Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 158370
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso de apelación subsidiario interpuesto a fs. 277/84 y revocar el proveído de fs. 207 y el de fs. 201 en lo que concierne a la intimación a la parte accionante (arts. 242, 245 y cctes. del CPCC, y arts. 3, 53 y ccdtes. de la Ley 24.240 y 25 de la 13.133).
II. Imponer las costas en el orden causado, habida cuenta el cambio de criterio esbozado por el Tribunal (art. 68 "a contrario" del CPCC).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del dec. ley 8.904/77).
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
REGISTRO N° . 649-R FOLIO N° . 1094/6
EXPEDIENTE N° 158370. JUZGADO N ° 9.
"MARCEILLAC GUSTAVO ADOLFO C/ PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. Y OTRO/A S/ RECLAMO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES".
Mar del Plata,12 de Noviembre de 2015.
AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas: " MARCEILLAC GUSTAVO ADOLFO C/ PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. Y OTRO/A S/ RECLAMO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES " traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido subsidiariamente por la parte actora a fs. 277/84, contra las resoluciones de fs. 201 y 207.
I. En los autos cuestionados la Sra. Jueza a quo dispuso intimar al accionante para que, dentro del plazo de cinco días, deposite el anticipo para gastos fijados a a favor de los peritos ingeniero mecánico y contador, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de las pericias.
II. Contra dicho pronunciamiento, el Sr. Gustavo A. Marceillac -con el patrocinio del Dr. Juan I. Marceillac- dedujo recurso de revocatoria con apelación en subsidio a fs. 277/84.
El primero fue desestimado a fs. 285 y el segundo concedido a fs. 326 en virtud de lo resuelto por este Tribunal a fs. 325.
En líneas generales, solicitó se dejen sin efecto ambos proveídos argumentando que el beneficio de "justicia gratuita" previsto por las leyes 13.133 y 24.240 para actuaciones judiciales iniciadas por consumidores o usuarios, resulta de aplicación automática y posee iguales alcances que el beneficio de litigar sin gastos previsto por el ordenamiento procesal. Citó doctrina y jurisprudencia que avala su postura.
El memorial fue contestado por la demandada a fs. 333/5, a cuyos términos nos remitimos en honor a la brevedad (art. 34 inc. 5° del CPCC).
III. El recurso merece prosperar.
1. El último párrafo del art. 53 de la Ley 24.240 (texto según ley 26.361) dispone que "las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio".
En este sentido, la ley provincial 13.133 en su art. 25 establece que "las actuaciones judiciales, promovidas pro consumidores o usuarios, individual o colectivamente, de conformidad con las normas de defensa del consumidor, estarán exentos del pago de tasas, contribuciones u otra imposición económica (...)".
Estas disposiciones normativas han generado opiniones disímiles al momento de interpretar los alcances del instituto en cuestión.
La postura restrictiva, expuesta principalmente por Enrique J. Perriaux y seguida anteriormente por este Tribunal (causa n° 137.199 RSD 294 del 09/06/2009), sostiene que no puede ser considerado como sinónimo del beneficio de litigar sin gastos ya que, mientras éste implica la eximición de tasas, sellados y costas, la justicia gratuita se refiere al acceso a la justicia vinculado con la gratuidad del servicio de justicia que presta el estado, que no debe verse conculcado por imposiciones económicas. Ahora bien, una vez franqueado dicho acceso, el litigante queda sometido a los avatares del proceso, incluidas las costas, las que no son de resorte estatal, sino que constituyen una retribución al trabajo profesional de los letrados y demás auxiliares de la justicia, de carácter alimentario (autor citado, "La justicia gratuita en la reforma de la ley de defensa del consumidor", publicado en La Ley, 24/09/2008, 2008-E 1224).
Por su parte, la postura de carácter amplio, seguida -entre otros- por Vázquez Ferreyra, Avalle y Bersten, entiende que "la reforma de la ley 26.361, al restituirle a la norma original el párrafo suprimido, ha introducido un beneficio de litigar sin gastos automático a favor del usuario o consumidor" (Sáenz - Silva, comentario al art. 53 en "Ley de defensa del consumidor" comentada y anotada de Picasso-Vázquez Ferreyra, La Ley, Edición 2009, Tomo I, pág. 672).
