Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 173424
Expte. N º 173424 - Juzgado Civil y Comercial N°13
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “DÍAZ, LILA DEL CARMEN C/ TRANSPORTE 25 DE MAYO SRL Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 21 de mayo de 2021?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 21 de mayo de 2021, el Sr. Juez a titular del Juzgado Civil y Comercial N°13 departamental, Dr. Maximiliano Colángelo, dictó sentencia definitiva en la que hizo lugar a la demanda promovida por Lila del Carmen Díaz contra Transportes 25 de Mayo SRL y condenó a esta última -conjuntamente con la citada en garantía Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros S.A.- a pagar a la actora $993.200 más intereses y costas.
Para así decirlo, consideró probado que el 22 de diciembre de 2017 a las 13:15 horas la actora era transportada en el interno 118 de la línea 543 de la empresa demandada y, al descender de la unidad en la intersección de calles Camusso y Ayolas de esta ciudad, el chofer aceleró de manera tal que produjo la caída de la Sra. Díaz sobre el pavimento.
Destacó que la demandada y la citada en garantía no lograron demostrar ninguna causal idónea para interrumpir total o parcialmente el nexo causal entre el hecho y el daño.
En cuanto a los daños, hizo lugar a los siguientes rubros: a) Gastos médicos: $15.000; b) Gastos de traslado: $35.000; c) $600.000 a valores actuales; d) Daño moral: $300.000; e) Daño emergente por costo de terapia psicológica: $43.200.
II. El recurso de la actora.
La accionante apeló la sentencia el 31 de mayo de 2021 y fundó su recurso el 9 de junio de ese mismo año, mediante la presentación electrónica N°45111077. De ese memorial se dio traslado en primera instancia por orden de Tribunal (véanse providencias del 3/11/2021 de Cámara y del 15/11/2021 del Juzgado de primera instancia) y fue respondido por la demandada el 22/11/2021.
Aclaro lo anterior puesto que, por algún motivo, el gestor procesal de la Sra. Díaz presentó un segundo memorial el 11/06/2021, pieza que -en el contexto descripto- cabe tenerla por no escrita. Por aplicación del postulado de la preclusión por consumación, no puede un litigante ejercer válidamente una facultad procesal cuando esa misma prerrogativa ya había sido ejercida con anterioridad (esta Sala, c. 140290 -" Alvarado, Alcides ..."- sent. 18 de agosto de 2010, entre muchos otros).
En el precitado escrito del 9 de junio de 2021 la actora cuestionó únicamente el rechazo del daño punitivo. En prieta síntesis, afirmó:
(a) Que es incorrecto evaluar la multa regulada en el art. 52 bis de la Ley 24.240 como una respuesta económica a una ventaja económica, y no como una sanción a un trato vejatorio.
Dice que el daño punitivo es una multa civil que tiene por objetivo sancionar a las empresas que incumplen gravemente sus obligaciones legales y contractuales, de modo de que corrijan su conducta en torno al comportamiento comercial más adecuado y acorde a la normativa tuitiva de los consumidores.
(b) Que la prueba producida por la reclamante ha estado dirigida a demostrar algunos parámetros útiles para cuantificar el rubro. Si bien no se acreditó la reiteración de la misma conducta por parte de la empresa, considera que otras pruebas acreditaron otros motivos que justifican la pena.
Alega que la accionada, a través de su dependiente, actuó con grosera negligencia y culpa grave al arrancar el colectivo antes de que la actora, una mujer mayor, terminara de bajar de la unidad. Luego, califica como “desprecio inadmisible” que el chofer dejó “ a una mujer mayor tirada en el piso, luego de observar que había sufrido una lesión que quedó acreditada en autos, sin llamar a una asistencia médica o sin llevarla por él mismo para que sea atendida ”. Destaca que el juez reconoce esa circunstancia en la sentencia.
Entiende que la conducta del chofer no fue un simple incumplimiento y justifica sobradamente la sanción reclamada y que la falta de acreditación de algunos extremos que hubieran ayudado a cuantificar el rubro no justifica su desestimación.
(c) Que la prueba producida demostró que no invertía dinero en capacitación, ni poseía protocolos o manuales en los que se pautase el modo de conducirse en situaciones como las que motivaron el pleito. Dice que la demandada pagó casi 23 millones de pesos en indemnizaciones por accidentes de tránsito, por fuera de lo abonado por el seguro.
Agrega que debe evaluarse la conducta posterior de la empresa: no solo el abandono de la actora con su miembro superior lesionado, sino también la falta de pago de los gastos médicos generados, los datos del seguro y la negativa del hecho una vez iniciado el proceso judicial.
III. Tratamiento de los agravios.
El recurso es fundado y debe progresar.
