Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 92058
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 92058 caratulada “TEJEDA DANIEL S/ REC DE CASA INTERP POR DEF OFICIAL /ROMA MARIA DEL ROSARIO S/ REC DE CASAC INTERP POR PART DAMNIF / FERNANDEZ REIMUNDO S/ REC DE CASAC INTERP POR DEF PART / MONTES DE OCA RUBEN S/ REC DE CASAC INTERP POR DEF PART / TEJEDA DANIEL Y OTROS S/ REC DE CASAC INTERP POR PART DAMNIF / ROMA MARIA DEL ROSARIO Y OTROS S/REC. DE CASA INTERP POR PART DAMNIF/MARTI Y OTROS S/REC CASA POR FISCAL”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 9 de febrero del año 2018, el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial La Plata, luego de la celebración del juicio oral, dictó veredicto absolutorio a favor de Cristian Alberto Nuñez –imputado por su rol de Jefe de Seguridad Externa de la Unidad Carcelaria n° 28 de Magdalena en relación al hecho n° 1, calificado por la acusación como homicidio imprudente, según art. 84 in fine CP, y por el Tribunal como incendio culposo agravado, conf. art. 189 segundo párrafo CP-, y a favor de los Agentes Penitenciarios de la misma Unidad: Carlos Augusto Busto, Mauricio Alejandro Giannobile, Jorge Luis Marti, Gualberto Darío Molina, Maximiliano Morcella, Gonzalo Rafael Perez, María Del Rosario Roma, Juan César Romano, Marcos David Sánchez, Juan Emiliano Santamaría, Marcelo Fabricio Valdiviezo, Eduardo Gabriel Villarreal, y Juan Eduardo Zaccheo respecto al hecho n° 2 -calificado por la acusación como abandono de persona seguido de muerte y lesiones en los términos del art. 106 in fine CP y por el Tribunal como homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con tentativa de homicidio simple con dolo eventual, en los términos de los arts. 42, 54 y 79 del CP. En la misma decisión, dictó veredicto condenatorio imponiendo a Daniel Oscar Tejeda -como Director de la Unidad Carcelaria 28 de Magdalena- a la pena de cinco (5) años de prisión e inhabilitación especial por el término de diez (10) años para ocupar cargos públicos , accesorias legales y costas, por juzgarlo autor responsable del delito de incendio culposo agravado (hecho 1, arts. 45 y 189 segundo párrafo del C.P.), a Reimundo Héctor Fernández -como Jefe de Turno de la mencionada Unidad- a las penas de veinticinco (25) años de prisión e inhabilitación especial por diez (10) años para ocupar cargos públicos , accesorias legales y costas, y a Rubén Alejandro Montes de Oca -como Guardia de la Seguridad Exterior de la Unidad 28- a las penas de diez (10) años de prisión e inhabilitación especial por siete (7) años para ocupar cargo públicos , accesorias legales y costas, respectivamente, por hallarlos coautores responsables del hecho n° 2 constitutivo del delito de homicidio simple (treinta y tres víctimas) en concurso ideal con tentativa de homicidio simple (dos víctimas), en los términos de los arts. 42, 45, 54 y 79 del C.P.
Contra la sentencia fueron interpuestos siete recursos de casación: 1) por el Defensor Oficial Dr. Ernesto Julián Ferreira, a favor de Daniel Oscar Tejeda; 2) por el Dr. Darío Saldaño, en representación de Rubén Alejandro Montes de Oca; 3) por el Dr. Julio Ricardo Beley, en beneficio de Reimundo Héctor Fernández. A su vez, el veredicto absolutorio fue impugnado por: 4) las representantes del Ministerio Público Fiscal, Dras. María Florencia Budiño y María Victoria Huergo, en relación a María del Rosario Roma, Jorge Luis Marti, Gualberto Darío Molina, Gonzalo Pérez, Carlos Augusto Busto, Juan Emiliano Santamarina, Marcelo Fabricio Valdiviezo, Juan César Romano, Eduardo Gabriel Villarreal y Mauricio Alejandro Giannobile – todos intimados por el hecho individualizado como número 2 según el fallo-; 5) la Dra. Carla Victoria Ocampo Pilla, el Dr. Javier Marcelo Percow, el Dr. Fernando Quiroga y la Dra. Margarita Jaque –abogados del Programa Litigio Estratégico de la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, en representación de Carolina Delegado y Analía Ortigoza; 6) las Dras. Sofía Helena Caravelos y Analía Inés Carrillo, abogadas del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, en representación de Paola Anabela Monserrat, Leila Ludmila Campos, Rosana María Pereyra, Jorge Daniel Pereyra, Gisela Ana Pereyra, Guillermo Daniel Pereyra y Francisco Pereyra; y 7) la Dra. Agustina LLoret y el Dr. Mariano Nicolás Lanziano, abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales, en representación de Rufina Verón.
