Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 23669-I
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° 38475/2022 “REAL, FEDERICO RENATO (TF 23669-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de abril de 2025.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que a través de la resolución de fojas 120/122 la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por los coactores. En consecuencia: (i) revocó la Resolución N° 178/2004 dictada por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional de La Plata de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la cual se había determinado de oficio el impuesto a las ganancias en relación con el período fiscal 2000; con costas a cargo de la demandada; y (ii) confirmó la mencionada Resolución N° 178/2004 y la Resolución N° 179/2004 -que, al igual que la primera resolución citada, había determinado de oficio el impuesto a las ganancias- en relación al período fiscal 2001, con costas a cargo de la parte actora.
Para así decidir, el Tribunal a quo recordó que la fiscalización había iniciado en el año 2003, luego de que el Fisco Nacional tomara conocimiento de que el 08/02/2002, en el marco de una acción de amparo, la justicia civil y comercial ordenara la devolución de un plazo fijo por la suma de USD 144.635,82 a favor del Sr. Federico Renato Real y su esposa, la Sra. Rosa Isabel Fusi, cotitulares de aquel depósito y coactores en autos.
Indicó que, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, y a fin de constatar el origen de esos fondos, el Fisco había solicitado a los contribuyentes que presentaran sus declaraciones juradas correspondientes. Luego -prosiguió el Tribunal Fiscal-, constató que la última declaración jurada presentada por el Sr. Real en el impuesto a las ganancias había sido la del período fiscal 1998, hallándose pendientes las de los períodos 1999 a 2001. Y que la Sra. Fusi habría presentado las declaraciones juradas de los períodos fiscales 1996 a 2001 sin ingresos suficientes, ya que, al igual que el Sr. Real, no habría exteriorizado tributariamente su participación en las inversiones financieras que compartía con su esposo y que fueran recuperadas por aquella orden judicial. Seguidamente, el Tribunal a quo destacó que de las constancias del expediente administrativo obraban los certificados de plazo Alta en sistema: 09/04/2025 fijo nominativos intransferibles en moneda extranjera Nros. 5736545 y 5736546, a nombre del Sr. Real, y de la Sra. Fusi, respectivamente, cuya fecha de depósito había sido 10/12/2001.
Luego, destacó que “[…] no obra otra documentación de la misma naturaleza mediante la que se pudiera acreditar la existencia de depósitos a plazo fijo durante los años 2000 o 2001 o inclusive anteriores, y que les hubiera permitido justificar un origen distinto de la mera imposición que se demuestra con los mencionados certificados. Tampoco luce otra fuente de ingresos o bienes que pudieran haberse transformado en las imposiciones cuestionadas”.
Sobre esa base, consideró que le asistía razón al Fisco Nacional en cuanto a que los coactores no habían logrado acreditar el origen de aquellos fondos que conformaron los plazos fijos del año 2001, razón por la cual confirmó las Resoluciones Nros. 178/2004 y 179/2004 en relación a ese período fiscal.
Sin embargo, en cuanto al ajuste practicado en la Resolución N°178/2004 respecto del período fiscal 2000, el Tribunal Fiscal llegó a una solución distinta. Ello así, toda vez que el reproche del Fisco Nacional se había fundado en la omisión por parte de los coactores en justificar el origen de aquellos fondos respecto de los certificados ya mencionados, cuya fecha de depósito había sido en el año 2001. Por esa razón, concluyó que, precisamente, “[…] es en ese año [y no al período 2000] donde podría haberse considerado el incremento patrimonial no justificado […]” y, en todo caso, la demandada debió haber imputado la ganancia omitida a ese período fiscal (2001).
II. Que contra esa decisión, la parte demandada interpuso un recurso de apelación a fojas 127, y expresó agravios a fojas 136/142, los que no fueron replicados por su contraria.
En su presentación, el Fisco Nacional se agravió de que el Tribunal a quo hubiera revocado la Resolución N° 178/2004 con relación a la determinación del impuesto a las ganancias por el período fiscal 2000, respecto de la Sra. Fusi. Señaló que su parte había verificado la presentación de declaraciones juradas del impuesto a las ganancias por los periodos fiscales 1996 a 2001, pero sin que la coactora hubiera declarado ingresos suficientes que justificaran el ahorro de los plazos fijos por los cuales se habían presentado los amparos en la justicia civil y comercial.
