Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar desierto el recurso de apelación articulado por la actora (art. 268 del CPCC).
II. Imponer las costas a la actora vencida, con el alcance del art. 11 Ley VII N° 22.
III. Regular los honorarios del Dr. , apoderado de la demandada, en el 4,5 % del monto del proceso, con más el IVA de corresponder. No regular honorarios al Dr. , por ser inoficiosa su tarea.
En la ciudad de Trelew, a los 17 días de noviembre del año dos mil veintiséis, se reúne la “Sala 2” de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Guillermo Nicolás Walter y la presencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Marcelo Fernando Peral, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ c/ . s/ Readecuación de Contrato - Ley 24.240” (Expte. Nro. 466 Año 2026 CAT), venidos en apelación y expedirse en orden al sorteo practicado. Los Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es técnicamente suficiente la expresión de agravios?, SEGUNDA: Caso afirmativo de la anterior, ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
I. A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. Marcelo Fernando Peral dijo:
1. En fecha 31 de julio de 2026, el juez de primera instancia dictó la Sentencia Definitiva N.º 027/2026, mediante la cual declaró abstracta la cuestión principal por sustracción del objeto litigioso y rechazó los rubros indemnizatorios reclamados por contra . Asimismo, impuso las costas a la actora, aunque la eximió de su pago conforme al art. 11 de la Ley VII N.º 22, y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.
2. En la sentencia apelada, el magistrado señaló que la actora promovió demanda de readecuación del contrato de crédito prendario celebrado con la entidad bancaria para adquirir un camión y --que también, por atribuir al banco incumplimientos del deber de información y publicidad engañosa, reclamó indemnización por daño moral y daño punitivo.
Destacó que durante el proceso la actora había cancelado voluntariamente la totalidad del préstamo, circunstancia denunciada por la demandada y reconocida por aquella. Consideró que esa cancelación había extinguido el contrato cuya readecuación se pretendía, tornando abstracta la cuestión principal por sustracción del objeto litigioso, pues no correspondía modificar judicialmente un contrato extinguido.
Seguidamente, examinó las restantes pretensiones y concluyó que no se había acreditado un obrar reprochable de la entidad bancaria respecto del deber de información ni una afectación de los derechos de la consumidora.
Valoró que la actora no hubiera formulado reclamos extrajudiciales, intimaciones o denuncias ante la Oficina de Defensa del Consumidor y que el banco hubiera acompañado un resumen de cuenta que informaba la posibilidad de rescindir el contrato sin cargo y los medios de contacto disponibles.
Asimismo, consideró que la pericia contable había acreditado el incremento de las cuotas y del costo final del crédito como consecuencia de la variación del valor UVA, ponderando también el aumento del valor del vehículo adquirido.
<PER_1> <PER_2> <BAN> <TEXTO_ANONIMIZAR> <PER_2> <BANCO_1>
Agregó que admitir las indemnizaciones pese a la cancelación voluntaria del préstamo resultaría contrario a la doctrina de los actos propios.
Respecto del daño moral, sostuvo que no se había acreditado el perjuicio invocado ni su relación causal con una conducta antijurídica del banco. Consideró que la operatoria crediticia se había desarrollado conforme a las políticas del Banco Central y que la demandada había cumplido el deber de información mediante los resúmenes de cuenta. Finalmente, rechazó el daño punitivo por no haberse demostrado una conducta de menosprecio o grave indiferencia hacia los derechos de la actora. Impuso las costas conforme al principio objetivo de la derrota, aunque eximió a la consumidora de su pago.
3. La actora interpuso recurso de apelación mediante presentación digital ID 2463372, del 07/08/2026, concedido libremente el 12/08/2026. Posteriormente expresó agravios mediante ID 2503329, presentado el 02/09/2026, los que fueron contestados por la demandada mediante ID 2511420, del 08/09/2026.
4. La recurrente cuestiona el rechazo de las pretensiones indemnizatoria y punitiva y la imposición de costas. Reconoce que la cancelación total del crédito tornó innecesaria su readecuación futura, pero sostiene que no extinguió los reclamos derivados de los incumplimientos atribuidos al banco durante la vigencia contractual.
Con ese alcance, formula cuatro agravios y solicita la revocación de los rechazos cuestionados, con la consiguiente adecuación de las costas.
