Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2023-120130914-APN-TFN#MEC-RECAUDACIONES
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el beneficio de litigar sin gastos solicitado, con costas.
2Intimar a la actora para que, en el término de cinco (5) días, ingrese la suma de $ 3.721.659,71 en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librarse la respectiva boleta de deuda (v. arts. 1º, 2º y 7º de la Ley N° 25.964).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-89225090-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 14 de Septiembre de 2026 “RECAUDACIONES COMPUTARIZADAS S.A. s/ incidente En Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala A, Dres. Pablo Porporatto (Vocal subrogante de la 3ra Nominación), Viviana Marmillon (Vocal subrogante de la 1era Nominación) y Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2da Nominación) para resolver la causa EX-2022-105101761- APN-TFN#MEC -y su acumulado EX-2023-120130914-APN-TFN#MEC- caratulada: “ RECAUDACIONES COMPUTARIZADAS S.A. s/ incidente- Beneficio de Litigar sin Gastos”.
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que, mediante RE-2022-105109625-APN-DTD#JGM e IF-2023-120148871-APN-SGAI#TFN, la incidentista promueve beneficio de litigar sin gastos en los términos del artículo 78 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, toda vez que -a su criterio- su otorgamiento permitiría que la garantía constitucional de peticionar ante las autoridades no sea vulnerada.
Sostiene que carece de los recursos económicos y financieros necesarios para solventar los gastos y costas causídicas del proceso principal y del presente incidente.
Señala que su actividad principal es el servicio electrónico de pagos y/o cobros a cuenta y orden de terceros, es decir, si bien maneja fondos, estos son mayoritariamente de terceros. Asimismo, indica que -en el año 2019- fue excluido del Registro de Beneficios Fiscales sobre los Créditos y los Débitos, lo que produjo una grave crisis con la consecuente pérdida de una gran cantidad de clientes.
Afirma que se vio obligado a contratar los servicios de un letrado, ya que de lo contrario se vulneraría su derecho de defensa, atento a la complejidad e inexactitud del actuar del organismo fiscal. En este sentido, cita el artículo 24 del Reglamento de Procedimientos ante este Tribunal.
Además, expresa que los accionistas de la firma se encuentran jubilados, por lo que no habría posibilidad de que puedan efectuar aportes a la sociedad.
Por otra parte, acompaña los Estados Contables -períodos 2019 al 2022- para demostrar la falta de recursos, y las actas de directorio de fecha 10/12/2020 y 29/12/2020, en las cuales se dejó constancia de la situación crítica en que se encontraba, en relación mayormente, a la pandemia del COVID-19. En dicho marco, destaca que debido a la disminución considerable de ingresos, se aconsejó reducir los costos. En los mismos términos presenta el “Informe de Contador Público Independiente”, donde analiza la “Evolución Negativa de la Actividad” desarrollada, de la cual -a su criterio- se puede apreciar una considerable disminución de ventas, clientes, ganancias y dependientes.
A su vez, puntualiza que -de acuerdo a los mentados Estados Contables- no posee rodado alguno, lo que se corrobora del “Anexo A Bienes de Uso”. En este aspecto, aclara que solo contaba con una motocicleta marca Yamaha, modelo YBR 125, que fue robada el día 30/05/2019; cuyo hecho se denunció ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA).
Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura, ofrece prueba informativa y pericial contable. Hace reserva caso federal.
II. Que, mediante IF-2022-118332867-APN-DTD#JGM e IF-2023-128088665-APN-DTD#JGM, se presenta el Fisco Nacional y por los argumentos que expone solicita se rechace el beneficio peticionado, con costas.
