Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la Dra. Astrid Georgina Acuña, apoderada de la querellante particular M.EM.T. (arts. 430 y 457 del CPP).
2Con costas (arts. 536 y 537 del CPP).
SENTENCIA NÚMERO: CINCUENTA Y UNO
En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veinte días del mes de octubre de dos mil veintiséis, la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por la Dra. María Fernanda Rosales Andreotti como Presidenta, el Dr. Néstor Hernán Martel y la Dra. Rita Verónica Saldaño; se reúne en acuerdo para entender en el Recurso de Casación deducido en expte. Corte nº 088/25, caratulados: “Torres, Luis Eduardo –abuso sexual, etc.- s/ rec. de casación interpuesto por la querellante particular c/ Sent. n° 25/25 de expte. n° 19/24”.
Veredicto y Sentencia:
Por Sentencia nº 25 de fecha 07 de agosto de 2025, el Juez Director del Juicio por Jurados, en lo que aquí concierne, resolvió: “I) Declarar a Jorge Luis Eduardo Torres, de condiciones personales ya mencionadas en la causa, autor penalmente responsable -atento al veredicto de culpabilidad dictado por el jurado popular-, del delito de abuso sexual simple en forma continuada, agravado por el vínculo; previsto y penado por los arts. 119 primer párrafo en función del inc. b) del último párrafo, 45 y 55 a contrario sensu del CP; imponiéndole la pena de tres años de prisión cuya ejecución se deja en suspenso en los términos de los arts. 5, 26, 40 y 41 del CP. Con costas (arts. 407, 536 del CPP y art. 29 inc. 3° del CP). Asimismo, deberá cumplir con las siguientes reglas de conducta por igual tiempo de condena: (…)”.
Hecho:
El hecho por el cual el acusado llegó a juicio es el siguiente: “Que en días y horarios que no se pudieron determinar con precisión, pero que podrían situarse aproximadamente en el período de tiempo comprendido a partir del día 06/10/2003, cuando M.E.M.T. cumplía 8 años de edad – y la primera semana de julio de 2017, de manera continuada, en diferentes lugares, pero principalmente en el domicilio sito en calle Corrientes n° 414 y en el domicilio sito en B° Periodistas, casa n° 83, ambos de esta ciudad Capital, Luis Eduardo Jorge Torres -con el propósito de satisfacer sus apetencias sexuales- abusó sexualmente de su hija M.E.M.T. mediante actos consistentes en besos en la boca, en sentar a M.E.M.T. en sus piernas, provocando el roce de su pene con los glúteos de la víctima, en acostarse en la cama junto a M.E.M.T. y masturbarse a su lado, en acostarse encima de M.E.M.T. y besarle el cuello y las orejas, en acostarse junto a M.E.M.T. y apoyar su pierna en la vagina de la víctima o tocar sus pechos y vagina por debajo y encima de su ropa, configurando todo ello un sometimiento gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, lo que produjo en M.E.M.T. daño en su salud mental”.
Recurso:
Contra este fallo la Dra. Astrid Georgina Acuña, apoderada de la querellante particular M.E.M.T., interpone recurso de casación en contra de la Sentencia n° 25/2025. Circunscribe sus agravios a lo previsto en el artículo 454 inciso 3 del CPP.
Agravios del recurso de casación interpuesto por la parte querellante:
I. Cuestión preliminar:
La recurrente plantea la inconstitucionalidad del art. 457 del CPP por omisión, en tanto no contempla la posibilidad de que el querellante particular impugne las sentencias condenatorias. Considera que, ello, genera una restricción para el acceso de la víctima a la justicia y a la protección judicial efectiva.
Sostiene que tal limitación no se da ni en el Código Procesal penal de la Nación (art. 460) ni en el nuevo Código Procesal Federal el que en su art. 353 expresa: “Legitimación de la querella: El querellante podrá impugnar el sobreseimiento, la absolución y la condena si la pena aplicada fuere inferior a la mitad de la pena pretendida …”.
Señala que en el plenario solicitó que el imputado fuera declarado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple en forma continuada agravado por el vínculo (art. 119, primer párrafo en función del inc. b) del último párrafo del CP) y se le aplique la pena de siete años de prisión.
