Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar formalmente admisible la impugnación interpuesta por el Dr. Miguel A. Mauvecín, en su carácter de fiscal del juicio por jurados, en contra de la Sentencia n° 25/25 dictada por el Juez Director Dr. Jorge Rolando Palacios.
2Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Dr. Miguel Andrés Mauvecín, en representación del Ministerio Público Fiscal. Casar la sentencia recurrida únicamente en cuanto al monto y modalidad de cumplimiento de la pena impuesta. Revocar el punto I de la parte resolutiva de la sentencia n° 25/25 e imponer a Luis Eduardo Jorge Torres la pena de CINCO (5) años de prisión efectiva por ser autor penalmente responsable del delito abuso sexual simple continuado agravado por el vínculo, previsto y penado por los arts. 119 primer párrafo en función del inc. b del último párrafo, 45 y 55 “contrario sensu”, 5, 12, 40 y 41 del Código Penal. Con costas (art. 29 inc. 3° CP y arts. 407, 536 CPP).
3Sin costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).
4Téngase presente la reserva del caso federal.
SENTENCIA NÚMERO: CINCUENTA Y DOS
En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veinte días del mes de octubre de dos mil veintiséis, la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por la Dra. María Fernanda Rosales Andreotti como Presidenta, el Dr. Néstor Hernán Martel y la Dra. Rita Verónica Saldaño; se reúne en acuerdo para entender en el Recurso de Casación deducido en expte. Corte nº 089/25, caratulados: “Torres, Luis Eduardo –abuso sexual, etc.- s/ rec. de casación interpuesto por el MPF c/ Sent. n° 25/25 de expte. n° 19/24”.
Veredicto y Sentencia:
Por Sentencia nº 25 de fecha 07 de agosto de 2025, el Juez Director del Juicio por Jurados, en lo que aquí concierne, resolvió: “I) Declarar a Jorge Luis Eduardo Torres, de condiciones personales ya mencionadas en la causa, autor penalmente responsable -atento al veredicto de culpabilidad dictado por el jurado popular-, del delito de abuso sexual simple en forma continuada, agravado por el vínculo; previsto y penado por los arts. 119 primer párrafo en función del inc. b) del último párrafo, 45 y 55 a contrario sensu del CP; imponiéndole la pena de tres años de prisión cuya ejecución se deja en suspenso en los términos de los arts. 5, 26, 40 y 41 del CP. Con costas (arts. 407, 536 del CPP y art. 29 inc. 3° del CP). Asimismo, deberá cumplir con las siguientes reglas de conducta por igual tiempo de condena: (…)”.
Hecho:
El hecho por el cual el acusado llegó a juicio es el siguiente: “Que en días y horarios que no se pudieron determinar con precisión, pero que podrían situarse aproximadamente en el período de tiempo comprendido a partir del día 06/10/2003, cuando M.E.M.T. cumplía 8 años de edad – y la primera semana de julio de 2017, de manera continuada, en diferentes lugares, pero principalmente en el domicilio sito en calle Corrientes n° 414 y en el domicilio sito en B° Periodistas, casa n° 83, ambos de esta ciudad Capital, Luis Eduardo Jorge Torres -con el propósito de satisfacer sus apetencias sexuales- abusó sexualmente de su hija M.E.M.T. mediante actos consistentes en besos en la boca, en sentar a M.E.M.T. en sus piernas, provocando el roce de su pene con los glúteos de la víctima, en acostarse en la cama junto a M.E.M.T. y masturbarse a su lado, en acostarse encima de M.E.M.T. y besarle el cuello y las orejas, en acostarse junto a M.E.M.T. y apoyar su pierna en la vagina de la víctima o tocar sus pechos y vagina por debajo y encima de su ropa, configurando todo ello un sometimiento gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, lo que produjo en M.E.M.T. daño en su salud mental”.
Recurso:
Contra este fallo el Dr. Miguel Andrés Mauvecín, en representación del Ministerio Público Fiscal, interpuso recurso de casación en contra de la Sentencia n° 25/2025. Circunscribe sus agravios a lo previsto en el artículo 454 inciso 3 del CPP.
Agravios del recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal:
El recurrente cuestiona la inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación probatoria para meritar la pena impuesta al acusado Torres. Entiende vulnerados los principios de razonabilidad, idoneidad y proporcionalidad en su determinación.
Señala que la situación vivenciada por la víctima, la falta de remordimiento por parte del acusado, la inexistencia de reconocimiento del daño causado y la barbarie en la ofensa a la propia hija, deben ser consideradas como agravantes para la pena.
Refiere que más allá de que el tipo penal se agravó por el vínculo, no puede ser castigado como si se tratara de un delito menor. Entonces, se pregunta: “¿cuál es el valor reprochable que se tiene en este caso de gravedad, determinado por el abuso sexual que se perpetró sobre la propia descendencia, en las formas en las que se cometió, con la violencia que se ejecutó y en la edad y centro de vida de una víctima que reclama justicia?”.
Sostiene que el jurado popular encontró al imputado, Jorge Luis Torres, culpable del delito de abuso sexual, cometido en contra de su propia hija. No obstante, la pena impuesta no se condice con la gravedad del hecho.
Considera que la materialización de los agravantes es evidente y por esos motivos su ejecución no puede ser en suspenso, porque deja a una víctima sin justicia y a un delincuente sin castigo.
A continuación, detalla los errores de fundamentación en los que, a su modo de ver, ha incurrido el juez director en la sentencia:
I). En primer término y con relación al daño psicológico, cuando dice que “…no puede ser reintroducido por la vía de la mensura punitiva sin violar el principio de congruencia, el derecho de defensa y la estructura del juicio por jurados”.
a). En este sentido, el recurrente sostiene que el principio de congruencia no puede verse afectado porque el daño psicológico fue debidamente introducido al debate y ofrecido el material probatorio que lo acredita en la audiencia de cesura (audiencia independiente en cuanto a la prueba que se puede aportar para fundar la pena). Prueba que fue aceptada por el juez y consentida por la defensa. Funda su postura citando fallos de la CSJN.
Por tal motivo, argumenta que el juez director cercenó el derecho de esa parte al decidir alterar una cuestión planteada y ajustada a derecho; lo que terminó, afectando el principio de congruencia al no existir correspondencia entre el fallo dictado con las cuestiones litigadas.
b). Con relación al derecho de defensa vulnerado, señala que la defensa no se opuso a la incorporación de las pruebas que acreditaban el daño psíquico.
c). Respecto a la afectación de la estructura del juicio por jurados, argumenta que el juez no tuvo en cuenta lo dispuesto por los arts. 27 y 91 de la ley 5719, razón por la cual, no se afectó la estructura de la ley. El juez debió justipreciar la prueba que se aportó y admitió para esos fines en la audiencia de mensuración de la pena.