4.a. Como primer agravio sostiene que la sentencia atribuyó a la cancelación del crédito efectos que excedían la extinción de la obligación principal e incurrió en contradicción al afirmar que no podía examinar las cláusulas y modalidades del contrato y, simultáneamente, concluir que no existieron abuso, incumplimiento informativo ni conducta antijurídica.
Afirma que la pérdida de actualidad de la readecuación futura no impedía resolver las pretensiones resarcitoria y sancionatoria, introducidas desde la demanda y vinculadas con hechos anteriores al pago.
Sostiene que correspondía examinar la formación y ejecución del contrato para determinar los eventuales incumplimientos y sus consecuencias. Invoca jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la coherencia de los pronunciamientos y solicita limitar la declaración de abstracción a la readecuación futura.
4.b. Como segundo agravio cuestiona la aplicación de la doctrina de los actos propios. Sostiene que la cancelación del préstamo no implicó desistimiento, renuncia a las indemnizaciones ni reconocimiento de la regularidad de la actuación bancaria. Destaca que el pago se efectuó con el proceso iniciado y que había rechazado expresamente que pudiera presumirse una renuncia a sus derechos.
Afirma que el juez no verificó los requisitos para aplicar esa doctrina, en particular, que la conducta de la actora hubiera generado en el banco una confianza legítima en el abandono de su reclamo.
Agrega que la cancelación podía responder a una decisión económica destinada a evitar las consecuencias del endeudamiento, sin que el asesoramiento letrado permitiera atribuirle carácter de renuncia.
4.c. Como tercer agravio cuestiona la valoración del cumplimiento del deber de información y de la prueba producida, por considerar que la sentencia aplicó un criterio insuficiente para examinar las obligaciones de la entidad bancaria.
Sostiene que el magistrado tuvo por cumplido aquel deber a partir de un resumen de cuenta de marzo de 2018 que informaba la posibilidad de rescindir el contrato sin cargo, conforme al art. 10 ter de la Ley 24.240, y consignaba teléfonos y correos electrónicos de contacto. Afirma que esa información no permitía establecer si el banco había explicado, antes de la contratación y durante su ejecución, el mecanismo de actualización del capital por UVA, su incidencia sobre las cuotas y el saldo, las tasas aplicadas, el costo financiero total y los riesgos derivados de la evolución del índice.
Agrega que la ausencia de reclamos extrajudiciales, intimaciones o denuncias ante Defensa del Consumidor tampoco acreditaba el cumplimiento del deber de información, pues la reclamación administrativa previa no constituía un presupuesto de la acción ni convalidaba eventuales incumplimientos del proveedor.
Señala que la documentación identificada en la demanda y examinada en el alegato daba cuenta de una aprobación preliminar del crédito, de fecha 21/02/2018, por $1.500.000, mientras que la obligación prendaria fue instrumentada por $1.979.610,37. Asimismo, refiere que las cuotas pasaron de aproximadamente $37.079,73 en abril de 2018 a $50.384,23 en enero de 2019, mientras que el saldo expresado en pesos aumentó de $1.510.801,97 a $1.829.734,64 durante ese período.
Aclara que esas variaciones no demostraban por sí mismas la ilicitud del sistema UVA ni el carácter abusivo de los incrementos, pero exigían determinar qué información concreta había recibido la consumidora acerca del funcionamiento del crédito. Cuestiona que la sentencia no hubiera individualizado documentación contractual o precontractual que explicara esos extremos.
También objeta que el magistrado hubiera ponderado el aumento del valor de mercado del camión adquirido, pues considera que esa circunstancia podía resultar pertinente para examinar la readecuación económica del contrato, pero no acreditaba el cumplimiento del deber de información.
En relación con la pericia contable de fs. 200/203 vta., sostiene que fue valorada de manera incompleta, al limitarse la sentencia a destacar que el incremento de las cuotas y del costo final del préstamo obedecía a la variación del valor UVA.
Refiere que el experto había requerido al banco el contrato de prenda, el detalle de las cuotas, la discriminación de sus componentes, las cotizaciones UVA aplicadas, las tasas nominal y efectiva anual y las constancias de pago. Destaca que el informe dejó expresamente asentado que “respecto de la normativa del BCRA la misma no fue puesta a disposición”.
