Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 33400-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso del Fisco Nacional, en los términos señalados en el considerando III del voto de la mayoría, con costas de ambas instancias en el orden causado en atención a la complejidad de la cuestión en debate (arts. 1163 del CA y 68, segundo párrafo, del CPCCN).
2Dejar sin efecto la Resolución (DE PRLA) nro. 692 recaída en las actuaciones administrativas SIGEA nro. 12039-536-2007, en atención a los argumentos expresados en el considerando VI del voto de la mayoría, deviniendo innecesario el tratamiento de los restantes agravios del Fisco Nacional; con costas de ambas instancias en el orden causado en atención a las particularidades de la cuestión en análisis (arts. 1163 del CA y 68, segundo párrafo, del CPCCN).
3Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios en atención a la forma en que se decide, por lo que deviene inoficioso el tratamiento de las apelaciones de honorarios.-
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
RECKITT BENCKISER ARGENTINA SA (TF 33400-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de noviembre de 2024.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Los Sres. Jueces de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani y Dr. Guillermo F. Treacy, dijeron:
I.-Que por decisorio del 21/06/2023 obrante a fs. 77/83, el Tribunal Fiscal de la Nación declaró la inaplicabilidad al caso –en virtud de su inconvencionalidad- del inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero (conf. Art. 1165 del CA). Asimismo, declaró la extinción de la acción penal por prescripción en la presente causa y revocó, en consecuencia, el art. 3º de la Resolución (DE PRLA) nro. 692 del 5/3/2012 recaída en el expte. SIGEA nro. 12039-536-2007 y declaró prescripta la acción del Fisco Nacional para perseguir tributos en relación a la DIT 01 001 IT14 002028 S; con costas.-
Asimismo, a fs. 88 y vta. fueron regulados los honorarios del Dr. Juan Patricio Cotter, en su doble carácter de letrado apoderado y patrocinante de la parte actora, por las actuaciones cumplidas en las dos primeras etapas del pleito en 116.000 pesos y; por las actuaciones cumplidas en ese mismo carácter, en la tercera etapa, en 3 UMA.-
II.-Que a fs. 95/109 apeló y expresó agravios el Fisco Nacional, tanto respecto de la cuestión de fondo como de los honorarios, los que fueron contestados a fs. 115/121 por la parte actora. Asimismo, a fs. 88/88vta. se regularon honorarios del letrado de la parte actora, los que fueron apelados por bajos a fs. 110/111, sin que la contraparte hubiera contestado el traslado correspondiente. El 13/3/2024 dictaminó el Sr. Fiscal General y el 18/3/2024 se llamaron autos para sentencia.-
III.-Que corresponde analizar en primer término la posibilidad por parte del Tribunal Fiscal de la Nación de resolver la inconvencionalidad de la normativa del Código Aduanero.- Sobre el punto, y tal como lo afirmara el Sr. Fiscal General en su dictamen: “El artículo 1164 del Código Aduanero es conteste con el ordenamiento constitucional y con la ubicación orgánica del Tribunal Fiscal de la Nación, por cuanto sus vocales no se encuentran sujetos a los mecanismos de designación y remoción previstos en la Constitución Nacional para los jueces de la Nación y, por tal razón, su actividad –en cuanto recayera sobre la del Poder Legislativo invalidándolano está expuesta a los ‘pesos y contrapesos institucionales que tienden a asegurar la división de poderes’. Siendo ello así entiendo que corresponde revocar la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación de declarar la inconstitucionalidad del inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero, por no contar dicho órgano con atribuciones para ello”.-
Por los fundamentos antes desarrollados, los cuales comparto, corresponde dejar sin efecto el punto 1. de la parte resolutiva del decisorio apelado en cuanto declaró inaplicable el inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero (confr. art. 1165 del C.A.) en atención a su inconvencionalidad.-
IV.-Que con respecto a la prescripción de las acciones del Fisco Nacional para perseguir el cobro de tributos y aplicar sanciones, la parte actora al contestar los agravios del Fisco Nacional, expresó: “…el caso debe resolverse por la teoría del plazo razonable, desde que desde el 19/4/02 a la fecha han transcurrido más de veintiún años. Lo irrazonable que resulta de la dilación del procedimiento genera una incompatibilidad con el derecho al debido proceso”.-