III. Que resuelto lo anterior, corresponde analizar el agravio de la parte demandada.
Alta en sistema: 09/04/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V III.1.- Al respecto, conviene recordar que esta Cámara ha señalado el carácter limitado del recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la Ley Nº 11.683, de modo tal que cabe, en principio, estar a las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados (conf. Sala I, in re “Merlino Automotores S.A.”, del 12/03/2009; Sala II, in re “Frigorífico Marejada S.A.”, del 29/12/2009; Sala IV, in re “Agropecuaria Laishi S.A.” del 15/04/2010; esta Sala, in re “Agro Beef S.R.L (TF 31471-I) c/ DGI”, del 6/3/2014, entre otros). Tal principio, sin embargo, puede ceder no sólo cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados hechos o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino ante supuestos de arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en la apreciación de aquéllos (esta Sala, in re “Agro Beef S.R.L”, cit.). En otras palabras, el recurso impetrado no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y sobre la conclusión a la que dicho órgano jurisdiccional hubiera arribado al ponderarla, salvo supuestos de error manifiesto (esta Sala, in re “Amadeo Camogli y Ciminari SC”, del 01/11/2007, entre otros).
III.2. En el sub lite, para arribar a la solución que aquí se recurre, el Tribunal a quo señaló que “[…] no se encuentra controvertido que el matrimonio Real-Fusi fue favorecido por una sentencia del 08 de febrero de 2002 (fs. 13/16 de los antecedentes administrativos) proveniente del fuero Civil y Comercial que ordenó restituirles la suma de U$S 70.767 a cada uno, fondos que habían quedado inmovilizados en el marco del ‘corralito financiero’, todo ello como resultado de una acción de amparo interpuesta”.
A ello agregó que “[…] en el marco de dos fiscalizaciones iniciadas por separado a ambos actores, se les solicitaron las declaraciones juradas […] con el fin de verificar el origen de los fondos que constituían los dos plazos fijos bajo análisis”.
Sobre esa base, el Tribunal Fiscal consideró que las Resoluciones Nros. 178/2004 y 179/2004 se ajustaban a derecho en cuanto al ajuste practicado por el Fisco Nacional respecto del período fiscal 2001, ya que los coactores no habían justificado el origen de los fondos percibidos por el cobro de los certificados de plazo fijo nominativos intransferibles en moneda extranjera Nros. 5736545 y 5736546, lo cual no se halla en discusión.
Sin embargo, revocó -parcialmente- la Resolución N° 178/2004 por la que se había practicado el ajuste sobre la Sra. Rosa Isabel Fusi, respecto del período fiscal 2000, lo que sí se encuentra en debate en esta Alzada.
Alta en sistema: 09/04/2025 Respecto a dicha cuestión, la decisión del Tribunal a quo se fundó en que el certificado de depósito de plazo fijo N° 5736546, a partir del cual el Fisco había iniciado la fiscalización sobre la coactora, databa del año 2001. Por tal razón, consideró que no podía -como se hizo en ese punto la Resolución N 178/2004- imputarse el incremento patrimonial injustificado al período fiscal 2000.
En tales condiciones y considerando que de las constancias obrantes en el expediente administrativo surge que, precisamente, el certificado antes aludido (N° 5736546), a nombre de la coactora Fusi, posee la fecha indicada con anterioridad, es decir, 10/12/2001. Y, fue precisamente ese elemento probatorio -junto con la sentencia de amparo del año 2002 de la justicia civil y comercial- lo que motivó al Fisco a iniciar el proceso de fiscalización y concluir que la actora no había justificado el origen de esos fondos.
III.3. De lo expuesto precedentemente se observa que para decidir del modo en que lo hizo el Tribunal Fiscal analizó la prueba obrante en las actuaciones administrativas, puntualmente, los certificados de depósito a plazo fijo ya mencionados (ver fojas 13/16 de las actuaciones administrativas). A su vez, resultó acreditado que aquellos poseen fecha de 10/12/2001, razón por la cual no se advierte de ningún modo irrazonabilidad en la decisión recurrida, a través de la cual se consideró que el incremento patrimonial no justificado no podía ser imputado al periodo fiscal del año 2000. Además, dicha circunstancia se vincula directamente con cuestiones de hecho y prueba, que exceden el carácter limitado del recurso interpuesto ante este Tribunal de alzada.
Por lo expuesto, el agravio del Fisco Nacional debe ser desestimado.
IV. Que por todo lo expuesto corresponde: 1) Rechazar el recurso interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto fue materia de agravio;
2. Sin especial imposición de costas, atento a la inactividad procesal de la parte actora (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN).
Todo lo cual, ASÍ SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente, devuélvanse.
Alta en sistema: 09/04/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Guillermo F. TREACY Jorge Federico ALEMANY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 09/04/2025
Fin de la sentencia