Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar formalmente admisible la impugnación interpuesta por el Dr. Víctor García, en representación de Emanuel Antonio González; en contra de la S. n° 05/26 dictado por el Juez Director del juicio por jurados.
2No hacer lugar al recurso de casación interpuesto, y confirmar en todos sus términos la resolución impugnada.
3Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).
4Téngase presente la reserva del caso federal.
SENTENCIA NÚMERO: CINCUENTA Y CINCO
En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintisiete días del mes de octubre de dos mil veintiséis la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por la doctora María Fernanda Rosales Andreotti, como Presidenta, por el doctor Néstor Hernán Martel y la doctora Rita Verónica Saldaño; se reúnen en acuerdo para entender en el Recurso de Casación deducido en el expediente Corte nº 040/26 – González, Emanuel Antonio –abuso sexual, etc. - s/ rec. de casación c/ Sent. nº 05/26 de expte. nº 22/23 de la Oficina de Gestión de Audiencias.
I. Antecedentes:
a) Veredicto y Sentencia.
El 18 de marzo de 2026 el jurado popular mediante veredicto unánime declaró al acusado Emanuel Antonio González culpable del delito menor incluido de Abuso Sexual con acceso carnal continuado.
Como consecuencia de tal decisión del jurado y luego de llevarse a cabo la audiencia de cesura de la pena (artículo 91 de la ley 5719), el señor juez director resolvió mediante sentencia nº 5 de fecha 07 abril de 2026: “I) Imponer a Emanuel Antonio González, de datos personales obrantes en la causa, en su calidad de autor del delito de Abuso Sexual con acceso carnal -continuado-, la pena de ocho años de prisión, más accesorias legales y costas (arts. 45, 55 contrario sensu, 119 tercer párrafo del CP; arts. 536 y 537 del CPP)”.
b) Hecho.
De la requisitoria de citación a juicio, formulada por la Agente Fiscal de Tercera Nominación de la Tercera Circunscripción Judicial surge que el hecho por el cual Emanuel Antonio González llegó acusado a juicio es el que se transcribe a continuación: “Con fecha que no se ha podido precisar con exactitud, pero podría situarse entre los días 2 y 9 de junio del año 2019, en un número no determinado de veces, pero de manera reiterada, en horarios no determinados, pero presumiblemente en horas de la noche, oportunidades éstas en que la menor Y.J.C. de nueve años de edad, se encontraba sola en su domicilio, sito en B° Eva Perón, manzana 02, lote 04 de ésta ciudad capital, en compañía de su tío Emanuel Antonio González, con quien convivía, circunstancias que fueron aprovechadas por el nombrado para abusar sexualmente de la menor en reiteradas oportunidades, accediéndola carnalmente por vía vaginal con su pene y menoscabando su libre determinación en materia sexual, toda vez que la misma no pudo y no podía consentir el acto por su corta edad”.
La sentencia da cuenta de las instrucciones iniciales impartidas al jurado, de las instrucciones finales que se proporcionaron de común acuerdo entre las partes una vez clausurado el debate, del veredicto unánime y de la individualización de pena efectuada por el juez técnico en la audiencia de cesura.
c) Recurso.
El Dr. Víctor García, abogado defensor del acusado González, interpone recurso de casación en contra de la Sentencia n° 05/2026. Circunscribe su agravio a lo previsto en el artículo 93 inciso d) y 71 de la ley 5719.
d) Agravios del recurso de casación interpuesto por la defensa.
El recurrente impugna las instrucciones finales brindadas por el Juez Director, bajo el argumento de que se vulneró el debido proceso durante la deliberación. Sostiene que, tras varias horas de deliberación, el jurado solicitó al oficial de custodia que transmitiera al Juez Director una duda respecto a la necesidad de contar con documentación que estableciera con precisión la fecha de comisión del ilícito. Sin embargo, la respuesta que recibió el jurado fue que “debían manejarse con lo que tenían en su poder”.
A criterio de la defensa, dicha situación evidencia una duda razonable en el jurado, la cual debió traducirse en un veredicto de no culpabilidad.
Esta incertidumbre técnica -alega el recurrente- obedece a que el Ministerio Público Fiscal (MPF) no logró probar que el abuso en perjuicio de la menor N.J.C. se hubiera producido en el lapso de tiempo comprendido entre el 2 y el 9 de junio de 2019. Lo que el jurado desconocía es que el representante del MPF desistió del testimonio de la progenitora de la víctima, elemento que resultó decisivo, ya que su ausencia impidió determinar con exactitud la fecha de materialización del ilícito penal.