Explicaré en primer lugar por qué considero que la sanción reclamada por la actora es procedente y luego definiré el monto que corresponde imponer y las pautas para su cuantificación.
III.1. Sobre la imposición de la multa.
El artículo 52 bis de la Ley 24.240 -incorporado por ley 26.361- establece que «al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan».
En mi voto en la causa “ Machinandiarena Hernández, Nicolás c/ Telefónica de Argentina s/ Reclamo contra actos de particulares ” (Expte. 143.790, res. del 27/05/2009) expuse que para que la actuación del proveedor merezca la citada sanción, la norma sólo exige el incumplimiento por parte de éste de sus obligaciones legales o contractuales para con el consumidor. Ello permitió que algún sector de la doctrina afirmara que el daño punitivo resultaría aplicable a todos los casos en los que se de cualquiera de los citados extremos, es decir, a todo vínculo jurídico dentro de la relación de consumo. Entonces, allí donde haya un reclamo por un derecho violado, dentro de esta relación, existirá a la par la potestad de exigir daños punitivos (entre otros, Álvarez Larrondo, F. “ Contrato de paseo en un shopping, deber de seguridad, daños punitivos y reforma de la ley 26.361 ”, LL 2008-D, 58).
Empero, también expuse en numerosos precedentes posteriores que el amplio alcance que le fue asignado al instituto en el art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor contrasta con las posturas dominantes en el derecho comparado, en cuanto afirman que las indemnizaciones o daños punitivos sólo proceden en supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o la culpa grave del sancionado o por la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o, en casos excepcionales, por un abuso de posición de poder, particularmente cuando ella evidencia menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva (mi voto en causas 162.615 -“ Curry ...”- del 27/04/2017, 164.060 -“ Gabas ...”- del 07/02/2018 y 170873 -" Giacometti ..."-, del 18/02/2021; v. Stiglitz, Rubén S. y Pizarro, Ramón D., “ Reformas a la ley de defensa del consumidor ”, LL 2009-B, 949).
Al presente esta postura se impone en la jurisprudencia nacional que, en forma ampliamente mayoritaria, considera que el mero incumplimiento de la normativa no basta para que proceda la aplicación de la multa civil, propugnando una interpretación sistemática del texto legal. En ese sentido, se señala que para la configuración del daño punitivo debe concurrir un elemento subjetivo agravado en la conducta del proveedor de bienes o servicios, que se traduce en culpa grave o dolo, negligencia grosera, actitud temeraria o notorio menosprecio por los derechos ajenos , así como un elemento objetivo consistente en un daño que por su gravedad, trascendencia social o repercusión institucional demande la imposición de una sanción ejemplar (esta Sala, en causas 162.615 -“ Curry ...”- del 27/04/2017, 164.060 -“ Gabas ...”- del 07/02/2018, 165165 -" Massacesi ”- del 5/04/2018, 165996 -" Felices ..."- del 20/09/2018, 166363 -" Bassano ..." del 2/10/2018, 166517 -" Faggiolini ..." del 09/10/2018, 170873 -" Giacometti ..."-, del 18/02/2021 y 166437 -" Alfageme ..."- del 12/08/2021).
b. Contrariamente a lo decidido por el magistrado en su sentencia, entiendo que se han acreditado circunstancias suficientes que permiten advertir que un grave destrato y menosprecio por los derechos y la dignidad de la actora, justificando de ese modo la sanción reclamada (arts. 11.1 de la CADH, 75.22 y 12.3 de la CN, 8 bis y 52 bis de la Ley 24.240, y 1, 4 inc. "a" y "b", 6, 19 y 31 de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores -OEA, 15/06/2015-, aprobada por Ley 27.360).
Llega incontrovertido a esta instancia el hecho principal que motiva esta controversia: el 22 de diciembre de 2017 la actora viajaba en el interno 118 de la línea 543 de la demandada y, al descender de la unidad en calles Camusso y Ayolas, se cayó al pavimento. El motivo de la pérdida de equilibrio fue que el chofer, por motivos que se desconocen, reanudó abruptamente la marcha del vehículo cuando Díaz aun no había terminado de bajar.
El juez consideró acreditado -y no viene cuestionado por la demandada y su citada- que el colectivero nada hizo ante la caída de la actora. Dijo el magistrado que el chofer la «abandonó» en el lugar (considerando IV.c del fallo), quedando Díaz en compañía de quien luego fuera testigo en estas actuaciones, el Sr. Maximiliano Boggón. Este último asistió a la víctima durante unos cuarenta minutos hasta que la actora pudo retirarse por sus propios medios (v. testimonio en la audiencia del 06/06/2019).