En consecuencia, señala que el daño psicológico fue probado y así, quedó demostrado con las declaraciones testimoniales vertidas en el plenario y las pericias practicadas en la persona de la víctima, las que acreditaron el importante daño psicológico ocasionado a raíz de los hechos vivenciados; circunstancia ignorada por el juzgador en el fallo.
II). Cuestiona también al juez director por no considerar a los fines de agravar la conducta del acusado: la naturaleza de la acción, la modalidad del hecho y su reiteración (hecho continuado que se extendió por 14 años).
III). Argumenta que el juez soslayó en sus fundamentos la existencia de violencia física, coacción intimidatoria y amenazas para elevar el grado de lesividad del hecho, más allá de lo que el tipo penal agravado ya presupone.
Al respecto, el recurrente señala que no se meritó lo esgrimido por la víctima, dichos que luego fueron aportados como prueba de la cesura y que dan cuenta de los actos de violencia, amenazas, coacciones, intimidaciones y humillaciones que vivió.
IV). Por otra parte, sostiene que el juzgador descartó una circunstancia que, a su criterio, no existe, y esto es, el peligro para con la víctima o para con terceros. Para concluir de esta manera, no tuvo en cuenta lo narrado tanto por la víctima como por sus hermanos al poner en conocimiento el violento y conflictivo vínculo familiar, en donde la violencia estructural siempre estuvo presente, no solo para con sus hijos, sino también, para con su esposa.
Entonces, esta peligrosidad que surge de un padre de familia instruido y formado, debió ser analizada por el juzgador y no haberla considerado neutra, ya que no sólo existió al momento de los hechos juzgados, sino que se repitió durante el último tiempo. Así, lo expresó el testigo Carlos Torres, hijo del acusado, cuando relató que su padre lo llamó por teléfono, y en clara manifestación de intimidación, le pidió que levantara la denuncia que había radicado.
Concluye el recurrente que la extensión del daño y el peligro causado, dan cuenta de las consecuencias materiales del delito y del grado de afectación del bien jurídico protegido, el que debe entenderse como el resultado doloso llevado a cabo por quien debía procurar una relación parental de afecto y respeto. En el caso, -enfatiza- aquellas circunstancias, evidenciaron la perversidad e insensibilidad de la capacidad delictiva del acusado.
V). En cuanto a las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión, señala que no sólo sirven para demostrar la peligrosidad del autor, sino también, la gravedad del delito. La relación de confianza y cercanía constituye un agravante, no solo por la traición que significa, sino por la mayor indefensión de la víctima frente al ataque de una persona que aprovecha esa situación para cometer un delito.
Entiende el recurrente que el juez debió valorar que cuando existe una relación entre el autor y la víctima, también existe un deber especial, argumentando que esa relación de garante del autor del hecho debió ser considerada como un aumento a la gravedad de la pena impuesta por el delito.
Al respecto, en la sentencia, refirió al agravamiento que proviene de la relación vincular, pero no la valoró para aplicar una pena mayor al mínimo del delito.
VI). Por otra parte, el recurrente argumenta que la valoración de los informes socio ambientales practicados a Torres permiten conocer elementos que justifican un incremento en la severidad del reproche, al seguir observando la desidia en el mantenimiento de su domicilio y el de su familia.
Asimismo, sostiene que agrava la conducta del acusado Torres, el lugar en el que se cometieron los hechos, es decir, la vivienda familiar, lugar donde actuó sobre seguro para ejecutar aquellos hechos aberrantes.
VII). El recurrente pone en crisis la aplicación de la pena condicional, alegando que sí generó agravio para la víctima, quien luego de años de preparación emocional decidió denunciar y vencer el miedo que le ocasionaba la intimidación, el dolor, la humillación y la vergüenza de dar a conocer los atroces actos de abuso de su padre para con ella.
Entiende el recurrente que conforme el criterio de la CIDH y la gravedad en la comisión del delito es procedente la imposición de una pena que no admite ser dejada en suspenso.
Si bien el acusado llegó al plenario en libertad, la pena en expectativa siempre estuvo latente, la que no admite invocación de sorpresa ni causa agravio al principio de congruencia de la sentencia con la acusación.
Por ello, requiere al tribunal revoque la sentencia impugnada en su punto I) y se le imponga al acusado Torres la pena de cinco años y seis meses de prisión, con las accesorias del art. 12 del CP. Asimismo, deja planteada la reserva del Caso Federal.
Orden de votación:
De acuerdo con el resultado del sorteo efectuado para determinar el orden de votación (fs. 17), nos pronunciaremos de la siguiente manera: 1º Dr. Martel, 2º Dra. Saldaño y 3º Dra. Rosales.
Cuestiones a resolver:
Primera ¿Es admisible el recurso?, Segunda ¿Son procedentes las impugnaciones planteadas por el Fiscal de Cámara? ¿Qué solución corresponde dictar?
I. A la primera cuestión, el Dr. Martel dijo:
Relatadas las circunstancias acaecidas hasta llegar a esta instancia de revisión, estimo apropiado dar respuesta a la primera cuestión a resolver. Así es que, tratándose la decisión impugnada de una sentencia condenatoria consecuencia de un veredicto de culpabilidad del Jurado Popular y con carácter definitivo, recae sobre este Tribunal la potestad de su revisión.
Del mismo modo, se verifica que el recurso es presentado en forma y tiempo oportuno conforme lo dispuesto por el 460 del CPP, 93 y 94 de la ley 5719.
Es por ello, que el recurso de casación interpuesto por el Dr. Miguel A. Mauvecín, en su carácter de fiscal del juicio es formalmente admisible.
A la Primera cuestión, la Dra. Saldaño dijo:
Adhiero a la solución propugnada por el Sr. Ministro preopinante y voto en igual sentido.
A la Primera cuestión, la Dra. Rosales, dijo:
El Dr. Martel da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto y me expido en idéntico sentido.
II. A la Segunda cuestión, el Dr. Martel dijo:
Sentado cuanto precede, conforme surge del memorial recursivo, el cuestionamiento de la defensa está dirigido a discutir la fundamentación de la pena impuesta a Luis Eduardo Jorge Torres (artículo 91 de la Ley n° 5719 en concordancia con los artículos 40 y 41 del CP).
Desde esa perspectiva, el recurrente no controvierte la existencia del hecho ilícito ni su calificación legal, sino que circunscribe su agravio, exclusivamente, a la inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena (art. 454 inc. 3° CPP).
En tal sentido, argumenta que el juez técnico ha incurrido en una fundamentación arbitraria de la pena la que resulta desproporcionada en tanto ha omitido valorar circunstancias agravantes, así como, ha efectuado una errónea ponderación de las atenuantes que surgen en función de los hechos probados de acuerdo al veredicto condenatorio.
En ese contexto, considera que la pena de tres años de prisión en suspenso aplicada al acusado no es acorde a las pautas de mensuración que debieron ser tenidas en cuenta en el caso concreto.
El eje central de discusión radica, entonces, en verificar si esos errores consignados en el recurso se encuentran presentes en la motivación de la pena decidida por el órgano jurisdiccional. En conclusión, habré de analizar si los vicios de razonamiento apuntados han incidido o no, en la correcta motivación del fallo en orden a la individualización judicial de la pena impuesta al imputado Torres.
Circunscripto el motivo de examen de este agravio a la individualización de la pena impuesta por el juez director conforme lo previsto por el artículo 91 de la Ley n° 5719 en concordancia con los artículos 40 y 41 del CP, estimo necesario recordar que, si bien, en principio, la determinación de la pena constituye el ejercicio de una facultad propia de los jueces de la causa, cabe apartarse de dicha regla a partir de la doctrina de la arbitrariedad cuando se plantea una errónea valoración de circunstancias atenuantes y una omisión de ponderar agravantes que fueron puntualmente litigadas en oportunidad de celebrarse la audiencia de cesura.
Previo avanzar, en el desarrollo de la cuestión traída a estudio, cabe poner de resalto que Torres llegó a juicio acusado mediante dictamen n°165/23 (fs. 194/200) por el delito de “Abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, continuado, calificado por el vínculo y por el grave daño en la salud mental de la víctima en calidad de autor (arts. 119, segundo párrafo, segundo supuesto, cuarto párrafo incisos “a” y “b”, 55 a contrario sensu y 45 del CP), figura penal que fue debidamente instruida al jurado como posible opción N° 1 de veredicto (fs. 382//386), junto a cuatro opciones de delitos menores incluidos. Tal es así, que el jurado popular consideró acreditada la opción N° 4, emitiendo el veredicto de culpabilidad por el delito de “Abuso sexual simple, en forma continuada, agravado por el vínculo”.
Así las cosas, declarada la culpabilidad por el jurado popular, el juez director resolvió imponer al acusado la pena de tres años de prisión en suspenso (arts. 26, 40, 41 del CP).
En virtud de las consideraciones precedentemente desarrolladas y con relación al primer agravio articulado por la parte recurrente, corresponde dejar establecido que el juez director, al momento de impartir las instrucciones finales sobre el derecho aplicable -conforme se desprende del registro audiovisual y de la sentencia dictada-, efectuó una explicación expresa, clara y suficiente respecto de la figura agravada concerniente al “grave daño en la salud mental de la persona presuntamente damnificada”.
De ese modo, brevemente les dijo que: “La segunda agravante se refiere al impacto que los abusos han tenido en la salud mental de M.E.M.T. Esto implica determinar si las experiencias vividas le provocaron un daño psicológico serio, duradero y verificable”; brindando ejemplos de este tipo de daño (fs. 385).
Lo cierto, es que luego de la deliberación, el jurado concluyó que no correspondía aplicar el agravante del “grave daño en la salud mental de la víctima” y declaró por unanimidad culpable al acusado Torres del delito de Abuso sexual simple en forma continuada agravado por el vínculo (fs. 395).
En consecuencia, lo que sucedió es que el jurado, apartándose de la calificación legal que proponía el Ministerio Público y la parte querellante, ajustó la culpabilidad de Torres a un delito menor incluido, pues consideró que no se probó, más allá de toda duda razonable, la agravante vinculada al grave daño en la salud mental de la víctima.
Sobre el particular, se ha dicho que: “El poder del jurado sobre el derecho se ejerce además con su potestad indiscutible para apartarse del delito principal imputado por la fiscalía y, eventualmente, declarar culpable al acusado por un delito menor incluido en dicha calificación legal. Lo puede hacer exactamente igual a como lo hace el juez técnico en un juicio profesional, solo que cambia la metodología. El iura novit curia no está confiado exclusivamente en el juez profesional. Los jurados también son jueces y lo ejercen para llevar justicia al caso concreto con su veredicto. Esto hace a la esencia del juicio por jurados: los jurados, que son tan jueces como el juez profesional, pueden aplicar calificaciones menores a los hechos imputados por la acusación”. (Harfuch Andrés, El veredicto del jurado, Editorial Ad-Hoc, 2019, página 274).
Sentado lo anterior, anticipo que los agravios sometidos a consideración resultan procedentes, toda vez que, los déficits de motivación invocados por la parte recurrente se verifican en la resolución impugnada.
En primer lugar, corresponde recordar que la función del jurado se circunscribe a la determinación de los hechos y de la calificación legal, mientras que la individualización judicial de la pena constituye una facultad exclusiva del tribunal técnico, quien debe atender a las pautas de los arts. 40 y 41 del Código Penal, las cuales habilitan la consideración de las circunstancias personales del autor, del daño causado y de la mayor o menor gravedad del injusto.
De este modo, la circunstancia de que el jurado no haya tenido por acreditado el “grave daño en la salud mental” como elemento configurativo de la figura agravada, no impide que el tribunal valore la existencia de una afectación psicológica de menor entidad como un elemento relevante dentro del juicio de culpabilidad o de la extensión del daño ocasionado, en tanto tal ponderación no implica alterar la calificación legal ni vulnera el principio de congruencia, ni el derecho de defensa ni la estructura del juicio.
En consecuencia, la interpretación efectuada por el tribunal de juicio restringe indebidamente la potestad jurisdiccional para valorar la totalidad de las circunstancias del caso, con lo cual su razonamiento resulta jurídicamente improcedente.
En línea con lo argumentado, cabe señalar que, calificada doctrina ha sintetizado lo que debe entenderse por grave daño en la salud mental de la víctima. En tal sentido, ha sostenido que: “…Debe ser entendido como “un plus mayor al normal daño que se ocasiona habitualmente al sujeto pasivo en este tipo de delitos”, debiéndose tener en cuenta que “el resultado meditado de todo abuso sexual es un daño en la salud mental o psíquica de la víctima, de allí, es que debe entenderse como grave daño a la salud mental de la víctima el trauma inmediato que se traduce en problemas graves de conducta. Un hecho de esta naturaleza como el constituido por los tipos penales aludidos siempre genera alguna clase de daño, especialmente psicológico, cuando no físico. Por eso no bastará el daño que habitualmente es producto de conductas ilícitas como las mencionadas, sino que se requerirá, además, de ello, que el prejuicio que se haya causado supere los parámetros normales que originariamente provocaría una conducta sexual de esta clase…” (TAZZA, Alejandro; “Código Penal de la Nación Argentina Comentado – Parte Especial, segunda edición actualizada, T.I, arts. 79/161, Rubinzal – Culzoni, Buenos Aires, 2018, pp. 406/407). “El daño debe ser grave, es decir debe tener una influencia decisiva en la integridad psicofísica de la persona ofendida. La agresión sexual debe repercutir de manera grave sobre la personalidad psíquica de la víctima” (ABOSO, Gustavo Eduardo, “Código Penal de la República Argentina – Comentado, concordado con jurisprudencia, 7° edición, IBdef, Buenos Aires, 2025, p. 717).