Por otra parte, sostiene que, la madre del imputado había declarado que su nieta (N.J.C.) permanecía siempre bajo su cuidado -salvo en el horario escolar matutino-, mientras que su hijo (el acusado) pasaba todo el día fuera del hogar. Precisó que, desde la tarde hasta la mañana del día siguiente, la niña pernoctaba y compartía habitación con ella. Asimismo, indicó que la única interrupción en esta rutina ocurrió cuando ella sufrió un accidente en una de sus piernas, momento en que la madre biológica de la menor la retiró del hogar sin su autorización; situación que se normalizó en cuanto obtuvo el alta médica. En su declaración, la testigo señaló explícitamente como presunto autor del abuso a la pareja de la madre biológica de la menor.
Por otra parte, se agravia al sostener que el Juez Director, al momento de imponer la pena, omitió ponderar adecuadamente las valoraciones de esa defensa, limitándose a convalidar la postura fiscal. Reconoce que el jurado emitió un veredicto condenatorio por un delito y una pena menor a los pretendidos inicialmente por la fiscalía, aunque considera que el análisis posterior efectuado por el tribunal omitió las circunstancias invocadas por la defensa, provocando una flagrante destrucción del estado de inocencia de González.
En conclusión, considera que ha existido falta de correlación y logicidad entre la prueba efectivamente rendida en el proceso y el fallo obtenido. Al demostrarse que el veredicto carece de sustento probatorio idóneo, se solicita que se case la sentencia recurrida y se dicte la absolución de González, por haberse configurado una manifiesta violación al artículo 93, inciso d), de la Ley N° 5719.
Por último, deja planteada la reserva del Caso Federal.
Orden de votación.
De acuerdo con el resultado del sorteo efectuado para determinar el orden de votación (fs. 10), nos pronunciaremos de la siguiente manera: 1º Dra. Saldaño, 2º Dra. Rosales Andreotti y 3º Dr. Martel.
Cuestiones a resolver:
Primera ¿Es admisible el recurso?, Segunda ¿Son procedentes las impugnaciones planteadas por los abogados defensores? ¿Qué solución corresponde dictar?
I. A la primera cuestión, la Dra. Saldaño dijo:
Relatadas las circunstancias acaecidas hasta llegar a esta instancia de revisión, estimo apropiado dar respuesta a la primera cuestión a resolver. Así es que, tratándose la decisión impugnada de una sentencia condenatoria consecuencia de un veredicto de culpabilidad del jurado popular y con carácter definitivo, recae sobre este tribunal la potestad de su revisión.
Del mismo modo se verifica que el recurso es presentado en forma y tiempo oportuno conforme lo dispuesto por el 460 del CPP, 93 y 94 de la ley 5719.
Es por ello que el recurso de casación interpuesto por el Dr. Víctor García, en representación de Emanuel Antonio González es formalmente admisible.
A la Primera cuestión, la Dra. Rosales Andreotti dijo:
Adhiero a la solución propugnada por la Sra. Ministra preopinante y voto en igual sentido.
A la Primera cuestión, el Dr. Martel, dijo:
La Dra. Saldaño da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto y me expido en idéntico sentido.
II. A la Segunda cuestión, la Dra. Saldaño dijo:
Ingresando al examen de los agravios esgrimidos, advierto que la pretensión de la defensa persigue la revisión de la sentencia condenatoria derivada del veredicto de culpabilidad del jurado popular. Sustenta su impugnación en el motivo de casación previsto en el artículo 93, inciso d), de la Ley nº 5719/21. Dicha norma habilita la vía recursiva cuando la sentencia condenatoria o la que impone una medida de seguridad derive de un veredicto que resulte arbitrario o se aparte manifiestamente de la prueba producida en el debate.
Previo avanzar, como punto de partida, corresponde especificar con basamento en los fundamentos de la mencionada ley, que los jurados no se encuentran obligados a dar razones escritas de su voto, éstos decidirán el veredicto según su íntima convicción, ello implica que no se debe explicitar el recorrido lógico seguido para arribar a la conclusión. Un jurado no proporciona las razones de su veredicto.
