carlos Armando Tronzano, más las retenciones nacionales y provinciales que pudieran corresponder. Además, indicó que “la única persona habilitada para retirar los pagos era el Sr.
Carlos Armando Tronzano, firmando el mismo de puño y letra las órdenes de pago que emite nuestra empresa, habiendo adjuntado en tal oportunidad una fotocopia de una orden de pago a fin de ejemplificar el punto. En el transcurso de la fiscalización que dio origen al procedimiento en trámite en estas actuaciones, la contribuyente informó que parte de las operaciones se pagaron por medio de transferencias bancarias y otras por medio de cheques, contradiciendo parcialmente lo informado con anterioridad. Con respecto a las operaciones que se habrían pagado con cheque, la fiscalización solicitó al Banco Supervielle (antes Banco Regional de Cuyo) que aportara copia de anverso y reverso de los documentos emitidos, los que no fueron aportados.
La responsable aportó con el descargo copia del anverso de unos de los cheques, el que fue emitido a nombre del sujeto y está cruzado. En consecuencia, el juez administrativo expuso que, respecto de los cheques no aportados, no ha sido posible confirmar si fueron emitidos a nombre del sujeto ni que hayan sido cobrados por éste. Por su parte, en cuanto al cheque aportado, cuya orden de pago se corresponde con la obrante a fs. 55 del Legajo de antecedentes del proveedor y con la copia aportada con el descargo, si bien está cruzado -para depositar-, se destaca que no figura acreditado en los extractos bancarios del sujeto, por lo que no puede aseverarse que haya cobrado los fondos. En lo que refiere a las operaciones que se habrían pagado por medio de transferencias bancarias, la contribuyente expresa que de la documentación que aporta surgen ciertas transferencias que corroboran los depósitos informados por el Banco Credicoop.
Se aclara en la resolución recurrida que de la revisión de la documentación relativa a estas operaciones, se observa que en los extractos bancarios de Carlos Armando Tronzano figuran transferencias cuyos montos coinciden con los importes que se habrían transferido según las solicitudes de transferencias y los comprobantes de egreso, ambos aportados por la contribuyente junto con su descargo. Asimismo, señala que, se observa que los importes consignados en dichos comprobante -solicitudes de transferencias y comprotantes de egresos- no coinciden con los importes de transferencias informados durante la fiscalización y por los que se habrían emitido órdenes de pago, que no fueron aportadas.
En cuanto a las solicitudes de transferencias al Banco Regional de Cuyo, aportadas por la contribuyente en esta instancia, están firmadas, algunas sin aclarar y la mayor parte con sellos aclaratorios de empleados. No obstante en niguna de dichas solicitudes se observa sello oficial de la entidad bancaria u otra intervención que pudiera dar fecha cierta a los comprobantes. Respecto de los comprobantes de egreso en niguno de ellos consta firma y en los recibos constan firmas sin aclaración alguna.
De lo expuesto, surge que no se encuentra probado fehacientemente que las transferencias que figuran en los extractos bancarios se correspondan con los pagos por transferencia, como la contribuyente asevera en su descargo. Además, algunas de las transferencias informadas por la contribuyente no figuran acreditadas en el extracto bancario, por lo que puede afirmarse que no fueron realizadas o, en caso que se hubieran realizado, no se destinaron al sujeto. Adicionalmente, se observa en la documentación aportada que gran cantidad de ella carece de firma y en la que está firmada, constan firmas sin aclaración. Asimismo, se han detectados algunos comprobantes de egreso y órdenes de pago de los que se han aportado dos ejemplares en los que en una de las copias consta una firma notoriamente distinta a la otra copia. Frente a ello, debe destacarse que la contribuyente expresó en su momento que “la única persona habilitada para retirar los pagos era el Sr. Carlos Armando Tronzano, firmando el mismo de puño y letra las órdenes de pago que emite nuestra empresa”. Por otra parte, los remitos, las planillas de pesada semanales y los restantes elementos aportados por la contribuyente no brindan información alguna relativa al transporte que se habría utilizado en las operaciones que se cuestionan (empresa, vehículo, identidad del chofer u otros) y gran parte de ellos no tienen firma alguna.
Casa de Crianza S.A.: se verificó que fue publicada en la base de facturas apócrifas el 9/8/2007. Con anterioridad, en diversas oportunidades el personal fiscalizador no pudo localizar a la responsable en los domicilios fiscales declarados. Se dejó constancia que se constituyó en el domiclio fiscal, encontrando a una persona, quien manifestó que desconocía a la empresa y que en el lugar trabajaban albañiles. Además, se observó que la sociedad nunca declaró empleados en relación de dependencia, no se informaron acreditaciones bancarias a partir del año 2005 inclusive, presenta diversas irregularidades en la presentación de declaraciones juradas de tributos (falta de presentación, declaraciones sin movimiento o con inconsistencias en los importes declarados), no registra pagos de impuestos, la imprenta que imprimió los comprobantes no pudo precisar información respecto de la persona que los solicitó, no fue posible identificar ni localizar a los directivos y además se detectó la duplicidad de las facturas de ventas emitidas. Como conclusión de tales irregularidades, se concluyó que no se habían reunido evidencias de capacidad operativa por parte de la sociedad.
Por su parte, señala el Juez Administrativo que durante el transcurso de la fiscalización, la contribuyente brindó datos relativos al pago, indicando que se realizó por medio de un cheque. Además, la inspección solicitó al Banco Supervielle (antes Banco Regional de Cuyo) que aportara copia del anverso y reverso del cheque, el cual no fue aportado, por lo que no pudo confirmarse si fue emitido a nombre de la sociedad ni que hubiera sido cobrado por ésta.