De lo expuesto, se extrae que resulta válido el argumento del impugnante cuando sostiene que, si bien el abuso sexual simple en forma continuada agravado por el vínculo es la figura que fija la base fáctica, en razón de la cual, debe nacer la fundamentación de la pena, la circunstancia de que el jurado haya descartado el agravante, no impide al juez técnico ponderar la afectación psicológica en el grado efectivamente probado y no excluido por el jurado.
En el caso, el jurado popular concluyó expresamente que no estaba acreditado un grave daño en la salud mental de la víctima, ese hecho negativo forma parte de la verdad jurídica establecida en el veredicto. En consecuencia, el juez técnico no puede contradecir al jurado introduciendo en la sentencia un daño psicológico grave como fundamento para agravar la pena, porque estaría alterando lo que ya fue decidido por quienes tienen la competencia exclusiva sobre los hechos. En efecto, si el jurado popular decidió que no estaba probado un “grave” daño en la salud mental, eso significa que ese nivel de afectación (grave) quedó descartado. Sin embargo, ello, no impide, necesariamente, que el tribunal valore otros efectos psicológicos o emocionales que sí se acreditaron en el juicio, aunque no alcancen la categoría de “grave”.
En conclusión, -reitero- el juez no puede considerar un grave daño psicológico si el jurado lo descartó expresamente, pero sí puede atender a los elementos fácticos acreditados que sean compatibles con el veredicto para modular la pena dentro del marco legal.
Lo dicho se sustenta, no sólo en el relato de M.EM.T. durante la audiencia, en el que expresó con un elevado monto de angustia los distintos episodios vividos, sino también, en el respaldo de pruebas testimoniales independientes como de su ex pareja, J.R.S., con quien convivió aproximadamente seis años; de su hermano, C.T.; y de su amigo fallecido, A.A.M. Estos testimonios, aún sin relación entre sí, coincidieron en describir los sufrimientos observados en la víctima a lo largo del tiempo, corroborando así, la existencia del estado emocional afectado por los hechos. Asimismo, como bien lo señaló la fiscalía, revisten relevancia los aportes brindados en el juicio, por las licenciadas en psicología, Graciela Moreno de Bergesio y Ana Vanesa Martínez, -quienes, en lo pertinente relataron que M.E.M.T. fue víctima de abuso, que presenta indicadores de ello, que no se observaron indicadores patológicos en su discurso, que puede expresar porque lo ha vivido y que se observó daño psíquico-; y por la médica especialista en psiquiatría, Dra. Gallardo, quien explicó la disociación afectiva en la vida diaria de la víctima como forma de subsistir –“me separo de lo emocional porque tengo la capacidad de guardarlos en el cajón”-. Es una habilidad que tiene como mecanismo de defensa. Aclaró, la testigo, que todas las sintomatologías que presentaba la víctima estaban un 90% relacionadas con el hecho de abuso. Asimismo, concluyó en la audiencia que “La huella psíquica de un daño no se inventa, sí o sí existió daño psíquico” (día 02/07/2025, hora 12:25.50).
Establecido lo anterior, corresponde señalar que no resulta posible avanzar en el examen de los agravios sin antes advertir la grave omisión en la que ha incurrido el tribunal al no valorar, como circunstancia agravante en la determinación de la pena, el contexto de violencia de género en el que se desarrollaron los hechos, vinculado directamente con la naturaleza de la acción juzgada. Tal circunstancia, fue expresamente invocada por las partes acusadoras durante la audiencia de cesura y no mereció objeción alguna por parte de la defensa. Sin embargo, el juez director prescindió de toda consideración sobre el punto, a pesar de estar obligado por mandato legal y constitucional a incorporar dicha perspectiva en la valoración del hecho y de su gravedad.
Con relación a ello, cabe recordar que la incorporación de la perspectiva de género en la función jurisdiccional constituye un deber de orden público derivado de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino (art. 75 inc. 22 CN; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW–; Convención de Belém do Pará), así como, de la normativa interna (Leyes 26.485 y 27.372). Tal obligación, impone al juzgador el deber de identificar y ponderar los factores estructurales de desigualdad y violencia por razones de género, presentes en el caso bajo examen, aun cuando no hubiesen sido expresamente invocados por las partes.
Tal omisión, resulta relevante, por cuanto el incumplimiento de dicha obligación puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado. En efecto, el hecho por el cual Torres fue declarado penalmente responsable constituye una manifestación de violencia cometida contra una víctima doblemente protegida, por su condición de mujer y por ser menor de edad.
En consecuencia, el juez técnico debió considerar los estándares y compromisos asumidos por el Estado argentino al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 34), que impone la obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes contra todas las formas de explotación y abuso sexual, así como, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -“Convención de Belém do Pará”, aprobada por Ley 24.632-, que establece el deber de los Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (art. 7, inc. b).
Estos lineamientos, a su vez, fueron receptados en el orden interno, por la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que tiene entre sus objetivos promover y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia (art. 2) y proteger su integridad física, psicológica, sexual, económica y patrimonial (art. 3, inc. c). Asimismo, debe destacarse que cuando las víctimas de delitos son niñas o adolescentes, su situación de vulnerabilidad se ve acentuada al confluir dos categorías de especial protección —mujer y niña/adolescente—, conforme lo reconocen las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, a las cuales esta Corte adhirió mediante Acordada Nº 4102/2009 (27/05/2009).
En tal marco, corresponde recordar que la violencia ejercida contra la mujer constituye una forma de violación a los derechos humanos y una manifestación de discriminación prohibida por los instrumentos internacionales de jerarquía constitucional.
Insisto, en el caso bajo análisis, la víctima reviste la condición de niña y de mujer, lo que la sitúa en un escenario de doble vulnerabilidad reconocido tanto por la normativa constitucional, internacional y nacional, así como, por la jurisprudencia argentina e interamericana. Tal circunstancia, imponía al juzgador el deber de incorporar la perspectiva de género al momento de ponderar la gravedad del hecho y de individualizar la sanción, valorando dicha situación como un factor especialmente agravante al momento de individualizar la pena.
Desde otro plano, continuando con el examen puntual de los agravios introducidos por la parte recurrente, corresponde admitir el planteo relativo a la omisión del tribunal de considerar, como circunstancia agravante, la prolongada extensión temporal durante la cual se consumaron los ataques sexuales. En efecto, se encuentra debidamente acreditado que los hechos se desarrollaron de manera continuada a lo largo de catorce años, circunstancia que evidencia un sometimiento sostenido en el tiempo y una persistencia del dominio del autor sobre la víctima, factores que incrementan de manera significativa la gravedad del injusto y la intensidad del daño ocasionado.
Tal prolongación temporal del abuso revela un mayor grado de reprochabilidad del accionar del condenado, en tanto denota una voluntad de sometimiento estable y un aprovechamiento sistemático de la situación de vulnerabilidad de la víctima, aspectos que debieron ser ponderados conforme las pautas de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
En lo que respecta a la valoración de la modalidad de ejecución del hecho a los fines de la individualización de la pena, corresponde señalar que el agravio introducido por la parte recurrente resulta atendible. Ello así, en tanto el razonamiento del tribunal -fundado en que no se habrían verificado elementos adicionales de violencia física, coacción intimidatoria, amenazas ni recursos de especial humillación que incrementaran la lesividad del accionar- se muestra insuficiente y contradictorio con lo efectivamente acreditado en la audiencia de cesura.