III. Que con las PV-2022-138500961-APN-VOCIII#TFN y PV-2024-42024556-APN-VOCIII#TFN se abrió a prueba el incidente; a través de la PV-2022-40983822-APN-VOCIII#TFN se clausuró el período probatorio y se corrió traslado a las partes, a los efectos del artículo 81 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
IV. Que habiendo sido elevado el presente incidente a conocimiento de esta Sala con la PV-2026- 84086941-APN-VOCIII#TFN, corresponde expedirse sobre la petición formulada por la actora. Tal beneficio encuentra sustento en dos preceptos de raigambre constitucional: la garantía de la defensa en juicio y la de la igualdad ante la ley (artículos 18 y 16 de la CN). Ello es así, habida cuenta de que por su intermedio se asegura la prestación de los servicios de justicia no ya en términos formales, sino con un criterio que se adecua a la situación económica de los contendientes (Fallos: 311:1372, consid. 2º). También se ha dicho que no es imprescindible producir una prueba acabada que otorgue un grado absoluto de certeza sobre la pobreza invocada, sino que basta que se alleguen al expediente suficientes elementos de convicción que permitan verificar, razonablemente, que el caso encuadra en el supuesto que autoriza su otorgamiento (Fallos: 311:1372).
El beneficio de litigar sin gastos persigue amparar a quien no dispone de recursos para solventar los gastos, pero no a quien carece de liquidez, pues éste es un problema financiero que encuentra remedio por caminos ajenos a la tutela de la defensa en juicio, no pudiendo el mismo ser interpretado con criterios demasiado amplios (“Bercovich Arnaldo G. s/ recurso de apelación”, TFN, Sala A, 13/03/2000). Por tal motivo, el objeto de la actividad probatoria a desarrollar en el incidente de otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos, consiste en arrimar elementos que permitan al juzgador formar la convicción acerca de la posibilidad del peticionario de obtener, o no, los recursos para afrontar el costo que eventualmente irrogue la acción por él incoada. Por ello, la peculiar naturaleza del extremo a demostrar impone que la valoración de las pruebas rendidas, realizadas conforme a las reglas de la sana crítica, no atienda a un grado de absoluta certeza, sino a la posibilidad de que el caso encuadre en el supuesto que autoriza el otorgamiento del beneficio.
De allí que, aunque el criterio de valoración es amplio, es preciso que el requirente demuestre concretamente la carencia de medios y la imposibilidad de obtener los necesarios para afrontar la empresa procesal, circunstancias esenciales para su concesión, pues ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, como contrapartida de los intereses de quien lo solicita, se hallan los de la contraria y los de la comunidad en general interesada en la adecuada percepción de los recursos públicos, que podrían ser conculcados si a un limitado beneficio se lo transforma en un indebido privilegio (CSJN, Fallos: 311:1372; 313:1015, entre otros).
Que, atendiendo a estas pautas, se deben examinar los elementos agregados al expediente por el solicitante, en abono de los hechos a los que se hizo mención en el Considerando I.
V. Que en los IF-2021-113321573-APN-DTD#JGM e IF-2024-85144292-APN-DTD#JGM, los peritos acompañan las pericias ordenadas en autos.
De su lectura se advierte la exposición de puntos particulares, relacionados con las ventas, cantidades de clientes y empleados registrados por la firma, aspectos que no permiten acreditar “per se” una situación que justifique la imposibilidad de pagar la tasa de actuación ante este Tribunal. En efecto, y más allá de las impugnaciones formuladas por la incidentista (v. IF-2023-37512647-APN-DTD#JGM e IF-2024- 90075476-APN-DTD#JGM), se evidencia que los informes carecen de un análisis integral y pormenorizado del patrimonio de la firma, que sostenga la falta de medios alegada en los períodos examinados.
En línea con la idea apuntada, se observa que mediante el punto 5°) se pretende fundar la admisibilidad del beneficio solicitado con una comparación aislada sobre dos rubros (ventas y disponibilidades), para luego concluir que las sumas a cancelar son sustancialmente superiores; razonamiento que no puede ser acogido favorablemente, pues “... el beneficio de litigar sin gastos persigue amparar a quien no dispone de recursos para solventar gastos, pero no a quien carece de liquidez, pues éste es un problema financiero que encuentra remedio por caminos ajenos a la tutela de la defensa en juicio. Por otra parte, este beneficio no puede interpretarse con criterios demasiados amplios, pues no es infrecuente una solicitud enderezada a obtenerlo cuando se formulan demandas generadas en el seno de relaciones comerciales o de inversión. Y facilitar el acceso para defender estas pretensiones, otorgando la garantía de irresponsabilidad por las deudas que puedan resultar de los gastos y las costas, podría -en teoríaprestarse a situaciones abusivas” (fallo C.N. Civil, Sala A, del 04/06/92 “Aerotan S.A. c/ Asoc. de Cooperativas Argentinas de Seguros” E.D. 17/09/92, pág. 6).