Díaz Jorge Eduardo -actualmente sucesión de Díaz Jorge Eduardo-: se dejó constancia que en marzo de 2007, personal del organismo fiscal localizó al contribuyente, quien manifestó que no realizaba actividad alguna desde abril de 2006 aproximadamente, la actividad que realizaba fue la compraventa de chatarra, metales y vidrios. Afirma que dicha actividad la realizó en el domicilio de Benavidez hasta el vencimiento del contrato del alquiler del galpón, con respecto a la actividad, él era el chofer, transportando la chatarra en el camión de la empresa MACROMETAL S.A.. Además, en tal oportunidad, el personal requirió al contribuyente documentación relativa a sus operaciones comerciales (comprobantes, contratos, registros), declaraciones juradas de impuesto a las ganancias y de impuesto al valor agregado e información relativa a su patrimonio y entidad bancaria con la que operó, la que no fue aportada por el responsable.
Se dejó constancia que se encuentra inscripta en la actividad de servicio de transporte automotor de cargas, lo que es inconsistente con los conceptos facturados a la contribuyente. A su vez, se observó que no presentó declaraciones juradas del impuesto a las ganancias a partir del período 2005, inclusive y respecto del impuesto al valor agregado, se verificó que presentó las correspondientes declaraciones juradas por los períodos noviembre de 2005 a julio de 2006, sin consignar débito fiscal alguno y por los períodos diciembre de 2005 a julio de 2006, no declaró créditos fiscales del gravamen. Se agrega que no presentó declaraciones juradas como empleador y no registra pagos de tributos desde 2006 en adelante y que fue publicado en la base de facturas apócrifas el 10/10/2007, siendo el motivo de su inclusión la falta de capacidad económica y/o financiera.
Respecto del pago de las operaciones cuestionadas, la contribuyente informó en el transcurso de la fiscalización que fue realizado por medio de transferencias bancarias, sin aportar documentación respaldatoria de dichas transferencias. Asimismo, señala el Juez Administrativo que, durante el procedimiento de determinación de oficio, la contribuyente manifestó que los pagos fueron realizados por medio de transferencias y de contado, contradiciendo parcialmente lo informado con anterioridad y plantea que, si bien aportó una solicitud de transferencia al Banco Regional de Cuyo que indica la factura a la que se afecta el pago y que tiene firma y sello de quien sería empleado del banco, pero no tiene sello oficial de la entidad bancaria u otra intervención que pudiera darle fecha cierta.
En consecuencia, se concluyó en el acto apelado que, aún cuando en las cuentas bancarias del sujeto se informan acreditaciones, que según la contribuyente serían razonables, los instrumentos mencionados no prueban que la cancelación de las operaciones cuya existencia se cuestiona, se haya efectuado mediante transferencia bancaria, no estando tampoco demostrado que se realizaron pagos en efectivo. Además, se expone en el acto apelado, en relación con las facturas aportadas, que niguna de ellas indica número de remito y por su parte los remitos no indican número de factura ni condiciones de pago ni contiene firma alguna y las facturas no han podido ser vinculadas con los remitos ni con las planillas de ingreso de materias primas -en las que sólo una de ellas indica número de remito- ni con las planillas con detalle de vidrio adquirido, cálculo de fletes y datos del pago, que no contienen dato alguno que pudiera vincularlas con las facturas o remitos.
Se agrega que las planilas de ingreso de materias primas no tienen firma y en algunas se hace referencia a vidrio recibido de “Jorge Rojas”.
En cuanto a los tickets de pesada, hacen referencia a quien realizó el transporte del producto, y algunos de ellos indican como transportista a “Jorge Rojas”, sin indicar número de remito o factura, por lo que nuevamente no pueden vincularse en forma concreta con las facturas emitidas ni aportan elementos de juicio que acrediten la realización de las operaciones facturadas.
Lazarte María Cruz: se verificó que fue publicada en la base de facturas apócrifas el 12/12/2007, siendo el motivo de su inclusión “usina empresa desactivada”. Además, se agrega que en noviembre de 2005 el Sr. Juan Carlos Bernasconi se presentó ante el personal del organismo fiscal y ante las preguntas efectuadas manifestó que se encontraba separado de su cónyuge María Cruz Lazarte pero que su actividad era la de subsistir a través de bingos familiares y que su inscripción ante la AFIP fue porque se iban a dedicar a la compraventa de papel, actividad que realizó durante dos meses, no continuando a partir de allí esa actividad comercial. Agrega que su esposa nunca solicitó la impresión de comprobantes o facturas tipo A o B ni emitió ningún tipo de comprobante.
Ante la exhibición de fotocopias de comprobantes tipo A y recibo de cobro de operaciones, no reconoció como propio de su esposa, ni la letra ni la confección de los comprobantes ni la firma de los recibos de cobro. Con posterioridad, el personal de este organismo localizó a María Cruz Lazarte, quien ratificó lo actuado y expresado por el Sr. Bernasconi y además manifestó que nunca solicitó la impresión de talonarios de facturas tipo A o B, desconoció las insertas en los recibos que se le exhibieron y no reconoció como propias las declaraciones juradas presentadas en el impuesto al valor agregado y en el impuesto a las ganancias, como así también haber realizado ventas con cualquier otra firma o empresa.
