Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123891
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Acordada 1.790); con costas.
C. 123.891 "L. P. Y OTROS C/ OBRA SOCIAL DE DOCENTES PARTICULARES S/ RECLAMO CONTRA ACTO DE PARTICULARES S/ RECURSO DE QUEJA"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, hizo lugar a la demanda promovida por P. L. y J. I. M., ambos por derecho propio y en representación de su hijo menor F. M., contra la Obra Social de Docentes Privados y, en consecuencia, condenó a esta última a abonar la suma de $ 100.000 a cada uno de los padres, en concepto de daño moral y la de $ 500.000 a favor del hijo, en concepto de multa por daño punitivo, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 1268/1281)
Apelada dicha decisión, la Sala II de la Cámara de Apelación departamental la confirmó. Sostuvo el Tribunal de Alzada que correspondía la aplicación al caso del art. 42 de la Constitución nacional y las disposiciones de la ley 24.240, reformada por la ley 23.361 y destacó además que debía tenerse en consideración la regulación constitucional y convencional que el derecho a la salud de un niño discapacitado tiene como derecho humano esencial (v. fs. 1315/1336).
Contra dicho pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 10-XII-2019), el que fue denegado en atención a la insuficiencia en el valor del agravio (v. fs. 1347). Ello motivó la interposición de una queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. presentación electrónica de fecha 6-II-2020).
II. En su impugnación, y en relación al mencionado recaudo de admisibilidad de la vía revisora intentada, sin cuestionar la afirmación de la Cámara sobre el cálculo del valor del agravio y con el fin de sortear tal limitación, la legitimada pasiva invoca la existencia de cuestión federal, con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" y "Di Mascio" (Fallos: 308:490 y 311:2478).
Sobre la base de tales agravios, la competencia revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar la atendibilidad de los planteos invocados por el recurrente (conf. doctr. causas Q 73.504, "Malchiodi", resol. de 24-VI-2015; C. 123.331, "Orona", resol. de 16-X-2019; C. 123.597, "Agliani", resol. de 29-IV-2020).
En el caso, su pretensión carece de asidero.
Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para limitar el trámite de embates que porten agravios federales.
Así, de acuerdo a los términos del fallo atacado, no se advierte en los presentes - prima facie - la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia extraordinaria, desde que no obstante alegarse arbitrariedad y la supuesta afectación de garantías constitucionales, lo cierto es que en la impugnación incoada -donde se discute la aplicación al caso de la ley de defensa del consumidor- no se observan argumentos suficientes que permitan constatar la existencia de una relación directa e inmediata entre las normas federales denunciadas y las circunstancias concretas debatidas y resueltas en el presente caso (doctr. art. 15, ley 48 y causas C. 119.292, "C., E.", resol. de 3-IX-2014; C. 121.379, "Lopérfido", resol. de 20-IX-2017; C. 122.391, "B. V.", resol. de 18-IV-2018 y C. 123.116, "Ortega", resol. de 5-VI-2019). En tales condiciones, se impone el rechazo de la queja intentada (arts. 278 y 292, cód. cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Acordada 1.790); con costas.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/08/2020 14:07:25 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2020 15:27:07 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2020 18:59:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/08/2020 17:25:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/09/2020 13:49:17 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia