Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 179422
Expte. Nº 179422 - Juzgado Civil y Comercial N°12
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “JOZAMI ALFREDO FERNANDO C/ PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. S/RECLAMO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau:
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 7 de diciembre de 2023?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. El 7 de diciembre de 2023, la magistrada titular del Juzgado Civil y Comercial N°12 departamental, Dra. Mariana Lucía Tonto de Bessone, dictó sentencia definitiva en la cual hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Alfredo Fernando Jozami contra Prisma Medios de Pago S.A. (ex Visa Argentina S.A.) y Banco de la Provincia de Buenos Aires y condenó a estos últimas a abonar al actor $2.000.000 en concepto de daño moral, 8 (ocho) canastas básicas totales para hogar tipo 3 de daño punitivo e intereses moratorios. Dispuso, además, la restitución al actor de la diferencia que resulte en la etapa de ejecución entre las sumas restituidas por consumos de “APPLE.COM/BILL” y/o “APL.ITUNES.COM/BILL” y las que resulten de su cotejo con la planilla Anexo 1 de la pericial contable de fecha 11/7/22 con más intereses. Impuso las costas a las demandadas y difirió la regulación de honorarios.
Para así decidirlo, formuló inicialmente un resumen del modo en que quedó trabada la controversia entre las partes. Explicó que la actora alegó que a fines de 2019 advirtió consumos desconocidos identificados como “APPLE.COM/BILL” y/o “APL.ITUNES.COM/BILL” en su tarjeta VISA emitido por el banco demandado y de los cuales se enteró en forma casual ya que no tenía acceso a los resúmenes de cuenta. Refirió que desconoció los consumos y, si bien el banco le dijo que se los devolvería, no sabe ni cómo ni cuándo ni el monto, por lo que hizo reclamos telefónicos y concurrió a la Dirección General de Protección al Consumidor de Mar del Plata, donde se presentó la codemandada Prisma diciendo que sus reclamos por consumos desconocidos fueron resueltos de modo favorable, disponiéndose su restitución. Ante la respuesta poco clara del banco, decidió iniciar la vía judicial.
A su turno, la codemandada Prisma negó su responsabilidad y, entre otros argumentos, afirmó que no celebró contrato alguno con el actor y es el banco quien emite los resúmenes y ofrece la financiación. El banco accionado, por su parte, cuestionó el desinterés del accionante en la recepción y lectura de los resúmenes, negó las premisas de hecho invocadas por el Sr. Jozami en su demanda (vinculadas al paquete comercial que incluía la tarjeta de crédito) e insistió en que sus reclamos fueron resueltos favorablemente. Opuso como eximente la culpa de la víctima al no impugnar los resúmenes de cuenta a los cuales siempre tuvo acceso.
La colega desestimó la defensa de falta de legitimación esgrimida por Prisma, considerando que la administradora integra la cadena de comercialización frente al consumidor, aunque no tenga vínculo directo con este último. Además, Prisma reconoció que intervino directamente en el reclamo del actor.
En lo que hace al progreso de la demanda, estimó que el actor acreditó el incumplimiento o cumplimiento defectuoso por parte de la demandada respecto de la prestación del servicio de tarjeta de crédito.
Advirtió que las codemandadas se endilgan recíprocamente el deber de remitirle al usuario los resúmenes mensuales. Agregó a ello que, pese a la intimación cursada en la audiencia preliminar para que acompañaran todas las liquidaciones desde la emisión de la tarjeta (según el banco, ocurrida en mayo de 2016), la firma “Prisma...” no los presentó, haciéndose efectivo el apercibimiento del art. 386 del CPCCBA y el banco lo hizo en forma parcial, dado que acompañó los posteriores a diciembre de 2017.
Tampoco se probó que las demandadas hubieran provisto al actor de la información necesaria para acceder a los resúmenes enviados por carriles electrónicos, lo que llevó a la magistrada a considerar verosímil que recién a principios de 2020 pudo visualizar los cargos indebidos una vez eliminado el obstáculo de la clave de acceso.
Apuntó que, si bien las accionadas dijeron que los reclamos de Jozami fueron resueltos a su favor, ni una ni otra firma acompañaron los resúmenes completos desde la emisión de la tarjeta de crédito (como así se los había intimado). Dijo la jueza: «queda en la nebulosa si existieron otros cargos erróneos, máxime ante la afirmación del Banco ante el reclamo del actor de que “se observó que los consumos eran constantes en todos los resúmenes y de un tiempo atrás”».
Juzgó que no puede exigírsele al actor que pruebe que no es cliente de Apple, dado que importa un hecho negativo. Narró que la pericia contable dio cuenta de un total de U$D59,92 por cargo “APPLE.COM/BILL” y U$D654,13 por “APL.ITUNES.COM/BILL”, habiéndose revertido un total de U$D646 a través de “APPLE.COM/BILL”. Además, no se pudo analizar la operatoria anterior a diciembre de 2017 por no haber sido acompañadas las constancias pertinentes.