Con posterioridad, la Sra. Lazarte manifestó ante personal de la AFIP que entre julio de 2003 y hasta mayo de 2006 trabajaba por horas en distintas casas de familia, realizando también bingos familiares, que nunca solicitó la impresión de facturas y desconoce al imprentero. Agregó que se inscribió para realizar la actividad de compraventa de papel y que nunca llegó a concretarla. Además, indicó que nunca presentó declaración jurada alguna de ningún impuesto ni tampoco realizó ningún pago. Con relación a las cuentas bancarias que figuran en las bases del organismo correspondiente a los Bancos Galicia y Banca Nazionale del Laboro, informó con respecto a la primera que fue abierta por solicitud de Gas Natural para llevar acabo la instalación de la red de gas y en cuanto a la segunda, fue abierta en agosto de 2003 pero desde enero de 2004 no tuvo operaciones.
Además, se verificó que no registra titularidad de propiedades y no se informan acreditaciones bancarias entre 2004 y 2009 y presentó declaraciones juradas de impuesto a las ganancias por los períodos 2003 a 2006 sin movimiento y no presentó declaraciones por los ejercicios posteriores. A su vez, se detectó que presentó declaraciones juradas del impuesto al valor agregado, por los períodos fiscales febrero de 2006 en adelante, sin consignar movimiento alguno. Además, no registra pagos de impuesto entre 2007 y 2009, ambos inclusive y no declaró empleados en relación de dependencia.
Respecto del pago de las operaciones observadas, la fiscalización obtuvo del BANCO SUPERVIELLE (antes BANCO REGIONAL DE CUYO) copia del anverso y reverso de los cheques emitidos, los que fueron aportados en su totalidad. Asimismo, la contribuyente aportó junto al descargo algunas copias del anverso de los cheques. Se observó que fueron emitidos a nombre de María Cruz Lazarte, cruzados y no a la orden. Sin embargo, se destaca que la totalidad de los cheques fueron endosados y/o depositados en cuentas bancarias que no son de su titularidad, por lo que no está probado que haya cobrado los fondos. Se agrega que ello es consistente con el resultado de la consulta a las bases de datos, de lo que surgió que la responsable no tuvo acreditaciones en sus cuentas bancarias en los períodos involucrados.
Asimismo, en la resolución apelada se indica, respecto de las facturas aportadas por la contribuyente, que sólo algunas de ellas (número 2 de 41) indican número de remito, los cuales no han sido aportados. En cuanto a las órdenes de pago, sólo se aportó el documento completo de una de ellas, advirtiéndose que no se encuentra firmado. Por su parte, las planillas con detalle de vidrio adquirido, cálculo de fletes y datos del pago, no contienen ningún dato que permite vincularlas con las facturas, los remitos u otra documentación, tampoco indican dato alguno referido al transporte que se habría utilizado (empresa, vehículo, identidad del chofer u otro) ni están firmadas por persona alguna. Se indica que los recibos aportados contienen datos relativos a las facturas y cheques con que se habrían pagado las facturas cuestionadas, debiendo recordarse que del seguimiento de los cheques no ha podido demostrarse la concreción de las operaciones. Además, se observó que los recibos tienen firma y aclaración de María Cruz Lazarte, verificándose que, a simple vista, las firmas no coinciden con la firma de la responsable consignada en el acta de constatación confeccionada por la fiscalización (Legajo de antecedentes María Cruz Lazarte).
Marcolini Horacio Fernando: se verificó que fue publicado en la base de facturas apócrifas el 2/10/2009, siendo el motivo de su inclusión “sin capacidad económica”. Se detectó que se encuentra inscripto en actividades que no guardan relación con los conceptos facturados a la contribuyente. Por su parte, se detectó que no registra propiedades a su nombre y presentó declaraciones juradas de impuesto al valor agregado a partir del período abril de 2006 inclusive sin consignar débitos ni créditos fiscales del tributo, limitándose a trasladar saldos técnicos y presentó declaraciones del impuesto a las ganancias por los ejercicios 2004 a 2008 sin consignar movimiento alguno y no presentó declaraciones por los períodos posteriores. Además, se detectó que no presentó declaraciones en carácter de empleador y que no registra pagos de tributos a partir de 2006 y a la fecha de las operaciones cuestionadas no poseía camiones ni vehículos utilitarios. Se informa que no fue posible localizar al contribuyente en su domicilio fiscal.
Por su parte, indica el juez administrativo que la recurrente manifestó que los pagos se realizaron por medio de cheques y que, si bien se solicitó al Banco Supervielle, que aportara copia del anverso y reverso de los cheques que la contribuyente informó que había utilizado para la cancelación de las operaciones, los cuales no fueron aportados, por lo que no pudo confirmarse si fueron emitidos a nombre del sujeto, ni que hubieran sido cobrados por éste.
En cuanto a las facturas, ninguna de ellas indica el número de remito que corresponden, ni pueden vincularse con las planillas de ingreso de materias primas; además están firmadas por una persona que no aclara su nombre, debiendo destacarse que a simple vista la firma coincide con las firmas observadas en las facturas de DISTRIBUIDORA G y G SH y de CARLOS ARMANDO TRONZANO. Adicionalmente, la factura n° 0001-
00001921 indica que la condición de venta es de contado, en tanto la contribuyente indicó que los pagos se realizaron con cheques.
A su vez, los remitos no contienen datos relativos a las facturas que permitan vincularlos, destacándose también que el remito N° 0001-0000725 no contiene descripción de la mercadería que se habría entregado y las patentes de los automotores que se indica que se habrían utilizado no se corresponden con vehículos aptos para el transporte.
