Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139816
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.816, "Arocha, Roberto Aurelio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 113.897 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan, Soria, Budiño.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 18 de agosto de 2022, rechazó el recurso homónimo interpuesto por el señor defensor oficial contra la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón que, mediante resolución del 22 de octubre de 2021, rechazó el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 13 y 55 del Código Penal efectuado por la defensa de Roberto Aurelio Arocha y confirmó la decisión del Tribunal en lo Criminal n° 4 departamental en cuanto había aprobado el cómputo de pena realizado respecto del nombrado Arocha estableciendo que la pena de prisión perpetua que le fuera impuesta podría vencer una vez transcurridos diez años desde la obtención de la libertad condicional, cuyo requisito objetivo referido al lapso que demanda el art. 13 del Código Penal se cumpliría el 7 de julio de 2046.
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 27-X-2022), el que fue concedido por la Sala interviniente (v. resol. de 19-IV-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de 29-XI-2023), dictada la providencia de autos (v. proveído de 4-XII-2023), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa denunció la existencia del vicio de arbitrariedad en la sentencia recurrida, violación al principio de legalidad por afectación del mandato de certeza (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac. y 5.6, CADH) y errónea interpretación de los arts. 13 y 16 del Código Penal.
Consideró, en ese marco, que la transgresión al principio de legalidad se concretaba en la falta de determinación de la fecha en la que la pena a perpetuidad impuesta a su defendido se considerará cumplida.
Alegó que lo resuelto por el órgano casatorio reviste gravedad extrema, puesto que perpetúa el tiempo de encierro del condenado Arocha y que su reincorporación al medio libre quedaría a merced de la valoración que formulen los órganos jurisdiccionales intervinientes con base en la información brindada por el Servicio Penitenciario Bonaerense, desconociéndose así el real alcance del ejercicio de la potestad punitiva estatal a su respecto, elemento esencial que debe contener la ley penal.
Indicó que una escala penal excesivamente amplia incumple con el requisito de certeza que es inherente a la norma punitiva, puesto que queda indeterminada su duración en el tiempo.
Repasó, seguidamente, los antecedentes legislativos en la materia (leyes 11.179, 25.892 y 25.928) y destacó que el legislador acudió al concepto de perpetuidad y no divisibilidad de la sanción para fijar una especie de pena que puede extinguirse en el tiempo con el cumplimiento de determinados requisitos, pero dejando sin determinar de manera cierta y unívoca su alcance, inobservando así la obligación estatal de otorgar un límite claro al ejercicio de la potestad punitiva que le es propia.
Señaló que el legislador nacional ha incumplido con su tarea de precisar la pena y, hasta tanto ello no se corrija a través de los mecanismos legales, es el Poder Judicial quien, en ejercicio de su función, debe resolver la cuestión dotando de certeza al derecho aplicable al caso concreto; y aclaró que no se trata de interpretar el texto de la ley, sino de dotar de contenido a la norma ante la falta total de previsión legislativa sobre el modo de dar por concluida la intervención punitiva estatal.
Agregó que el principio de legalidad fija ciertas reglas al legislador para la creación de la ley penal, las que el Poder Judicial debería también tener en cuenta al momento de la alegada integración del derecho, determinando cuándo la persona condenada a una pena de prisión perpetua la agota, solución que en modo alguno debe perjudicar al procesado (prohibición de la analogía in mala partem ).
Aseveró que la decisión confirmatoria de la Casación en cuanto estableció que Arocha agotaría su pena una vez transcurridos diez años desde la efectiva concesión del beneficio liberatorio (libertad condicional), puso en práctica el aludido procedimiento de integración del derecho pero acudiendo a las reglas de los arts. 13, 14 y 16 del Código Penal, incumpliendo de esta manera la obligación de fijar el límite temporal de la pena y la de satisfacer el derecho del imputado a divisar certeramente la finalización de la intervención punitiva del Estado.
Explicó que esta forma de decidir incumplió dos premisas fundamentales contenidas en el principio de legalidad: otorgar certeza a las consecuencias jurídicas producto de una conducta disvaliosa y respetar la división de poderes; ello así en tanto quedó indeterminada la potestad punitiva estatal producto de haber sido condicionada dicha potestad a la existencia de otro suceso (la concesión de la libertad condicional y el cumplimiento de las reglas de conducta por un período de tiempo) que depende de la actuación de dos poderes del Estado ajenos a la creación del derecho (los poderes Judicial y Ejecutivo).