Así, lo ha considerado la Corte Federal al sostener que “…luego de confrontar sus argumentos, dar razones y deliberar, los miembros del jurado deciden su voto en función de un sistema de valoración de la prueba conocido como “íntima convicción”, que no requiere expresión o explicación de los motivos que conformaron el convencimiento sobre la resolución adoptada para el caso. Ello, no impide una adecuada revisión de lo decidido, toda vez que la verdadera fundamentación no radica en la expresión escrita de razonamientos, sino en la coherencia entre las afirmaciones de las partes, las pruebas y el sentido de la sentencia.” (CSJN, “Canales”, considerando 19).
A su vez, con cita de la Corte IDH, nuestro cimero Tribunal ha señalado que “… la íntima convicción no es un criterio arbitrario. La libre valoración que hace el jurado no es sustancialmente diferente de la que puede hacer un juez técnico, sólo que no lo expresa. En definitiva, cualquier tribunal (técnico o popular) debe reconstruir un hecho pasado, para lo cual utiliza la lógica metodológica que es común a cualquier persona, pues no depende de que tenga o no formación o entrenamiento jurídico. Toda persona que debe reconstruir un hecho del pasado, consciente o inconscientemente, emplea el método histórico, o sea, en un primer paso delimita las pruebas que tendrá en cuenta (heurística); a continuación, valora si esas pruebas no son materialmente falsas (crítica externa); luego valora la verosimilitud del contenido de las pruebas (crítica interna) y, finalmente, llega a la síntesis. Quien valora el veredicto de un jurado, necesariamente debe reconstruir este camino, no bastando para descartarlo cualquier criterio diferente acerca de las críticas. Para descartar el veredicto de un jurado debe verificarse que la síntesis se aparte directamente de la lógica metodológica histórica antes referida” (CSJN, “Canales”, considerando 19, con referencia a Corte IDH, Caso V.R.P., V.P.C. versus Nicaragua, considerando 262).
Por lo tanto, y en respuesta a esta primera cuestión a abordar, puede concluirse que nuestro sistema jurídico exige la motivación de las decisiones judiciales, en particular de las que -como la presente- importan la asignación de responsabilidad penal a un ciudadano. Mediante la expresión de su veredicto unánime -dentro del marco del curso lógico de la decisión- el jurado popular cumple esta exigencia, pues, aunque no exterioriza los razonamientos que emplea, arriba al resultado luego de una deliberación motivada. La exigencia de unanimidad del veredicto de culpabilidad no implica un dato menor, pues asociada a un proceso deliberativo de toma de decisiones, constituye un elemento que contribuye a maximizar las garantías del acusado. En particular, la presunción de inocencia y la racionalidad en la valoración de la prueba.
En esta línea cabe agregar que, la “íntima convicción” como método de valoración de la prueba del jurado no implica el abandono de las reglas de la racionalidad y la lógica, ni el juzgamiento a partir del mero capricho o las impresiones personales. Por el contrario, la íntima convicción supone la adecuación de las cuestiones sometidas a tratamiento con aquellas reglas básicas que componen la racionalidad de toda persona; además de que se lleva a cabo en un medio deliberativo en el cual el intercambio de razones, puntos de vista y valoraciones enriquecen el mérito probatorio, pues cada miembro del jurado debe dar cuenta de sus consideraciones, someterlas a la crítica de los demás y reformular su punto de vista en caso de ser necesario.
Por otra parte, es imperativo destacar que la revisión de una sentencia condenatoria derivada de un veredicto de culpabilidad posee un estándar sustancialmente distinto al de los pronunciamientos emanados de jueces profesionales, en virtud de la soberanía del jurado popular en la fijación de los hechos. No obstante, este marco de deferencia fáctica encuentra un límite infranqueable en la proscripción de la arbitrariedad y en la exigencia de racionalidad constitucional.
Sobre el punto, calificada doctrina ha sostenido que la tarea de revisión de los veredictos emanados de jurados populares pasa por articular una base objetiva para la decisión del recurso sobre un veredicto del jurado que es inmotivado. La construcción de esta base se integra con el aporte dado por el recurrente en su escrito o audiencia recursiva, con las instrucciones del juez y con el registro íntegro del juicio (Cfr. Harfuch, Andrés; El juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2013, pp. 353/354).