Invoca como motivo sustancial para casar la sentencia, la doctrina de la arbitrariedad, al entender que hubo una falta de proporcionalidad entre la pena impuesta y la culpabilidad del imputado, como también, las consideraciones efectuadas en torno a la naturaleza de acción y del daño causado, etc. En resumen, se vulneró el debido proceso, porque el fallo no se encuentra debidamente fundado.
Alega que tratándose de un caso de violencia de género la denegación de la vía intentada comprometería la responsabilidad internacional del Estado argentino (art. 7, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer).
Por tales motivos, la impugnante solicita se reconozca su legitimación activa y se tenga habilitada la vía para el tratamiento de los agravios esgrimidos.
II. Primer motivo de agravio: Argumento aparente para excluir el daño psicológico:
En este punto, la impugnante se opone al razonamiento efectuado por el Juez Director en tanto afirma que el daño psicológico no puede ser reintroducido por vía de la mensura punitiva sin violar el principio de congruencia, el derecho de defensa y la estructura del juicio por jurados, argumentando que el jurado decidió excluir el agravante previsto en el art. 119, último párrafo, inc. a).
Al respecto, alega la recurrente que este fundamento es aparente y sin sustento legal, ya que dicho agravante debió haber sido valorado como una circunstancia relevante para la determinación de la pena sin que implique modificar la estructura del delito por el que fue declarado culpable el acusado, en tanto refleja la intensidad del sufrimiento causado y la necesidad de una respuesta proporcional frente al delito.
En este sentido, señala que, esta interpretación no implica una doble valoración ni la violación al principio non bis in ídem, porque en la etapa de la mensuración se ponderan las consecuencias y secuelas del hecho para fijar la pena.
Señala que el agravante del art. 119, cuarto párrafo, inc. a) del CP, está constituido por el resultado lesivo ocasionado, el que debe ser entendido como graves problemas de conducta que superan los parámetros que ocasionaría una inconducta sexual de esta clase. En este caso, su asistida comenzó a sufrir los abusos sexuales por parte de su progenitor a los seis años de edad, sometimiento que perduró hasta los diecinueve años.
Si bien el jurado pudo haber entendido que no quedó acreditada la existencia de un daño grave, ello, no impide al juez director que en la etapa de mensuración de la pena justiprecie otras circunstancias comprobadas del hecho.
Si bien estas situaciones poseen una intensidad menor, importan también una afectación psíquica derivada del abuso sexual o bien por maniobras llevadas a cabo por el acusado para silenciar a la víctima y lograr su impunidad. Estas circunstancias -entiende- son importantes para graduar la pena, si de la prueba surge que el daño causado es superior al mínimo verificable.
En este caso, el juez incumplió con su obligación de administrar justicia y optó por forzar conclusiones personales sin respaldo jurídico.
Así, resulta falsa su apreciación cuando refirió que el jurado excluyó el daño psíquico genérico; cuando lo que el jurado consideró fue que la agravante típica no fue acreditada.
Luego, la recurrente sostiene que el magistrado debió fundar el daño psíquico genérico, sin embargo, aludió a conceptos dogmáticos, en función de las características del hecho y el impacto que produjo en la víctima.
Los testimonios de M.E.M.T. (víctima), de C.T. (hermano) y de J.S. (expareja), sumados a las pericias psicológicas y psiquiátricas agregadas a la causa acreditan el daño psicológico, elementoséstos con que el juez director debió ponderar las consecuencias del hecho.
Señala que la CIDH y la CSJN, en casos de violencia sexual, dijeron que debe atenderse a la doble victimización y al impacto por razones de género o edad, lo que habilita a valorar el daño psicológico como un factor que aumenta la gravedad concreta del hecho, siempre que esté probado y causalmente vinculado al abuso y se fundamente con base en los arts. 40 y 41 del CP.
Segundo motivo de agravio: Omisión al analizar la naturaleza de la acción y los medios empleados para ejecutarla. Falta de perspectiva de género y de niñez.