Aclara que esa circunstancia no acreditaba por sí sola una omisión informativa anterior a la contratación, pero sostiene que debía ser ponderada para determinar si la entidad había aportado los antecedentes necesarios para verificar integralmente la operatoria crediticia.
En ese sentido, invoca el art. 53 de la Ley 24.240, que impone al proveedor el deber de aportar los elementos probatorios que obren en su poder y prestar colaboración para el esclarecimiento de los hechos. Afirma que correspondía examinar qué documentación había acompañado el banco, cuál había sido requerida por el perito y qué aspectos habían quedado sin posibilidad de control.
Por tales razones, solicita una nueva valoración de la suficiencia de la información suministrada, de la prueba pericial y de la conducta probatoria de la demandada, conforme a los deberes impuestos al proveedor en una relación de consumo.
4.d. Como cuarto agravio cuestiona el rechazo del daño moral y del daño punitivo. Respecto del primero, sostiene que el magistrado descartó su procedencia a partir de la ausencia de antijuridicidad, sin examinar las circunstancias invocadas como fundamento del perjuicio: el incremento de las cuotas y del saldo adeudado, la incertidumbre sobre su composición, el riesgo de mora y ejecución de la garantía prendaria constituida sobre el camión utilizado en su actividad y la necesidad de cancelar el préstamo durante el proceso.
Afirma que, conforme al art. 1744 del CCyC, correspondía determinar si tales circunstancias permitían inferir las angustias e inquietudes alegadas, sin exigir necesariamente prueba directa de cada padecimiento. Cuestiona que la sentencia omitiera ese análisis y solicita revisar la procedencia del rubro una vez esclarecido el incumplimiento informativo denunciado.
En cuanto al daño punitivo, objeta que su rechazo se hubiera sustentado en la inexistencia de daño y antijuridicidad, sin examinar específicamente la conducta bancaria. Reconoce que la sanción del art. 52 bis de la LDC exige una gravedad particular y sostiene que, de acreditarse el incumplimiento informativo, deberá evaluarse si la insuficiente entrega de documentación, las dificultades para verificar la operatoria y la conducta procesal de la demandada justificaban su aplicación.
Finalmente, cuestiona la imposición de costas y solicita adecuarlas al resultado del recurso, pues considera que la exención de pago reconocida a la consumidora no elimina los efectos de aquella condena.
5. Al contestar el traslado, . solicita el rechazo del recurso y la confirmación íntegra de la sentencia, con costas de Alzada a la actora. Con carácter preliminar, cuestiona la suficiencia técnica del memorial por considerar que no satisface la exigencia de crítica concreta y razonada prevista en el art. 268 del CPCC, y solicita que se declare desierto el recurso conforme al art. 269 del mismo ordenamiento.
Sostiene que la recurrente no logra rebatir los fundamentos autónomos del rechazo de sus pretensiones: la ausencia de conducta antijurídica atribuible al banco, la falta de acreditación del daño y del nexo causal y la aplicación de la doctrina de los actos propios. Afirma que el memorial reproduce argumentos anteriores, propone una valoración parcial de la prueba y condiciona la procedencia de las indemnizaciones a que previamente se reconozca un incumplimiento informativo que tampoco considera demostrado.
Agrega que, aun cuando se prescindiera de la doctrina de los actos propios, subsistirían razones suficientes para confirmar el pronunciamiento.
A continuación, desarrolla sus argumentos en distintos apartados temáticos que, sin seguir estrictamente el orden de los agravios, abordan los cuestionamientos formulados por la actora contra la sentencia en crisis.
5.a. En relación al primer agravio, niega que exista contradicción en la sentencia, pues el magistrado distinguió la pretensión de readecuación contractual -tornada abstracta por la cancelación del crédito- de los reclamos indemnizatorios, que fueron examinados y rechazados por falta de acreditación de sus presupuestos.
Sostiene que la declaración de abstracción no impidió valorar la documentación contractual, la pericia contable y la conducta de la entidad financiera, por lo que ambas decisiones resultan compatibles.
5.b. Respecto de la doctrina de los actos propios, sostiene que la cancelación total del préstamo constituyó una decisión voluntaria y jurídicamente relevante, adoptada durante el proceso, con asistencia letrada y conocimiento de la prueba pericial producida. Destaca, además, que la actora no compareció a la audiencia conciliatoria fijada para el 07/11/2025, circunstancia que interpreta como demostrativa de desinterés en la prosecución del reclamo.
