Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 174957
EXPEDIENTE N ° 174957 JUZGADO N ° 13
En la ciudad de Mar del Plata reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "RICHARD MONICA PAMELA C/ SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES S.R.L. S/ RECLAMO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia de 29-3-2021?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En la resolución apelada, el juez decretó la nulidad de la notificación obrante a fs. 63/64 y de todo lo actuado en su consecuencia. Impuso las costas de la incidencia en el orden causado.
Para resolver así, estimó cubierto el principio de trascendencia en la medida que se trataba de la notificación del traslado de demanda.
En punto al domicilio erróneamente consignado en la cédula cuestionada, receptó las alegaciones y prueba acercadas por la incidentista. Basado en el informe remitido por la Inspección General de Justicia con fecha 22-12-2020 que el día 11-6-2018 la sociedad demandada mudó su domicilio a la calle Vedia nro. 4090 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, verificó que la notificación bajo responsabilidad de parte llevada a cabo el día 29-10-2019 en calle Paraguay 733 de la misma ciudad evidencia que la diligencia es errónea.
Descartó las alegaciones de la actora en torno a que en el mes de junio de 2018 la demandada se anotició de la fecha de la audiencia fijada por la mediadora prejudicial en el domicilio de calle Paraguay, o que su letrado apoderado haya adjuntado un poder especial en el que consignaba el domicilio de la incidentista en la mencionada arteria, por considerar que se trata de actos realizados con anterioridad a la notificación del traslado de la demanda.
Finalmente, se apartó del principio objetivo de la derrota al imponer costas en el orden causado porque la parte incidentada es una consumidora que no podía razonablemente suponer que la demandada había mudado su domicilio con posterioridad a la convocatoria para la mediación prejudicial.
II. Apelaron ambas partes.
La actora lo hizo el 18-3-2022. Presentó el memorial el 4-4-2022, que fue contestado por la incidentista el 19-4-2022.
La demandada hizo lo propio el 19-4-2022. Expresó agravios el 6-5-2022 y el 23-5-2022 contestó la actora.
II. 1. Síntesis de los agravios de la actora.
II.1.1. Primero esgrime que el juez omitió dar acertado tratamiento a la “falsedad ideológica” contenida en el acta societaria de cambio de domicilio y que con ello desvirtuó la noción de “fe pública registral” que ha de darse al informe provisto por la I.G.J.
Aclara que no pretende significar que se haya cometido el delito porque no se configuró el requisito subjetivo de la figura, que es la intencionalidad en causar un perjuicio con la falsedad, pero denuncia que en los documentos adjuntados por la contraria se insertó un hecho falso, que es el cambio de domicilio.
A su entender, el juez omitió considerar los instrumentos públicos confeccionados y de los que participó la propia demandada con posterioridad al acta de gerencia n° 203 de fecha 26-4-2018, en que los socios adoptaron la resolución de cambiar de sede social a la Calle Vedia n° 4090 de C.A.B.A, que son instrumentos en donde se refleja que el domicilio de la sociedad sigue siendo el de calle Paraguay n° 733 de C.A.B.A.
Precisa que entre esos instrumentos se encuentran la carta documento enviada el 31-5-2018 por la mediadora, en la que la demandada fue convocada a la audiencia de conciliación; del poder especial otorgado por la demandada el día 7-6-2018 que fue utilizado por el apoderado en la audiencia de mediación del 21-6-2018 y luego adjuntado por la mediadora a la presentación electrónica de fecha 2-9-2020.
En base a lo anterior, sostiene que la inscripción registral de los documentos societarios ante la Inspección General de Justicia (IGJ) no implica veracidad y/o existencia y/o autenticidad del contenido del documento, que ninguno de los documentos agregados ni el informe de la IGJ genera una presunción iure et de iure del cambio de domicilio, por lo cual, plantea que los documentos en los que el juez basó la conclusión a la que llegó, son documentos que no cuentan con una verificación de la sinceridad de su contenido.
Como argumento subsidiario, postula que la demandada debió acreditar que con posterioridad al cierre de la audiencia de mediación, en donde expresamente reconoció que su domicilio era el de la calle Paraguay, ocurrió el cambio de domicilio.
II.1.2. En segundo término, alega que no se ha dado adecuado tratamiento al “consentimiento” prestado por la demandada al vicio que se proyectaba.