Tal como acertadamente sostiene el recurrente, el juez prescindió de efectuar un análisis integral y contextualizado del testimonio de la víctima, cuya declaración, valorada con perspectiva de género y apreciada en conjunto con las de los testigos J.R.S., C.T. y A.A.M. -registradas en soporte audiovisual-, revela la existencia de actos reiterados de violencia, amenazas, coacciones, intimidaciones y humillaciones que acompañaron la conducta juzgada.
Esta omisión afecta directamente la adecuada fundamentación de la pena impuesta, en tanto la modalidad de ejecución constituye un elemento relevante para determinar el mayor o menor grado de reproche que corresponde asignar al autor. En consecuencia, la falta de consideración de tales extremos evidencia un déficit en la motivación del fallo y priva a la pena impuesta de la debida proporcionalidad respecto de la gravedad real de los hechos comprobados.
Con relación a ello, advierto, además, que el razonamiento del magistrado no sólo adolece de los defectos de fundamentación señalados, sino que presenta una notoria contradicción interna. Ello se desprende de que, en otro tramo de los fundamentos, el propio sentenciante reconoce -con acierto- que “la cotidianidad del abuso en el ámbito del hogar expuso a la víctima a un estado de amenaza constante y a una revictimización diaria, lo que profundizó el daño psíquico y alteró gravemente sus vínculos familiares, sociales y afectivos”, agregando que “el lugar de comisión del hecho no puede ser neutral en la valoración punitiva, dado que el aprovechamiento del entorno familiar como medio de comisión potencia la gravedad de la conducta en términos de culpabilidad, daño y peligrosidad, justificando su ponderación agravante en la individualización de la pena”.
Sin embargo, tal conclusión se muestra incongruente con el resto del razonamiento judicial y desproporcionado con el monto de pena impuesto al acusado. Y es que, mientras en un pasaje de la sentencia el magistrado reconoce expresamente la existencia de circunstancias agravantes derivadas del contexto de comisión y del daño psicológico ocasionado, en otra secuencia del fallo, prescinde conferirles la debida relevancia al momento de fijar la sanción. Esta falta de coherencia argumental compromete la solidez de la motivación y afecta el deber de fundamentación que imponen los arts. 142 y 408 inc. 3° del Código Procesal Penal, en tanto impide verificar un razonamiento lógico, completo y debidamente fundado que permita el control de la decisión.
Continuando con el examen de los agravios introducidos, el recurrente reprocha al tribunal la omisión de efectuar una valoración integral de los informes socio ambientales elaborados en relación a Torres. Dichos informes -obrantes a fs. 117 y 187- fueron ofrecidos como prueba por todas las partes intervinientes (Ministerio Público Fiscal, querella y defensa) en la audiencia de cesura. Por otra parte, cabe señalar, que la defensa solicitó al tribunal la elaboración de un nuevo informe socio ambiental actualizado, solicitud que tuvo acogida favorable.
Puntualmente, lo que agravia al ministerio público fiscal es que, pese a haber solicitado la concreta ponderación, en sentido negativo, de los informes de fs. 117 y 187, brindando fundados argumentos al respecto, el órgano jurisdiccional ninguna consideración efectuó sobre el punto y sólo refirió al último informe, el que fue valorado a favor del acusado.
En este orden, el agravio debe prosperar, pues del análisis de la sentencia se advierte que el juez técnico no efectuó una valoración conjunta y razonada de los elementos contenidos en los informes socio ambientales. Tal deficiencia, se ve agravada por la ausencia de argumentos que justifiquen la exclusión de ese material probatorio, que fue oportunamente introducido y debatido en la audiencia de cesura, y cuya ponderación resultaba esencial para determinar con objetividad las condiciones personales del imputado y la gravedad del hecho. La omisión de dicho examen configura un déficit de motivación que afecta la validez de la decisión en materia de determinación de la pena.
En conclusión, se advierte que el juez técnico circunscribió su análisis exclusivamente al último informe socio ambiental producido a instancia de la defensa. Lo curioso de este informe, es que, la asistente social, por razones laborales invocadas por el propio acusado, se vio imposibilitada de concurrir personalmente a su domicilio –ubicación que coincide con la descripta en los informes realizados con anterioridad-, razón por la cual, no pudo verificar las condiciones habitacionales actuales de la vivienda como lo hizo en su oportunidad la licenciada Russo, ni recabar la opinión de los vecinos.
En efecto, esta omisión probatoria trasladada sin análisis crítico al ámbito de la sentencia, ha generado un evidente déficit en la fundamentación de la pena. Ello es así, en tanto la adecuada valoración de los antecedentes socio ambientales constituye un elemento esencial para apreciar las condiciones personales del condenado, su grado de reprochabilidad y sus reales posibilidades de resocialización. La ausencia de una ponderación integral y comparativa de los distintos informes impide alcanzar una decisión debidamente motivada y vulnera el deber de fundamentación suficiente que debe regir toda resolución judicial en materia penal.
Por lo expuesto, las deficiencias señaladas por el recurrente resultan atendibles y justifican la revisión del criterio seguido por el juez técnico en la individualización de la pena.
Previo finalizar, debo decir que no puede tener acogida favorable en esta instancia el agravio dirigido a cuestionar la falta de ponderación del vínculo entre el imputado y la víctima, en particular, la existencia de un deber especial y la relación de garante del autor como fundamento para un reproche penal más intenso. Ello, se debe a que la calificación del hecho ya incorpora la existencia del vínculo y su relevancia en la tipificación del delito, razón por la cual, considerar el planteo del recurrente implicaría incurrir en una doble valoración (“non bis in idem”). Esto significa que el legislador ya tuvo en cuenta la existencia de esa relación especial (padre-hijo) al agravar el tipo penal y elevar el monto de la sanción.
En tal sentido, cabe recordar, que una circunstancia fáctica propia del tipo penal no puede ser invocada como calificante de la pena, en tanto, su consideración más gravosa, ya fue motivo de valoración por parte del legislador a los efectos de la estructuración del respectivo tipo penal y, por ende, cometido el delito, su nueva selección por el juzgador a la hora de acrecentar la sanción importa una vulneración de la prohibición de la doble valoración, comprendida actualmente como un aspecto de la garantía del non bis in ídem. Por ende, el planteo no puede tener acogida favorable.
Sentado cuanto precede, conforme al modo en que se resuelve la cuestión, resulta apropiado que este Tribunal determine el monto de pena que corresponde imponer al acusado. Para ello, cabe precisar que, atento a los hechos y la calificación legal determinada por el jurado popular en su veredicto, la escala penal para la individualización es mínimo tres años y máximo diez años de prisión de cumplimiento efectivo.