Aclara que la sentencia no equiparó el pago a un desistimiento procesal ni a una renuncia formal a los derechos reclamados, sino que ponderó esa conducta para valorar la subsistencia del desequilibrio contractual invocado y la existencia, entidad y causalidad de los perjuicios alegados.
Reitera que, aun descartándose la aplicación de aquella doctrina, el rechazo de las indemnizaciones conservaría sustento en la ausencia de incumplimiento antijurídico, daño acreditado y nexo causal, así como en la falta de una conducta grave que justificara la multa civil.
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5.c. En cuanto al deber de información, y en respuesta al tercer agravio, la demandada sostiene que la recurrente efectúa una valoración fragmentaria de la prueba al afirmar que el magistrado únicamente consideró los teléfonos, correos electrónicos y la posibilidad de rescindir el contrato.
Señala que la cláusula 29 del contrato de prenda contenía una declaración de la deudora sobre el conocimiento de sus términos y la recepción de la documentación suscripta. Agrega que los resúmenes periódicos discriminaban capital, intereses e impuestos, e informaban las tasas nominal y efectiva anual y el costo financiero total. Precisa que en las primeras cuotas se consignaban una TNA del 11,50 %, una TEA del 12,12 % y costos financieros totales efectivos anuales del 13,92 % y 11,51 %. También rechaza que exista una diferencia injustificada entre el capital solicitado y el importe instrumentado en la garantía prendaria. Afirma que el 01/03/2018 el banco acreditó $1.500.000 en la cuenta de la actora y transfirió esa misma suma al concesionario vendedor, por lo que no corresponde confundir el capital efectivamente desembolsado con el monto consignado en la prenda.
Respecto de la pericia contable, sostiene que corroboró la correspondencia entre las tasas pactadas y aplicadas, la utilización de los valores UVA publicados por el BCRA y la ausencia de desvíos arbitrarios en las liquidaciones. Añade que el banco cumplió las medidas excepcionales de congelamiento y reprogramación de cuotas establecidas por los DNU 319/2020 y 767/2020 durante la pandemia.
En cuanto a la constancia pericial según la cual la normativa del BCRA no había sido puesta a disposición del experto, señala que se trataba de disposiciones públicas de la autoridad monetaria y que esa circunstancia no demostraba una omisión informativa frente a la consumidora ni había impedido verificar la operatoria crediticia. Agrega que el aumento del valor del camión fue considerado como parte del contexto económico y no como prueba del cumplimiento del deber de información. En ese sentido, refiere que, según el informe de ., el vehículo pasó de un valor inicial de $3.199.996,80 a $25.000.000 en septiembre de 2022, circunstancia que estima relevante para evaluar la desproporción y el perjuicio alegados.
Finalmente, sostiene que la ausencia de reclamos extrajudiciales no fue considerada como requisito de admisibilidad de la acción, sino como un elemento probatorio frente a la alegada falta de información, sin que se hubieran acreditado requerimientos desatendidos o negativas del banco a brindar explicaciones.
5.d. En lo relativo al cuarto agravio, defiende el rechazo del daño moral por considerar que no se acreditaron un incumplimiento antijurídico, un perjuicio cierto ni una relación causal adecuada con la conducta bancaria.
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Afirma que el incremento de las cuotas respondió al mecanismo de actualización UVA y no a una decisión unilateral del , conforme a las conclusiones de la pericia contable.
En el apartado N° 8 sostiene que el art. 1744 del CCyC no autoriza a presumir daño moral ante cualquier dificultad contractual y que los riesgos de mora, ejecución prendaria e incertidumbre invocados por la actora no fueron acompañados de circunstancias objetivas suficientes para demostrar una afectación extrapatrimonial.