A partir de los conceptos señalados, sobre los distintos elementos que deben evaluarse para determinar la arbitrariedad o razonabilidad de un veredicto de culpabilidad, corresponde analizar si la decisión del jurado puede razonablemente derivarse de las pruebas que le fueron expuestas.
La solución del caso:
La defensa postula la arbitrariedad del veredicto basándose en una supuesta falta de determinación precisa de la fecha de comisión de los hechos (fijada en la plataforma fáctica entre el 2 y el 9 de junio de 2019). En efecto, el núcleo del agravio radica en interpretar que la pregunta formulada por el jurado al Juez Director -solicitando documentación para corroborar las fechas exactas de comisión de los abusos sexuales- constituye -a criterio de la defensa- una duda razonable que debió traducirse indefectiblemente en un veredicto de no culpabilidad.
Cabe precisar, que el control casatorio sobre las decisiones de los jurados populares bajo el estándar señalado precedentemente es de interpretación restrictiva. Para que prospere este motivo de agravio, no basta con demostrar que existía una interpretación alternativa de la prueba, sino que el veredicto debe exhibir una irracionalidad palmaria, arbitrariedad manifiesta o una absoluta carencia de sustento probatorio. En el sistema de jurados, el test de revisión exige verificar si la hipótesis acusatoria escogida por el juzgador de los hechos cuenta con un sustrato de prueba de cargo suficiente y legítimo que permita validar razonablemente la declaración de culpabilidad.
Dicho ello, es importante señalar que la circunstancia de que el jurado realizara una consulta interna a través del oficial de custodia solicitando documentación sobre la fecha de los hechos, no constituye, bajo ningún concepto, una prueba de duda razonable o arbitrariedad. Por el contrario, evidencia el compromiso y la seriedad con la que el cuerpo de ciudadanos analizó las piezas del debate antes de emitir su veredicto soberano. La deliberación es un proceso dinámico de confrontación de opiniones y el pedido de aclaraciones o soporte documental constituye el ejercicio regular de sus facultades, el cual cesó al momento de alcanzar una decisión unánime de culpabilidad al considerar, más allá de toda duda razonable, que el delito imputado fue probado y que Emanuel Antonio González fue quien lo cometió.
En consecuencia, la circunstancia de que el jurado haya alcanzado posteriormente un veredicto unánime de culpabilidad demuestra que cualquier interrogante inicial fue aclarado y superado mediante la valoración integral de las pruebas del debate. La consulta interna no se traduce mecánicamente en un veredicto de no culpabilidad.
Sentado cuanto precede, entiendo que resultan insuficientes los argumentos desarrollados por la defensa para cuestionar la manera en la que el jurado ha valorado integralmente la prueba. Así lo considero, porque del acta de debate (fs. 449/449 vta.) se constata que se llevó a cabo la audiencia establecida en el artículo 68 de la ley 5719/21, a fin de confeccionar las instrucciones finales, las que quedaron conformadas de acuerdo a las sugerencias de ambas partes, quienes suscribieron el acta correspondiente sin efectuar ninguna objeción al respecto. Luego de ello, fueron comunicadas verbalmente al Jurado por el juez director, otorgando una copia a sus efectos (conf. registro de fecha 18/03/2026, hora 12:23:26 a 13:07:48).
En línea con lo expuesto, de lo registrado en el acta de debate (fs. 449) así como, del soporte técnico audiovisual (conf. registro de fecha 18/03/2026, hora 16:26 en adelante), advierto que, frente al interrogante trasladado por el jurado a través del oficial de custodia, el juez técnico obró conforme a derecho y a las guías de instrucciones de la ley 5719/21. De este modo, asegurando el contradictorio, convocó a las partes y al imputado a la sala de audiencias a fin de que se procediera a dar lectura de la pregunta -agregada a fs. 441- en alta voz y se acordara, de común acuerdo, cómo evacuar la respuesta, instruyendo el Juez director que debían tomar una decisión de acuerdo a toda la prueba producida durante el transcurso del juicio -lo cual coincide con las instrucciones finales alusivas a las obligaciones del juez y del jurado-, retirándose el jurado a continuar con la deliberación. Tal proceder, resulta adecuado en tanto el juez técnico tiene vedado introducir "nueva prueba" o "documentación" que no haya sido válidamente producida, litigada y exhibida por las partes en la audiencia de debate.