Es incuestionable que la determinación de una pena constituye una tarea compleja para quien la debe imponer, pues como bien lo señala Ziffer “es un proceso en el que deben ser clasificados y ponderados distintos tipos de información acerca del hecho y del autor, a fin de lograr la respuesta más equilibrada posible frente al hecho del autor, en sistemas jurídicos que no admiten- al menos, no expresamente- que el castigo, por sí solo sea la respuesta adecuada como reacción frente al delito”. (Ziffer, Patricia S., “Lineamientos de la determinación de la pena”, Editorial Ad-Hoc, 2ª edición, 2013, página 23).
Por su parte la CSJN ha expresado al respecto: “Que la determinación de la pena, además de compadecerse formalmente con la escala autorizada por la figura que reprime la conducta ilícita que se le reprocha al condenado, debe ser adecuadamente fundada de conformidad con las pautas de los arts. 40 y 41 del Código Penal, pues no se trata de un mero cálculo matemático o una estimación dogmática, sino de la apreciación de los aspectos objetivos del hecho mismo y de las calidades de su autor que deben ser ponderados conjuntamente (conf. Fallos: 320:1463; 329:3006; 330:490). El ejercicio de esta competencia para graduar la pena privativa de la libertad, en definitiva, la sanción más gravosa de nuestro ordenamiento jurídico, merece una especial atención por parte de los tribunales en lo que respecta a su fundamentación”. (CSJN, CFP 1710/2012/TO2/17/2/1/RH19 De Vido, Julio Miguel y otro s/ incidente de recurso extraordinario).
Asimismo, cabe consignar que la potestad discrecional del tribunal para determinar la pena incluye la facultad de seleccionar, entre todas las circunstancias del caso, aquellas que se entienden jurídicamente más relevantes a estos fines, lo que implica, lógicamente, la posibilidad de dejar de lado aquellas otras que, a criterio del juzgador, no gozan de entidad suficiente para ser destacadas. De ello se colige, que el tribunal se encuentra autorizado para considerar -dentro de un margen de razonabilidad- que una circunstancia determinada no tiene entidad suficiente o tiene escasa entidad, ya sea como atenuante o como agravante.
Y es que, las circunstancias de mensuración de la pena no computan por sí mismas de manera agravante o atenuante, ni se encuentran preestablecidas como tales, sino que la previsión del artículo 41 CP es abierta y por ello permite que sea el juzgador quien oriente su sentido según el caso concreto (ZIFFER, Patricia, “Lineamientos de la determinación de la pena”, Ad-Hoc, 2° ed., Bs. As., 2005, ps. 100/101; DE LA RÚA, Jorge, “Código Penal Argentino - Parte General”, Depalma, Bs.As., 1997, ps. 698 y 705/706; TSJ).
En razón de lo expuesto, conforme a lo establecido en los artículos 40 y 41 del Código Penal, y con el fin de individualizar la pena, debo computar los agravantes y atenuantes que concurren en el caso concreto.
En esa línea, habré de omitir considerar los agravantes que componen algún aspecto típico de la figura en juego a fin de no comprometer esta tarea bajo criterios de doble valoración.
Hecha la salvedad, computo como agravantes:
a) El contexto de violencia de género (naturaleza de la acción): El hecho por el cual Torres ha sido declarado responsable penalmente constituye una forma de violencia contra la mujer, un típico caso de violencia de género, caracterizado por la doble vulnerabilidad de la víctima –mujer y menor de edad-. En tal sentido, reitero, se trata de una víctima doblemente protegida -perspectiva de niñez y de género- , lo que impone considerar las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en la Convención sobre los Derechos del Niño (Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 20/11/1989 -Ley 23849– Sancionadas 27/09/1990, promulgada el 16/10/1990, publicada B.O. 22/10/1990) y en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscripta en Belém do Pará, República Federativa del Brasil, el 9 de junio de 1994, aprobada por Ley del Congreso n.º 24632, el 13 de marzo de 1996.
En consecuencia, todo hecho de violencia dirigido contra la mujer debe ser ineludiblemente considerado teniendo en cuenta las obligaciones asumidas por el Estado argentino, bajo pena de hacer incurrir al mismo en responsabilidad internacional, no resultando necesario que la cuestión de género se encuentre introducida en la causa, ya que tanto la Convención de Belém do Pará como la Ley n.º 26485 y su decreto reglamentario y el art. 34 de la Convención sobre los Derechos del Niño imponen a los magistrados analizar la cuestión que le fuere sometida a la luz del resguardo de la integridad física, psíquica y sexual de la víctima, no permitiendo que la violencia que ha sufrido beneficie a su agresor (art. 75, inc. 22, de la CN), siempre con la óptica de priorizar el interés superior del niño.
En similar sentido, en V.P.R. V.P.C vs Nicaragua (8 de marzo de 2018), la CIDH reconoció que las medidas especiales de protección a cargo del Estado se basan en que este grupo se considera más vulnerable, lo que además se determina por distintos factores como edad, condiciones particulares de cada persona, grado de madurez, desarrollo etc. En el caso de las niñas, indicó, su vulnerabilidad se ha enmarcado en factores de discriminación histórica que han contribuido a que mujeres y niñas sufran mayores índices de violencia sexual, especialmente en el ámbito familiar.
En definitiva, lo que se viene a decir es que se trata de dos categorías (género y edad) que concurren y aumentan el grado de vulnerabilidad de la víctima.
Considerar en este momento de imposición de la pena la relación desigual y de superioridad, que se genera entre una mujer y un varón en el caso concreto, no implica una doble valoración sino una mirada precisa en cuanto a la naturaleza de la acción. Esta circunstancia se explica como la concreción de esa desigualdad estructural que nos obliga a mirar el mandato de valorar los casos con perspectiva de género. Y, consecuentemente, aumentan la intensidad de la naturaleza de la acción con relación al mínimo legal establecido y permiten elevar la pena en consecuencia.
b) La diferencia etaria entre la víctima y el acusado: esa marcada diferencia de edades entre ambos contribuyó a incrementar la vulnerabilidad de la niña en el caso concreto. Entiendo que la edad de la víctima (6 años al momento en que se iniciaron los hechos) y la diferencia de edad con su abusador (29 años de diferencia etaria) en el contexto concreto de este caso, tiene un nivel de intensidad caracterizada por la superioridad física y psíquica del autor para configurar la situación de fragilidad en la que la menor víctima se ha encontrado inmersa y que ha sido aprovechada aquél.
c) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar: No puedo dejar de considerar en sentido negativo, que la conducta de Torres se llevó a cabo en el seno del domicilio familiar en el que convivían su mujer y sus demás hijos. Esa cotidianeidad del abuso en el ámbito familiar expuso a la víctima a un estado de amenaza constante, de indefensión y a la revictimización diaria, asegurando la impunidad y el silencio. En efecto, el acusado ha aprovechado esa situación de convivencia con la menor para cometer los hechos atribuidos de manera sistemática por un lapso prolongado de tiempo el que se extendió durante 14 años. Ello, revela una mayor culpabilidad y peligrosidad del condenado. La continuidad implica una conducta sostenida y plantificada que excede la mera impulsividad. La reiteración o habitualidad demuestra un patrón de conducta delictiva y una cosificación de la víctima, quien para evitar la continuidad de las agresiones sufridas tuvo que huir de su hogar para irse a vivir con su pareja.