En cuanto al daño punitivo, señala que tampoco se acreditó el incumplimiento atribuido al banco ni una conducta dolosa, gravemente negligente o de indiferencia hacia los derechos de la consumidora. Destaca que la financiación fue otorgada, las tasas e índices aplicados coincidieron con los pactados y publicados oficialmente, y la operatoria pudo ser verificada pericialmente. Por ello, considera que no concurren los presupuestos excepcionales exigidos para imponer la multa civil del art. 52 bis de la Ley 24.240. Por último, solicita mantener la imposición de costas conforme al principio objetivo de la derrota previsto en el art. 69 del CPCC, sin perjuicio de la exención de pago reconocida a la actora por el art. 11 de la Ley VII N.º 22. Afirma que el cuestionamiento de ese aspecto depende exclusivamente del eventual progreso de los restantes agravios, cuyo rechazo solicita.
6. Reseñados los fundamentos de la sentencia, los agravios articulados por la actora y la contestación que de éstos, adelanto que en mi criterio, como plantea la demandada, por ausencia de crítica concreta y razonada del fallo recurrido, el recurso debe ser declarado desierto (art. 268 del CPCC).
La recurrente si bien sostiene que se agravia de las conclusiones de la Juez, sólo se limita a dar una opinión diferente a la expresada por el Juzgador reiterando los argumentos desarrollados al demandar.
De la lectura de la sentencia y de la confrontación de ésta con el escrito de expresión de agravios, se aprecia con claridad que el memorial recursivo no satisface la exigencia de crítica concreta y razonada impuesta por el art. 268 del CPCC, pues la recurrente, como anticipé, se limita a reiterar los argumentos expuestos etapas anteriores del proceso y a manifestar su discrepancia con la valoración probatoria, sin refutar los fundamentos decisivos de la sentencia.
En tal sentido, cabe puntualizar que la recurrente omite controvertir eficazmente tres fundamentos autónomos que sustentan el rechazo del reclamo por daño moral: (i) la falta de acreditación de una conducta antijurídica atribuible al banco demandado, especialmente respecto del deber de información; (ii) la ausencia de prueba del daño invocado, conforme lo exige el art. 1744 del CCyC; y (iii) la inexistencia de nexo causal adecuado entre la conducta atribuida a la entidad bancaria y el perjuicio alegado.
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Tampoco rebate los fundamentos del rechazo del reclamo por daño punitivo, en tanto la decisión del magistrado de grado se sustenta en la falta de acreditación de una conducta de menosprecio, indiferencia, dolo o culpa grave que justifique la imposición de esa sanción.
El planteo recursivo se encuentra vacío de contenido impugnativo, dado que la recurrente, lejos de demostrar errores atribuibles a las conclusiones referidas, básicamente alega que el daño moral y el daño punitivo son procedentes porque en el caso se verifica un incumplimiento del deber de información, sin dar precisiones concretas y relevantes que permitan considerar acreditado el incumplimiento invocado.
Esa argumentación hipotética, acompañada de una valoración parcial de la prueba y de referencias doctrinarias y jurisprudenciales generales, no constituye una crítica idónea de los fundamentos del pronunciamiento.
Aun cuando no comparto los alcances conferidos por el juez de grado a la doctrina de los actos propios, ello no modifica la solución, pues los otros fundamentos dados en la sentencia para sostener el rechazo de las pretensiones indemnizatorias por daño moral y daño punitivo no han sido eficazmente refutados por la actora recurrente, quien ni siquiera indica cuál es el daño extrapatrimonial que se probó en autos y cuáles son las circunstancias fácticas que darían lugar a la una condena por daño punitivo. Plantear disensos y formular afirmaciones en base a suposiciones o simples conjeturas es absolutamente ineficaz para dar sustento a un recurso de apelación. En la expresión de agravios, como acto procesal, no basta con disentir con el pronunciamiento, pues disentir no es criticar.
En definitiva, la ausencia de crítica concreta y razonada de fundamentos centrales del fallo recurrido determina la suerte del recurso, que debe ser declarado desierto (art. 268 del CPCC).