Observó que la libertad condicional, pese a presentarse como un derecho del condenado, depende en la práctica del contenido de los informes que elabora el Servicio Penitenciario provincial sobre la evolución del detenido en el establecimiento carcelario y que ello es demostrativo de la denunciada delegación de facultades legislativas en los restantes poderes del Estado y se traduce en la violación al principio de legalidad bajo análisis que requiere del legislador la existencia de certeza sobre la consecuencia jurídica del ilícito.
Formuló diversas alegaciones en torno al tratamiento del condenado (proceso de resocialización) denunciando que sus pormenores son desconocidos por el condenado y su defensa. Refirió, asimismo, a la situación general del desarrollo de la ejecución de la pena en las cárceles de esta Provincia, las vinculó con el tratamiento penitenciario que los internos deben realizar en ese escenario que luego se traduce en los informes técnicos elaborados por el Servicio Penitenciario Bonaerense y que son base fundamental en la decisión de los juzgadores al momento de otorgar o denegar el beneficio liberatorio mencionado, y afirmó que todo ello aumenta la denunciada indeterminación del agotamiento de la pena, a lo que debe sumarse la emergencia constante que atraviesa la referida institución penitenciaria con extensos períodos de hacinamiento y superpoblación como los que vive actualmente y que impactan en la vida del detenido, según lo expresa con cita del precedente "Verbitsky" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Afirmó, en suma, que la libertad condicional no puede seguir siendo el instituto habilitante del agotamiento de la pena, toda vez que su otorgamiento depende de circunstancias aleatorias y azarosas que, como tales, pueden o no darse.
Solicitó, con cita del fallo "Acosta" de la Corte federal, una interpretación de las disposiciones legales en la materia que permitan fijar expresamente el límite temporal de la potestad punitiva estatal en condenas a prisión perpetua. Analizó el proceso de determinación final de las penas temporales (donde la pena tiene un único plazo final) y trasladó ese razonamiento al análisis sobre el plazo máximo de la pena perpetua, aseverando que los arts. 13 y 16 del Código Penal marcan el límite temporal para las penas perpetuas de manera similar al de las temporales.
Por último, postuló que debe fijarse como límite temporal de la pena perpetua, conforme la legislación vigente al momento del presente hecho, el tope de cuarenta años de prisión, oportunidad en que el sujeto recuperará su libertad de manera definitiva.
Pidió que se revoque el fallo impugnado y se disponga el reenvío al órgano intermedio para el dictado de una sentencia acorde a derecho.
II. El señor Procurador General propició el rechazo del recurso.
III. Coincido con su opinión.
Para una mejor comprensión del caso, corresponde que inicialmente efectúe una reseña del derrotero procesal de la causa conforme surge tanto de las actuaciones digitalizadas en el sistema Augusta como de la Mesa de Entradas Virtual (MEV).
III.1. De las actuaciones digitalizadas se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Morón, el 21 de septiembre de 2021, aprobó el cómputo de pena practicado en la misma fecha por secretaría en autos (causa n° 3.670 del registro del tribunal de origen). En lo que importa destacar para la solución del caso, allí se estableció que la pena de prisión perpetua impuesta a Roberto Aurelio Arocha "...podrá vencer, una vez transcurridos diez años desde la obtención de la libertad condicional, cuyo requisito objetivo referido al lapso que demanda el art. 13 del [Código Penal], lo cumpliría el día 7 de julio de 2046"; y aclaró que lo expuesto resultaba así "...sin perjuicio de las correcciones que, con punto de origen en la alteración de ese 'dies a quo', se pudiere generar en los cálculos, en la medida que no alcanzase juntamente las demás condiciones impuestas por la disposición legal (requisito subjetivo)", razón por la que estimó que si la libertad condicional no fuese revocada "...la pena perpetua quedará extinguida a los diez años a contar desde el día de concretarse efectivamente (arts. 13 'in fine' y 16 del CP), todo lo cual, resultará materia decisoria exclusiva y excluyente de la competencia originaria del órgano de ejecución penal interviniente (art. 25, inc. 2°, del CPP)".
A fin de establecer el vencimiento de la condena a perpetuidad, se remitió a lo establecido en los arts. 13 y 16 del Código sustantivo, en cuanto a que las penas perpetuas se extinguen luego de obtenida la libertad condicional, si se cumpliesen los requisitos establecidos en el último párrafo del citado art. 13. En tal sentido, resaltó que "...dicho artículo establece que todo condenado a penas perpetuas que hubiere cumplido treinta y cinco años de condena, estará en condiciones temporales de acceder al instituto de la libertad condicional y que transcurrido un plazo de diez años desde su concesión sin que dicho beneficio haya sido revocado, la pena a perpetuidad quedará extinta" (v. resol. del tribunal originario de 21-IX-2021, acápite tercero).