V.-Que sobre el punto, concluyó el Sr. Fiscal General: “Teniendo en cuenta los términos de la controversia planteada en autos, opino que la evaluación de las circunstancias de hecho pertinentes para sustentar la lesión del derecho al debido proceso adjetivo, y específicamente de la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable, conforme con el estándar fijado por la CSJN para este tipo de situaciones (cfr. Fallos 332:1492, 334:1264, 335:1126, 336:2184, entre otros), deberá hacerse sobre la base de las pautas antes mencionadas”.- VI.-Que en atención a lo antes expuesto y conforme surge de las actuaciones administrativas, resulta de aplicación al caso la doctrina sentada por la CSJN en el precedente “Losicer” (Fallos: 335:1126), por lo que habiéndose excedido un plazo razonable de duración del proceso, corresponde dejar sin efecto la Resolución (DE PRLA) nro.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
692 recaída en las actuaciones administrativas SIGEA nro. 12039-536 -2007, deviniendo innecesario el tratamiento de los restantes agravios del Fisco Nacional.-
VII.-Que las costas de ambas instancias deben ser impuestas en el orden causado en atención a las particularidades de la cuestión en estudio (arts. 1163 del CA y 68, segundo párrafo, del CPCCN).-
De conformidad con el desarrollo que antecede, CORRESPONDE: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso del Fisco Nacional, en los términos señalados en el considerando III de este voto, con costas de ambas instancias en el orden causado en atención a la complejidad de la cuestión en debate (arts. 1163 del CA y 68, segundo párrafo, del CPCCN). 2) Dejar sin efecto la Resolución (DE PRLA) nro. 692 recaída en las actuaciones administrativas SIGEA nro. 12039-536 -2007, en atención a los argumentos expresados en el considerando VI, deviniendo innecesario el tratamiento de los restantes agravios del Fisco Nacional; con costas de ambas instancias en el orden causado en atención a las particularidades de la cuestión en análisis (arts. 1163 del CA y 68, segundo párrafo, del CPCCN). 3) Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios en atención a la forma en que se decide, por lo que deviene inoficioso el tratamiento de las apelaciones de honorarios. ASÍ VOTAMOS.-
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany dijo:
I.-Que, corresponde examinar los agravios del Fisco relativos a la aplicación realizada por el Tribunal Fiscal del principio del “plazo razonable” y de la declaración de inconvencionalidad de la manera en que el servicio aduanero aplicó el artículo 805, inciso a) en cuanto al cómputo de la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos.
Con relación a la declaración de inconvencionalidad del modo de aplicación por parte del servicio aduanero de lo establecido en el artículo 805, inciso a) del Código Aduanero, y tal como resulta de lo dictaminado por el Fiscal General el 14 de marzo de 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 1164 del Código Aduanero, el Tribunal Fiscal tenía vedada la posibilidad de pronunciarse respecto a la falta de validez constitucional de una norma en la medida en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no lo hizo con anterioridad en ningún precedente. Por ende, corresponde revocar lo resuelto por el Tribunal Fiscal en el punto 1 de la sentencia de fs. 77/83 (cfr. en idéntico sentido, esta Sala V en la causa n° 49.663/2016, caratulada “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 7 de marzo de 2017 y causa n° 62.579/2015, caratulada “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 11 de julio de 2016).
En segundo término, cabe señalar que el principio del “plazo razonable” de duración de los procesos fue concebido para ser aplicado en cuestiones relativas a la materia penal, tal como resulta de los términos en que se encuentra concebido en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicho concepto fue asimismo aplicado a los procedimientos infraccionales y; en tal sentido, se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de L. 216 XLV “Losicer, Jorge Alberto y otros c/BCRA” del 26 de junio de 2012, respecto del procedimiento ante el Banco Central de la República Argentina y en el precedente de Fallos 334:1264, en cuanto al procedimiento infraccional ante el servicio aduanero, que en ese caso se había extendido durante 23 años. Por ende, mal pudo haberse dispuesto la aplicación de tal principio en lo relativo al aspecto tributario. Por lo demás, y con relación estrictamente en lo que refiere a la infracción aduanera cuya comisión le fue imputada a la firma importadora, lo cierto es que el plazo de 10 años transcurrido entre el hecho imponible y el dictado de la resolución definitiva no se advierte como irrazonable, a diferencia del ponderado en el precedente de Fallos 334:1264, de 23 años, eventualmente aplicable de manera analógica. Por lo demás, cabe agregar que la violación a la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable no surge de la constatación automática con un plazo “ideal” determinado, sino del examen particularizado de las circunstancias de cada caso.