Cuestiona que el cómputo del término en el que fue entablado el incidente sea estimado a partir de la fecha en que el demandado retiró el expediente en préstamo, esto es, el 8-7-2020. Propone que, en su lugar, se atribuya la toma de razón al día 21-6-2018, en el que concurrió a la audiencia de mediación, pues a su entender, la demandada no puede desconocer que la actora está obligada a notificar el traslado de la demanda al domicilio que se denuncia bajo juramento al promover el proceso de mediación extrajudicial, tal como lo prevé el art. 18 del Decreto 43/2019.
II.1.3. Expresa que el sentenciador omitió pronunciarse sobre la propia torpeza del demandado, pese a que el capítulo fue elevado oportunamente a su conocimiento.
Plantea que la demandada reconoció que su domicilio continuó siendo este último al otorgar el poder de fecha 7-6-2018, que luego fue presentado el 21-6-2018.
Agrega que de las constancias de las páginas web incorporadas al presente expediente judicial con fecha 12-9-2018 surge que la demandada seguía informando que su domicilio era el de calle Paraguay n° 733 de CABA.
II.1.4. Finalmente, le agravia que el magistrado eximió a la demandada de haber acreditado cuál sería su “interés en la tacha de nulidad”, exhibiendo las defensas que podría haber articulado y de las que se vio privada.
Introduce a consideración que la accionada no desconoció la legitimidad del reclamo de la actora, y que solo se limitó a escudarse en acusar la falta de legitimación, cuando por otra parte reconoció expresamente que forma parte de la cadena de comercialización, lo cual apareja su responsabilidad en los términos del art. 40 de la ley 24.240, dedicado a la legitimación pasiva en materia de daños por productos elaborados.
Observa que la incidentista no indicó cuáles serían los perjuicios y las defensas claras y concretas que se ha privado de articular, y por eso no logró satisfacer la exigencia prevista en el art. 172 del CPC.
II. 2. Agravios de la demandada.
Cuestiona la imposición de costas.
Considera que no hay circunstancia de hecho que habilite el apartamiento del principio objetivo de la derrota, porque en el caso no se planteó una cuestión novedosa, ni está revestido de particularidades que la aparten de los rasgos apreciables en la generalidad de los procesos en trámite ante la jurisdicción.
Destaca que la parte actora incurrió en negligencia por instar la notificación de la demanda en un domicilio que no se correspondía con la sede social de la demandada. Detalla que la cédula notificación regresó con fecha 25-10-2018 con resultado negativo, y pese a que el domicilio ya surgía inscripto ante la Inspección General de Justicia con fecha 11-6-2018, la accionante insistió bajo su responsabilidad con librar una nueva cédula el día 15-11-2018 a un domicilio erróneo, tal como fue estimado por el juez al hacer lugar al incidente de nulidad de notificación.
Esgrime que lo que correspondía oportunamente era que la actora envíe la notificación a la sede social inscripta por la demandada previa averiguación ante la Inspección General de Justicia, y que al no haberlo hecho así, actuó negligentemente y notificó erróneamente en otro domicilio.
Enfatiza que ante el resultado negativo de la cédula dirigida a la calle Paraguay 733 era necesario que el letrado de la parte accionante llevara a cabo las diligencias necesarias para trabar la litis, y que el hecho de que el consumidor no sepa cuáles son, ello no releva de competencia a su abogado.
III. Consideración de los agravios.
Sin perjuicio del tratamiento integral que se dará a las cuestiones planteadas por las partes me interesa aclarar que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no estamos obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos, sino tan solo los que consideremos suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Loutayf Ranea Roberto G. “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, t. 2 págs.310/313, Astrea, 2da ed. act. y amp., Bs.As. 2009).
III.1. El recurso de la parte actora no puede prosperar.
Cuando la notificadora judicial se presentó el día jueves 25-10-2018 a las 10:00 hs. para diligenciar la cédula del traslado de la demanda en el domicilio de calle Paraguay 733 de la ciudad de Buenos Aires, el encargado del edificio le informó que la sociedad requerida, "Servicios y Productos para Bebidas Refrescantes SRL", demandada en su calidad de persona jurídica responsable de Coca-Cola de Argentina, "no vive más allí" (fs. 54 vta.).
Un año después (28-10-2019) se reiteró la diligencia y el resultado también fue negativo, pues en la constancia extendida al dorso de la cédula se informó que nadie respondió a los llamados de la notificadora.
Tal como bien lo aprecia el juez de primera instancia, conforme surge del informe emitido por la Inspección General de Justicia con fecha 18-12-2020 se desprende que, bajo el registro 6966, con fecha 11-6-2018 , la sociedad demandada mudó su domicilio a la calle Vedia nro. 4090 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (proveído el 22-12-2020).