En efecto, al responder el magistrado al jurado que debían atenerse exclusivamente a la prueba producida y a sus propios recuerdos de las declaraciones, cumplió estrictamente con su rol de árbitro legal, preservando la pureza del juicio y la exclusividad del conocimiento del órgano de juzgamiento sobre la evidencia del plenario.
Asimismo, del examen de las actas de la incidencia no surge que la defensa haya formulado en ese momento una oposición a la respuesta brindada por el Juez Director, ni solicitó una instrucción rectificatoria específica que indicara al jurado que debían absolver por el solo hecho de poseer esa duda en ese tramo de la deliberación. Por ende, el agravio constituye una manifestación de disconformidad ex post facto.
Lo decisivo entonces, radica en que, habiendo continuado la deliberación con posterioridad a dicha consulta, y habiendo arribado el jurado a un veredicto unánime de culpabilidad, queda manifiesto que el interrogante inicial fue debatido, superado y disipado por el propio jurado en la intimidad de su deliberación, alcanzando el estándar requerido para condenar.
En el mismo orden, cabe considerar que el jurado popular fue debidamente guiado en el plano normativo por las instrucciones del juez técnico, quien impartió directivas claras y precisas sobre las obligaciones del juez y del jurado, las reglas de la valoración de la prueba, el estándar de la duda razonable y, fundamentalmente, la perspectiva de infancia aplicable a la valoración de testimonios en Cámara Gesell.
De ese modo, instruyó expresamente al jurado, en forma verbal y escrita, respecto a la manera de ponderar el testimonio de los menores víctimas de delitos: “Valoración del testimonio de niñas y niños en Cámara Gesell: La alegada víctima de estos hechos es un a niña de muy corta edad que declaró como testigo en Cámara Gesell. Su testimonio no se valora como cualquier otro testimonio. Ustedes deberán tomar en cuenta la edad y madurez de la niña. Cuando se trata de víctimas menores de edad, la valoración de su relato no puede ser llevada a cabo de la misma forma y bajo los mismos parámetros con los que se analizan los dichos de los mayores, pues la exigencia de una narrativa histórica coherente, concatenada, descriptiva y lo más detallada posible en relación a un hecho pasado difiere en uno y otro caso, de acuerdo a las distintas capacidades cognitivas y posibilidades expresivas de los niños. Por eso es que testimonió delante de expertos, quienes se entrevistó en los gabinetes psicológicos. Ellos, desde su especialidad científica, aportan a los jurados una herramienta auxiliar para la valoración de esos testimonios. Utilicen su sentido común para valorar este testimonio en su contexto”.
En línea con lo expuesto, teniendo en cuenta las particulares circunstancias comprobadas del caso, y la perspectiva de niñez instruida al jurado, no puedo dejar de considerar que los menores de edad estructuran su memoria histórica no sobre la base de abstracciones temporales -fechas numéricas-, sino mediante hitos o eventos significativos de su cotidianeidad.
En el caso bajo examen, el jurado popular pudo apreciar de forma directa, mediante la visualización de la declaración de la víctima en Cámara Gesell, cómo ella ubicó los abusos cometidos por el imputado González en un momento histórico inequívoco de su vida, concretamente, el período en que su abuela estuvo internada tras sufrir una caída y golpearse las piernas.
Esta afirmación no quedó huérfana en el debate, sino que encontró un correlato objetivo y desprovisto de toda duda con el testimonio de su abuela —quien estuvo a cargo de la menor desde bebé-. La testigo confirmó ante el jurado que la única oportunidad en la vida de la niña en que esta quedó fuera de su esfera directa de custodia ocurrió cuando sufrió una fractura en su pierna, debió ser ingresada en el Sanatorio de la Comunidad, y la menor quedó temporalmente a cargo de Juana Inés, quien vive al fondo de su domicilio. También dijo que luego la progenitora fue a buscarla.
Esta coincidencia transversal e intersubjetiva entre el relato del trauma de la niña y la realidad objetiva relatada por su abuela dota a la plataforma fáctica de una solidez epistémica absoluta. El jurado popular no se apartó de la prueba; por el contrario, realizó una valoración integral y lógica de la misma. Comprendió de forma razonable que la ventana temporal fijada por la fiscalía (entre el 2 y el 9 de junio de 2019) se correspondía exactamente con el hito de la internación sanatorial, disipando cualquier atisbo de duda sobre la materialidad y la oportunidad de los hechos.