Por esta senda, destacada doctrina autoral sostiene que "de prosperar la interpretación "amplia" el consumidor individual y las asociaciones de consumidores tendrían automáticamente concedido el beneficio de litigar sin gastos, es decir, que el campo de la gratuidad no se agota con la tasa sino que comprende a todas las costas del proceso" (Bersten Horacio L., "La gratuidad en las acciones individuales y colectivas de consumo", publicado en La Ley, 17/03/2009, LL 2009-B 370).
Seguidamente, expone que "es en la propia letra de las disposiciones donde reside la solución a la cuestión, sin recurrir a otras leyes. El beneficio de gratuidad previsto en los arts. 53 y 55 de la LDC tiene un alcance o contenido similar en amplitud al beneficio de litigar sin gastos. Si bien es cierto que para interpretar la ley puede recurrirse a los principios de las leyes análogas http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/documentVM?&src=laley&srguid=i0ad8181500000150aea165027fd7fc7d&docguid=i2176F85BDB6225F6760C7E4167FA14C2&hitguid=i2176F85BDB6225F6760C7E4167FA14C2&spos=11&epos=11&td=25&ao=o.i0ADFAB87AF31C98881AF32BE7421AC4E&searchFrom=&savedSearch=false&context=16&crumb-action=append - FN7 , lo que es de indudable utilidad, primero debe estarse a la letra de la ley. De dicha letra resulta que el sentido otorgado al incidente de solvencia no puede ser otro que emplazar al consumidor condenado en la misma situación que están aquellos que no gozan del beneficio de litigar sin gastos y por ende el alcance del mentado beneficio de justicia gratuita es similar al que resulta del art. 78 y siguientes del CPCCN" (artículo citado, Bersten....).
2. Ahora bien, posteriormente a la temprana opinión emitida por este Tribunal en el expediente n° 137.199 (RSD 294 del 09/06/2009), nuestro Máximo Tribunal Provincial mediante el Ac. 70.572 del 26/10/2010 resolvió, al momento de analizar el cumplimiento del depósito previo exigido por el art. 280 del CPCC, que el principio de gratuidad previsto por el art. 25 de la ley 13.133 "ha decidido dispensar automáticamente a quienes procuren la defensa de dicho interés de toda erogación pecuniaria de estas características y no sólo de impuestos, contribuciones o gravámenes. Para que se haga efectiva la franquicia, es necesario que la normativa de defensa de usuarios y consumidores sea dirimente para dar sustento a la pretensión, es decir, que tenga relación directa e inmediata con el pleito" (del voto del Dr. Hitters puntos a) y b, el resaltado es propio).
En igual sentido, la Corte Federal dispuso eximir del pago de las costas a los recurrentes que gocen del beneficio de justicia gratuita previsto por el art. 55 de la Ley 24.240, adoptando así la denominada tesis amplia (expte. U. 66. XLVI fallo del 11/10/2011 y U. 10. XLIX. fallo del 30/12/2014).
3. Ahora bien, adentrándonos al caso traído a conocimiento, observamos que de la lectura del escrito postulatorio surge que la presente se trata de una acción individual iniciada de conformidad con las normas de la ley 24.240 y alegando infracciones varias a las obligaciones y a los derechos por ella reconocidos (ver fs. 19 vta.).
Siendo ello así, y teniendo en cuenta lo resuelto por la SCBA y la CSJN en los antecedentes citados, corresponde que nos enrolemos en la segunda postura descripta y, en consecuencia, hacer lugar al recurso de apelación articulado subsidiariamente a fs. 277/84 dejando sin efecto las intimaciones cursadas a la actora a fs. 201 y 207 (arg. art. 25 Ley 13.133, arts. 3 2° párrafo, 53 y 65 Ley 24.240 y art. 42 de la CN; en igual sentido, Sala III, causa 150.495, RSI 335, F. 744, 13/7/12; Sala I, causa 154.807 RSI 438 del 10/09/2013).
Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del CPCC, RESOLVEMOS:
I. Hacer lugar al recurso de apelación subsidiario interpuesto a fs. 277/84 y revocar el proveído de fs. 207 y el de fs. 201 en lo que concierne a la intimación a la parte accionante (arts. 242, 245 y cctes. del CPCC, y arts. 3, 53 y ccdtes. de la Ley 24.240 y 25 de la 13.133).
II. Imponer las costas en el orden causado, habida cuenta el cambio de criterio esbozado por el Tribunal (art. 68 "a contrario" del CPCC).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del dec. ley 8.904/77).
IV. Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del CPCC, devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
Alexis A. Ferrairone
Secretario
Fin de la sentencia