La causa ingresó a la Sala el 2 de noviembre del año 2018, se celebró audiencia en los términos del art. 458 del CPP con fecha 7 de noviembre de 2019, se presentaron notas complementarias, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y revolver las siguientes:
Primera: ¿Son admisibles los recursos interpuestos?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor MAIDANA , dijo:
Los recursos fueron interpuestos por quienes se encuentran legitimados, en debido tiempo, contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en material criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, y 454 CPP).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor MAIDANA , dijo
1. Las representantes del Ministerio Público Fiscal interpusieron recurso de casación contra el fallo (fs. 1350/1369). Cuestionan la absolución de Roma, Marti, Molina, Perez, Busto, Santamaría, Valdiviezo, Romano, Villarreal, y Gionnobile; no mediando agravio en relación a la situación de Cristián Alberto Nuñez, también absuelto por el hecho nro. 1 –siguiendo el orden propuesto por el fallo-. Las Fiscales consideran que corresponde condenar a los nombrados como coautores del delito de abandono de persona seguido de muerte (art. 106 in fine del C.P.), en tanto se acreditó la posibilidad de realizar las conductas debidas. Que el pronunciamiento recortó tramos esenciales de la acusación y juzgó irrelevante el operativo armado con resultado fatal, que se tornó abusivo cuando el personal del Servicio Penitenciario llegó a la mitad del módulo.
Al omitir tal circunstancia, el Tribunal interrumpió el curso causal iniciado con la represión, que fue precisamente lo que determinó que los internos replegados en el fondo del pabellón no pudieran salir. Consideran que el A-Quo valoró de manera errónea la prueba al circunscribir como hecho determinante del resultado, el cierre y la no apertura de dos puertas. Afirman que, sin prueba que lo avale, atribuyeron el evento sólo a dos acusados, quienes –siguiendo el criterio del Tribunal- podían abrirlas. Así, descartó la responsabilidad del resto de los imputados que, al participar en el procedimiento, también son garantes. Indican que quienes intervinieron en el operativo en el pabellón 16 estaban en real situación de conocer el alcance del peligro y actuar.
Señalan que los Jueces se desentendieron de los testimonios de quienes estaban detenidos. Asimismo, omitieron tratar la razón por la cual la convocatoria tardía a los Bomberos no resultó atribuible a los acusados. Que el razonamiento del Tribunal fue sesgado al concluir que fue escaso el tiempo para llevar adelante conductas tendientes a asegurar el nexo de evitación. Afirman que hubo tiempo para realizar tareas tendientes a menguar el peligro –más allá de la eficiencia-, que en función de sus roles de garantes estaban obligados a cumplir, tales como: corroborar la modalidad de cierre de las puertas delanteras e intentar abrirlas, convocar inmediatamente a los Bomberos, colaborar con las tareas de rescate, etc.
Dictaminan que el Tribunal erróneamente asignó relevancia penal –exclusivamente- al resultado muerte. Entienden que el fallo carece de fundamentación, por lo que solicitan se case el mismo, se condene a los nombrados y se fije a los agentes del servicio penitenciario la pena requerida en la discusión final. En subsidio, reclaman que se reenvíen las actuaciones a la instancia de origen a los efectos que se dosifiquen las sanciones.
2. Por su parte, las Particulares Damnificadas, Carolina Delgado y Analía Ortigoza, representadas por la Dra. Carla Victoria Ocampo Pilla, el Dr. Javier Marcelo Percow, el Dr. Fernando Quiroga y la Dra. Margarita Jaque –abogados del Programa Litigio Estratégico de la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires-, interpusieron recurso contra el fallo (fs. 978/989). Alegan arbitraria valoración de la prueba para justificar los veredictos absolutorios. Enfatizan en el tenor de las declaraciones de los internos. Discrepan con el alcance dado al mantenimiento de las puertas cerradas, desde que no sólo Fernández y Montes de Oca tenían conocimiento de que las identificadas como 2 y 3 fueron cerradas. Se acreditó que el repliegue de los agentes penitenciarios del módulo 16 se debió a la propagación del humo; también que los imputados absueltos ingresaron al pabellón y observaron que no salieron todos los detenidos. Afirman que el personal del Servicio Penitenciario se dirigió al sector trasero del módulo para proceder a la apertura de la puerta de emergencia, cuando sabían que el foco allí se había iniciado. Consideran que el pronunciamiento es contradictorio al negar el conocimiento de la presencia de internos dentro del módulo (debido al estado de las puertas) por parte de los imputados absueltos, lo que también se vio reflejado en las ineficaces conductas alternativas de salvamento. Alegan que sólo debían abrir las puertas, tratándose de un hecho de gravedad institucional. Citan fallos de la CIDH y normativa constitucional. Solicitan se requiera copia de la grabación del debate. Reclaman que se case el fallo, y se condene en orden a la acusación formulada. Hicieron reserva del caso federal.
