Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79643
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Mar del Plata (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará la causa para la prosecución de su trámite.
Comunicar lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 de aquel departamento judicial, mediante oficio electrónico.
B.79.643 "VIGLIANCHINO ANDREA BEATRIZ C/ EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 25 DE MAYO S.R.L. S/ RECLAMO C/ ACTOS DE PARTICULARES (SUMARIO) - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. La señora Andrea Beatriz Viglianchino promueve demanda contra la Empresa de Transporte de Pasajeros 25 de Mayo SRL, con miras a obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios que alega haber padecido a raíz de un incidente ocurrido en una de las unidades vehiculares de la firma demandada.
En lo relativo a los hechos, relata que el día 6 de septiembre de 2021, en la ciudad de Mar del Plata, se subió al colectivo que acostumbraba tomar y, dado que su tarjeta SUBE no tenía saldo suficiente para el pago del boleto, el conductor le solicitó de mala manera que se bajara. Aduce que ante ese requerimiento le solicitó al chofer que aguardase unos minutos hasta que encontrara el recibo que acreditaba una presunta carga que había hecho en la terminal.
Explica que a pesar de su pedido, el hombre se negó a esperar y activó el botón antipánico sin que ella lo notara. Afirma que a la altura de la calle Chacabuco o Ituzaingó, el colectivo se detuvo y dos agentes policiales ingresaron, los cuales la obligaron a descender.
Sostiene que luego de eso y sin mayores explicaciones, la llevaron detenida a la Comisaría de la Mujer más próxima, en donde -según arguye- fue sometida a malos tratos. Al respecto, pone de resalto que la retuvieron en un calabozo junto con otro detenido y sin acceso a su teléfono móvil. Manifiesta que en numerosas ocasiones quisieron hacer que firmara una declaración en la que reconocía la comisión de una infracción, a lo que ella se negó.
Puntualiza que fue puesta en libertad después de un lapso prolongado de tiempo, lo que le resultó sumamente angustioso. Destaca que a raíz de este hecho quedó traumatizada, no pudiendo concurrir a su trabajo puesto que evitaba tomar el colectivo por miedo a que le ocurriera nuevamente un episodio similar al que relata.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Mar del Plata.
Sin embargo, tras tomar conocimiento de la existencia de los autos caratulados "Viglianchino, Andrea Beatriz y otro/a c/ Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión indemnizatoria" (MP-18281-2023), su magistrado se declaró incompetente para entender en el asunto. Ello, en la inteligencia de que la presente pretensión y la tramitada en el citado expediente estarían íntimamente vinculadas, por lo que habría una aparente relación de conexidad impropia entre ambas -si bien los sujetos demandados son distintos, el hecho que origina el reclamo sería el mismo- (v. resol. de 5-X-2023, confirmada por sent. interloc. de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental de 23-IV-2024).
De este modo, las actuaciones recayeron ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 de aquel departamento judicial. No obstante, el juez a cargo de esa dependencia rechazó la competencia que se le endilgara. Para así decidir, adujo en primer lugar que en las presentes se encontraba operativo el principio de preclusión, dado que su colega preopinante había dado traslado de la demanda y, asimismo, había dictado el auto de apertura a prueba, aceptando así la competencia que se le atribuyera.
Por otro lado, sostuvo que la conexidad alegada era improcedente en tanto en la causa existían dos tipos de responsabilidades: una primaria, de derecho privado, que surge del conflicto que la actora mantuvo con el conductor del colectivo; y otra secundaria, de derecho público, derivada de la situación que dice haber padecido cuando se encontraba detenida en una comisaría.
Ante este escenario, planteó la contienda negativa de competencia y elevó los obrados a esta Suprema Corte para que la dirima con arreglo a la atribución que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. resol. de 11-IX-2024).
III.1. Cabe recordar que de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 87, 88 y 188 del Código Procesal Civil y Comercial, este Tribunal ha entendido necesaria la acumulación en aquellos supuestos en donde las causas presentaban, entre sí, una "triple identidad" de sujeto, objeto y causa que pudiera dar lugar a que la sentencia a dictarse en una de ellas produjera efectos de cosa juzgada en la otra. Por lo cual, frente a la coetaneidad de dos pretensiones cuyos elementos eran idénticos, resultaba imprescindible su acumulación (doctr. causas B. 55.121, “Riblam”, sent. de 18-XI-97; B. 53.841, “Trevisiol Hnos. SA”, sent. de 27-XII-2002; B. 63.508, “Margaria”, resol. de 21-XI-2005; B. 65.566, "Comaco SA", resol. de 6-V-2015; B. 74.314, "Municipalidad de Carlos Casares", resol. 17-VIII-2016; B. 76.209, "Martín", resol. de 13-XI-2019; B. 76.655, "Belcastro", resol. de 9-IV-2021 y CSJN Fallos: 319:1397; 323:3546; 325:2848; 327:2746).
Así, ese tipo de medidas procede cuando dos o más litigios en trámite tienen por objeto pretensiones conexas que no pueden ser decididas separadamente, sin riesgo de incurrir en sentencias contradictorias (doctr. causa B. 64.093, "Alsinet", sent. de 12-VII-2017 y sus citas) o de cumplimiento imposible por efecto de la cosa juzgada (doctr. causa B. 74.209, "Caricato", resol. de 21-IX-2016); lo cual se presenta cuando la relación jurídica sustancial o el hecho constitutivo del cual emanan las acciones que han originado las controversias, es común (doctr. causas B. 67.491, “Consorcio Barrio Los Sauces”, sent. de 5-IV-2006; B. 71.355, “Ávila”, sent. de 31-VIII-2011 e I. 70.249, "Bornic", resol. de 29-VI-2016).
III.2. Sobre tales bases, es posible afirmar que en autos no se encuentran reunidos los extremos exigidos por el código ritual para admitir la acumulación de procesos.
En efecto, es dable advertir que, de acuerdo al modo en que está planteada la demanda, los pleitos no comparten ni una misma causa ni idénticos sujetos: mientras que en uno la demandante persigue la reparación pecuniaria por el impacto dañoso que le habría producido la conducta hostil del chofer de micro -ello, a través de una demanda articulada contra la empresa para la que este último presta servicio-, en el otro lo que se pretende es atribuir responsabilidad patrimonial a la Provincia de Buenos Aires por el maltrato ejercido por los agentes policiales que intervinieron en su detención y posterior reclusión.
Lo expuesto supone que las pretensiones entabladas -más allá de su admisibilidad o procedencia-, al no existir riesgo de que se dicten sentencias contradictorias, habrán de transitar por andariveles procesales separados.
IV. En atención a las razones expuestas, habida cuenta la distinta naturaleza de los procesos incoados y la consecuente inexistencia de conexidad entre ambos, corresponde declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Mar del Plata para seguir conociendo en los presentes obrados.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Mar del Plata (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará la causa para la prosecución de su trámite.
Comunicar lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 de aquel departamento judicial, mediante oficio electrónico.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/08/2025 10:21:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/08/2025 11:10:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/08/2025 17:10:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2025 10:13:19 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2025 11:01:02 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 18/08/2025 11:01:52 hs. bajo el número RR-494-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia