Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 119610
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar a la queja, se concede el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 292 cit. y Acordada 1790) y se intima al recurrente para que en el término de cinco días, acredite ante esta sede el depósito, a la orden de la Cámara que dictó el fallo en embate, de la suma de veintinueve mil pesos ($ 29.000), bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso de inaplicabilidad de ley deducido (párrafo cuarto, art. 280, cita.).
C. 119.610 "Montezanti, Nestor Luis contra Patrignani, José Dante. Reclamo contra actos de particulares".
//Plata, 19 de Octubre de 2016.
AUTOS Y VISTO:
1. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nº 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, en el marco de una acción de amparo iniciada por Néstor Luis Montezanti contra José Dante Patrignani, hizo lugar a la misma y condenó a este último a remover los afiches motivo de esta acción, como así también retirar de la red social Facebook las fotografías que contengan imágenes del actor, debiendo abstenerse de reiterar esas conductas lesivas al honor, dignidad e imagen del accionante. Asimismo rechazó la pretensión de fijar una indemnización y condenó a publicar la sentencia en los sitios que ordenó (fs. 647/655).
A su turno, la Sala I de la Cámara Primera de Apelaciones departamental modificó parcialmente lo resuelto por el juzgado de primera instancia en cuanto deniega la fijación de una indemnización, estableciendo la suma de $70.000 (fs. 677/680).
Frente a lo así decidido, el accionado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley e invocó además otro recurso extraordinario, el de inconstitucionalidad (fs. 685/702), denunciando la invalidez de la restricción del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y alegó que dicha circunstancia no puede constituir un obstáculo que impida el acceso a la instancia extraordinaria, dado que en el sub lite se encuentra en debate derechos constitucionales como a la libertad de expresión e información y, por ende, una cuestión federal suficiente en los términos del art. 14 de la ley 48, todo ello con apoyo en los precedentes "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte Suprema (fs. 685 vta./686).
2. El tribunal de grado, denegó el de inaplicabilidad de ley al considerar que no se encontraba configurada una cuestión federal que habilitase el recurso que zanje el valladar dispuesto por el art. 278 citado, por lo que concluyó que no reúne las condiciones de admisibilidad dispuestas por el Código Procesal (fs. 703). Luego, desestimó el de inconstitucionalidad con base en que no se comprueba ninguno de los supuestos que permitan su deducción (fs. 777).
La denegatoria de la primera vía de impugnación motivó la articulación de la presente queja, en la que el accionado alega la violación al principio constitucional de la libertad de expresión e información arts. 11 y 13 de la Constitución provincial y 14 de su par nacional, leyes federales y tratados internacionales como el art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 19 inc. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además citó fallos de la Corte Interamericana. Asimismo afirma que de adquirir firmeza la sentencia de alzada le ocasiona un perjuicio pecuniario "exhorbitante" en su condición de docente universitario (fs. 766/771 vta.; art. 292, C.P.C.C.).
3. En vista de los agravios desplegados ante esta sede se aprecia significativo rememorar que la alzada confirmó el pronunciamiento del magistrado de primera instancia quien, a su turno, consideró que el demandado ejerció de manera irrazonable su libertad de expresión, apelando al recurso de ridiculizar al actor mediante la manipulación de su imagen, exponiéndolo de manera ofensiva y agraviante ante la sociedad y particularmente frente a la comunidad universitaria y propugnando a través de afiches su expulsión de la Universidad Nacional del Sur. Con base en tales fundamentos se dispuso remover los afiches y retirar del muro de Facebook del demandado las fotografías que contengan imágenes del señor Montezanti, y conminó al demandado a abstenerse de reiterar acciones del tenor de las que, en tal caso, consideró lesivas del honor, dignidad e imagen del accionante.
Así también, se tuvo en cuenta el amplio espacio de difusión que tuvieron tanto los afiches receptados por un diario local, como las declaraciones propaladas por el accionado en un programa televisivo, se estimó la reparación debida conforme a lo dispuesto por el art. 1071 bis del Código Civil , en el importe de $70.000.
