Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 165637
REGISTRO N ° 178-S FOLIO N° 653/65
EXPEDIENTE N° 165637 JUZGADO N° 7
En la ciudad de Mar del Plata, a los 14 días del mes de agosto de 2018, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "BUCHET CLAUDIA MATILDE C/ TRANSPORTE EL AGUILA DE JUNIN S.R.L. S/ RECLAMO C/ACTOS DE PARTICULARES(SUMARIO)" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.-
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia de fs.363/385?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I. Viene apelada la sentencia de fs. 363/385 en la que se hizo lugar a la demanda instaurada por CLAUDIA MATILDE BOUCHET contra TRANSPORTE EL AGUILA DE JUNIN S.R.L, condenando a ésta a abonar a la actora $ 636.000 con más los intereses y costas.
Al monto total de la condena se arriba mediante la estimación de la suma de pesos cien mil para reparar el daño extra-patrimonial; la avaluación en treinta y seis mil pesos del daño material derivado de la lesión, y la de pesos quinientos mil fijada en concepto de daño punitivo.
La Sra. Jueza consideró aplicable todo el plexo normativo que ampara a las personas con capacidades diferentes, la ley 24.240 y, valorando la prueba rendida, concluyó que el obrar de la demandada constituía un ilícito generador de los daños reclamados, con la entidad suficiente para ser sancionado de acuerdo al art. 52 bis de la ley de defensa del consumidor.
Afirmó que tanto la legislación nacional como la provincial garantizan la gratuidad del transporte público a los pasajeros que cuentan con el certificado de discapacidad y que, cuando se trata de un viaje de larga distancia, debe presentar este certificado (o su copia auténtica) junto con el DNI al solicitar el pasaje en la boletería de la empresa, más no al subirse al ómnibus.
Consideró que la conducta del chofer - al no permitirle acceder al colectivo a la actora por tener consigo en ese momento solo su DNI - no se ajusta a ninguna norma y constituye un acto de discriminación, atentatorio de la dignidad de la actora, tanto por su calidad de consumidor como por su condición de discapacitada.
II. Recursos.
Apelaron ambas partes a través de sus letrados apoderados. La accionante lo hizo a fs. 386, fundando el recurso a fs. 396/399. La respuesta obra a fs. 415/418.
El recurso de la demandada fue interpuesto a fs. 394. Los agravios están expresados en el escrito de fs.425/432, los cuales fueron contestados a fs.441/452.
II.1. Recurso de la actora .
a . En primer lugar, cuestionó el monto del daño psicológico, afirmando que la jueza ha omitido involuntariamente tener en cuenta en el 10% de incapacidad que presenta su parte (conf. baremo dec 478/98), causado por la depresión de grado II que sufre.
A su entender, la fijación para el rubro indemnizatorio articulado se compone tanto por el coste del tratamiento tendiente a disminuir o eliminar los efectos del daño, cuanto de la compensación por el daño efectivamente sufrido, que no es más que lo que se ha dado en conocer como “sufrimiento psicológico”
b . También se quejó del monto fijado para reparar daño moral por considerarlo bajo. Afirmó que están demostrados los padecimientos y las vejaciones sufridas por la actora por el comportamiento malicioso de la empresa de servicios públicos.
Señaló que por su condición de discapacitada, la Sra. Buchet es una persona vulnerable e indefensa, y por tanto las laceraciones que curan fácilmente para el común de las personas, quizá resulten heridas más difíciles de cicatrizar para ella. Trajo a colación partes del informe elaborado por la perito psicóloga.
Sostuvo que la afectación del espíritu de su parte no se limitó al hecho acaecido, a la desagradable situación a la que la sometió el dependiente de la accionada, sino que además y fundamentalmente, que la ha llevado a un padecimiento de más de 5 años recorriendo oficinas administrativas municipales, estudios de abogados, estudios de mediación, audiencias judiciales.
c . En último lugar se agravió de la suma establecida por daño punitivo. Indicó que hay que tener en cuenta fundamentalmente: 1.- el carácter de servicio público que brinda la demandada; 2.- la vulnerabilidad de la actora; 3.- el comportamiento abusivo de la demandada; 4.- el trato indigno a la consumidora; 5.- las consecuencias lesivas en la demandante y por último 6.- el comportamiento posterior de la empresa accionada.
Destacó la faz preventiva de la sanción y afirmó que a los empresarios hay que hablarles en el mismo idioma financiero que manejan y que el daño punitivo debe servir para evitar el maltrato, el trato indigno, el atentado al decoro, el abuso y las prácticas perniciosas en detrimento de los derechos de los consumidores, máxime cuando se trata de personas especialmente vulnerables, como es el caso de marras.
II.2. Recurso de la demandada .
El recurso persigue la revocación de la sentencia. Con tal fin, la letrada apoderada de la empresa de transportes expuso los siguientes agravios:
a . En primer lugar se quejó de que se haya resuelto que su mandante incumplió con la normativa vigente. Por el contrario, sostuvo que la conducta desplegada por el conductor fue acorde a derecho pues la Autoridad Nacional que controla la actividad del transporte público de pasajeros (CNRT) informa que, para viajar, es necesario tener el certificado de discapacidad y el documento ( o su copia certificada), tal como surgiría de la contestación del oficio de fs. 190/191.
Afirmó que la sentencia recurrida desconoce el texto de la norma y que no puede el Sr. Juez obligar a su mandante a desoír el texto referido y/o cometer una infracción.
A su entender, con el fallo, el sistema de pases gratuitos y los requisitos para su utilización pierde valor normativo: se transforma en un mero consejo, una simple sugerencia. O sea, su relevancia práctica sería casi igual a cero. De nada valdría su elaboración y actualización: los pasajeros podrían utilizar el sistema a su antojo.
b . En segundo lugar cuestionó la fijación del daño punitivo, afirmando que no se configura un caso excepcional que la justifique.
Reiteró que su mandante no incumplió con una norma sino que buscó su efectivo cumplimiento y que, en todo caso, no se presenta un supuesto de grave indiferencia o menosprecio como señala la Sra. Jueza. Expuso que la denegatoria del conductor no se basó en un motivo infundado, maligno, doloso ni imprudente, ni basado en una desidia administrativa.
c . En capítulo aparte se quejó de los montos indemnizatorios, considerándolos elevados. El planteo es subsidiario de los anteriores.
Sostuvo que la resolución, que tiene en cuenta la pericia psicológica practicada, resulta contraria a derecho pues esta última carece de la batería de tests/ estudios técnicos administrada a la actora, tales como: Test de Bender, Persona Bajo la Lluvia, Inventario de Depresión de Beck, escala de gravedad de síntomas del trstorno de estrés postraumático, IES Escala de sucesos impactantes y MMPI II, los cuales su parte se vio impedida de cuestionar.
Adujo que la Sra. Perito realizó su informe en base a los hechos denunciados en la demanda, abstrayéndose de todo otro dato que pudo haber vivido la actora y generador del referido daño, por lo que es parcial, incompleto y carente de todo sustento fáctico y científico.
Destacó que, de existir una incapacidad, sería temporaria (toda vez que podría remitir con tratamiento), por lo que es incorrecto determinar el pago de una indemnización con motivo de ello, menos aún, cuando dicho porcentaje incluye la patología de base que ya tenía la actora previo al supuesto hecho que ahora denuncia.
A su vez, en cuanto a su monto, se agravió de que no se haya considerado la falta demostración sobre la imposibilidad y/o ineficacia de la realización del tratamiento a través de un nosocomio público, no existiendo fundamento alguno que disponga el tratamiento rentado.
Por lo demás, sostuvo que si luego del supuesto hecho la Sra. Buchet pudo seguir viajando con su poderdante, el agravio moral o psicológico no es tal, ya que es incongruente una situación de stress y que continúe utilizando libremente los servicios de la aquí demandada.
Criticó la valoración de la prueba testimonial sosteniendo que no son suficientes para acreditar un supuesto daño moral, por referirse a un estado emocional ajeno.
Hizo reserva de caso federal.
III. Tratamiento de los recursos .
Corresponde tratar en primer lugar el agravio de la empresa accionada relativo al incumplimiento.
1. No es materia discusión que la actora posee un certificado de discapacidad, en razón de una limitación en su movilidad que padece como consecuencia de haber sufrido un accidente cerebro vascular.
Tampoco está cuestionado que el día 10 de abril de 2013, en esta ciudad, el conductor del ómnibus de la empresa demandada le impidió abordar el servicio de las 15:00 horas con destino a Quilmes, pues no tenía en ese momento el certificado o su copia auténtica, pese a exhibir el pasaje emitido a su nombre cinco días antes (05/04/2013 con asiento asignado nº60) y el DNI.
Son contestes también las partes en cuanto a que la Sra Buchet finalmente pudo viajar en ese colectivo, aunque adquiriendo un nuevo pasaje, por el cual debió pagar la suma de $176,80.-, que fue emitido dos minutos antes del horario fijado para la salida, tal como lo muestran las copias de fs. 15.