Circunstancia ésta, que fue acreditada por J.R.S, quien relató, en el juicio, que se trató de una convivencia de emergencia por la situación que la víctima estaba viviendo. Todo lo cual gravita en contra del acusado.
Valoro, además, la modalidad de ejecución de los hechos, en razón de las particularidades propias de su realización, los caracterizan como graves (besos en la boca, sentar a M. E. M. T. en sus piernas provocando el roce de su pene con los glúteos de la menor, acostarse en la cama junto a ella y masturbarse a su lado, besar su cuello y orejas, acostarse y apoyar su pierna sobre su vagina y tocar sus pechos y vagina por sobre y por debajo de la ropa). En efecto, estos aspectos fácticos adicionales, distan de un simple y fugaz tocamiento e indudablemente elevan el grado de disvalor del hecho.
d) El daño causado: En el caso, la afección sufrida por la víctima a consecuencia de los hechos por los que resultó condenado Torres quedó debidamente acreditada en el juicio y, por tanto, debe ser valorada como circunstancia agravante a los fines de la determinación de la pena a imponer.
Lo expuesto, se sustenta no sólo en el testimonio brindado por la víctima en la audiencia -relatado con visible angustia, contó las consecuencias en su vida de relación, la vergüenza que le ha generado exponerse a la denuncia y al proceso, la pérdida de contacto con sus hermanos a excepción de C. T., el miedo que siente de que lo sucedido a ella se repita con su hermanita menor F.T., quien convive con el acusado-, sino también, en declaraciones independientes y coincidentes de terceros, entre ellos, su ex pareja J.R.S., su hermano C.T. y su amigo fallecido A.A.M. Dichos testimonios, pese a provenir de personas sin vinculación entre sí, convergen en la descripción de los padecimientos observados en la víctima a lo largo del tiempo, lo que robustece la constatación de un estado emocional afectado como consecuencia de los hechos juzgados.
A su vez, los informes técnicos resultan particularmente relevantes. En tal sentido, las licenciadas en psicología Graciela Moreno de Bergesio y Ana Vanesa Martínez, en el juicio, explicaron que M.E.M.T. presenta indicadores consistentes con haber sido víctima de abuso, descartaron la presencia de patologías que pudieran explicar los síntomas por otra causa y verificaron la existencia de un daño psíquico. En igual dirección, la médica especialista en psiquiatría, Dra. Gallardo, explicó que la víctima desarrolló un mecanismo de disociación afectiva como estrategia de supervivencia, precisando que aproximadamente el 90% de la sintomatología observada se relaciona con el hecho de abuso. Finalmente, concluyó que: “la huella psíquica de un daño no se inventa, sí o sí existió daño psíquico” (audiencia del 02/07/2025, 12:25:50 hs.).
e) La calidad de los motivos que lo llevaron a delinquir: En el caso, los motivos que ha tenido Torres para cometer el injusto no han sido otros que su exclusiva y egoísta satisfacción personal aprovechando el contexto de vulnerabilidad en el que se encontraba la víctima, lo cual indudablemente incrementa el reproche penal hacia el acusado. Su madurez biológica, psíquica y social no resulta compatible con hipótesis de impulsividad juvenil, desinhibición típica de la adolescencia, ni déficits de comprensión normativa, el acusado no tenía motivos para delinquir, no tenía impedimentos para entablar relaciones que satisfagan sus deseos sexuales.
El grado de instrucción, su condición cultural y socio-económica: En el presente caso, quedó acreditado el nivel educativo del acusado, dijo, en el juicio, que le faltó una materia para terminar el secundario, dato que coincide con el aporte brindado en el informe socio ambiental de fs. 117. Y aunque no registra estudios terciarios ni formación académica superior, ha desarrollado actividad profesional independiente, es monotributista. Se ha capacitado en diseño gráfico, fabricación de carteles publicitarios y agente de venta de publicidad en medios radiales. Ha sido propietario de una TV por cable en el Norte de Belén y cuenta con una radio propia que funciona en el domicilio de su casa paterna. Todo ello, indica que el autor cuenta con recursos de formación y experiencia laboral, incorporación de valores de conducta en la vida social y de respeto por el otro, lo cual no puede ser interpretado como una circunstancia neutra o atenuante. Por el contrario, el mayor grado de ilustración y formación de Torres, lejos de impedir la comisión del delito, fue instrumentalizado para manipular, doblegar y silenciar a la víctima. El acceso a un mayor nivel de formación revela un mayor entendimiento de la ilicitud de la conducta lo que debe ser valorado como gravitante de la pena.
En línea con lo argumentado, valoro las conclusiones de la pericia psicológica realizada por la Lic. María Karina Cuello (fs. 80/81, incorporado como prueba a la audiencia de cesura), a lo que se suma, lo expuesto en el juicio por la aludida profesional, en donde aclaró los puntos de pericia solicitados por las partes. En lo pertinente, dijo que Torres no tolera la diferencia, todo es rígido, todo lo que está fuera de lo que él piensa, no existe o lo considera una amenaza sobre la que recae toda la culpa, la desvalorización (día 07/07/20265, hora: 13:48:19). El mundo es como yo lo veo, no se admite la diferencia. Tiene una estructura de personalidad rígida basada en el pensamiento.
No puede empatizar, no puede tolerar la diferencia, todo lo que perturbe sus afectos tiene que ser descalificado, desechado. Tiende a utilizar la simulación y la manipulación como formas de evitar la interpelación sobre las referencias que aporta. Refiere a reglas de funcionamiento rígidas a donde la envoltura familiar es poco permeable, ante lo cual, la exposición proveniente de alguno de los integrantes de ese grupo es literalmente rechazada, negada y recae sobre ese miembro toda la descarga y descalificación.
De lo expuesto se extrae que Torres no da cuenta de ninguna actitud de introspección. Por el contrario, esa actitud descripta por la licenciada en psicología ha sido la observada en el juicio, en tanto del soporte fílmico audiovisual, se aprecia la forma y los términos en la que el acusado se refirió a su hija, al continuar revictimizándola con declaraciones justificantes y descalificantes, las que, incluso, no pudo controlar y utilizó para referirse a la letrada representante de la parte querellante. Ello, refleja una personalidad con escasa o nula empatía y justifica una respuesta penal más severa.
f) Los informes socio ambientales: incorporados como prueba a la audiencia de cesura, tampoco benefician al acusado en tanto presentan indicadores negativos que impactan desfavorablemente en la determinación judicial de la pena. El imputado continúa conviviendo con su hija menor de edad y con dos nietos también menores de edad, en un entorno habitacional desorganizado y con hacinamiento. Esta circunstancia reproduce un contexto de exposición de menores a situaciones de riesgo, lo que evidencia la persistencia del peligro y la posibilidad de reiteración delictiva.