4. Pasando a controlar los recaudos de admisibilidad de la vía impugnativa intentada, se observa, a los efectos de la concurrencia de la suma gravaminis , requerida por el art. 278 del Código Civil y Comercial que las condenas a hacer y no hacer dispuestas por la Cámara ("remover los afiches que motivaron la acción y cualquier otro de similar contenido"..."debiendo abstenerse de reiterar acciones del tenor de las que en el pronunciamiento se consideran lesivas al honor, dignidad e imagen del accionante..." y que acceden cuestionadas deben considerarse como de monto indeterminado (conf. doct. causa Ac. 80.074, resol. del 21-II-2001; Ac. 98.938, resol. 8-VII-2008; C 116.968, resol. 10-X-2012).
Como derivación de tal proceder el órgano asignó a la parte agraviada un resarcimiento en concepto de daños que desde su consideración económica no alcanza el umbral fijado en el citado art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial citado. En tal contexto, es de toda evidencia que accede en el recurso de inaplicabilidad de ley deducido y, en lo que interesa en este estado, una cuestión federal relativa a los alcances de la garantía constitucional de la libertad de expresión, la que viene juzgada de manera contraria a los derechos que el recurrente pretende sustentar en aquélla (inc. 3 del art. 14 de la ley 48; conf. CSN causas: K.7.XLVI Kemelmajer de Carlucci, sent. del 30-IX-2014; R.522 XLIX, Rodríguez, María Selen, sent. de 28-X-2014, entre otras; Corte IKH caso "Kimel" del 2 de mayo de 2008 y sus supervisiones del 18 de mayo de 2010; 15 de noviembre de 2010 y 5 de febrero de 2010, respectivamente).
En línea con este temperamento el recurrente plantea la concurrencia de cuestión federal por la vulneración de tales principios constitucionales (arts. 11 y 13 de la Constitución provincial y 14 de la Constitución nacional, Declaración Universal de Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención Americana sobre Derechos Humanos; Pacto de San José de Costa Rica).
En apoyo de su postura a modo de síntesis puntualiza que la Cámara resolvió de modo final que el proceder del demandado importó un ejercicio excesivo de su libertad de expresión e información; entrañando, tal interpretación, en el criterio del apelante un avasallamiento del citado derecho constitucional (fs .677 vta./678). Expresa, en abono de su parecer, que el fallo de la alzada ha dado preponderancia al derecho individual a la intimidad y vida privada por sobre el derecho y libertad de pensamiento, su expresión y difusión pública, cuando se trata de hechos de tal gravedad -dice- que hacen a la consolidación de la democracia y a mantener la memoria colectiva activa (fs. 697 vta.).
Ante lo expuesto, no obstante que el valor del agravio no supera el mínimo exigido por el citado art. 278, en mérito a las particulares circunstancias de la causa, tal principio debe ceder, pues el tema en debate está en directa relación con la violación de garantías constitucionales, mediando en el caso una cuestión federal suficiente para habilitar la instancia revisora de este Tribunal.
En tal virtud, conformando esta Suprema Corte el Superior Tribunal de la causa en los términos a que se refieren los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada", "Di Mascio", "Christou", etc., corresponde hacer lugar a la queja en tratamiento y conceder el recurso extraordinario interpuesto (art. 292, C.P.C.C. y Acordada 1790).
Pasando a analizar el cumplimiento de la carga prevista en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial , ausente la misma, corresponde intimar a su efectivización por el importe mínimo legal vigente a la fecha de interposición del recurso (párrafo cuarto, art. 280 cit., texto según ley 14.141 y Acordada 3704/2014; conf. doct. C. 98.784, resol. del 28-V-2010; C. 118.569, resol. del 6-VIII-2014).
POR ELLO, se hace lugar a la queja, se concede el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 292 cit. y Acordada 1790) y se intima al recurrente para que en el término de cinco días, acredite ante esta sede el depósito, a la orden de la Cámara que dictó el fallo en embate, de la suma de veintinueve mil pesos ($ 29.000), bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso de inaplicabilidad de ley deducido (párrafo cuarto, art. 280, cita.).
Regístrese y notifíquese.
HILDA KOGAN
HECTOR NEGRI EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
JUAN CARLOS HITTERS
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Fin de la sentencia