Como es sabido, el domicilio se configura por el lugar que la ley instituye como asiento de los sujetos para la producción de determinados efectos jurídicos (arts. 141, 152 del CCyC).
En lo que aquí interesa, por tratarse de un incidente de nulidad de notificación de la demanda a una sociedad anónima, corresponde recordar que el domicilio de la persona jurídica es el fijado en sus estatutos o en la autorización que se le dio para funcionar; que el cambio de domicilio requiere modificación del estatuto; y que se tienen por válidas y vinculantes para la persona jurídica todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta (art. 152 y 153 del CCyC; art. 11 inc. 2 ley 19.550).
Si bien bajo el régimen de la Ley de Sociedades Comerciales, el domicilio corresponde a la jurisdicción en la cual se constituye la sociedad y cuya autoridad judicial competente autoriza a inscribirla en el Registro Público de Comercio, mientras que la sede es el lugar preciso de una determinada ciudad o población, en donde funciona la administración y gobierno de la sociedad, la mayoría de los autores y de los precedentes jurisprudenciales coinciden en estimar que la sede social inscripta constituye un domicilio legal en los términos del art. 90 del Código Civil (152 del CCyC), de modo tal que cualquier notificación que allí se practique resulta válida en tanto se reputa que allí reside la sociedad y de ello no se admite prueba en contrario (Pérez Cavanagh y ot; "La validez de las notificaciones en el domicilio social inscripto. Excepciones a la regla prevista en el art. 11, inc. 2°, ley 19550", en La Ley en línea AR/DOC/1905/2013).
La sede inscripta no es un mero hecho comunicado al registro, tácticamente mutable (y de mutación conocible), sino que implica una declaración vinculante y erga omnes por la cual el ente constituye una determinada sede a los fines de su vinculación con terceros (Pérez Cavanagh, op. cit.).
A contrario de lo que plantea el apelante, considero que en el caso no hay tensión entre el domicilio real de la sociedad y el que figura en el registro público que informa la Inspección General de Justicia, pues coinciden.
Efectivamente, y tal como se detalló al principio, la constatación efectuada por la ujier que practicó las diligencias de notificación del traslado de la demanda, aporta información suficiente acerca de que la persona jurídica no se domiciliaba en el lugar donde fueron destinadas las cédulas, en las fechas en la que la delegada se constituyó en el domicilio de calle Paraguay (octubre de 2018 y de 2019). Esto no contradice la mudanza que fue inscripta en los registros oficiales en junio de 2018.
Es acertada la apreciación de la prueba por parte del juez, en cuanto a que las constancias referidas por la actora apelante para fundar su oposición a la nulidad no son valederas porque se retrotraen con anterioridad al día 11-6-2018, que es la fecha de la publicidad del cambio de domicilio al de la calle Vedia (v.gr., la carta documento enviada por la mediadora el 31-5-2018 y el poder judicial otorgado por la demandada el 7-6-2018, que adjuntó la mediadora el 2-9-2020).
Por otra parte, no debe perderse de vista que la notificación bajo responsabilidad de parte se trata de una creación jurisprudencial que tiende a facilitar el normal desenvolvimiento del proceso y superar las maniobras dilatorias o de ocultamiento del domicilio que pudieron suscitarse. En dicho contexto, cuando se solicita su aplicación es porque el solicitante tiene la certeza absoluta que el demandado "vive allí" y toma bajo su responsabilidad cualquier nulidad que tal acción acarree (esta Sala, causa nro. 161.911, RSI 447 del 6-10-2016).
Sin embargo, no hay prueba alguna que avale la hipótesis de la actora, por la cual la demandada habría conservado el domicilio de calle Paraguay con posterioridad a la inscripción de la mudanza de la sede a calle Vedia.
Por el contrario, la incidentista probó que el domicilio sito en calle Paraguay 733 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en el que fueron diligenciadas las cédulas de los días 25-10-2018 y 28-10-2019 (fs. 53/54 y 63/64) es incorrecto porque con anterioridad, el día 11-6-2018, la sociedad había informado a la Inspección General de Justicia el cambio de su sede a la calle Vedia 4090 de la misma ciudad.
Tampoco le asiste razón a la apelante en cuanto plantea, en base a la relatividad de las nulidades procesales, que la demandada no fundó el planteo de nulidad de notificación de la demanda.
La Corte Federal ha enfatizado que la notificación del traslado de la demanda reviste particular significación, en tanto de su regularidad depende la validez constitucional de la relación procesal y la efectiva vigencia del principio de bilateralidad (Fallos, 323:2653).