Expresó, en función de ello y como Arocha se encontraba detenido desde el 7 de julio de 2011, que "...estará en condiciones temporales de acceder a la libertad condicional el 7 de julio de 2046; y la pena podrá considerarse extinguida transcurrido un plazo de diez años desde el otorgamiento de dicho beneficio, tal como taxativamente lo indica el art. 13 en su último párrafo".
Señaló, con cita de doctrina de esta Corte, que la temática "...'concierne a la etapa de ejecución de la condena', ámbito, en el que finalmente 'deberá fijarse, eventual y oportunamente, el momento de su agotamiento', con arreglo al sistema de la libertad condicional que resulta inherente a la competencia propia de los órganos de la ejecución penal".
Refirió, seguidamente, a la interfuncionalidad de los arts. 13 último párrafo (según texto de la ley 25.892) y 16 (según la rúbrica de la ley 11.221), donde advirtió que existe una falta de armonización normativa entre estos artículos, con arreglo a la reforma operada por la ley 25.892, que dispuso que en esta clase de penas perpetuas las condiciones previstas por ese art. 13 y las reglas de conducta previstas por el art. 27 bis regirán hasta diez años más, a contar desde el día del otorgamiento de la libertad condicional (v. resol. cit., apdo. cuarto).
Finalmente, aseveró, con apoyo en doctrina de autores, que la solución adecuada es aquella que entiende que la ley 25.892 implícitamente modificó el art. 16 del Código Penal por cuanto, tratándose de una ley posterior, prevalece sobre la redacción originaria de aquella norma y que, de esta forma, debe entenderse que el citado art. 16 se refiere a los diez años que fija el nuevo art. 13 del Código sustantivo.
III.2. Frente a ese pronunciamiento, la defensa oficial del condenado dedujo recurso de apelación en el que postuló que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 55 y 13 del Código Penal.
En lo medular, adujo que el régimen allí previsto para el vencimiento de la pena contraviene las previsiones del Estatuto de Roma —ley 26.200—, en tanto este previó la pena de treinta años de encierro para el delito de genocidio como la sanción más gravosa, por lo que —a su criterio— debería tomarse ese monto como "...máximo de pena" para cualquier delito que pretenda legislarse y aseveró que ninguna figura puede tener en expectativa un monto que exceda dicho ilícito. Con sustento en la aplicación de la ley más benigna, requirió —como planteo principal— que debía establecerse el vencimiento de la pena perpetua a los treinta años de detención.
Subsidiariamente, para el caso de no darse favorable acogida al planteo anterior, requirió se establezca que la pena vencerá una vez transcurridos cinco años desde el otorgamiento de la libertad condicional, basándose para ello en la letra del art. 16 del Código Penal.
III.3. A su turno, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental no hizo lugar a la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 13 y 55 del Código Penal peticionada y confirmó la resolución que aprobó el cómputo de pena cuestionado (v. sentencia digital de fecha 22-X-2021).
Para así resolver, con cita del fallo "Álvarez" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (sentencia de 22-VIII-2019), resaltó que el vencimiento de la pena perpetua debe fijarse siempre con posterioridad al otorgamiento de la libertad condicional, con el debido contralor judicial en punto al cumplimiento de las condiciones de la misma.
En el mismo sentido, trajo a colación un extracto del voto del doctor de Lázzari —al cual presté mi adhesión simple— en el precedente P. 132.625, sentencia de 23 de septiembre de 2020, de esta Suprema Corte.
En respuesta a que debería tomarse como cota temporal la pena establecida en el Estatuto de Roma para el delito de genocidio (treinta años), sostuvo que el defensor convenientemente omitió señalar que la propia ley 26.200 que lo implementa en el derecho interno, contiene previsiones que autorizan la prisión perpetua en determinadas hipótesis , y descartó tal reclamo.
Sumó a ello la transcripción parcial de diversos precedentes de este Tribunal en los cuales se descartó el límite máximo de pena pretendido por el recurrente, tales como que "...hace más de una década que el Congreso nacional definió como pena máxima de prisión divisible la de cincuenta años (art. 55, Cód. Penal; conf. ley 25.928, B.O. de 10-IX-2004)".