Al respecto cabe recordar que la expresión de agravios no es una simple expresión retórica carente de sentido ni una mera exigencia ritual, debe constituir una exposición jurídica que contenga una "crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas" (art. 268 del CPCC). La crítica es concreta cuando se refiere a lo preciso y se cumplimenta indicando cual es el agravio y es razonada cuando se focaliza en los fundamentos del fallo atacado. Ello determina la necesidad de cuestionar las razones expresadas en el fallo, precisando los errores, deficiencias e inconsistencias que se atribuyen a los razonamientos desarrollados por el Juez en la sentencia impugnada, especificando con claridad los fundamentos de las objeciones. Es decir, que en la expresión de agravios deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que motivan la decisión cuestionada. Por ello, las objeciones genéricas, las impugnaciones de orden general y las meras opiniones diferentes a las expresadas por el juzgador, no alcanzan a cumplir los estándares mínimos indispensables para mantener una apelación. En tal sentido se ha dicho que “el apelante deberá examinar los concretos fundamentos que ha tomado el Juez en su sentencia y demostrar en qué particular aspecto ha incurrido aquél en error, sea de hecho en la apreciación de los hechos o en la valoración de la prueba; sea de derecho, en la aplicación de las normas jurídicas a esos hechos” (Jorge. L. Kielmanovich - Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación - Comentado y Anotado - Tº I, pag. 569).
La refutación de las conclusiones de hecho y de derecho en que el juez de la primera instancia baso su pronunciamiento y la indicación de las circunstancias fácticas y razones jurídicas en virtud de las cuales el apelante tacha de equivocadas las conclusiones del fallo, son presupuestos esenciales para que el acto procesal intentado configure una autentica expresión de agravios (art. 265). Discutir el criterio de valoración judicial, o pretender introducir lo que no dice la sentencia o debiera haber dicho, sin apoyar la oposición o dar base jurídica a un enfoque distinto, no es expresar agravios. (Crisolmet SAIC s/ Concurso s/ Inc. Verificación- 07/89 - Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Sala B).
Conforme lo apuntado, es preciso señalar que deviene ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental del fallo, y se dedica a impugnar el mismo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (SCBA Ac. 85.405, "Colombo", sent. del 31-III-2004; Ac. 94.798, "de Cárdenas", sent. del 13-XII-2006; Ac. 87.123, "Aldecoa", sent. del 3-VIII-2005; Ac. 88.175, "Frenkel", sent. del 24-V-2006).
Por lo hasta aquí expresado, dado que la actora, en su pretendida expresión de agravios, se limita a formular afirmaciones contrarias a las conclusiones a las que arribo la sentenciante sin demostrar el error de éstas, entiendo que el recurso articulado debe ser declarado desierto (art. 268 del CPCC).
7. Por todo lo expuesto, propicio al Acuerdo declarar desierto el recurso articulado, con costas a la actora vencida (conf. art. 69 del CPCC). Ello con el alcance que corresponda por aplicación del art. 11 Ley VII N° 22.
Respecto de las tareas de esta segunda instancia, teniendo en cuenta el mérito, extensión y resultado de las mismas, propongo regular los honorarios del Dr. , apoderado de la demandada, en el 4,5 % del monto del proceso, con más el IVA de corresponder (arts. 5, 6, 8, 9, 13, 18 y 46 de la Ley de Aranceles). No regular honorarios al Dr. , por resultar inoficiosas las tareas cumplidas en esta Alzada (art. 5 de la Ley XIII N° 4, su doc.).
En definitiva, a la Primera cuestión me expido entonces por la NEGATIVA.
I. A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. Guillermo Nicolás Walter dijo:
1. ACLARACIÓN PRELIMINAR Y REMISIÓN A LOS ANTECEDENTES. Tras el intercambio propio del Acuerdo de Sala, por una cuestión de economía procesal y para <PER_3> <PER_4> mayor claridad integral de la sentencia, me eximiré de reseñar los antecedentes del caso, lo resuelto en primera instancia, los agravios de la actora y su contestación, atenta la completa síntesis realizada por el colega que me precedió en su voto, Dr. Marcelo Fernando Peral (art. 2 de la Ley V N.º 203).
En consecuencia, me remito expresamente a los considerandos 1 y 2 (sentencia apelada), 3 (trámite del recurso), 4, con sus subdivisiones a, b, c y d (agravios de la actora), y 5, con sus subdivisiones a, b, c y d (contestación de la demandada), todos de la Primera Cuestión del voto del Dr. Peral, y dejó constancia de que comparto esos fundamentos (art. 3 de la Ley V N.º 203).
Además, concuerdo en lo esencial con el criterio y la solución que propone dicho magistrado, incluido el orden en que abordó los planteos, por lo que entiendo suficiente formular las consideraciones que siguen para satisfacer la exigencia del art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut y los lineamientos de la Ley V N.º 203.