En este punto, cuestiona la recurrente lo esgrimido por el juez director respecto a la modalidad de ejecución del delito, la naturaleza de la acción y los medios empleados. Al respecto, dice que el fallo adolece de fundamentación aparente, porque efectúa referencias genéricas y omite las circunstancias concretas, lo que deriva en un déficit motivacional que configura un supuesto de sentencia arbitraria que afecta las reglas del debido proceso, derecho de defensa y acceso a la justicia.
Sostiene que con el fin de analizar el grado de culpabilidad es necesario examinar el contenido que tuvo en el caso la intrusión en la vida sexual de la víctima.
En este sentido, corresponde meritar como agravante que no se trató de un único episodio intrusivo en la esfera sexual de la menor, con connotación de fugacidad o brevedad, sino una trayectoria de sometimiento con un patrón de violencia sostenida, lo que habla también a favor de un mayor grado de reprochabilidad.
Por otra parte, se acreditó que el imputado desplegó acciones con el propósito de que la víctima guarde silencio y de este modo perpetuar su impunidad; circunstancia ésta, que incrementa el grado de reprochabilidad de su conducta.
En síntesis, los intentos por parte del acusado de mantener su impunidad, sumado a las conductas desplegadas, deben entenderse como consecuencias del delito. Circunstancias éstas, relatadas en el testimonio de la víctima y corroborado por prueba periférica.
Entiende que la conducta del acusado, posterior al delito, debió ser ponderada para agravar su pena, o al menor, explicar fundadamente por qué no lo consideró así.
Ahora bien, el juez omitió expedirse con relación a los medios empleados y la violencia desplegada por parte del acusado, lo que denota una total carencia de perspectiva de la niñez, cuando este abuso constituye una de las formas más extremas de violencia, porque arremete contra el desvalimiento y vulnerabilidad de la niña; como también, falta de análisis de la prueba y de la magnitud del injusto.
A continuación, cuestiona la falta de consideración como circunstancia agravante, del aprovechamiento de la doble vulnerabilidad de la víctima; cuando la doctrina y la jurisprudencia la incluyen dentro de la naturaleza de la acción. Es decir, injustificadamente fue ignorado por el magistrado, cuando era su obligación valorar esta circunstancia al momento de analizar la naturaleza objeto del hecho.
Tercer motivo de agravio: errónea aplicación de la ley sustantiva al regular los criterios de mensuración de la pena:
En este punto, controvierte que no se ponderó la edad del imputado al momento de la comisión de los hechos, lo cual constituye un agravante que fundamenta su mayor autodeterminación en el control de impulsos y en las consecuencias de sus actos.
Por otra parte, el rol parental agrava la figura penal, por la violación a los deberes de responsabilidad parental, lo que no puede convertirse en la válvula de escape de las circunstancias agravantes particulares que presenta el hecho juzgado.
Con relación a su nivel educativo (le falta una materia para completar el nivel secundario), el acusado tiene plena conciencia de las prohibiciones penales, lo que aumenta su reprochabilidad a la hora de cometer el delito.
Tampoco fueron abordados por el juzgador los motivos que lo impulsaron a delinquir, a pesar de ser un agravante. Sin embargo, quedó acreditado en el plenario que Torres no posee impedimentos para establecer relaciones que lo satisfagan sexualmente, ya que a la época de los sucesos estaba casado y en la actualidad mantiene vínculo de pareja con la Sra. Luna, que compareció al juicio como testigo a su favor.
Entonces, las circunstancias que lo motivaron a delinquir revelan una profunda deficiencia moral por parte del acusado, que evidencia su fragilidad inhibitoria y peligrosidad.
Cuarto motivo de agravio: Imposición de pena y modalidad de ejecución.
Al respecto, la recurrente sostiene que el fallo que cuestiona no ponderó adecuadamente las pautas de los arts. 40 y 41 del CP.
De esta manera, sostiene que al momento de individualizar la pena en el mínimo legal y con modalidad de ejecución en suspenso, el juez director omitió alcanzar un equilibrio razonable entre los principios de culpabilidad, proporcionalidad y razonabilidad. Esto, llevó a generar una respuesta punitiva estatal desproporcionada frente a la gravedad del delito cometido, que derivó en la afectación del derecho de la víctima a una tutela judicial efectiva y la colocó en una situación de vulnerabilidad y revictimización.