La empresa de transportes también ha reconocido que la actora, por su especial condición, tiene derecho a obtener un pasaje gratuito.
La controversia se limita a la negativa del conductor, si esta se encuentra o no justificada legalmente, o dicho de otro modo, si resultó legítima la exigencia de exhibición del certificado al momento de abordar el ómnibus.
2. Comparto la opinión, de la Sra. Jueza.
La normativa no exige expresamente exhibir el certificado de discapacidad a la hora de subir al colectivo, sino que este recaudo solo es exigible al momento de concurrir a la boletería a adquirir el pasaje.
Tal como se dice en la sentencia, los derechos de la actora cuentan con una específica tutela de raigambre constitucional e internacional, que se proyecta tanto en legislación nacional como provincial, en función del principio "Pro Homine", que consiste en un criterio hermenéutico que informa toda la Legislación referida a los Derechos Humanos y que prescribe que se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos.
Las personas con discapacidad (PCD) son merecedoras de especial protección y resguardo y se promueve su inserción en la vida comunitaria, tratando de equiparar las condiciones de accesibilidad que pudieran verse disminuidas como consecuencia de los padecimientos que sufren. La desatención de esa especial tutela en virtud de su padecimiento constituye un acto de discriminación (conf. arts. 5, 14, 33, 42, 77 inc. 22 fr ls Constitución Nacional, ley n° 22.431 que instituye un sistema de protección de las personas con discapacidad, estableciendo el Decreto n° 487/83 la reglamentación de dicha ley, como así también los decretos 38/2004 y Resolución 31/2004; la ley n° 25280 que aprueba la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, suscripta en Guatemala, la ley n° 26378 que aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006. En la Provincia de Buenos Aires: arts. 36 incs. 5º y 8º de la Constitución; la ley n° 10592 (Régimen jurídico básico integral para personas discapacitadas).
En cuanto a los servicios de transporte público, el artículo 22 de la ley 10592 (Texto según Ley 14968) establece que "las empresas de transporte, colectivo terrestre y fluvial que operen regularmente en territorio provincial, deberán facilitar el traslado de las personas con discapacidad, en forma gratuita o mediante sistemas especiales y además deberán publicar, en forma fácilmente legible y entendible, las frecuencias de las unidades accesibles para personas con movilidad reducida, agregando un número telefónico para recibir consultas sobre dicha información. La publicación mencionada en el párrafo anterior deberá serlo en las boleterías de expendio de pasajes y en lugar bien visible al público, en las terminales y paradas de los itinerarios de las empresas de transporte colectivo terrestre y en las terminales en el caso del transporte colectivo fluvial. En aquellos supuestos en que la persona con discapacidad no pueda valerse por sí mismo, el beneficio del párrafo primero se hará extensivo a la persona que lo acompañe. La reglamentación establecerá las comodidades que deben otorgarse a las personas con discapacidad y las características de los pases que deberán exhibirse. Las empresas de transporte colectivo fluvial además, se encuentran obligadas a permitir el acompañamiento de perros lazarillos para los casos en que el pasajero cuente con discapacidad visual. La inobservancia de esta norma por parte de las empresas de transporte colectivo las hará pasibles de las sanciones previstas en las Leyes y decretos que reglamentan el mencionado servicio público en la Provincia de Buenos Aires...."
A ello se agrega que debe ubicarse al beneficiario en asientos de fácil acceso, en el piso inferior del colectivo, tal lo que da cuenta la contestación del oficio de fs.331/337 de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de BsAs.
La recurrente únicamente sostiene su relato en lo informado a fs. 191 por la CNRT que, en base a los Decretos 38/2004 y 118/2006, llega a la conclusión de que la documentación exigible para abordar el servicio es el original o copia autenticada del certificado de discapacidad y original del documento nacional de identidad y de su acompañante, según el caso.
El dec.38/2004 prevé en su artículo 1º: "El certificado de discapacidad previsto por la Ley N ° 22.431 y su modificatoria, la Ley N° 25.504, será documento válido para acceder al derecho de gratuidad para viajar en los distintos tipos de transporte colectivo terrestre, sometidos a contralor de la autoridad nacional, de corta, media y larga distancia, según lo establece la Ley N° 25.635. La sola presentación del certificado de discapacidad, emitido por autoridad competente en la materia, tanto nacional, provincial o municipal, en los términos de la Ley N° 22.431, o provincial pertinente, juntamente con el documento nacional de identidad o cédula de identidad o libreta de enrolamiento o cívica, o bien, el pase para franquiciados vigente, será documento válido a los efectos de gozar del derecho contemplado en la Ley N° 25.635.