Dijo que de la inentendible planilla de desconocimientos acompañada por el banco accionado no surge la fecha en que habrían sido generados los cargos erróneos que dice haber restituido el 20 de febrero, pero se advierte que es una suma menor a la sumatoria de cargos informados por la perito contadora. Concluyó por ello que “no consta que hayan sido reintegrados la totalidad de los consumos facturados como “APPLE.COM/BILL” y/o “APL.ITUNES.COM/BILL” ni se hubo demostrado que los mismos fueran legítimos, prueba que en ambos casos se encontraba a cargo de las demandadas”.
Estimó que, desde agosto de 2016 hasta febrero de 2020, la prestación del servicio por parte del banco demandado ha sido defectuosa, por falta de información fehaciente, clara, cierta, detallada y veraz respecto de los cargos cuestionados. Ordenó por ello a las accionadas a restituir la totalidad de los cargos debitados en su tarjeta VISA bajo los conceptos “APPLE.COM/BILL” y/o “APL.ITUNES.COM/BILL” desde la fecha de emisión de la tarjeta (19/05/2016), descontando las sumas ya reintegradas.
Sobre esa base, admitió el reclamo por daño moral (por $2.000.000) e impuso una multa equivalente a 8 (ocho) canastas básicas totales para hogar tipo 3
La firma Prisma Medios de Pago S.A. (en adelante, Prisma) apeló el 18 de diciembre de 2023 y fundó su recurso el 7 de marzo de 2024, mereciendo la réplica de la actora el 21 de marzo de 2024.
Los agravios de la codemandada son los siguientes:
i) Cuestiona la responsabilidad solidaria decidida por la jueza en su fallo. Dice que no le pertenece la marca VISA. Alega que nunca pudo poner una marca que no le pertenece en un servicio que no presta.
ii) Se agravia de que no se haya valorado correctamente cuál es la función de Prisma dentro del sistema del que forma parte. Dice que la empresa no tiene acceso a la cuenta bancaria de la actora ni podía efectuar gestión alguna para proveerle sus credenciales y solo procesa datos de tarjetas de crédito a favor del banco, otorgando autorizaciones de ventas según existan denuncias de hurto o pérdidas de las tarjetas, entre otros aspectos. Insiste en que no es emisora ni tiene vínculo negocial con el actor.
iii) En su tercer agravio, reitera lo dicho al responder la demanda en torno a que las transacciones no fueron desconocidas por la actora en el momento oportuno, de conformidad con lo normado en el art. 26 de la Ley 26.065.
iv) Cuestiona la procedencia y cuantía del daño moral, reiterando que la jueza se equivoca al responsabilizar a Prisma por operaciones que no le consta que hayan sido desconocidas.
v) Similares argumentos postula para calificar de injusta la recepción del daño punitivo, el cual -alega- debe quedar reservado para graves inconductas del demandado. Considera que nada justifica en este caso ser sancionada, dado que cumplió su labor “dentro del sistema procesando las operaciones en favor del banco”.
La entidad financiera apeló el 19 de diciembre de 2023 y fundó su recurso el 11 de marzo de 2024. La réplica del actor fue presentada el 20 de marzo de ese mismo año.
Sus puntos de disconformidad son los que siguen:
i) Entiende que la jueza se apartó de lo dictaminado por el ingeniero Osmar Madsen y lo acordado libremente por las partes en el contrato de tarjeta de crédito. Afirma que el actor recibió y consintió los resúmenes de cuenta, a la vez que los abonó a su vencimiento sin impugnación alguna a lo largo del período. Luego de renovar la tarjeta el 29 de abril de 2019, se pactó la remisión de las liquidaciones al correo electrónico del titular. Si no tenía la clave para abrir los resúmenes, refiere, es porque no la recordaba y no se molestó en rehabilitarla. No es culpa del banco accionado.
Argumenta que la magistrada se apartó de la pericia en cuanto el experto explicó que la apertura de los resúmenes de cuenta que le llegaban al mail exigía una clave que debía ser generada o modificada por el propio usuario. Invoca la doctrina de los actos propios y justifica su aplicación al caso al evaluar la conducta del Sr. Jozami.
ii) Se agravia de la procedencia y cuantía del daño moral. Cuestiona que se haya calculado en forma actualizada y dice que no corresponde que se liquiden intereses moratorios en forma retroactiva.
iii) Considera que es improcedente la multa civil: refiere que actuó con total diligencia respecto al reclamo del actor, dando cumplimiento a lo acordado en el contrato y remitiendo los resúmenes en tiempo y forma. El daño punitivo, afirma, es procedente en casos de particular gravedad, lo que no ocurre en el caso.
iv) Finalmente, impugna la imposición de costas. Con obvia referencia a sus agravios anteriores, pide que se modifique lo decidido sobre las costas causídicas.