Para concluir, estimó que la existencia de plurales pronunciamientos de la Corte federal y de esta Provincia, llevaban a descartar la inconstitucionalidad pretendida.
De igual modo, rechazó el planteo en subsidio bajo el entendimiento de que "...concedida la libertad condicional, conforme lo establece el art. 13 del digesto sustantivo, la pena se extinguirá transcurridos diez años desde su otorgamiento, siempre que la misma no fuere revocada"
Por las razones brindadas, resolvió rechazar el recurso de apelación y confirmar la decisión impugnada en cuanto aprobó el cómputo de pena practicado, que estableció que la pena de prisión perpetua impuesta a Arocha podría vencer una vez transcurridos diez años desde la obtención de la libertad condicional, cuyo requisito objetivo referido al plazo que demanda el art. 13 del Código Penal, lo cumpliría el 7 de julio de 2046.
III.4. Contra esta decisión, la defensa oficial dedujo recurso de casación llevando agravios de idéntico tenor a los articulados en la apelación, centrados —esencialmente— en la inconstitucionalidad de los arts. 13 y 55 del Código Penal, con sustento en que dichas normas establecen un límite para el vencimiento de la pena y la posibilidad de obtener la libertad condicional que excede los treinta años que fija el Estatuto de Roma —ley 26.200—, produciéndose —a su modo de ver— una manifiesta vulneración del plexo garantizador conforme lo dispuesto en los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional.
Consideró que un encierro a perpetuidad impide hacer efectivo el fin resocializador que deben perseguir las penas privativas de libertad por mandato constitucional (conf. arts. 5.6, CADH y 10.3, PIDCP), ya que no tiene sentido resocializar a quien nunca volverá a vivir en sociedad, de manera tal que la sanción de prisión termina resultando una pena cruel, inhumana o degradante.
Propuso, previa declaración de inconstitucionalidad de las normas sustantivas mencionadas, que se determine que la pena de prisión perpetua impuesta al condenado Arocha debía tenerse por cumplida el 6 de julio de 2041.
En subsidio, sostuvo que, por aplicación armónica de los arts. 13 y 16 del Código de fondo, el límite de la pena perpetua impuesta debía fijarse en cuarenta años, lo que surgía de sumar a los treinta y cinco años previstos por el citado art. 13 para la obtención de la libertad condicional, los cinco de cumplimiento de las obligaciones establecidas por el restante —art. 16—, y no diez, como fija el primero (conf. copia del recurso de casación extraído del sistema de Mesa de Entradas Virtual "MEV").
III.5. De tal modo, arribamos al fallo del Tribunal de Casación Penal cuestionado en la impugnación en tratamiento, dictado el 18 de agosto de 2022, que fuera reseñado en los antecedentes.
Dicho tribunal, a tenor del voto inaugural del doctor Borinsky, que concitó la adhesión simple del doctor Violini, rechazó —con costas— el recurso de la defensa oficial. Para así decidir trajo a colación doctrina de esta Corte (causas P. 121.292, sent. de 22-II-2017 y P. 121.293, sent. de 9-V-2018), en la medida que se consideraron arbitrarias las sentencias de la Sala I de ese Tribunal intermedio en tanto había resuelto extrapolar —sin más— las reglas del Estatuto de Roma (leyes 25.390 y 26.200) al ámbito del derecho sustantivo interno en materia penal, en el entendimiento de que "...lo decidido por la Casación se desentiende de la completa sistemática del propio régimen normativo vigente que entendió aplicable, pues de las reglas que definen el alcance y ámbito de aplicación del aludido Estatuto se extrae que sus previsiones '...sólo son de aplicación para los crímenes y delitos respecto de los cuales la Corte Penal Internacional es competente' (art. 2, ley 26.200) y que entre sus bases fundantes contempla el principio de complementariedad con las jurisdicciones nacionales de los Estados Parte (v. Preámbulo y arts. 1 y 17, ley 25.390)".
Especificó que si bien tales casos "...se referían a que la amenaza de pena de treinta años de prisión establecida en el citado tratado para los crímenes más aberrantes actúe como tope punitivo máximo para el caso del concurso real de delitos de los denominados 'comunes' y así servir de correctivo del actual texto del artículo 55 [-texto según ley 25.928; B.O. 10/IX/2004-] del Código Penal, que llevó a cincuenta años el máximo de la pena privativa de la libertad para el concurso real de delitos, sus fundamentos son igualmente válidos para el supuesto de autos en el que se busca establecer el límite temporal
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.