Sostiene que la pena aplicada debe ser invalidada, pues no se sustenta ni en la ley ni en las circunstancias comprobadas de la causa.
La sanción debe ser proporcional al hecho cometido y para ello se debe tener en cuenta la modalidad, características y circunstancias del hecho, la extensión del daño, el grado de culpabilidad y condiciones personales.
Un pronunciamiento judicial que, pese a la gravedad del hecho, opta por una sanción leve, proyecta en la víctima un mensaje de desprotección, y al imputado, un mensaje de tolerancia que no le permitirá internalizar la gravedad de sus actos ni temer a sus consecuencias, socavando la función preventiva y disuasoria de la pena. En síntesis, refuerza estereotipos de impunidad que el propio sistema de justicia tiene la obligación de erradicar.
En consecuencia, solicita al tribunal revisor, establezca una pena que, dentro del marco legal aplicable, sea proporcional a la lesividad del hecho y la culpabilidad del autor y que refleje el compromiso del Estado con la tutela judicial efectiva de las víctimas.
Por último, efectúa reserva del Caso Federal.
Audiencia de expresión de agravios:
El día 14 de octubre de 2025 se llevó a cabo la audiencia oral ante este Tribunal a los fines de que la recurrente informe acerca de los motivos de agravios postulados en el recurso.
Intervinieron en la audiencia: La Dra. Astrid Georgina Acuña como apoderada de la particular damnificada M.E.N.T.; por el Ministerio Público Fiscal, el Dr. Miguel Andrés Mauvecín y por la defensa del imputado, Luis Eduardo Jorge Torres, el Dr. Luis Marcos Gandini.
La parte recurrente centra sus agravios en el inc. 3° del art. 454 del CPP.
Orden de votación:
De acuerdo con el resultado del sorteo efectuado para determinar el orden de votación (fs. 22), nos pronunciaremos de la siguiente manera: 1º Dr. Martel, 2º Dra. Saldaño y 3º Dra. Rosales.
Cuestiones a resolver:
El Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:
1. ¿Es admisible el recurso? En su caso, ¿corresponde atender el planteo de la parte querellante?
A la Primera Cuestión, el Dr. Martel dijo:
Como primera cuestión a resolver, se debe precisar que la decisión impugnada, en tanto se trata de una sentencia condenatoria, es definitiva y en consecuencia susceptible de revisión por esta Corte de Justicia.
Del mismo modo, se verifica que el recurso es presentado en forma y tiempo oportuno conforme lo dispuesto por el 460 del CPP.
Así las cosas, expuesto lo relativo a los requisitos formales de admisibilidad del recurso de casación planteado, corresponde resaltar que nuestra ley adjetiva establece que las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos, y que el derecho a recurrir corresponderá tan solo a quien le sea expresamente acordado (art. 430 del CPP).
En el caso, la parte querellante reconoce expresamente la limitación normativa, es decir, su falta de legitimación procesal para recurrir la sentencia condenatoria dictada en autos, razón por la cual, plantea como cuestión previa se declare la inconstitucionalidad del art. 457 CPP.
En tal sentido, sostiene que la norma cuestionada vulnera los derechos de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, en tanto impide a la víctima recurrir el pronunciamiento que considera lesivo a sus intereses. Afirma, además, que los ordenamientos procesales de orden nacional y federal reconocen la legitimación del querellante particular para interponer recursos contra sentencias condenatorias, circunstancia que -a su entender- revela una restricción injustificada en el régimen local.
Sin embargo, adelanto que de los argumentos que esgrime no surge una fundamentación concreta que demuestre la efectiva contradicción del artículo 457 del Código Procesal Penal con alguna cláusula constitucional o convencional de jerarquía superior.
En efecto, la recurrente no demuestra la incompatibilidad que predica del art. 457 CPP con la CN ni con la genérica invocación de tratados internacionales. No lo hace, con alegar que otros códigos procesales (del ámbito nacional y federal) sí reconocen esa legitimación, en tanto no basta comparar con otros ordenamientos procesales ni afirmar una afectación genérica; se requiere fundamentar la incompatibilidad normativa de manera precisa.