Por tal motivo, considero que la arbitrariedad del veredicto que postula la defensa basándose en la hipotética duda generada al jurado debido a la falta de determinación precisa en cuanto a fecha de comisión de los hechos (fijada en la plataforma fáctica entre el 2 y el 9 de junio de 2019), no es tal. El impugnante incurre en un error conceptual de estricta valoración jurídica.
En sintonía con lo expuesto, teniendo en cuenta que en el presente caso se encuentra involucrada una víctima de abuso sexual infantil, no puedo dejar de considerar aquí, que la decisión del jurado no sólo resulta acorde a los lineamientos dados en las instrucciones finales respecto al modo de valorar el testimonio prestado en cámara Gesell por niños y niñas -perspectiva de niñez- sino que, además, resulta compatible con los criterios sustentados en distintos precedentes de este Tribunal ( S. n°11/2023, S, n° 62/2023, S. n° 24/2024, S. n° 33/2024, S. n° 34/2024, S. n° 44/2024, S. n° 49/2024, S. nº 63/24, entre otros), los que han seguido las directrices fijadas por la normativa nacional, internacional y por los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes y de erradicación de toda forma de violencia contra mujeres y niñas (art., 75 inc. 22 CN, “Convención de los Derechos del Niño”; “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer" - "Convención de Belem do Pará"; "Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer"; Ley nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes).
Dentro de tales lineamientos, no luce desacertado el razonamiento seguido por el jurado popular, en tanto exigir a una menor que fue víctima de abuso sexual infantil a los 9 años, una delimitación cronológica exacta, resulta incompatible con la naturaleza de este tipo de delitos. El transcurso del tiempo entre la fecha de los hechos (2019), la denuncia de los mismos (2020) y la celebración del debate en el año 2026, explica y justifica de modo ordinario que una niña no pueda precisar la fecha exacta de los padecimientos. Lo jurídicamente relevante para resguardar el derecho de defensa no es el encuadre exacto del almanaque, sino que la conducta típica esté delimitada de forma tal que impida la sorpresa procesal, circunstancia no invocada ni demostrada por la defensa.
Lejos de configurarse una duda razonable, el jurado popular contó con elementos de convicción de superlativo valor epistémico. Si bien, algunos testigos fueron de abono (el de la progenitora del imputado y abuela de la víctima -P.d.R.C.-, y el de la pareja de González -Roxana del Valle Vera-), las declaraciones de las profesionales de la salud -psicólogas: Nadia Verónica Huppi, María del Mar Peretó y Jimena Barros Díaz; y médica ginecóloga: Daniela Rebelo, que depusieron en el juicio-, dotaron al relato de la víctima de una solidez incuestionable. Las expertas dieron cuenta de un testimonio coherente, sostenido en el tiempo, verosímil y lineal, descartando signos de fabulación y confirmando el trauma derivado de los abusos sexuales sufridos y las lesiones genitales compatibles con los hechos denunciados.
Por ello, pretender que la consulta procesal formulada por el jurado durante la deliberación constituya una duda jurídica insalvable importa ignorar la contundencia del material probatorio, el cual demostró la existencia de los hechos y la participación del acusado en los mismos más allá de toda duda razonable.
En línea con lo expuesto, tampoco puede prosperar la crítica del recurrente a la actuación del ministerio público fiscal. A criterio de la defensa, el desistimiento del testimonio de la madre de la menor por parte del órgano acusador imposibilitó poder determinar la fecha en la que se materializaron los hechos.
Sobre el punto, cabe consignar conforme surge de lo registrado en el soporte audiovisual de la audiencia (día: 16/03/2026, hora: 13:06 en adelante) y de lo constatado en el acta respectiva (fs. 446 vta.), que al momento en que el Ministerio Público Fiscal solicitó el desistimiento de la testigo J.I.C.-bajo el fundamento de tratarse de una testigo de abono: hermana del acusado-, la defensa técnica del acusado adoptó una postura de pasividad absoluta, en tanto, no sólo guardó silencio, sino que prestó su conformidad tácita con la exclusión, omitiendo formular de manera oportuna protesta o reserva de casación ante el juez técnico.