Por su parte, se aportaron órdenes de pago -en las que consta la firma del supuesto proveedor- que se relacionan únicamente con 2 de las 3 facturas cuestionadas. La orden de pago sin número que hace referencia a la factura N° 0001-00002164 está firmada por una persona distinta a Horacio Fernando Marcolini (Miguel Angel Arguello, DNI 8.274.956, según bases de datos de AFIP) y la orden de pago sin número que hace referencia a la factura N° 0001-00002163 está signada con una firma sin aclarar, respecto de la que se observa que, a simple vista, coincide con las firmas consignadas en las órdenes de pago emitidas a DISTRIBUIDORA G Y G SH y Carlos Armando TRONZANO.
Se agrega en la resolución aquí discutida que, las manifestaciones de las personas halladas en el domicilio fiscal del sujeto, respecto de que sí realizaba actividades, no brindan certeza para probar la existencia de las operaciones objetadas.
Sandoval Luis Alberto: se observó que fue publicado en la base de facturas apócrifas el 2/2/2010, siendo el motivo de su inclusión el de “prestanombres”. En junio de 2007 el responsable manifestó ante personal de esta Administración Federal que desde hacía 10 años trabajaba en un taller como pintor, que nunca realizó venta de chatarras, cartones, diario y revistas en desuso y que nunca solicitó la impresión de facturas, remitos y/o recibos a su nombre. Además, expresó que tenía abierta una cuenta bancaria que era manejada por el Sr. Luis Perini, respecto de la que le firmó un poder y en la que nunca hizo depósitos ni retiros de dinero por sí. Agrega que se inscribió ante la AFIP porque se lo propusieron como tetaferro.
Por su parte, la inspección solicitó al Banco Supervielle que aportara copia del anverso y reverso del cheque que habría sido utilizado para abonarle al proveedor, el cual no fue aportado, por lo que no pudo confirmarse si fue emitido a nombre del sujeto ni que hubiera sido cobrado por éste.
Asimismo, señala el Juez Administrativo que el allanamiento a la pretensión fiscal por parte del Sr. Luis Victor Perini, que realizó con motivo de haberse confirmado, a raíz de la verificación efectuada, que dicho responsable utilizó a Luis Alberto Sandoval (a través de la utilización de facturas de éste último) para respaldar y desarrollar su actividad, evitando declarar las obligaciones impositivas emergentes de su actividad, permite, contrariamente a lo pretendido por la empresa actora, tener por demostrada la inexistencia de la operación facturada por Luis Alberto Sandoval.
Valdez Mario Ruben: se verificó que fue publicado en la base de facturas apócrifas el 2/10/2009, siendo el motivo de su inclusión el de “prestanombres”. En febrero de 2010 el responsable manifestó ante personal del organismo fiscal que ejercía la docencia en una escuela para adultos desde hacía 25 años. Ante la pregunta de si tenía una explotación agropecuaria, el responsable contestó que arrendaba tierras mediante un contrato ubicado en una zona rural, desconociendo el lugar exacto de su ubicación y la cantidad de hectáreas y agregó que nunca concurrió al lugar y no conocía al titular del campo. Además, indicó que en el campo explotaba únicamente algodón, que desconocía la cantidad de producción obtenida, que sólo percibía una comisión por cada entrega de producción obtenida, que sólo percibía una comisión por cada entrega de producción por parte de la persona que realmente explotaba el campo. Entre otras cosas, expuso que solamente firmó el contrato de arrendamiento, por ello prestó el nombre y que siempre vivió de la docencia.
En cuanto a las facturas, en la resolución apelada se dejó constancia que, no indican el número de remito, de planilla de ingreso de materia prima o de planilla con detalle de vidrio adquirido y del pago, de forma que puedan vincularse con tales documentos. Asimismo, se expone que no se aportaron recibos ni documento alguno que acredite la realización de las transferencias que la contribuyente informó como medio de pago de las operaciones cuya existencia se cuestiona.
Señala el Juez Administrativo que el propio sujeto declaró ante el organismo fiscal que vivía de la docencia y que había prestado su nombre para el desarrollo de otra actividad a cambio de una comisión, lo que resulta consistente con las declaraciones juradas y con las acreditaciones en cuentas bancarias a su nombre.
Palacios Carlos Marcelo: se verificó que fue publicado en la base de facturas apócrifas el 28/7/2012 bajo la condición “sin capacidad económica”. Por su parte, no pudo localizar al responsable en su domicilio fiscal ni en el comercial. Se observó que no registra titularidad de automotores ni propiedades, y que no presentó declaraciones juradas del impuesto a las ganancias por los períodos 2007 y 2008 y en la declaración del ejercicio 2009 no consignó movimiento. Respecto del impuesto al valor agregado, presentó las declaraciones a partir de noviembre de 2007 sin consignar movimiento alguno. Asimismo, se deja constancia que no declaró empleados en relación de dependencia y únicamente registra pagos de impuesto al valor agregado en el año 2006, no registrando pagos en concepto de otros impuestos.
El juez administrativo expone que en el único anverso de cheque que aportó la contribuyente, no se consignó la cláusula “no a la orden” y si bien fue emitido a nombre del sujeto, no fue suficiente para acreditar que éste resultó el beneficiario de los fondos.
En razón de todo lo que antecede, el organismo fiscal procedió a impugnar los créditos fiscales computados por la recurrente que provenían de las facturas consideradas apócrifas por el Fisco.
Por su parte, corresponde dejar expresa constancia, conforme surge del informe final de inspección (vid. ant. Adm. A fs. 685 del cpo. IVA 4), que no se consideró procedente realizar determinación respecto del impuesto a las ganancias, por cuanto se aceptó el cómputo del costo correspondiente a las operaciones cuestionadas, teniendo en cuenta para ello el criterio de “realidad económica” por cuanto el vidrio deshecho o de chatarra adquirido a través de las usinas, fueron cantidades razonables y necesarias para ser utilizadas en el proceso productivo por parte de la aquí recurrente, correspondiendo en consecuencia computar el costo de tales operaciones en el impuesto mencionado precedentemente.