Sobre el tema, el Máximo Tribunal ha establecido una doctrina clara y constante en el sentido de que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, pues las leyes dictadas de acuerdo a los mecanismos previstos en la Carta Fundamental gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (Fallos: 314:424; 319:178; 266:688; 248:73; 300:241), y de incompatibilidad inconciliable (Fallos: 322:842; y 322:919); y cuando no exista la posibilidad de otorgarle una interpretación que se compadezca con los principios y garantías de la Constitución Nacional (cfr. C.S.J.N.: Fallos 310:500, 310:1799, 315:1958, entre otros). Esas razones conllevan a considerar la declaración de inconstitucionalidad como última ratio del orden jurídico (Fallos 312:122; 312:1437; 314:407; y 316:2624), es decir, como procedente sólo cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución (Fallos: 316:2624).
Por todo ello, dado que no corresponde descalificar disposiciones legales en abstracto, al no demostrarse que per se la no recurribilidad aplicada en la especie contradiga el ordenamiento constitucional, ni formularse reparos de otra índole contra la legislación bajo examen, la impugnación deviene insuficiente.
Por ello, el planteo de inconstitucionalidad del art. 457 CPP no resulta procedente.
Resuelto lo anterior, debo decir que, con respecto a la legitimación activa del querellante particular para recurrir en casación la sentencia condenatoria del imputado, seguiré el criterio sustentado en distintos precedentes (S. nº 21/22, S. n °23/22, S. n° 08/23, 44/23, S. n° 47/23, S. n° 68/2024 entre otros), en donde sostuve que la redacción del artículo que el art. 430 del CPP consagra el principio de taxatividad al expresar que, “las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos”. Por su parte, el art. 457 del CPP, reza: “El querellante particular podrá impugnar las sentencias mencionadas en los incs. 1 y 2 del artículo anterior, y los autos que pongan fin a la pena o impidan la prosecución de las actuaciones”.
Al establecer las reglas generales aplicables a los recursos, la ley, como expresé, proclama un criterio de taxatividad, disponiendo que las resoluciones sólo sean recurribles por los medios y en los casos expresamente establecidos por ella. De tal modo, si la resolución que se ataca no está captada como objeto impugnable dentro del índice consagrado por la ley adjetiva, el recurso es formalmente improcedente, excepto se introduzca dentro de la vía recursiva, la discusión respecto de la constitucionalidad de las normas que impiden su procedencia, discusión que, en el caso, conforme los argumentos dados precedentemente, resulta improcedente.
En ocasión de votar, adhiriéndome a lo pronunciado por mis colegas respecto de la legitimación del querellante particular para cuestionar un fallo condenatorio, sostuve acertada la decisión de declarar inadmisible el recurso de Casación interpuesto por la Querella, en virtud del criterio que aun mantengo, expuesto en los precedentes, Exptes. Corte nº 047/21, 067/21 y 063/22, donde confirmo que “ha existido tutela judicial efectiva”, por cuanto la pretensión punitiva de la parte, con los presupuestos procesales para ello, obtuvo, al igual que ahora, respuesta razonablemente fundada de parte del Tribunal de Juicio, por la que estimo improcedente el control del fallo en casación.
Efectivamente, en la Sentencia N° 23/2022 en el expte. Corte nº 047/21, caratulados: “Cuello, Cristian Orlando -abuso sexual, etc.- s/ rec. de casación c/ sent. nº 040/21 del expte. nº 050/21 interpuesto por el apoderado de la querellante particular, de fecha 09 de agosto del 2022, consideramos que, “…Además, cabe considerar que en materia recursiva rige el principio según el cual el interés es la medida del recurso. Por ello, al menos en principio, la sentencia condenatoria no es recurrible por la querellante particular; debido a que su contenido no es jurídicamente desfavorable al interés de esa parte (art. 457 del Código de procedimientos en la materia)…”;“..Así, no aparecen afectadas las garantías que rodean la tutela judicial de la víctima del delito, cuya participación estuvo garantizada en el juicio culminado con el dictado de una sentencia que objetivamente considerada, es favorable a su interés persecutorio y condenatorio”.
