Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 94103
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso de casación deducido, sin costas.
II. Casar lo resuelto por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Morón –en el marco de la causa N° 29813-.
III. Conceder la LIBERTAD CONDICIONAL a PABLO MARIANO ROMERO , medida que deberá hacer efectiva el Juzgado de Ejecución Penal N°1 de la jurisdicción mencionada, bajo las condiciones que estime correspondan.
Rigen los artículos 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 75 inciso 22º de la C.N.; 13 del Código Penal; 450, 451, 456, 460, 463, 530 y 531 del C.P.P.
"Registrado bajo el Nro. 110 Año 2019"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 19 de febrero de 2019 se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 94103 caratulada “ROMERO PABLO MARIANO S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón -en causa de su registro interno Nº29813/ IPP 31661-12-, resolvió confirmar el auto dictado por el Juzgado de Ejecución Penal Nº1 de esa jurisdicción que no hizo lugar a la libertad condicional de Pablo Mariano Romero requerida por su defensa (fs. 37/38vta.).
Contra ese pronunciamiento, el Defensor Oficial, Dr. Rómulo Soria Paz, interpuso el recurso de casación que luce a fs. 49/53vta.
La parte se agravia, en lo sustancial, por considerar que la conclusión a la que arribó la Cámara carece de logicidad y deviene en un argumento absurdo y arbitrario por presentar una fundamentación aparente al apartarse del dictamen de conveniencia emitido por el Departamento Técnico Criminológico. Advierte que se efectúa una errónea interpretación del art. 13 del CP, al añadir o intensificar los requisitos previstos para acceder a una libertad anticipada.
Por lo expuesto requiere se case la resolución atacada, y se disponga la libertad condicional de su pupilo.
Asignado el remedio por prevención (cfr. anterior intervención en c. 62347, fs. 63), la Presidencia del Tribunal notificó a las partes técnicas (fs. 63vta.).
Recibidas las actuaciones el 12 de diciembre de 2018, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver por lo que plantear y votan las siguientes:
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor Carral dijo:
I. La naturaleza de la decisión en crisis, debido a sus implicancias materiales –en tanto se trata de resoluciones que denieguen o restrinjan la libertad personal- debe, por un lado, estar alcanzada por el derecho al recurso consagrado en los artículos 8.2 h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se extiende a todos los autos procesales importantes (C.I.D.H., Informe Nro. 55/97, caso 11.137, considerando Nº 262); al tiempo que, a los fines recursivos y bajo ciertas condiciones, pueden ser estimadas como resoluciones equiparables a sentencias definitivas a los fines de su admisibilidad en la instancia casatoria.
II. En el caso aun cuando se encuentra satisfecha la garantía procesal al recurso, corresponde analizar los agravios denunciados que transitan por un apartamiento de la solución legal prevista para el caso. En esa medida la decisión cuestionada deviene objetivamente equiparable a sentencia definitiva en los términos del art. 450 del CPP y, por ende, plenamente eficaz para habilitar la jurisdicción de esta sede a través de su recurso propio.
Sentado ello cabe señalar que el artículo 13 del Código Penal reclama, para la obtención de la libertad condicional, el cumplimiento de un tiempo determinado de la pena de prisión impuesta, la observación regular de los reglamentos carcelarios y la obtención de informes de pronóstico favorable a la reinserción en el medio libre, tanto del organismo penitenciario como de expertos.
Ahora bien, analizadas las constancias arrimadas a este legajo, se observa en primer lugar que el parámetro temporal se encuentra abastecido y en el orden institucional se aprecia una buena adaptación de Romero quien posee conducta EJEMPLAR (10), concepto bueno y si bien fue pasible de un correctivo disciplinario grave impuesto el 5 de junio de 2015 que se encuentra próximo a vencer, en los últimos años no ha registrado otras sanciones.
En relación a su incursión en las actividades tratamentales, desde la faz educativa cursó el primero y segundo ciclo del nivel secundario en la Unidad 39, retomando el ciclo lectivo 2018 al decidir cursar segundo año para afianzar sus conocimientos.
En el orden laboral hoy día se desempeña como peluquero, contando con su propio espacio para el desarrollo de dicha actividad, además de haber realizado diferentes labores en las Unidades 39 y 2 y participar de cursos de capacitación (v. fs. 58/60).