Al respecto, en el Dictamen de la Procuración General al que remitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos 338:1538 se expresó que “…la determinación judicial de que en un caso concreto se ha violado el derecho fundamental de una persona a ser juzgada en un plazo razonable no es el resultado de una simple contrastación con un término elegido en abstracto. Antes bien, ella CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V exige una indagación detallada de los pasos de tramitación concretos que explican el retraso del procedimiento a fin de evaluar si el acusado ha sido víctima de ‘la injusticia de una indefinición que atenta contra la garantía constitucional de la defensa enjuicio’ (cf. Fallos: 327:327; el texto citado corresponde a la disidencia de los jueces Petracchi y Boggiano en Fallos: 322:360, considerando 20)”.
En tales condiciones, corresponde concluir que en el caso no se verifican circunstancias análogas a las examinadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente L. 216 XLV “Losicer, Jorge Alberto y otros c/BCRA” del 26 de junio de 2012 y Fallos 334:1264, de manera tal que no es dable sostener que el proceso se haya extendido por un plazo que merezca ser calificado como “irrazonable”. Por lo expuesto, considero que debe ser dejada sin efecto la declaración de prescripción de la acción del Fisco para exigir el pago de tributos así como también para imponer multas, fundadas estrictamente en la aplicación del aludido “plazo razonable” de duración de los procesos.
En tales condiciones, y en la medida en que en los presentes autos el Tribunal Fiscal pasó por alto la limitación establecida en el artículo 1164 del Código Aduanero y; asimismo, omitió pronunciarse respecto a los planteos de fondo realizados por la parte actora en su escrito de apelación obrante a fs. 16/21, puntualmente en cuanto a la cancelación parcial de la importación temporal y a la graduación de la multa impuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 1180, inciso a), del Código Aduanero, corresponde reenviar la causa al Tribunal Fiscal para que se pronuncie nuevamente sobre tales aspectos (cfr. causa “Search S.A. (TF 22576-I) c/ D.G.I.”, expediente nº 37.573/2007, del 6 de marzo de 2008, causa Nº 27.060/06 “Agroferia SRL (TF 20436-I) c/ D.G.I .", expediente nº 27.060/06 del 15 de julio de 2008, “Scotland S.R.L. (TF 24.617-I) c/DGI”, expte. n° 43.136/2011, del 27 de junio de 2013 y “Solicon S.A. (TF 34.201-I) c/ DGI”, expte. n° 112/13, del 30 de abril de 2013.
Al respecto cabe tener en cuenta que, según lo establecido en el artículo 1143 del Código Aduanero, el Tribunal Fiscal tiene amplias facultades para establecer la verdad de los hechos controvertidos con independencia de lo alegado por las partes, así como para determinar el tributo o fijar las bases precisas para su determinación. II.-Que, en virtud de lo precedentemente expuesto, resulta inoficioso el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por el letrado de la parte actora con relación a los honorarios regulados a su favor, los que se dejan sin efecto.
Por todo lo expuesto, VOTO POR: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fisco y revocar la sentencia apelada en cuanto declaró la inconvencionalidad –y por ende la inconstitucionalidad- de la aplicación efectuada por la DGA del artículo 805, inciso a), del Código Aduanero. 2) Reenviar la causa para que el Tribunal Fiscal se pronuncie en cuanto al fondo de la cuestión, de conformidad a lo indicado en el presente fallo. 3) Imponer las costas de esta instancia por su orden en atención al modo en que se resuelve (artículo 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
4. Dejar sin efecto la regulación de honorarios de fs. 88 y vta.- En atención al resultado del Acuerdo que antecede, por mayoría SE RESUELVE: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso del Fisco Nacional, en los términos señalados en el considerando III del voto de la mayoría, con costas de ambas instancias en el orden causado en atención a la complejidad de la cuestión en debate (arts. 1163 del CA y 68, segundo párrafo, del CPCCN). 2) Dejar sin efecto la Resolución (DE PRLA) nro. 692 recaída en las actuaciones administrativas SIGEA nro. 12039-536-2007, en atención a los argumentos expresados en el considerando VI del voto de la mayoría, deviniendo innecesario el tratamiento de los restantes agravios del Fisco Nacional; con costas de ambas instancias en el orden causado en atención a las particularidades de la cuestión en análisis (arts. 1163 del CA y 68, segundo párrafo, del CPCCN). 3) Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios en atención a la forma en que se decide, por lo que deviene inoficioso el tratamiento de las apelaciones de honorarios.-
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
Pablo Gallegos Fedriani Guillermo F. Treacy Jorge Alemany CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V (en disidencia parcial)
Fin de la sentencia