Las exigencias establecidas en orden a la legitimidad del querellante para interponer el recurso de casación en contra de una decisión condenatoria y sus razones para rechazarla, en caso de no cumplirlas, se han mantenido en los distintos precedentes de este Tribunal, y en el caso bajo examen no se introdujo ningún planteo, ni aun en el esfuerzo del recurrente plasmado en una enumeración de garantías supuestamente afectadas (acceso de la víctima a la justicia, debido proceso, derecho a la jurisdicción), que logre conmover o autoricen la revisión de la misma.
En este sentido, se expuso, en otro de los precedentes de este tribunal, más precisamente en Sentencia nº 8/2023, de fecha 09 de marzo de 2023, dictada en expte. Corte nº 063/22, caratulados: “Ferreyra, Horacio Raúl -homicidio culposo- s/ rec. de casación interpuesto por el querellante particular c/ sent. nº 45/22 de expte. nº 011/22”, que: “El recurrente omite toda referencia a dicha norma, con lo cual no se hace cargo del óbice formal que establece. No lo hace con invocar el art. 18 de la CN, el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos o el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en tanto no ofrece un desarrollo argumental que demuestre el alcance que sobre esa base parece asignarle al derecho que dichas normas tutelan, de acceso a justicia y a la tutela judicial efectiva. De tal modo, carece de fundamento suficiente la aparente pretensión de tener por comprendida en esas garantías el derecho invocado en las presentes, de la parte querellante a recurrir la sentencia condenatoria…”.
Advierto también, que la actuación del querellante particular en el sub examine, como en las causas anteriormente resueltas, se presentan como una manifestación garantizada del derecho a la jurisdicción y del derecho a la tutela judicial efectiva, en un proceso en el que se respetó y aseguró debidamente su participación.
Insisto, se preservó debidamente el derecho a la “tutela judicial efectiva” (CADH, 25), extensible al logro del enjuiciamiento y castigo del autor del ilícito.
Por ello, con fundamento en los fallos citados de esta Corte de Justicia y la citada norma procesal, no encontrándose legitimado el querellante para discutir la solución punible determinada en la sentencia condenatoria, no pueden ser de recibo los embates pretendidos por la recurrente en contra de la misma y, en consecuencia, a la primera cuestión cabe responder negativamente. Así voto.
A la Primera Cuestión, las Dras. Saldaño y Rosales Andreotti dijeron:
La primera cuestión nos remite al juicio de admisibilidad del recurso de casación interpuesto por la representante legal de quien se ha constituido formalmente como querellante particular, M.E.M.T., por su condición de víctima en el proceso, encontrándose a cargo de esta Sala Penal pronunciarse sobre tal extremo de manera circunstanciada, en tanto, la satisfacción de los requisitos legales previstos posibilitará el examen de los agravios articulados por quien recurre.
Adelantamos opinión que, en coincidencia con lo decidido por el Ministro emisor del primer voto, el recurso es formalmente inadmisible.
Ello es así, porque constituye una regla el hecho de que únicamente cabe admitir un recurso que, además de estar previsto en la ley, respete estrictamente el principio de la formalidad, de conformidad con el procedimiento aplicable.
Entonces, en primer lugar, el caso ha sido sometido a enjuiciamiento de juicio por jurados previsto en la Ley n° 5719 de la provincia, por lo que rige la misma en la cuestión atinente a la vía recursiva, con expresa aplicación supletoria del Código Procesal Penal (arts. 93 y 94).
Al verificar lo previsto en este último, rigen como requisitos exigibles: - requisitos formales de modo, tiempo y lugar (460 CPP); - que el recurrente tenga derecho de impugnación (art. 457 CPP); - que la resolución sea recurrible (art. 455 CPP); - expresión de motivos, es decir, vicios o errores jurídicos in iudicando o in procedendo (conforme art. 454 CPP).
El presente recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma oportunos, y se dirige contra una resolución que, por ser condenatoria, pone fin al proceso y es definitiva.
Sin embargo, el obstáculo tiene lugar a partir del análisis de la legitimación de quien recurre, querellante particular, quien no la tiene acordada por la ley contra sentencia condenatoria.
En primer lugar, por aplicación de la regla general que establece el art. 430 -me permito su transcripción por lo claro, sencillo y contundente de sus términos-: “Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente acordado, siempre que tuviere un interés directo. Cuando la ley no distinga entre las diversas partes, aquél pertenecerá a cualquiera de ellas”.