Sin embargo, se ha hecho caso omiso del dictamen de conveniencia elaborado por el Departamento Técnico Criminológico, que al dar cuenta de aquellos parámetros, destaca su crecimiento personal y señala que el causante cuenta con un grupo familiar contenedor que le brindaría ayuda en su inserción laboral -v. fs. 22/vta. de la presente-.
Si bien los dictamenes elaborados por la autoridad penitenciaria en modo alguno pueden tener efecto vinculante para la magistratura llamada a decidir, en la ocasión no advierto los motivos adversos que llevaron a apartarse de sus conclusiones.
Puede verse que la Cámara sólo fundó aparentemente su resolución adversa, tal como indica la defensa ya que, obviaron examinar adecuadamente los extremos mensurados y se alejaron arbitrariamente de las buenas condiciones que se desprenden de los informes elaborados en aquella oportunidad.
A mi juicio, entonces, le asiste razón al recurrente, cuando expresa que la Cámara dictó un pronunciamiento infundado, incompatible con los lineamientos expuestos, mostrándose por ese motivo inhábil para sustentar una conclusión negativa respecto de la inclusión de Romero en el régimen pretendido.
Por lo demás, corresponde hacer notar que el principio de progresividad es una de las formas en que se materializa el mandato constitucional de readaptación social por medio de la flexibilización de la ejecución de la pena, entonces la solución que pretende la alzada obtura infundadamente la oportunidad legalmente reconocida al penado de transitar el último tramo de su pena en libertad.
Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento, han sido claras respecto a cuál es el alcance que debe asignársele al sistema progresivo.
Así, el artículo 60 inciso segundo sostiene: “Es conveniente que, antes del término de la ejecución de una pena o medida, se adopten los medios necesarios para asegurar al recluso un retorno progresivo a la vida en sociedad (…) o mediante una liberación condicional (…)”.
En el ámbito de nuestra provincia, la ley N° 12.256 hace especial hincapié, en su artículo 4°, en el hecho de que “el fin último de la presente ley es la adecuada reinserción social de los procesados y condenados a través de la asistencia o tratamiento y control”.
Estas circunstancias me hacen concluir que las razones que esgrime la Alzada Departamental (continuidad de las tareas laborales y educativas dentro del Penal y necesidad de evaluar el correcto desempeño del causante en las salidas transitorias recientemente concedidas), tomando en consideración una pena que alcanzará su vencimiento el día 25 de junio de 2019 -v. fs. 5- se tornan casi eufemísticas y contrarían el espíritu de la normativa aplicable, con lo cual no resultan atendibles para obstaculizar -en el caso de autos- la procedencia del instituto peticionado.
Por lo que propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso de casación interpuesto, casar el pronunciamiento impugnado y consecuentemente conceder a Pablo Mariano Romero la libertad condicional, encomendando su instrumentación a la titular del Juzgado de Ejecución n° 1 de Morón; sin costas, atento el resultado favorable (arts. 18 CN, 13 CP, 106, 210, 450, 451, 454, 456, 460, 461, 530 y 531 CPP).
En consecuencia, doy mi VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión, el señor juez doctor Maidana dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Carral y a esta cuestión también VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Que de conformidad al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente corresponde : hacer lugar al recurso incoado por la defensa, sin costas; casar lo resuelto por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Morón –en el marco de la causa N° 29813-; y conceder la libertad condicional a Pablo Mariano Romero, medida que deberá hacer efectiva el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de la jurisdicción mencionada, bajo las condiciones que estime correspondan (artículos 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 75 inciso 22º de la C.N.; 13 del Código Penal; 450, 451, 454, 460, 463, 530 y 531 del C.P.P.). ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Maidana dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto del señor juez doctor Carral. ASÍ LO VOTO.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
I. HACER LUGAR al recurso de casación deducido, sin costas.
II. CASAR lo resuelto por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Morón –en el marco de la causa N° 29813-.
III. CONCEDER LA LIBERTAD CONDICIONAL a PABLO MARIANO ROMERO , medida que deberá hacer efectiva el Juzgado de Ejecución Penal N°1 de la jurisdicción mencionada, bajo las condiciones que estime correspondan.
Rigen los artículos 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 75 inciso 22º de la C.N.; 13 del Código Penal; 450, 451, 456, 460, 463, 530 y 531 del C.P.P.
Regístrese, notifíquese y remítase a la Mesa Única General de Entradas para su devolución a origen.
JUECES: RICARDO R. MAIDANA - DANIEL CARRAL
ANTE MI: PABLO GASTON GONZALEZ
Fin de la sentencia