Al respecto, esta Sala considera que en el caso específico de la nulidad de notificación de la demanda, el análisis debe hacerse con mayor profundidad y cuidado en tanto es aquél acto el que define la relación procesal, asegura la bilateralidad del proceso y brinda la oportunidad al demandado de ser escuchado ante la justicia. Basta observar la ley adjetiva para reconocer la relevancia que el legislador le ha reconocido a dicho acto, estipulando un procedimiento distinto, especial y más riguroso, que aquel que se utiliza para otras notificaciones. No obstante, son de aplicación los principios generales que rigen en materia de nulidades procesales (principio de conservación art. 169 in fine; de especialidad art. 169 1º párr. , de protección art. 171, de trascendencia y de no convalidación art. 170), aunque se releva al nulidicente en lo referido a la demostración del perjuicio sufrido pues éste surge notorio desde que la notificación irregular impide la contestación de la demanda en término (arts. 18 CN; 8 y 25 CADH y 15 C.Prov. Bs. As.; esta Sala en causa nro. 160964 , reg. 35-S, del 27/02/2020 en "GIRARDI, GUILLERMO A. Y OTRA C/ VIGNOLLE, RAMON Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS").
En sentido coincidente se ha pronunciado el colega en el apartado IV de los fundamentos del fallo.
En base a lo expuesto, carece de asidero el planteo atinente a la ausencia de interés del demandado en el incidente de nulidad de notificación de la demanda.
Finalmente, tampoco prospera la crítica al día atribuido a la toma de conocimiento del caso, y a partir del cual se computa el plazo para la promoción del incidente.
La crítica no es razonada, por cuanto propone entender que el término para la promoción del incidente de nulidad del traslado de la demanda se remonte al día 21-6-2018, que es el día en que tuvo lugar la audiencia de mediación, cuando ese evento -lógicamente- es anterior a la fecha en que se diligenció la cédula de notificación reputada como inválida por adolecer del déficit en torno al domicilio del destinatario.
La ausencia de lógica en esta parcela del memorial torna inadmisible la queja (doct. art. 260 y 261 del CPC).
III. 2. El recurso de la demandada merece prosperar.
Conforme lo expuesto anteriormente, lo que correspondía era que la actora envíe la notificación a la sede social inscripta por la demandada previa averiguación ante la Inspección General de Justicia, y que al no haberlo hecho así, actuó negligentemente y notificó erróneamente en otro domicilio.
En efecto, el informe proveniente del primer intento de notificación el día 25-10-2018, en el que la oficial se constituyó en el domicilio de calle Paraguay 733, aporta una señal suficiente para alertar a la parte actora, quien a esa altura del pleito es la principal interesada en bilateralizar la acción -en primer lugar- y en evitar las consecuencias de la responsabilidad que emergen de la mala praxis en esa tarea, previstas en el art. 338 del CPC. De manera que la insistencia de la parte en notificar el traslado de demanda en la misma dirección en la que el encargado del edificio informó que el requerido no vive más allí no puede habilitar razón alguna para que se la exima de costas en el incidente.
Por el contrario, rige en el caso el principio objetivo de la derrota previsto para los incidentes en el art. 69 del CPC, en armonía con la responsabilidad derivada del art. 338 in fine del CPC.
De tal manera que el arbitrio judicial para disponer la eximición de las costas en esta materia se encuentra limitado al supuesto de que la cuestión jurídica sobre la que verse la controversia se preste a dificultades para su solución, sea por su complejidad natural o por la divergente interpretación que le haya dispensado la doctrina o jurisprudencia, lo que no se advierte en el caso, ya que en función de las normas procesales y sustanciales en juego la cuestión no puede ser calificada como novedosa o dudosa de derecho (esta Sala, causa nro. 154.994, RSI 101 del 28-3-2019, entre otras).
Sin perjuicio de lo expuesto, y a todo evento, se aclara que el hecho de que la actora actúe en uso del beneficio de gratuidad previsto en el art. 53 de la ley de defensa del consumidor (24.240 y sus modif.), no la exime de cargar con las costas en atención al resultado que obtenga en sus planteos, sino que le asegura no tener que afrontarlas mientras la contraria no acredite la solvencia del consumidor mediante el incidente pertinente, en cuyo caso cesará el beneficio (arts. 25 de la ley 13.133 y 53 de la ley 24.240; esta Sala, causa nro. 170.760, RSD 68 del 18-3-2021).
ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
En orden al resultado de la votación precedente, se desestima el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, con costas. Asimismo, se hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia se modifica la imposi
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