El testigo Boggón presentó un relato sumamente convincente que permite explicar el motivo principal de la caída de la Sra. Díaz: la ostensible negligencia del chofer del colectivo. Dijo que la actora bajó por la puerta delantera de la unidad, lo que significa que el dependiente de la demandada no tuvo que acudir a espejos o sortear alguna dificultad para verificar si la pasajera había terminado o no de descender. Por el contrario, todo ocurrió a poca distancia y a la derecha de su campo de visión, con plena y absoluta aptitud de observar la maniobra de la pasajera. Esto significa, además, que no es posible imaginar por qué motivo -que no sea su propia desatención- comenzó la marcha sin verificar con una simple mirada si la pasajera había terminado de descender.
Tampoco se comprende por qué, una vez que advirtió que la Sra. Díaz cayó al suelo, nada hizo para ayudarla. El testigo expuso su sorpresa sobre este punto y relató que el chofer directamente se fue, dejándola a su suerte y con una mano hinchada que, evidentemente, daba cuenta de alguna lesión que podría requerir -y finalmente requirió- un control médico.
La pasividad argumental y probatoria de la accionada permite tener por acreditado lo que la accionante afirmó en su escrito de demanda: que la compañía de transportes ninguna asistencia le brindó en el momento (lo cual no sorprende, pues el chofer se retiró del lugar), y tampoco se le informó cómo podía obtener asistencia médica, o procurarse los datos de un seguro frente al cual canalizar algún tipo de reclamo administrativo (art. 53 a contrario de la Ley 24.240; art. 163.5 y 384 del CPCCBA).
Si bien todo este destrato inicial pudo haber obedecido a la inconducta del conductor del colectivo, lo cierto es que la empresa de transporte nada hizo para enmendar el perjuicio generado a su pasajera lesionada. Y es en este punto donde, a mi modo de ver, la sanción se percibe como justificada.
En efecto, frente a un contexto como el reseñado (pasajera que se cae por una mala maniobra del chofer y que cuenta con testigo presencial de lo sucedido y registro informático del abono del pasaje), la demandada ninguna conciliación logró, siquiera en instancia de mediación previa, de modo de evitar el tránsito por un litigio judicial con previsible resultado adverso.
Peor aun: presentada la demanda ante los tribunales, la proveedora del servicio de transportes se desentendió por completo del hecho y negó la totalidad de la plataforma fáctica que la Sra. Díaz invocó en fundamento de su reclamo. No hubo una versión alternativa de lo sucedido, no se mencionó el nombre del chofer, no se brindó una explicación o una justificación sobre la caída o las circunstancias posteriores: absolutamente todo fue negado.
En un único y aislado párrafo, la empresa de transportes afirma que el relato de la actora “ torna verosímil que el propio chofer no haya advertido el suceso ” (punto IV.e de la contestación de demanda), lo cual resulta llamativo porque la demandada pareciera defenderse admitiendo la posibilidad de que el accidente haya ocurrido, a la vez que: 1) brinda una explicación basada en la confesa negligencia de su dependiente, argumento que difícilmente pueda tener utilidad para resistir la pretensión resarcitoria incoada por la Sra. Díaz (arts. 8, 10 y cctes. de la Ley 24.240 y 1753 del CCyC) y, 2) la culpa de su dependiente que la demandada postula como mera hipótesis de lo que pudo haber ocurrido no resulta compatible con el relato del testigo Boggón, quien dijo que Díaz descendió por la puerta delantera y, como dije, resulta difícil imaginar de qué modo no podía ver el chofer lo que ocurría a cortísima distancia de su puesto de manejo o, advirtiendo luego la caída, se retiró del lugar sin asistir a su pasajera accidentada.
En otras palabras, la negligencia de su dependiente fue muchísimo más grave de la que la demandada está dispuesta a admitir como mera posibilidad.
En cualquier caso, y no obstante todo lo dicho, me interesa destacar que el reproche que le cabe a la empresa de transporte no debe focalizarse en el accidente propiamente dicho: no es la caída en sí lo que justifica la sanción, sino el conjunto de comportamientos posteriores que siguieron a ese desgraciado hecho inicial. Allí sí se vislumbran motivos suficientes para imponer la multa que regula el art. 52 bis de la Ley 24.240 de conformidad con los estándares ya reseñados.