En efecto, si consideraba que la madre de la víctima era un testimonio decisivo para fijar las fechas del hecho, debió oponerse al desistimiento fiscal y exigir su comparecencia. Al no formular protesta ni hacer reserva de recurrir en casación inmediatamente después de dictada la resolución del juez director que aceptó el desistimiento, el derecho a reclamar caducó automáticamente. Téngase presente, que las etapas procesales se cierran válidamente cuando no se ejercen los derechos en el tiempo debido. El recurrente no puede pretender revivir una facultad procesal agotada y largamente superada, intentando subsanar en la instancia extraordinaria de casación su propia omisión, por cuanto es jurídicamente inviable que una parte asuma una postura de conformidad en el debate (consintiendo el desistimiento porque quizás en ese momento evaluó que el testimonio no le convenía) y, tras obtener un resultado adverso (sentencia condenatoria), modifique diametralmente su posición alegando que la testigo era determinante a los fines de probar la fecha de materialización de los hechos atribuidos a González.
A mayor abundamiento, cobra plena vigencia la teoría de los actos propios, de pacífica aplicación en la jurisprudencia de esta Corte (S. nº 35/2026, S. nº 36/2024, S. nº 46/2023, S. nº 3/2019, entre otros). Dicho postulado jurídico impide a los litigantes adoptar posturas procesales que entren en franca contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con una anterior, deliberada y jurídicamente eficaz (Morello, Augusto – Stiglitz, Rubén S., "La doctrina del acto propio", L.L., 1984-A, p. 871/872).
Sin perjuicio del obstáculo formal insalvable precedentemente expuesto, el agravio carece asimismo de sustento sustancial por no acreditarse un perjuicio real y concreto. La catalogación del testimonio como clave para determinar la fecha de comisión de los ilícitos que efectúa el recurrente en su escrito casatorio se exhibe de manera abstracta y genérica. Y es que, para conmover un fallo condenatorio por exclusión de prueba, recae sobre el quejoso la carga de demostrar la esencialidad de la prueba omitida. Esto es, acreditar con precisión que, de haberse producido el testimonio de la madre de la víctima, el cuadro probatorio se hubiese modificado de tal manera que obligatoriamente habría conducido al jurado popular a un veredicto de no culpabilidad.
Tal extremo, no se verifica en la presente causa. La fijación cronológica de los hechos abusivos se cimentó a través de prueba autónoma e independiente, tales como la declaración de la menor en Cámara Gesell, los informes psicológicos y médico-forense introducidos al juicio por las profesionales que asistieron al debate, así como, por lo referido por la abuela de la víctima con relación los motivos y a las circunstancias de tiempo en las que la menor quedó al cuidado de su hija Juana Inés, aunque manifestó que luego su madre la llevó a su casa.
Frente a un plexo consolidado de modo ajeno a la testigo desistida, el relato de la madre (quien además detenta un vínculo de consanguineidad directa con el encausado, siendo su hermana) devenía estrictamente superfluo.
Por las consideraciones expuestas, al no haberse demostrado el desmedro efectivo de las garantías constitucionales del debido proceso (Art. 18 de la Constitución Nacional), el agravio deducido debe ser desestimado.
Sentado cuanto precede, advierto, además, que carece de entidad suficiente para conmover lo decidido por el jurado popular el argumento recursivo dirigido a sostener que, el autor de los abusos, habría sido la pareja de la madre biológica de la menor.
La hipótesis invocada por el recurrente en sustento de su agravio resulta manifiestamente improcedente. Del examen del registro fílmico del debate, se constata que dicha conjetura no guarda vinculación alguna con la plataforma fáctica discutida por las partes, ni se correlaciona con el material probatorio válidamente reproducido en el juicio.
Por el contrario, la víctima -tanto en su declaración bajo el sistema de Cámara Gesell, como en lo transmitido oportunamente a su padrino (M.F.J.) y en las sucesivas intervenciones y entrevistas psicológicas- ha sido categórica e invariable al señalar a su tío, Emanuel González, como el autor de los abusos sexuales padecidos. En efecto, ninguna duda cabe respecto a la identidad de la persona señalada por la menor, extremo que no ha sido eficazmente controvertido por la defensa durante el plenario.
Asimismo, el agravio exhibe una evidente orfandad argumental y probatoria, limitándose a una mera especulación dogmática sin respaldo en las constancias de la causa. Ante la ausencia de una crítica concreta y razonada que logre conmover la presunción de legitimidad del veredicto, el embate examinado deviene formal y sustancialmente improcedente.