Es por ello que el Juez Administrativo expone en la resolución apelada (vid. fs. 28/28 vta.) que no se discute la existencia de los bienes, ni su utilización en el proceso productivo, sino la procedencia del cómputo del crédito fiscal del impuesto al valor agregado facturado por los sujetos mencionados, ante la falta de acreditación de la realización de las operaciones con los emisores de las facturas.
V. Que de acuerdo con lo expuesto, corresponde señalar que el organismo fiscal pudo comprobar serias y concretas irregularidades de los proveedores señalados, que lo llevaron a la conclusión de que se estaba frente a facturación apócrifa.
En efecto, no pudo localizarse a la mayoría de los proveedores, en los domicilios declarados. Además, se verificó que varios proveedores no se encontraban inscriptos en las actividades que les habría prestado a la actora. Se detectaron proveedores que no declaraban personal en relación de dependencia, ni registraban pagos de impuestos, y tampoco registraban inmuebles ni rodados a su nombre, concluyendo en su incapacidad económica, operativa y financiera para llevar a cabo las ventas cuestionadas.
A su vez, es dable señalar que varios proveedores, que pudieron localizarse, declararon no haber operado con la actora y no haberse dedicado a la venta de los productos que le habrían vendido.
Por su parte, conforme surge del pormenorizado análisis efectuado respecto de cada proveedor cuestionado, tampoco se pudo constatar el circuito de pagos, no pudiendo comprobarse que los proveedores observados hayan recibido el pago por las ventas que le habrían efectuado a la actora.
Todos estos elementos llevaron -en su conjunto- al organismo fiscal a concluir que se trataba de facturación apócrifa.
VI. Que ello así, la apelante tendría que haber demostrado que los bienes fueron adquiridos y abonados a los proveedores impugnados, toda vez que no se cuestionó la existencia de tales bienes y su utilización en el proceso productivo por parte de la actora.
No obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control del cumplimiento de la normativa por parte de sus proveedores, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar razonablemente de la existencia de los proveedores, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Asimismo, no puede dejar de señalarse que dado el grado de sofisticación cada vez mayor de las maniobras utilizadas por algunos contribuyentes destinados a evadir el impuesto debido a través del cómputo improcedente de créditos fiscales, no puede convalidarse la existencia de las operaciones discutidas únicamente porque las mismas se encuentran registradas en la contabilidad de la firma y las facturas que las respaldan cumplen con los recaudos exigidos por la normativa fiscal.
Corresponde señalar que contrariamente a lo sostenido por la actora en esta instancia, de la resolución que determinó de oficio el impuesto al valor agregado, se desprende que se analizó la probanza arrimada por la actora en sede admininistrativa respecto de cada proveedor, pero se la consideró inhábil por las consideraciones que expone el Juez Administrativo, principalmente por tratarse de elementos orientados a demostrar el cumplimiento de requisitos formales, los cuales no acreditan la efectiva realización de las operaciones con los proveedores cuestionados.
En cuanto a lo manifestado por el Sr. Jorge Eduardo Díaz durante el procedimiento ante el organismo fiscal, corresponde señalar que resulta insuficiente para acreditar la veracidad de las operaciones registradas con el citado proveedor, en tanto que no fueron acompañados por otros elementos que acrediten sus dichos. En atención a lo expuesto, el tema en debate queda delimitado a una cuestión de hecho y prueba a fin de establecer con un grado de certeza la realidad de los hechos tenidos en cuenta por la administración y negados por la recurrente, lo que nos lleva a analizar las probanzas arrimadas por ésta.
Resulta oportuno recordar que la carga de la prueba constituye tanto una regla de juicio para el juez, pues le indica cómo debe fallar en atención a los hechos probados y una regla de conducta para las partes, toda vez que advierte y delimita los hechos que serán objeto de prueba a fin de que el juez los considere como ciertos. En esa dirección, la Alzada ha tenido oportunidad de expresar reiteradamente que “... ante las fundadas observaciones efectuadas por el Fisco, pesaba sobre la parte actora, la demostración de la existencia y veracidad de las operaciones cuestionadas, refutando adecuadamente el contenido de la impugnación fiscal, a lo que debe añadirse que, los documentos ofrecidos en sustento de la veracidad de las operaciones carecen de virtualidad para demostrarla y exigen de la utilización de otros medios probatorios para comprobar la existencia de las negociaciones (conf. esta Sala, Causa Nº43037/2011, in re “Lim Sur SA (TF 24762-I) C/DGI”, del 20/11/2012; Causa Nº 7795/08, in re “Molinos Rio de la Plata S.A. c/ E.N.- AFIP DGI- Resol 370/08 s/ DGI”, del 03/04/12; y Sala II, Causa Nº 32.350/2012, in re “Toledo Pedro Roque (TF 29.171-I) c/ DGI”, del 29/11/2012). Y, agregó, que “....no basta para contradecir las conclusiones del acto determinativo la mera demostración del cumplimiento de recaudos formales de orden documental o contable, sino que es menester que el contribuyente aporte elementos concretos y contundentes que acrediten la veracidad de tales operaciones (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de la Plata S.A. c/ AFIP DGI (Resol 247/06) s/ proceso de conocimiento”, del 3-7-12; y “Cereales Acebal S.A. c/ AFIP (TF 30769-I) c/ DGI”, del 11-9-12; en el mismo sentido, CNACAF, Sala I, causa “Nidera SA”, expte. nro. 41858/2005, del 20/03/2012 y Sala IV, causa “Agrocomercial Ramallo SA”, expte. nro. 5341/2015, sentencia del 11/08/2015, entre muchos otros)”.