El informe socio ambiental describe dos dormitorios sin camas suficientes, falta de organización, desidia y un bajo nivel de aspiraciones. Estas condiciones reflejan un ambiente de negligencia estructural que no brinda resguardo ni contención, particularmente grave cuando se trata de la convivencia con menores de edad. Tal contexto es incompatible con cualquier atenuación de la pena y agrava la valoración de la peligrosidad subjetiva del imputado. Por otra parte, cabe consignar que, la permanencia de Torres en el mismo ámbito convivencial con menores de edad reproduce el contexto de vulnerabilidad que permitió la comisión del hecho, circunstancias éstas que no resultan favorables al acusado.
Como atenuantes:
a) Debo decir que no encuentro más circunstancias para valorar, en función de las características del hecho, que la falta de antecedentes del acusado, es su primera condena (fs. 353).
En tal sentido, cabe consignar, dado la índole del delito que ha sido objeto de juzgamiento, que los vínculos afectivos de los que da cuenta el informe socio ambiental actualizado que mantiene el acusado con su hija Z., con su sobrina y con su novia –personas éstas que declararon como testigo en el juicio-, no resultan relevantes. Y es que, tal consideración debe ser valorada dentro del límite del hecho mismo y, en el caso, se trata de una conducta de violencia sexual cometida por el imputado al amparo de la soledad, fuera de la vista de sus vecinos y familiares, quienes, por el desconocimiento de éste modo de actuar, pueden considerar correcto su comportamiento. Por ello, lo expuesto por las referidas testigos no debe ser ponderado como circunstancia atenuante.
Por otro lado, con relación a la conducta procesal asumida por el imputado durante la tramitación del proceso, cabe consignar que tal situación tampoco puede valorarse como atenuante, ya que el acusado no hizo más que cumplir con su obligación. No hay, en el caso, ninguna situación particular que deba ser tomada en especial consideración, sino que se trata de un mandato legal que deben cumplir todas las personas sometidas a proceso. En ese sentido, se trata de una circunstancia cuya consideración resulta neutra en esta actividad puntual -la determinación de la pena-.
La falta de arrepentimiento no perjudica al acusado, ya que nadie está obligado a confesar su participación en el hecho. En tal sentido, valorar negativamente la falta de arrepentimiento del autor a los efectos de agravar la pena, vulneraría la prohibición constitucional que lo protege de la autoincriminación.
Ahora bien, con relación al punto de partida para determinar la pena justa en el caso, siguiendo el criterio fijado por esta Sala Penal (“Moreno”, S. n° 21/2025; “Morales”, S. n°49/2025) y, asumiendo la escala concreta del caso que establece un mínimo de 3 (tres) años partiré de aquél y de allí elevaré y disminuiré según los agravantes y atenuantes valorados anteriormente.
Por ello, en atención a las circunstancias agravantes y atenuantes ponderadas precedentemente considero justo imponer a Luis Eduardo Jorge Torres la pena de cinco (5) años de prisión efectiva por ser autor penalmente responsable del delito abuso sexual simple continuado agravado por el vínculo, previsto y penado por los arts. 119 primer párrafo en función del inc. b del último párrafo, 45 y 55 “contrario sensu”, 5, 12, 40 y 41 del Código Penal. Con costas (art. 29 inc. 3° CP y arts. 407, 536 CPP).
De conformidad a lo expuesto, propongo hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Dr. Miguel Andrés Mauvecín, en representación del Ministerio Público Fiscal y, en consecuencia, casar la sentencia recurrida únicamente en cuanto al monto y modalidad de cumplimiento de la pena impuesta. Revocar el punto I) de la parte resolutiva de la S. n° 25/2025 e imponer a Luis Eduardo Jorge Torres la pena de cinco (5) años de prisión efectiva por ser autor penalmente responsable del delito abuso sexual simple continuado agravado por el vínculo, previsto y penado por los arts. 119 primer párrafo en función del inc. b del último párrafo, 45 y 55 “contrario sensu”, 5, 12, 40 y 41 del Código Penal. Con costas (art. 29 inc. 3° CP y arts. 407, 536 CPP). Sin costas. Téngase presente la reserva del caso federal. Hágase saber lo resuelto al Juzgado de Familia en turno, a los fines de que se dé intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces, para que evalúe la situación de la hija menor que reside con el condenado y adopte, en su caso, las medidas de protección que estime pertinentes, en resguardo de su interés superior (arts. 3 y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño; arts. 9, 33 y 35 de la Ley 26.061). Así voto.
A la Segunda cuestión, la Dra. Saldaño, dijo:
Adhiero a los motivos y a la solución propugnada por el Sr. Ministro preopinante, por ello, doy mi voto en el mismo sentido.
A la Segunda cuestión, la Dra. Rosales Andreotti dijo:
El Sr. Ministro que lidera el acuerdo da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto y me expido en igual sentido.
Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la Sala Penal de la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA,
1. Declarar formalmente admisible la impugnación interpuesta por el Dr. Miguel A. Mauvecín, en su carácter de fiscal del juicio por jurados, en contra de la Sentencia n° 25/25 dictada por el Juez Director Dr. Jorge Rolando Palacios.
2. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Dr. Miguel Andrés Mauvecín, en representación del Ministerio Público Fiscal. Casar la sentencia recurrida únicamente en cuanto al monto y modalidad de cumplimiento de la pena impuesta. Revocar el punto I de la parte resolutiva de la sentencia n° 25/25 e imponer a Luis Eduardo Jorge Torres la pena de CINCO (5) años de prisión efectiva por ser autor penalmente responsable del delito abuso sexual simple continuado agravado por el vínculo, previsto y penado por los arts. 119 primer párrafo en función del inc. b del último párrafo, 45 y 55 “contrario sensu”, 5, 12, 40 y 41 del Código Penal. Con costas (art. 29 inc. 3° CP y arts. 407, 536 CPP).
3. Sin costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).
4. Téngase presente la reserva del caso federal.
5. Hágase saber lo resuelto al Juzgado de Familia en turno, a los fines de que se dé intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces, para que evalúe la situación de la hija menor que reside con el condenado y adopte, en su caso, las medidas de protección que estime pertinentes, en resguardo de su interés superior (arts. 3 y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño; arts. 9, 33 y 35 de la Ley 26.061).
6. Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.
FIRMADO: Dres. María Fernanda Rosales Andreotti –Presidenta de la Sala Penal-, Néstor Hernán Martel y Rita Verónica Saldaño. ANTE MI: Dra. Érica Gorkiewicz Moroni –Secretaria (s/l) - ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.
Fin de la sentencia