Analizaré en primer lugar las quejas de la firma Prisma vinculadas a su legitimación pasiva. Luego, me detendré en los agravios relacionados con la recepción y oportuna impugnación de los resúmenes de cuenta. Seguido a ello, me abocaré a los planteos referidos al daño moral, al daño punitivo y a las costas.
III.1. El agravio de la codemandada vinculado a su legitimación pasiva no es fundado.
Los argumentos que sustentan su queja ya fueron motivo de estudio en un caso con ribetes fácticos sumamente parecidos al conflicto que motiva este pleito.
En el caso “Gil, Mónica Elisabet c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires y ot. s/ Daños y Perjuicios” (expte. n° 175710, sent. del 12/12/2022) de la Sala Tercera, que integré junto a la Dra. Zampini, se juzgó la responsabilidad de “Prisma” y del Banco de la Provincia de Buenos Aires frente a la titular de una tarjeta de crédito robada que vivió un cansador derrotero con el propósito de impugnar una serie de consumos indebidos.
Se dijo allí que Prisma asume en el funcionamiento del sistema de tarjeta de crédito un rol de administradora y forma parte de los servicios que prestan las entidades emisoras, analizando los consumos impugnados y/o desconocidos y las extracciones o adelantos de dinero que se realizan en cajeros automáticos.
De ello se sigue que «revistiendo el carácter de administradora y desarrollando las funciones que detalla, de ningún modo puede afirmarse válidamente su ajenidad a esta contienda, pues el predominante papel de supervisión y control del funcionamiento del sistema de tarjeta de crédito que desempeña, impide situarla como un mero espectador ajeno a hechos como los ventilados en este expediente» (consid. «IV», fallo cit.).
En reflexiones que son plenamente aplicables al caso, explicamos que «Prisma Medios de Pago S.A. no puede negar vínculos con el titular de la tarjeta, dado que integra el sistema bajo el cual se desarrollaron los hechos que motivan la litis. Entiéndase que ambas demandadas formaron parte de la relación contractual con el accionante, en tanto es imposible que el sistema se desarrolle sin la participación de "Prisma", quien naturalmente se beneficia económicamente con ello. Prisma Medios de Pago S.A. lucra con el sistema que organiza y administra, y es por tal razón que debe asumir el riesgo empresario que su actividad conlleva (...) Los contratos de los sujetos que vinculan a los sujetos intervinientes en el sistema no pueden ser considerados como relaciones autónomas, en tanto interactúan dentro de un grupo de vínculos que derivarán en el negocio último surgido del conjunto».
Lo dicho es concordante con lo que, junto al Dr. Loustaunau, expresamos en el caso “Colandrea, Ricardo C. c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires y ot. s/ Daños y perjuicio” (Sala III integrada, expte. 174730 del 17/10/2022). Enfatizamos allí que, en el sistema de tarjeta de créditos, el deber de protección y resguardo de la integridad de la persona y bienes del contratante es exigible a todas las partes que actúan en forma conjunta y coordinada, por lo que las empresas que se relacionan a través de contratos coligados o conexos no pueden escudarse en el principio individualista de responsabilidad frente a los usuarios o consumidores (arts. 1 ley 25.065 y 40 Ley 24240).
De lo anterior se concluye que, tanto la emisora de la tarjeta de crédito como la administradora del sistema, son quienes deben asumir el riesgo empresarioínsito en tal actividad, y responder conjuntamente ante el destinatario de ese mismo servicio, cuando éste es deficientemente brindado (arts. 42 CN, 38 CPBA, 40 LDC, 3 LTC, Sala III, fallos cit.).
Por todo lo dicho hasta aquí, considero que la decisión adoptada por la jueza de primera instancia es correcta y debe ser confirmada. El agravio de la codemandada, en lo que a este tópico refiere, debe ser desestimado (art. 1, 2, 10 bis, 40 y cctes. de la ley 24.240).
III.2. Tampoco son admisibles los cuestionamientos de una y otra recurrente relacionados con la recepción, posibilidad de lectura e impugnación oportuna de los resúmenes de cuenta.
La premisa central que justifica el reclamo del actor es que, en el marco de la operatoria de la tarjeta de crédito VISA emitida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y administrada por “Prisma”, le fueron incorporados -y cobrados- una serie de cargos por servicios no autorizados ni contratados.