Es que, además de ocasionar el accidente con motivo del actuar culpable de su dependiente, de abandonar a la pasajera a su suerte luego de la caída, de no brindarle a la consumidora ningún tipo de asistencia e información que permita paliar su situación (e.g., llevarla a un centro de salud, decirle dónde puede concurrir para que le sean realizadas las curaciones necesarias, darle datos de un seguro para formular reclamos, etcétera) ni ofrecer reparaciones que permitan evitar instancias judiciales, la demandada sometió a la Sra. Díaz a un pleito completamente evitable que lleva hoy más de tres años y en el que se limitó a afirmar que lo que la pasajera dice es mentira, no produjo absolutamente ninguna prueba ni tampoco colaboró arrojando alguna luz sobre los múltiples tópicos que resultaron controvertidos , tal como lo exige el art. 53 de la Ley 24.240 (no identificó al chofer, no se explicaron los protocolos a seguir en accidentes como el sufrido por la actora, no se explicó por qué el conductor no asistió a la pasajera, no la llevó a algún lugar para ser atendida, etc.).
En este contexto, no cabe sino inferir que el litigio judicial ha obedecido a una actitud especulativa de la demandada de no indemnizar a su pasajera por un hecho cuya materialidad negó genéricamente en primera instancia y siquiera controvirtió en Cámara, y que ha provocado daños que han sido suficientemente acreditados.
En reiteradas ocasiones la Casación bonaerense, citando a Morello, ha dicho que « los jueces no pueden ser fugitivos de una realidad que se presenta objetivamente ante sus sentidos » (SCBA, causa 92.313 del 10/10/2007, c. 92112 del 20/08/08, c. 111.698 del 08/08/2012; Morello, Augusto M., " La Corte Suprema, piloto de tormentas ", publicado en La Ley, Sup. Esp. La emergencia y el caso Massa 2007 (febrero), 91).
Pues bien, los magistrados no somos ajenos al hecho de que los tiempos que normalmente insume todo pleito judicial, sumado a la tasa de interés moratoria fijada por nuestra Casación provincial (de por sí insuficiente para cubrir la depreciación de la moneda), la imposibilidad legal de indexar o repotenciar deudas dinerarias (art. 7 y 10 de la Ley 23928 y 4 de la 25.561) y la inflación acuciante que aqueja a nuestra economía desde hace más de una década (que supone, en los hechos, la pérdida del valor adquisitivo de la moneda), conforman un estado de cosas en el que el deudor malicioso optará siempre por dilatar el pago de lo debido –yendo a juicio, si fuese necesario- antes que cumplir en forma oportuna (art. 10 del CCyC).
Han transcurrido más de cuatro años desde la fecha del accidente. La cuantificación actualizada de la deuda de valor no permite garantizar la integridad del contenido económico de las indemnizaciones si el pago, por el tiempo que insumen las instancias recursivas, se dilata en el tiempo. Las tasas pasivas -o incluso las activas, como las que escogió el juez- se utilizan de un modo muy diverso a como operan en la contratación bancaria: al no admitirse la capitalización en juicio de los accesorios por mora (algo que es habitual en los productos bancarios donde naturalmente operan esas alícuotas), toda tasa en el mediano o largo plazo termina generando un rendimiento negativo. Este escenario beneficia al deudor de la condena y genera un atractivo incentivo para dilatar a como dé lugar el pago de lo que es debido.
Este Tribunal ha resuelto en varias oportunidades que la aplicación del daño punitivo puede -y debe- funcionar como una medida tendiente a desmantelar el provecho obtenido por la demandada con la demora injustificada en el cumplimiento de su obligación, al judicializar la cuestión de manera abusiva, lucrando con el pago tardío de una indemnización licuada por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda (v. esta Sala, exptes. 158.197 S. 11-12-2014 Reg. 323-S y 158.009 S. 21-4-2015 Reg. 78-S, ambos con voto del Dr. Loustaunau).
Esta « financiación por vía judicial» (como sagazmente la denominó mi colega de sala en los precedentes citados en el párrafo anterior) no es otra cosa que un abuso del proceso: detrás de un ejercicio aparentemente legítimo del derecho de defensa en juicio por parte de la proveedora de bienes y servicios se esconde una voluntad pérfida dirigida a sacar un provecho económico derivado de los tiempos y la demora que conlleva el pleito judicial, lo que expone un apartamiento de los fines que el ordenamiento jurídico asigna a los institutos procesales y los límites que imponen la buena fe, la moral y las buenas costumbres, generando un perjuicio a la contraria y al avance regular del proceso (art. 1071 del Cód.Civ., actual art. 10 del Cód.Civ.Com.; Peyrano, Jorge W., “ El abuso procesal ”, La Ley 08/03/2007,1; en igual sentido, véase Berizonce Roberto O., “ Abuso del proceso como insustancialidad de las proposiciones y técnicas de abreviación de los trámites” , Rev. Der. Proc., Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2011-1, pp. 181 y ss.).
Esta conducta merece un doble reproche cuando es realizada por un proveedor en el contexto de una relación de consumo: por un lado, supone una violación al deber de trato digno que para con su cliente, y que no cesa -más aún: se agrava- cuando un diferendo es llevado a pleito (art.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.