Por último, no puede dejar de mencionarse un pronunciamiento de la Sala V del mencionado Tribunal el cual resulta sumamente esclarecedor sobre el tema en cuestión, donde se puntualizó que “...para negar completamente la veracidad de las operaciones impugnadas, no resulta suficiente que el Fisco se remita a las conclusiones de los inspectores que fiscalizaron las actividades de los proveedores objetados sin valerse de mayores argumentos ni de otros medios de prueba; ni el resultado de esta fiscalización lo autorizaba a trasladar de modo mecánico, y enteramente, la carga de la prueba sobre la parte actora. Ello es así porque la actividad de la administración fiscal y, en particular, la del juez administrativo, debe estar guiada por el principio de la verdad material, ya que el procedimiento en materia impositiva tiende a concretar la voluntad de la ley que crea el impuesto y hacer efectiva la obligación tributaria, o la exención del impuesto, nacida a partir de la realización de los hechos previstos en las normas materiales aplicables...” (conf. CNACAF Sala V “Noble Argentina S.A. c. EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva” de fecha 23/05/18).
VII. Que en ese contexto, corresponde a este Tribunal apreciar el elenco probatorio obrante en los presentes autos.
En cuanto al informe pericial contable producido ante esta instancia (vid. fs. 147/153), en el cual los peritos confeccionan un cuadro con toda la información relativa a cada operación impugnada (Nro. y fecha de factura, detalle de fecha y foja del libro diario en el cual se asentaron, modo de cancelación y retenciones practicadas) sólo permite acreditar el correcto cumplimiento de los requisitos formales en materia de registración y contabilización de las operaciones, no así la veracidad de los créditos fiscales expuestos en la documentación referida.
En cuanto al testimonio brindado por el Sr. Tronzano Carlos Armando (vid. fs. 145), a través del cual manifiesta que le ha vendido vidrio reciclado a la actora por varios años, resulta insuficiente para demostrar la realidad de la operatoria cuestionada, en tanto que se encuentra desprovista de elementos adicionales que corroboren sus dichos.
En igual sentido, corresponde concluir respecto del acta de manifestación de la Sra. Lazarte acompañada en los antecedentes administrativos (vid. fs. 193/193 vta. del cpo. Lazarte – Prueba), en tanto que lo allí manifestado no fue acompañado por constancias adicionales que ratifiquen lo expuesto.
En ese contexto, corresponde concluir que los agravios de la recurrente sobre quien pesaba la carga de probar sus afirmaciones, al no ser sustentados por prueba fehaciente, resultan a la postre meras afirmaciones dogmáticas que no logran conmover la tacha de apócrifa de la facturación de los proveedores observados, y por ende impiden conmover el criterio fiscal.
En consecuencia, corresponde confirmar el ajuste practicado en el impuesto al valor agregado por los períodos fiscales 01 a 10/2006, 08/2007 a 06/2008 y 12/2008 a 11/2009, con costas.-
VIII. Que toda vez que la recurrente no ha formulado agravios sobre la liquidación de intereses resarcitorios, corresponde su confirmación.
IX. Que previo a avocarse al tratamiento de las sanciones, resulta menester expedirse con relación al planteo de prescripción de la acción del Fisco para aplicar la multa establecida en el impuesto al valor agregado por el período fiscal 11/2007 por considerar que no le corresponden las suspensiones dispuestas en el art. 44 de la ley 24.476 y 17 de la ley 26.860.
Sentado lo expuesto, es dable señalar que le asiste razón a la actora en su planteo, toda vez que no resultan aplicables en la especie, las disposiciones contenidas en los artículos 44 de la ley 26.476 y 17 de la ley 26.860 en tanto implican la aplicación retroactiva de una norma que coloca al contribuyente en una situación más gravosa, violatoria por ello de la garantía contenida en el artículo 2 del C.P.N. En efecto, reconocido el carácter punitivo de las multas tributarias, cabe recurrir a las normas del Código Penal, en la medida que la propia ley no disponga lo contrario o exista una derogación implícita del Código, por ser incompatible la norma penal fiscal o la finalidad del objeto tutelado por ella, con los principios generales de aquella rama del derecho (Fallos: 211:1567; 267:74, entre muchos otros).
En ese contexto resulta de aplicación el principio que impide la aplicación retroactiva de leyes que impliquen empeorar las condiciones de los infractores, en cuyo concepto claramente debe incluirse las que establezcan un mayor tiempo de prescripción (vid. entre muchos otros, C.S.J.N., “Fisco Nacional c/César Demarco s/ejecución fiscal”, 19/2/76).
Debe tenerse presente que las leyes penales no son aquellas que contienen precepto y sanción, sino también las que se relacionan con el derecho penal de fondo, y que por ello, la complementan, como son por ejemplo las disposiciones relativas a la extinción de las acciones penales, la probation, etc.
Ello así, es dable concluir que la resolución que aplicó la sanción correspondiente al período fiscal 11/2007 del impuesto al valor agregado, de fecha 20/02/2015, fue dictada cuando las facultades del Fisco Nacional ya se encontraban prescriptas.