2. CONSIDERACIONES SOBRE LA SOLUCIÓN A PROPONER.
2.a. Exigencias del memorial de agravios. Comparto y hago propios los fundamentos del considerando 6 de la Primera Cuestión del voto del Dr. Peral, en cuanto a los alcances del art. 268 del CPCC y a la doctrina y jurisprudencia allí citadas. Recuerdo solamente que la expresión de agravios exige refutar, con precisión, las razones que sostienen la sentencia y demostrar en qué consiste el error atribuido al juzgador, ya sea en la apreciación de los hechos, en la valoración de la prueba o en la aplicación del derecho. Exponer una opinión distinta de la del juez, o reiterar lo dicho al demandar, no equivale a formular una crítica concreta y razonada.
2.b. Relación de consumo. No desconozco que el caso se inscribe en una relación de consumo derivada de un contrato de crédito con garantía prendaria, regida por la Ley 24.240, en la que rigen los principios protectorios (art. 3 de la Ley 24.240 y art. 1094 del CCyC) y el deber de colaboración probatoria del proveedor que invoca la apelante (art. 53 de la Ley 24.240). Pero esos principios no relevan al consumidor de la carga de fundar su recurso: aun cuando la prueba deba ser aportada por quien está en mejores condiciones de hacerlo, es el apelante quien debe señalar qué elemento concreto fue erróneamente valorado u omitido por el juez y de qué modo ello modificaría la decisión. 2.c. Primer agravio (abstracción y supuesta contradicción). La actora reconoce que la cancelación total del préstamo tornó innecesaria la readecuación del contrato (considerando 4 del voto del Dr. Peral) y pide que la declaración de abstracción se limite a esa pretensión. Sin embargo, tal como surge del considerando 2 del mismo voto, la sentencia circunscribió la abstracción a la cuestión principal y examinó, además, los reclamos indemnizatorios, para rechazarlos por falta de acreditación de sus presupuestos. La contradicción denunciada no se advierte, y el planteo, en definitiva, no refuta el fundamento por el cual se desestimaron esos rubros.
2.d. Tercer agravio (deber de información). La recurrente sostiene que no se acreditó que el banco hubiera explicado el mecanismo de actualización por UVA, su incidencia sobre cuotas y saldo, las tasas y el costo financiero total. No obstante, según se desprende del considerando 4.c del voto del Dr. Peral, ella misma admite que el aumento de las cuotas y del saldo no demuestra por sí solo la ilicitud del sistema ni el carácter abusivo de los incrementos, y que la constancia pericial acerca de la normativa del BCRA tampoco acredita por sí sola una omisión informativa previa a la contratación. Con esas salvedades, su planteo se reduce a pedir una nueva valoración de los resúmenes de cuenta, de la pericia contable y de la conducta probatoria de la demandada, sin precisar qué elementos concretos demostrarían que la información suministrada fue insuficiente ni en qué consistió el error del juez al valorarlos. Ello no alcanza para conmover la conclusión de la sentencia.
2.e. Cuarto agravio: daño moral. Coincido con el Dr. Peral (considerando 6) en que la apelante no controvierte eficazmente los tres fundamentos autónomos del rechazo de este rubro: la falta de una conducta antijurídica atribuible al banco, la ausencia de prueba del daño y la inexistencia de nexo causal adecuado. Invoca el art. 1744 del CCyC y afirma que debió examinarse si el incremento de las cuotas y del saldo, la incertidumbre sobre su composición, el riesgo de mora y de ejecución de la prenda y la cancelación del crédito durante el proceso permitían inferir las angustias alegadas. Pero no individualiza cuál es el padecimiento extrapatrimonial que se habría probado ni indica circunstancias fácticas objetivas que permitan tenerlo por configurado. Además, condiciona la procedencia del rubro a que antes se demuestre un incumplimiento informativo que, como vimos, no logra evidenciar. Caída esa premisa, el agravio carece de sustento.
2.f. Cuarto agravio: daño punitivo. La propia recurrente reconoce que la multa civil del art. 52 bis de la Ley 24.240 requiere una gravedad particular, pero supedita su aplicación a que se acredite previamente el incumplimiento informativo. Al no haberse demostrado ese incumplimiento, y al no refutarse la conclusión del juez acerca de la ausencia de una conducta de menosprecio o grave indiferencia hacia los derechos de la consumidora, no hay base para revisar este aspecto del fallo.