3. Las Particulares Damnificadas Leila Ludmila Campos, Rosana María Pereyra, Jorge Daniel Pereyra, Gisela Ana Pereyra, Guillermo Daniel Pereyra, y Francisco Pereyra; representadas por las Dras. Sofía Helena Caravelos y Analía Inés Carrillo, abogadas del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, dedujeron el recurso de casación que luce a fs. 992/1006 y vta. Se agravian de los veredictos absolutorios y argumentan sobre la posible responsabilidad del Estado y la gravedad institucional del hecho. Entienden que el pronunciamiento es arbitrario por mediar contradicción, en tanto solamente se consideró acreditada la acción de mantener cerradas dos puertas. Aseveran que el Tribunal descartó relevancia jurídica al repliegue de los agentes del pabellón sin brindar ayuda y, tratándose de un punto neurálgico, omitió dar fundamento. Consideraron que el fallo presenta una fundamentación aparente, a través de afirmaciones de carácter dogmático y apartándose de las constancias de la causa. Sólo se encontró probada la coautoría responsable de dos agentes, por la estructura del Servicio Penitenciario, en tal coyuntura, tenían la posibilidad de abrir las puertas, pero los Jueces condenaron a Montes de Oca y no a sus superiores. Señalan la posible responsabilidad internacional del Estado e invocan cuestión federal.
4. Rufina Verón Particular Damnificada, representada por la Dra. Agustina LLoret y el Dr. Mariano Nicolás Lanziano -abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales- interpusieron recurso de casación que luce a fs. 1054/1063 y vta. Cuestionan la absolución dispuesta de María del Rosario Roma. Indican la existencia de prueba sólida para dictar veredicto condenatorio. El fallo no explica cómo Roma quedó comprendida dentro del grupo de personas que desarrollaron conductas vinculadas al rescate de las víctimas. La acusada revestía rol jerárquico operativo, se trataba de una oficial de servicio, a quien apodaban ‘la jefa’. Solicita se revoque el veredicto y se condene a María del Rosario Roma a la pena de quince años de prisión e inhabilitación especial por el término de diez años por el delito de abandono de personas seguido de muerte y, en subsidio, el tipo previsto en el art. 106 primer párrafo. Efectuaron reserva del caso federal.
5. El Defensor Oficial Dr. Ernesto Julián Ferreira, interpuso recurso de casación en favor de Daniel Oscar Tejeda (fs. 1065/1172). Señala, como cuestión previa, la prescripción de la acción penal respecto del delito por el que fue condenado –art. 189 segundo párrafo del C.P.-. Refiere que introduce ante esta Sede el reclamo porque “…recién ahora –precisamente- se encuentra estabilizado lo referido a la significación jurídica del hecho, al menos lo relativo a la escala penal a considerar…” ; afirma que el último acto interruptivo tuvo lugar el 29/8/11 con la radicación y citación a juicio en el Juzgado Correccional n° 3; explica que Tejeda dejó de ser funcionario público con fecha 29/9/09 (resolución interna), por lo que desde entonces perdió posibilidad de injerencia desde el ámbito de lo funcional, a la par que no está alcanzado por las reglas de la participación.
Propone se requieran los informes de revista y reincidencia. Distingue los siguientes motivos de agravio: a) Acusación inválida, que se afectó el principio de congruencia y defensa en juicio. Afirma que el Tribunal omitió pronunciarse sobre la contradicción del bloque acusador, desde que las imputaciones son incompatibles entre sí. Señala que determinados aspectos fundamentales del hecho ( el nro. 1), aparece negado en el hecho 2; en síntesis, el cierre de las puertas y los comportamientos de determinados agentes, fueron la causa del fallecimiento de los 33 internos y heridas en dos de ellos, indicó que si se los evacuaba a tiempo podrían haberse salvado; y en el segmento relativo al evento 2, “…se refutó a sí mismo y postuló que la causa del fallecimiento de todos los privados de la libertad se debió a las infracciones al deber de cuidado que se le imputaron a Tejeda (…) es inaceptable en términos lógicos que el curso causal que provoca las muertes sea y no sea –al mismo tiempo- las transgresiones a las prohibiciones de no desamparar y no abandonar, y a los mandatos de actuar en tareas de salvamento…” (fs. 1075 vta./ 1076).