El actor no alega que hubo un simple error en la liquidación, en los términos del art. 26 de la Ley 25.065, sino que le imputa a las accionadas una ilícita voluntad de incorporar al saldo mensual de la cuenta un débito por un servicio que nunca consintió. En principio, el único límite temporal que condiciona un reclamo de esta naturaleza está dado por la prescripción liberatoria, y no por el régimen de caducidad de la normativa de tarjetas de crédito, previsto claramente para escenarios muy distintos al que se presenta en esta controversia (arts. 26 LTC, 35 LDC y 263 del CCyC).
No hay tal cosa como un silencio que haga presumir un consentimiento del consumidor frente a la práctica ilícita del proveedor del servicio financiero consistente en cobrarle algo que no debe y por un servicio que nunca contrató. De así no interpretarlo, esa generosa lectura del art. 26 de la Ley 25.065 que proponen las recurrentes dejaría en letra muerta la prescripción contenida en el art. 35 de la Ley 24.240, que prohíbe -precisamente- la imposición de cargos automáticos en sistemas de débito obligando al consumidor a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice.
En doctrina se ha dicho que el art. 35 de la Ley 24.240 impide considerar que el vencimiento del plazo de caducidad del art. 26 de la LTC obsta la impugnación de cargos generados por servicios no contratados (González Vila, Diego S. "La impugnación del resumen de tarjeta de crédito por parte del titular frente a los cargos automáticos no solicitados por el consumidor" en RCCyC 2023 (octubre), 30).
En idéntico sentido se ha expedido la jurisprudencia al admitir la demanda entablada por un usuario de tarjeta de crédito contra la administradora del sistema y el banco gestor de cobranza de la entidad emisora a fin de obtener la devolución de lo pagado en concepto de gastos no consentidos que fueron incluidos en las liquidaciones. Esta solución se fundó en que la falta de impugnación de los resúmenes mensuales no permite inferir la celebración de un nuevo contrato en el cual se habrían pactado los gastos cobrados, en tanto el simple silencio opuesto a actos no puede interpretarse como consentimiento (CNCom., Sala B, "Benítez, Elsa Beatriz c. Citibank N.A. y otro" del 10/06/2004, La Ley AR/JUR/829/2004).
La genérica defensa de “Prisma” siquiera incluye una explicación del modo en que recibe las denuncias por consumos indebidos, o qué ocurre después que el titular de la tarjeta objeta algún cargo. Pero basta con señalar que la codemandada reconoció en el expediente administrativo tramitado ante la Dirección General de Protección del Consumidor que: (a) interviene activamente en el trámite de esos reclamos y (b) que, por las razones que sea (que tampoco la demandada consideró útil explicar al responder la demanda), juzgó que el reclamo de Jozami era fundado.
El Banco de la Provincia de Buenos Aires, abroquelado en su defensa vinculada a la falta de impugnación de los resúmenes de tarjeta, tampoco logró conciliar su defensa con la actitud de la administradora al recibir los reclamos extrajudiciales de Jozami y, por algún motivo, considerarlos fundados y proceder en consecuencia. No puede la emisora alegar en juicio que el titular no probó que no hizo los consumos cuando Prisma —que es la administradora de la tarjeta por decisión del banco, y no de Jozami— ya había reconocido en instancias administrativas que su reclamo era legítimo y los cargos debían ser detraídos. El banco demandado no ha sido ajeno a esa devolución, pues -si lo que dice Prisma es cierto- el reintegro es una operación a cargo de la emisora. En otras palabras: ambas demandadas, en algún momento anterior a este juicio, reconocieron la legitimidad del reclamo de Jozami. Su estrategia de defensa en el proceso no puede desentenderse de esa conducta anterior.
Por lo demás, y sin perjuicio de que lo anterior es suficiente para desestimar los agravios, entiendo que el banco se equivoca al pretender que sea el actor quien pruebe que no es usuario de Apple o de la aplicación iTunes. Como bien señaló la jueza, la carga probatoria es la inversa: no es el consumidor quien debe probar el hecho negativo, sino que es la entidad financiera (o, en su caso, la administradora de pagos codemandada) la que debe probar la legitimidad del cargo. Esta prueba siquiera intentó producirse y no parece aventurado afirmar que no era muy compleja su producción (v.gr., oficiando a Apple para indagar qué usuario, Apple ID o cliente utilizó la tarjeta del Sr. Jozami para contratar algún servicio o comprar algún producto).
En resumen, la defensa común ensayada por ambas codemandadas sobre la base de la falta de impugnación de los resúmenes debe ser desestimada (art. 35 de la LDC). Por idénticos motivos, resulta innecesario evaluar las quejas relacionadas con la legitimidad de los cargos, la recepción de los resúmenes y la posibilidad de acceder a su lectura (con o sin clave de acceso).
a. La jueza sopesó las molestias y sinsabores que sufrió el actor con motivo de la diferencia mantenida con las demandadas, incluyendo llamados telefónic
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