Bajo dichas premisas, cabe concluir que, si bien el Estado de Resultados de la empresa arroja pérdidas contables en cada uno de los ejercicios relevados, ello no es óbice para obtener la disponibilidad necesaria para hacer frente a sus obligaciones; habida cuenta que toda sociedad comercial debe contar, para lograr el objeto para el cual se formó, con una infraestructura básica, acorde con el giro mercantil dirigido a la producción o intercambio de bienes y servicios. Esta circunstancia distingue a la persona de existencia ideal del común de los litigantes pues, al contar con una estructura dirigida a obtener beneficios lucrativos, la imposibilidad de obtener recursos para afrontar demandas vinculadas con sus relaciones comerciales puede constituir, eventualmente, imposibilidad de consecución del objeto para el cual se formó, pero nunca verdadera carencia de medios o imposibilidad de obtenerlos (CNACAF, Sala II, in re “Coordinación Medica S.A. c/ E.N. -ANSSAL- Licitación 12/96 s/ beneficio de litigar sin gastos”, de fecha 1/12/2009).
En referencia a la prueba informativa dirigida a la Administración Federal de Ingresos Públicos (v. IF- 2023-24693155-APN-SGAI#TFN), el Registro de la Propiedad del Automotor (v. IF-2023-43461697- APN-SGAI#TFN), la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (v. IF-2023-88240040-APN- SGAI#TFN) y el Registro de la Propiedad Inmueble de Capital Federal (v. IF-2023-49006876-APN- SGAI#TFN), se desprende lo siguiente: a) posee baja definitiva como empleador al 03-2022; b) se informa la titularidad de una motocicleta Yamaha, Año 2012, la cual fue robada conforme denuncia policial de fecha 30/05/2019, dándose la baja en la misma fecha; y c) no se registran inmuebles a su nombre. Siendo ello así y considerando el marco conceptual del beneficio perseguido, los extremos probados no encuentran relación alguna con la situación de pobreza exigida, ni la imposibilidad de obtener recursos o financiación.
A tenor de todo lo expuesto, se rechaza el beneficio de litigar sin gastos solicitado, con costas; en consecuencia, corresponde intimar a la actora para que, en el término de cinco (5) días, ingrese la suma de $ 3.721.659,71 en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librarse la respectiva boleta de deuda (v. arts. 1º, 2º y 7º de la Ley N° 25.964).
VI. Que, en otro orden de ideas, se debe poner de relieve que el rechazo del presente incidente no implica obstáculo alguno para el acceso a la justicia, como lo considera la incidentista, por cuanto las cuestiones que se planteen con relación a la aplicación de la tasa de actuación dispuesta en la Ley 25.964, en ningún caso suspenderán la tramitación de la causa, conforme lo dispuesto en el artículo 3º de la referida norma; dicha situación se verificaría si se rechazara la presentación de una demanda o recurso por falta de pago de dicha tasa.
Por último, cabe aclarar que no es obligatorio el patrocinio letrado para actuar, siendo lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de Procedimiento ante este Tribunal solo una facultad del Vocal Instructor. La Dra. Marmillon dijo:
Que adhiere en lo sustancial al voto que antecede.
La Dra. Guzmán dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Porporatto.
En virtud de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar el beneficio de litigar sin gastos solicitado, con costas.
2. Intimar a la actora para que, en el término de cinco (5) días, ingrese la suma de $ 3.721.659,71 en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librarse la respectiva boleta de deuda (v. arts. 1º, 2º y 7º de la Ley N° 25.964).
Regístrese y notifíquese a la recurrente y a la Dirección General Impositiva -División Coordinación Impuestos Internos, Sellos y Varios y al Departamento Contencioso Judicial.
Date: 2026.09.11 14:23:31 ART Date: 2026.09.11 17:47:51 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Viviana Marmillon Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.09.14 12:15:42 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.14 12:17:20 -03:00
Fin de la sentencia