X. Que no empece tal conclusión las disposiciones del inciso d) del artículo 65 de la ley 11.683, resultando evidente que en oportunidad de formularse la denuncia penal, las facultades fiscales se encontraban prescriptas. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar a la prescripción articulada respecto de la sanción impuesta en el período fiscal 11/2007 del impuesto al valor agregado, con costas.
XI. Que en igual sentido, corresponde resolver la sanción aplicada en el impuesto en el impuesto al valor agregado por los períodos abril a octubre de 2006, toda vez que, en atención a las consideraciones arriba expuestas, no resultan aplicables las suspensiones dispuestas en las leyes señaladas y por ende, corresponde declarar la prescripción de la multa en cuestión, aún cuando la recurrente no lo haya solicitado en el recurso presentado. Ello se debe a su naturaleza penal, circunstancia que amerita su declaración de oficio. Costas por su orden.
El Dr. Porporatto dijo:
I. Adhiero a los relatos y a la solución propuesta por la vocal preopinante, a excepción del tratamiento otorgado a la prescripción que opone la actora en relación a las sanciones aplicadas por el Fisco Nacional. Al respecto, la recurrente sostiene que se encontraba prescripta la facultad para aplicar la multa por el IVA del periodo fiscal 11/07, entendiendo que no resultan de aplicación las suspensiones dispuestas por las leyes N°26.476 (artículo 44) y N° 26.860 (artículo 17) por ser inconstitucionales como así tampoco la suspensión prevista en el artículo 65 inc. d) de la ley N°11.683.
Cabe señalar que la acción del Fisco para aplicar y hacer efectivas las multas prescribe a los 5 años en el caso de contribuyentes inscriptos (artículo 56 ley N° 11.683), plazo que se computa desde el 1° de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible (artículo 58 ley N°11.683).
Teniendo en cuenta la comisión de la infracción relativa al período fiscal 11/07, las facultades sancionatorias del fisco vinculadas con dicha obligación prescribían el 01/01/13.
Ahora bien, es pertinente señalar que la ley N° 26.476 (B.O. 24/12/08) dispuso en su art. 44: “ Suspéndase con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”.
Por su parte la Ley nº 26.860 (B.O. 3/6/13) estableció en su artículo 17 estableció: “Suspéndase con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”.
Al respecto, debe tenerse presente que de conformidad con los artículos 50 y 21 respectivamente de las mencionadas leyes, sus disposiciones son de orden público y entraron en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Que la redacción de los textos legales, no arrojan dudas acerca de la intención del legislador, en cuanto a que la mentada suspensión se dispone “con carácter general”, esto es, que abarca a la generalidad de los contribuyentes responsables y no solamente a los que hubiesen ejercido el derecho a acogerse al régimen de normalización tributaria. Así lo ha entendido la C.S.J.N in re “Fisco Nacional c/Distribuidora El Plata SRL s/Ejecución Fiscal” de fecha 26/11/91.
Ello así, en lo que respecta a la multa del período fiscal 11/07 el cómputo del plazo de la prescripción comenzó a correr el 01/01/08, el cual corrió hasta el 24/12/08 -fecha en que fue publicada en el Boletín Oficial la ley N°26.476- reanudándose el plazo el 24/12/09.
Dicho plazo extendido hasta el 01/01/14 continuó de manera ininterrumpida hasta el 03/06/13, fecha en que se publicó ley N° 26.860 por la que sé que se introdujo una nueva causal de suspensión de tal plazo. Con la aplicación de dicha causal, el plazo de prescripción hubiera acaecido el 1/01/15.
Ahora bien, el art. 65 inc. d) de la ley N° 11.683 establece una suspensión desde el momento de la formulación de la denuncia penal establecida en el artículo 20 del Régimen Penal Tributario, por la presunta comisión de algunos de los delitos tipificados en dicha ley y hasta los ciento ochenta (180) días posteriores a la comunicación a la Administración Federal de Ingresos Públicos de la sentencia judicial firme que se dicte en la causa penal respectiva.
Respecto a la ampliación del plazo antes señalada, corresponde aclarar que se tratan de días hábiles administrativos de conformidad con lo normado en el artículo 4° de la ley de procedimiento tributario. En efecto, el Fisco interpuso la denuncia penal el 07/11/13 –momento en el que se encontraba suspendido el plazo de prescripción en virtud de la Ley N° 26.860– por el delito de evasión simple previsto en el artículo 1° de la ley N° 24.769, la que dio origen a la causa “AFIP DGI FORMULA DENUNCIA (RAYEN CURÁ S.A)”, que tramitó ante el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza.
En lo que respecta a la causa penal antes referenciada, el Juzgado resolvió, el 19/12/13, no hacer lugar a lo solicitado por el Ministerio Fiscal respecto del delito de evasión simple por aplicación de la ley penal más benigna (artículo 2 del Código Penal) señalando que el hecho investigado no encuadraba en una figura legal (artículo 336 inc. 3° de Código Procesal Penal de la Nación “CPPN”) y de conformidad con lo normado en el artículo 195 del CPPN (cfr.fs. 933/935 Cuerpo IVA 5).
Por su parte, el Ministerio apeló el decisorio y la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza resolvió no hacer lugar al recurso (fs. 936/938 Cuerpo IVA 5). Su rechazó fue notificado al Fiscal General ante la Cámara el 31/07/14 (fs. 938 vta. Cuerpo IVA 5), y si bien no consta el dato preciso de cuándo se comunicó la sentencia firme a la Administración Federal de Ingresos Públicos, de mínima corresponde asumir idéntica fecha que la de notificación al Fiscal General.