2.g. Segundo agravio (actos propios) y costas. Comparto con el Dr. Peral (considerando 6) que los alcances que el juez de grado otorgó a la doctrina de los actos propios no pueden compartirse. Pero, dado que los restantes fundamentos de la sentencia, que no fueron eficazmente refutados, bastan para sostener el rechazo de las pretensiones indemnizatorias, resulta innecesario seguir examinando ese agravio, pues la solución no variaría. En cuanto a las costas de primera instancia, el planteo depende del éxito de los restantes agravios, de modo que corre su misma suerte.
3. SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN A PROPONER.
Por lo expuesto, propongo al Acuerdo declarar desierto el recurso de apelación de la actora por ausencia de crítica concreta y razonada de la sentencia (art. 268 del CPCC). Dado que se declara desierto el recurso, las costas de segunda instancia deben ser soportadas por la actora vencida (art. 69 del CPCC), con el alcance que corresponda por aplicación del art. 11 de la Ley VII Nº 22.
En atención a la calidad y el resultado de los trabajos profesionales cumplidos en esta instancia, propongo regular los honorarios del Dr. , apoderado de la demandada, en el 4,5 % del monto del proceso, con más el IVA de corresponder (arts. 5, 6, 8, 9, 13, 18 y 46 de la Ley XIII N.º 4), sin regular honorarios al Dr. , apoderado de la actora, dada la inoficiosidad de sus tareas en esta Alzada (art. 5 de la Ley XIII N.º 4).
Por los fundamentos expuestos, a la Primera Cuestión voto por la NEGATIVA.
II. A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Peral manifestó:
Frente a la anterior conclusión arribada acerca de la suficiencia técnica del recurso, no cabe el tratamiento de esta cuestión.
II. A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Guillermo Nicolás Walter dijo:
Habiéndose arribado a la solución negativa en la Primera Cuestión, no corresponde el tratamiento de esta cuestión. Coincido en ello con el único considerando de la Segunda Cuestión del voto del Dr. Peral, al que me remito expresamente.
III. A LA TERCERA CUESTIÓN, el Dr. Peral expresó:
Ante el acuerdo alcanzado, el pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente:
I. Declarar desierto el recurso de apelación articulado por la actora (art. 268 del CPCC).
II. Imponer las costas a la actora vencida, con el alcance del art. 11 Ley VII N° 22.
III. Regular los honorarios del Dr. , apoderado de la demandada, en el 4,5 % del monto del proceso, con más el IVA de corresponder. No regular honorarios al Dr. , por ser inoficiosa su tarea.
Así lo voto.
III. A LA TERCERA CUESTIÓN, el Dr. Guillermo Nicolás Walter dijo:
Atento el acuerdo alcanzado, el pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente:
I. Declarar desierto el recurso de apelación articulado por la actora (art. 268 del CPCC).
II. Imponer las costas de segunda instancia a la actora vencida (art. 69 del CPCC), con el alcance del art. 11 de la Ley VII N.º 22.
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III. Regular los honorarios del Dr. , apoderado de la demandada, en el 4,5 % del monto del proceso, con más el IVA de corresponder. No regular honorarios al Dr. , apoderado de la actora, por ser inoficiosa su tarea en esta Alzada.
IV. Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Así lo voto.
Con lo que se dio por terminado el Acuerdo (art. 274 del C.P.C.C.), pasándose a dictar:
Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la “Sala 2” de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:
I. DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación articulado por la actora (art. 268 del CPCC).
II. IMPONER las costas a la actora vencida, con el alcance del art. 11 Ley VII N° 22.
III. REGULAR los honorarios del Dr. , apoderado de la demandada, en el 4,5 % del monto del proceso, con más el IVA de corresponder. No regular honorarios al Dr. , por ser inoficiosa su tarea.
REGISTRESE, notifíquese y devuélvase.
Suscripta digitalmente por:
Guillermo WALTER (Presidente)
Marcelo PERAL (Juez de Cámara)
Registrada como sentencia definitiva N° 12 /2026 SDC Florencia CESARI (Secretaria de Refuerzo)
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Fin de la sentencia