El párrafo “sólo a quien le sea expresamente acordado”, nos remite, en el caso concreto, a la previsión del art. 457 -siempre de nuestro código de procedimientos provincial-, y el mismo por remisión al artículo inmediato anterior -que prevé la legitimación del Ministerio Público Fiscal-, reconoce expresamente a favor del querellante particular, dos supuestos distintos al que nos ocupa -sobreseimientos/absolución-.
Entonces, sin lugar a dudas, en nuestro sistema procesal el querellante carece de legitimación subjetiva para recurrir en casación en aquellos casos en los que ha recaído condena y en aquellos en que haya recaído un auto que ponga fin a la pena, o haga imposible que continúen las actuaciones, o que deniegue la extinción, conmutación o suspensión de la pena (supuestos reconocidos sólo a la parte acusadora pública como titular de la acción penal). La voluntad legislativa es clara.
Ahora bien, dos cuestiones atinentes a esta falta de legitimación del querellante deben ser abordadas con detenimiento. Por un lado, el auto interlocutorio n° 35/2025 del Juez Director al conceder el recurso. Por el otro, la inconstitucionalidad del art. 457 del CPP por omisión, planteada por la recurrente.
1).- El Juez Director en el análisis de admisibilidad que se encuentra a su cargo, si bien llega a la misma conclusión de falta de legitimación del querellante para recurrir sentencias condenatorias, apoyándose en precedentes de esta Corte de Justicia, concluye que corresponde conceder el recurso de casación interpuesto por la Dra. Astrid Acuña, en virtud del Auto Interlocutorio n° 17/25 de fecha 8/4/2025 que, por mayoría, resolvió otorgar al querellante mayores potestades impugnativas.
Habiendo formado parte de tal mayoría, entendemos que corresponde aclarar, no sólo que aquel caso y el presente difieren en distintos aspectos, sino también, que nuevos y mejores argumentos dan lugar y justifican que modifiquemos nuestra postura sentada en aquel, como excepción al seguimiento del precedente horizontal.
En este punto vale recordar lo sostenido por María Angélica Gelli, cuando argumenta que, si bien, las máximas instancias judiciales deben ser guardianas de la seguridad jurídica y la previsibilidad del ordenamiento, no debe concebirse al precedente como una estructura petrificada, siendo posible cambiarlo siempre que el apartamiento de un precedente propio cumpla con una exigente fundamentación justificatoria o, los hechos del nuevo caso no sean sustancialmente análogos a los del anterior.
2).- En pleno entendimiento de que la ley procesal no acuerda legitimación para recurrir sentencia de condena al querellante particular, la recurrente plantea la inconstitucionalidad por omisión de la norma aplicable.
Primero, debemos tener en cuenta que el art. 456 del código de rito acuerda esa posibilidad al Ministerio Público Fiscal en el inciso tercero, no obstante, al momento de hacer lo propio a favor del querellante, sólo incluye los supuestos contemplados en los incisos uno y dos de la primera norma. Entonces, como sostuvimos anteriormente, la voluntad legislativa es clara y no omisiva como aduce la recurrente.
La representante de la querella sostiene que esa omisión da lugar a la inconstitucionalidad del art. 457 del CPP, por supuesta restricción del acceso de la víctima a la justicia y protección judicial efectiva a la que se comprometió el Estado argentino.
Agrega como fundamento la regulación del Código Procesal Penal de la Nación y el nuevo Código Procesal Federal, profundizando sobre sus alcances y culmina con la cita de la normativa internacional aplicable a los casos de violencia de género.
Sin embargo, omite la recurrente:
- que el “interés es la medida del recurso”. El imputado fue condenado, y tal sentencia condenatoria satisface el interés persecutorio de la parte querellante.
- hay sentencia condenatoria y por ende definitiva en el proceso del que la querella formó parte, por lo que la víctima ha gozado del acceso a la justicia y de la protección judicial efectiva, aunque sostenga que ellas fueron vulneradas por la pasividad del legislador que omite acordarle posibilidad recursiva contra la sentencia de condena.