B) Cambio de encuadre legal; califica de brusco, en tanto provocó indefensión por transgresión al inc. 1 art. 375 del C.P.P. y reclama que se declare la nulidad del mismo. El tipo previsto en el art. 189 del C.P. quedó fuera del ámbito de discusión, esto es, del contradictorio (tanto el concepto jurídico, como el vínculo entre el hecho u omisión que provoca el incendio y la puesta en peligro o causación de la muerte). C) Inobservancia de los arts. 210, 367, 371 y 373 del CPP al fijar la materialidad ilícita; también se omitió el tratamiento de cuestiones esenciales, tal como lo relativo a que la obra no estaba habilitada y que las obligaciones de fiscalización –el art. 2 del decreto 1300/80 deroga las obligaciones previstas en la RRSC6 (resolución ministerial)- estaban en cabeza de la jefatura y la empresa “C y G”.
En extenso da cuenta de las inspecciones y deposiciones de los expertos; y subraya lo manifestado por Bronzi: pudieron haberse empleado las mangueras, de tener presión, de modo contraproducente. Considera que a su asistido se le asignó una responsabilidad objetiva; que no estaba presente y, a criterio del Tribunal, es el máximo responsable jerárquico por la supresión de imputación a otros funcionarios de rango superior con competencias específicas. D) Inobservancia y errónea aplicación de los artículos 45 y 189 del C.P. Encuentra que existió falta de acierto en la equivalencia que efectuó el A-Quo entre la omisión atribuida y la comisión activa, además de resultar inconciliable con los hechos, vulnera el principio de legalidad.
La generación del incendio se imputó a un interno con motivo de la represión; por lo que en el caso, la comisión por omisión como construcción dogmática es incorrecta. Por lo demás, el carácter peligroso se asoció a la decisión de cerrar las salidas idóneas para el escape que, según el Tribunal, adoptaron Fernández y Montes de Oca. No se verificó una relación directa entre la violación del deber de cuidado y el resultado de incendio de tal manera que, si objetivamente el resultado es producto de otro curso causal o de riesgo producido por un tercero, no se puede imputar ese resultado al autor. Según la propia construcción del hecho que encontró acreditada el Tribunal, el fuego peligroso se configuró cuando Fernández y Montes de Oca tomaron la decisión de cerrar las puertas y, luego, no abrirlas, ello excluye de relevancia jurídica a los comportamientos atribuidos a Tejeda.
En subsidio, el hecho debe limitarse a la hipótesis que prevé el primer párrafo del art. 189 del C.P. El A-Quo no establece de qué modo podría postularse que, si el nombrado hubiera desplegado las múltiples conductas alternativas conforme a derecho que se le imputan, el incendio peligroso y el peligro de muerte no se hubiera configurado. E) Se descartaron de manera arbitraria y superficial criterios de la imputación objetiva: principio de confianza, ámbito de protección de la norma y autopuesta en peligro. F) Reedita los planteos no tratados por el Tribunal, para el caso de que se considere que la significación jurídica correcta es la constitutiva de homicidio culposo. G) El cómputo de las pautas severizantes de la sanción valoradas por el Tribunal, y propone la consideración de un baremo atenuante; critica la elección del máximo de la escala penal.
H) La imposición de la medida de coerción, plantea la inconstitucionalidad del art. 371 del C.P.P. y da cuenta sobre la ausencia de peligros procesales. Estima indispensable que esta Sede requiera la remisión del expediente principal y del soporte de la filmación del debate. Reclama la casación de sentencia condenatoria. Hizo reserva del caso federal.
6. El Dr. Darío Saldaño en representación de Rubén Alejandro Montes de Oca, dedujo recurso de casación contra la condena que luce a fs. 1008/1011). Señala que el Tribunal arribó a conclusiones sin respaldo probatorio, que no se comprobó cómo se desarrollaron los hechos en el pabellón 16 y se tuvo en cuenta la cantidad de vainas que fueron colectadas sin que mediara cadena de custodia. Afirma que existen versiones que se contraponen con la prueba pericial y, en lo que respecta al traspaso de las llaves del pabellón, el A Quo detuvo su análisis en su asistido y de manera arbitraria estableció que fue el anteúltimo o último en salir del pabellón. Considera que se vulneró el principio de la duda y el principio de congruencia, en tanto se modificó de manera arbitraria la calificación y la pena, más allá de lo efectivamente requerido. Cuestiona la decisión del Tribunal en cuanto rechazó el pedido de nulidad del alegato fiscal y de los particulares damnificados en cuanto adhirieron al mismo. Critica la valoración como atenuante de la escasa antigüedad que tenía su defendido, cuando debió valorarse como parte sustancial de la representación del dolo eventual. Asevera que el Tribunal erró en el análisis, dado que no respondió ¿cuál sería el propósito de proceder como se afirmó?. No se evaluó el riesgo de la propia víctima. En subsidio, requiere que el hecho se califique como homicidio culposo, y se readecúe la pena. Hizo reserva del caso federal.
7. Por último, el Dr. Julio Ricardo Beley dedujo recurso de casación en favor de Reimundo Héctor Fernández (fs. 1012/1053). Denuncia violación del principio de congruencia, puesto que se dejó de lado la calificación pro
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