Una vez reglamentada la Ley N° 25.504, los documentos indicados tendrán validez, hasta tanto las jurisdicciones responsables de la emisión de los certificados se ajusten a la nueva reglamentación. Para el uso gratuito de servicios de transporte de larga distancia, la persona con discapacidad o su representante legal deberá solicitar ante la boletería de la prestataria su pasaje y el de un acompañante en caso de necesidad documentada, indicando la fecha de ida y regreso, horario, origen, destino y causa del viaje. La solicitud descripta en el párrafo anterior deberá ser formulada con un plazo de antelación mayor a CUARENTA Y OCHO (48) horas a la realización del servicio, estando obligada la transportista a entregar un comprobante de recibo de dicho pedido, indicando fecha y hora en que se lo formula.
Deberá constar también la firma y aclaración del empleado interviniente. Para recibir el pasaje solicitado, el requirente deberá entregar el comprobante de recibo del pedido antes mencionado. Los trámites para la obtención de la orden de pasaje y el pasaje respectivo, serán gratuitos. Se consideran causas de integración social, aquellas que permitan a la persona con discapacidad compartir situaciones familiares o comunitarias en un lugar distinto al de su domicilio. Al momento de formular el pedido, el usuario podrá solicitar que las plazas a utilizar, él y su acompañante, si correspondiere, sean las más próximas a la puerta de ingreso a la unidad. Las personas ciegas podrán viajar en los vehículos de transporte público de pasajeros por automotor de corta, media y larga distancia, sometidas al contralor de autoridad nacional, acompañadas de UN (1) perro guía, previa autorización que extenderá la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
La inobservancia de las prescripciones establecidas en la presente reglamentación será sancionada de conformidad con el Régimen de Penalidades por Infracciones a las Disposiciones Legales y Reglamentarias en Materia de Transporte por Automotor de Jurisdicción Nacional, aprobado por el Decreto N° 253 del 3 de agosto de 1995 y su modificatorio N° 1395/98, o el que lo reemplace en el futuro." El artículo 2º es de forma.
A su vez, el dec. 118/2006 que se refiere a la administración de un fondo de compensación generado por un impuesto sobre transferencia a título oneroso o gratuito, o importación, de gas oil o cualquier otro combustible líquido que lo sustituya en el futuro, destinado a regir hasta el 31 de diciembre de 2010, en su artículo 4º dice: "Establécese que el derecho de gratuidad para viajar en los distintos tipos de transporte colectivo de pasajeros sometidos a contralor de la autoridad nacional dispuesto por el Artículo 1º del Decreto Nº 38 de fecha 9 de enero de 2004, será reglamentado por la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, debiendo observar entre otros aspectos explicitados en los considerandos de dicha norma y mientras rija el Decreto Nº 2407 de fecha 26 de noviembre de 2002 las siguientes pautas: a) Será aplicable a los servicios enumerados en los literales a), b) y c) del Artículo 3º del Anexo II del Decreto Nº 2407/2002.b) Para cada servicio, la obligación de transporte se limitará a UNA (1) plaza para discapacitado y UNA (1) para su acompañante, si el servicio cuenta con hasta CINCUENTA Y CUATRO (54) asientos y de DOS (2) plazas para discapacitados y su acompañante si la capacidad fuera mayor. c) Independientemente de lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 1º del Decreto Nº 38/2004, la inobservancia de lo normado en dicho artículo habilitará a la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS a reducir el beneficio del Gasoil a precio diferencial, de acuerdo con la reglamentación que establezca dicha Secretaría."
Como puede observarse, los decretos mencionados en el informe no exigen de forma expresa el recaudo aludido, de modo que la interpretación efectuada por el ente público luce, cuanto menos, excesiva. Es que la reglamentación no puede estar por encima de las garantías y derechos de las personas con capacidades diferentes expresamente reconocidos en tratados internacionales con jerarquía constitucional y en leyes posteriores emanadas del Congreso de la Nación que estaban vigentes a la fecha en que ocurrió el hecho aquí ventilado, ni cabe sostener interpretaciones que lleven a dificultar e incluso a frustrar el ejercicio de los derechos reconocidos en la norma.
En conclusión, la documentación que acredita la discapacidad debe ser presentada al solicitar el pasaje en la boletería pues la gratuidad del pasaje se materializa es ese momento. Al subirse al ómnib
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.