- nuestra provincia cuenta con Código Procesal Penal propio (art. 121 CN), por lo que la comparación que la recurrente realiza trayendo a colación cuerpos normativos no aplicables en nuestra justicia provincial, no tiene el carácter dirimente que pretende asignarle.
No está, en consecuencia, suficientemente fundado el pedido de reconocimiento de legitimación subjetiva -lo que sería sólo posible con declaración de inconstitucionalidad mediante-, para recurrir sentencia condenatoria.
Tampoco lo está, la declaración de inconstitucionalidad del art. 457 del CPP por omisión del legislador provincial, el que no incluye ese tipo de resoluciones respecto a todas las partes, por lo que una exégesis distinta no se justifica con los argumentos que presenta la recurrente.
Debe tenerse presente que los derechos constitucionales que le acuerdan a la víctima el derecho a la tutela efectiva y al recurso, obligan a que la legislación infraconstitucional les otorgue las facultades necesarias para su ejercicio. En este sentido, la legislación procesal provincial ha previsto la participación plena de la víctima en distintas etapas del proceso. Sin embargo, debe tenerse presente que esos derechos pueden ser reglamentados en su alcance conforme lo prevé el art. 28 de la Constitución Nacional y el art. 30 de la CADH.
Como lo sostiene Pérez Barberá respecto del derecho a recurrir del acusador privado “...sus facultades impugnaticias surgen del derecho a exigir del Estado determinados actos o prestaciones, y no determinadas abstenciones. Ese derecho, al igual que el del ministerio público, no será constitucionalmente objetable (en tanto puede decirse que tiene base en los arts. 8, inc. 1 in fine y 25, inc. 1 de la CADH). Pero ni es técnicamente una garantía ni se trata, tampoco aquí, de un derecho constitucional a recurrir en el sentido fuerte de que sería inconstitucional que esa facultad no le sea concedida, que es lo que sí ocurriría si un código procesal de nuestro derecho interno no concediera al condenado un recurso contra la sentencia que lo declara culpable.” Derecho Procesal Penal, Tomo IV, Los procedimientos. Julio B. J. Maier, pag. 309.
El trato diferenciado entre la parte acusadora pública y la privada surge expresamente de la letra de la ley, habiendo recurrido en casación en el caso concreto, también el representante del Ministerio Público Fiscal, por lo que, encontrándose él expresamente legitimado por la norma aplicable, tampoco resultaría aplicable el precedente de la S. n° 20/24 que dispuso la admisibilidad de la acusación autónoma del querellante.
Asimismo, concordamos nuevamente con el Dr. Martel cuando sostiene que, de los argumentos recursivos no surge una fundamentación concreta que demuestre la efectiva contradicción de la norma procesal (art. 457 CPP), con alguna cláusula constitucional o convencional de jerarquía superior.
A esta falta de argumentos de la recurrente para obtener una respuesta favorable a su pretensión, sumamos la necesaria interpretación respetuosa de la voluntad del legislador que, además, debe ser sistemática y no aislada, lo que nos lleva a concluir que la actuación del querellante particular se encuentra sujeta -y así debe serlo- a las facultades reconocidas por el C.P.P.
Sobre la interpretación normativa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene destacando de forma reiterada que otorgar pleno efecto a la voluntad del legislador es el fin primordial del intérprete (C.S.J.N., doctrina de Fallos 324:1481; 328:1652; entre muchos otros). Es así que, no debe violentarse la esfera de la actividad propia del legislador, cuestión que tendría una implicancia negativa sobre el principio constitucional de división de poderes.
En ese escenario, estimamos que corresponde declarar la inadmisibilidad formal de la impugnación extraordinaria presentada por la Dra. Astrid Acuña como apoderada de la parte querellante. Es nuestro voto.
Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la Sala Penal de la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA,
1. Declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la Dra. Astrid Georgina Acuña, apoderada de la querellante particular M.EM.T. (arts. 430 y 457 del CPP).
2. Con costas (arts. 536 y 537 del CPP).
3. Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.
FIRMADO: Dres. María Fernanda Rosales Andreotti –Presidenta de la Sala Penal-, Néstor Hernán Martel y Rita Verónica Saldaño. ANTE MI: Dra. Érica Gorkiewicz Moroni -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.
Fin de la sentencia