Por los fundamentos expuestos, concluyo que el veredicto de culpabilidad de Emanuel Antonio González emitido por el jurado popular no constituye un apartamiento de la prueba, sino el resultado de una valoración integral, lógica y soberana del material probatorio producido en el juicio. Al haber mediado prueba de cargo suficiente y apta para acreditar la culpabilidad del encartado, corresponde rechazar el recurso de casación deducido por la defensa. Así voto.
Resuelto lo anterior, corresponde ingresar al tratamiento del restante planteo fugazmente introducido por la defensa a fs. 03 de su escrito recursivo, el cual -adelanto- no tendrá acogida favorable por resultar formalmente inadmisible y sustancialmente infundado.
En efecto, aunque el recurrente logra insinuar una presunta inobservancia o errónea aplicación de las normas que rigen la individualización judicial de la pena (arts. 40 y 41 del Código Penal), prescinde por completo de abastecer su crítica con los mínimos estándares argumentativos exigibles en esta instancia extraordinaria. El agravio se reduce a un cuestionamiento meramente subjetivo, difuso y telegráfico, que transgrede abiertamente el principio de autosuficiencia que gobierna la casación penal.
En tal sentido, cabe consignar que el recurso es una impugnación contra una resolución determinada del proceso que debe referirse a los fundamentos invocados en su sustento, demostrando los defectos que ella presenta y su entidad o suficiencia para conmover la validez de lo resuelto.
De lo dicho se extrae que el recurso, en este tramo, no cumple estructuralmente lo establecido por la ley adjetiva (art. 460 CPP). En particular, no indica separadamente el motivo de impugnación con sus respectivos fundamentos, lo cual es un requisito esencial para garantizar la claridad y precisión en la impugnación, sino que, además, tampoco lo hace con uno de los elementos esenciales para su admisibilidad, esto es, la refutación directa y específica de los fundamentos de la resolución impugnada.
Cabe recordar, que la apertura de esta vía no se contenta con afirmaciones dogmáticas, frases enfáticas o una simple expresión de disconformidad con el criterio del tribunal de mérito. Era carga procesal insoslayable del impugnante realizar una crítica concreta, razonada y pormenorizada de los fundamentos dados en la sentencia al individualizar judicialmente la pena, demostrando de qué manera específica se habrían soslayado atenuantes acreditadas en la audiencia de cesura o ponderado erróneamente pautas agravantes ajenas al caso, vinculando todo ello con la vigencia de las normas legales en crisis.
Sin embargo, el escrito carece de tal desarrollo, el impugnante omite especificar qué elementos fácticos concretos fueron omitidos de considerar o cuáles han sido erróneamente ponderados por el tribunal, tampoco denuncia que la pena decidida salga de la escala penal aplicable al caso, limitándose a un disenso genérico que no logra conmover los fundamentos del fallo atacado, el cual, por lo demás, se encuentra dentro de los márgenes de la escala penal prevista para el delito por el que resultó condenado Emanuel Antonio González.
En tales condiciones, al advertir una absoluta orfandad argumentativa que impide a este Tribunal ejercer una revisión del fallo en este tópico, el agravio resulta improcedente.
Por todo ello, propongo que el recurso debe ser rechazado y la sentencia confirmada, en todo lo que fue motivo de agravios. Con costas. Téngase presente la reserva del caso federal. Así voto.
A la Segunda cuestión, la Dra. Rosales Andreotti, dijo:
Adhiero a los motivos y a la solución propugnada por la Sra. Ministra preopinante, por ello, doy mi voto en el mismo sentido.
A la Segunda cuestión, el Dr. Martel dijo:
La Sra. Ministra que lidera el acuerdo da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto y me expido en igual sentido.
Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la Sala Penal de la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA,
1. Declarar formalmente admisible la impugnación interpuesta por el Dr. Víctor García, en representación de Emanuel Antonio González; en contra de la S. n° 05/26 dictado por el Juez Director del juicio por jurados.
2. No hacer lugar al recurso de casación interpuesto, y confirmar en todos sus términos la resolución impugnada.
3. Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).
4. Téngase presente la reserva del caso federal.
5. Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.
FIRMADO: Dres. María Fernanda Rosales Andreotti –Presidenta de la Sala Penal-, Néstor Hernán Martel y Rita Verónica Saldaño. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.
Fin de la sentencia