No obstante encontrarse ya suspendido el plazo de prescripción en virtud de la mencionada ley N° 26.860, lo cierto es que desde la causal de suspensión del plazo de prescripción –denuncia penal– sobreviniente el fisco estaba impedido de aplicar la respectiva multa hasta que se dicte la sentencia en sede penal y ésta quede firme.
Por lo expuesto, y tomando en consideración la suspensión prevista por el artículo 65 inciso d) de la ley N° 11.683, advierto que las facultades del Fisco no se encontraban prescriptas, toda vez que la resolución recurrida fue dictada el 20/02/15 y notificada al contribuyente el 24/02/15, por lo tanto, corresponde rechazar el planteo de prescripción introducido por la actora con costas.
II. Tocante a la sanción aplicada en el impuesto al valor agregado por los períodos fiscales del 4/06 a 10/06, cabe señalar que el artículo 68 de la ley procedimental dispone que la prescripción para aplicar multa “se interrumpirá: a) Por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 1° de enero del año siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible”. Con relación a esta disposición, la Alzada tiene dicho que ”no es menester que la infracción haya sido juzgada por la autoridad fiscal, pues en esta materia, como en lo penal ordinario, el efecto interruptivo deriva del acto ilícito en sí mismo, de su comisión, y no de la decisión judicial acerca de su punibilidad” (Sala V de la CNACAF in re “Parques Interama S.A (TF 8151-I c/ DGI, del 04/09/02; con cita de Guiliani Fonrouge y Navarrine, Procedimiento Tributario, De Palma, 1979, comentario al artículo 70, actual art. 68 T.O. 1998).
Considerando que la recurrente incurrió en una nueva infracción en el período 11/07, no corresponde declarar la prescripción de la multa por los períodos fiscales 4/06 a 10/06. En honor a la brevedad, me remito al razonamiento y conclusión esgrimidos en el considerando I.
III. Que, seguidamente corresponde resolver si se ajusta a derecho la multa aplicada en los mencionados períodos fiscales en los términos de los arts. 46 y 47 inciso b) de la ley de procedimiento fiscal, graduada en tres (3) tantos del gravamen evadido en dichos períodos.
Ello así, cabe recordar que tal como sostuvo esta Sala “B” –en su anterior conformación- in re “Sanguinetti, Sergio Claudio” (Expte. n° 25.562-I) y en “kank y Costilla S.A.” (05/11/2004) entre otros: “…el ilícito tributario previsto en el artículo 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración la intención de no pagar el tributo en su justa medida y la realización de maniobras aptas para lograr este resultado, sin que ello sea advertido por el Fisco…” En el caso del art. 47: “Se produce por mandato legal, la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo en consecuencia a la contribuyente probar que en la materialidad de los hechos que se enrostra y admite, no se asentaba el dolo presumido o el acaecimiento de alguna circunstancia imprevisible, caso fortuito, fuerza mayor, error de hecho o de derecho excusable, a fin de ser eximida de responsabilidad…”. En el caso particular, el aspecto material de la multa se encuentra debidamente acreditado, atento el modo en que se resuelve con relación a los ajustes efectuados.
Con relación al aspecto subjetivo, si la Administración Federal optara por encuadrar la conducta en el artículo 46 de la ley de rito, debería producir las pruebas pertinentes a tales efectos, pero si opta por invocar las presunciones del artículo 47 –como en el caso de autos-, deberá acreditar la circunstancia (hecho inferente) que, según la regla de la experiencia aplicable al caso de que se trate, permita establecer la necesaria relación de causalidad que admita la activación de dichas presunciones (hecho inferido), presumiendo el dolo como sustrato subjetivo imprescindible del ilícito de que se trata, e invirtiendo la carga probatoria.
Por lo tanto, si se analiza la presunción utilizada en la especie, concretamente el inciso b) del artículo 47 de la ley de rito, que prevé el supuesto de registros contables y documentación respaldatoria con datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible, ello se evidencia con claridad a partir de los hechos relatados y fundamentos expuestos por la vocal preopinante para confirmar el ajuste en el IVA que permiten concluir que las facturas de compras en crisis no exponen fielmente la realidad de los hechos. En función de lo expuesto, es posible concluir que la presunción que invoca el ente recaudador se encuentra bien activada y correspondía a la parte actora la carga de probar la ausencia de conducta dolosa en su accionar, cuestión que no ocurre en la especie, razón por la cual se entiende que en el caso concreto corresponde confirmar la sanción aplicada.
No obstante ello, con relación al quantum de la multa aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisar de la razonabilidad del acto sancionatorio. Al respecto, no surge del Informe Final de Inspección ya mencionado en este decisorio que la recurrente presentara antecedentes infraccionales, lo cual conduce a reducir la sanción a su mínimo legal en dos tantos del gravamen dejado de ingresar en su justa medida. Con costas en la proporción que se confirma y por su orden en lo que se reduce.
La Dra. O´Donnell dijo:
I. Adhiero en lo sustancial a la decisión de la Vocal Instructora.
En mérito a la votación que antecede, por mayoría, SE
1. Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la actora respecto de la multa aplicada en el impuesto al valor agregado por el período fiscal 11/2007, con costas y declararla de oficio respecto de la sanción dispuesta en el impuesto al valor agregado por los períodos fiscales 04 a 10/2006, con costas por su orden.
2. Confirmar parcialmente la resolución apelada en cuanto determina impuesto al valor agregado con más intereses, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.12.07 18:25:38 -03:00 Date: 2022.12.12 10:57:40 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Agustina O'Donnell Vocal Subrogante Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.12 13:44:19 -03:00 Laura Amalia Guzman Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.12 13:44:20 -03:00
Fin de la sentencia