Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122976
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por no presentada la contestación del recurso federal, reputándose inoficiosa la actuación respectiva (arts. 257, segundo párrafo, CPCCN y 11, segundo párrafo, Ac. 4/2007, CSJN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
"BUCHET CLAUDIA MATILDE C/ TRANSPORTE EL AGUILA DE JUNIN S.R.L. S/ RECLAMO C/ ACTOS DE PARTICULARES (SUMARIO)"
La Plata, 14 de Agosto de 2019.
I. La apoderada de la firma demandada deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que -con remisión al dictamen de la Procuración- rechazó el de inaplicabilidad de ley en razón de su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC; v. fs. 584/602, 580 y vta. y 575/579, respectivamente).
En el caso, en el marco de un reclamo contra actos de particulares, la Cámara interviniente confirmó el fallo del magistrado de origen que, a su turno, había hecho lugar a la acción incoada por Claudia Matilde Buchet contra Transporte el Águila de Junín SRL, al encontrar reunidos los presupuestos necesarios para su progreso (v. fs. 363/385 vta. y 486/498).
II. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia y en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, igualdad ante la ley y propiedad (arts. 16, 17, 18 y 19, Const. nac.; v. fs. 588, 590 vta./591, 593 y 595).
II.1. Denuncia, que la decisión en crisis se sustentó en afirmaciones dogmáticas y debe ser declarada nula dado que, por un lado, se apartó de la exigencia de voto individual que impone el art. 168 de la Constitución provincial, lo que -afirma- le impide saber con certeza y seguridad lo opinado por cada juez y, por el otro, carece de fundamentación suficiente en tanto se limitó a remitir al dictamen de la Procuración. Ello -asevera- vulnera su derecho de defensa (v. fs. 587 vta./588, 591/593 y 600 vta./601).
II.2. Cuestiona, por otro lado, que esta Corte haya rechazado el remedio local al considerarlo insuficiente. Afirma que, contrariamente a lo expuesto, de su simple lectura surge que el mismo estaba debidamente fundado en los hechos y en derecho, y que se había realizado una certera réplica a todos y cada uno de los argumentos tenidos en consideración por las instancias anteriores en grado para responsabilizar a la firma que representa (v. fs. 593/595).
En tal sentido, refiere que expresó que el a quo , al ponderar que el recaudo de exhibir el certificado de discapacidad sólo era exigible al momento de concurrir a la boletería y no al de subir al colectivo, interpretó erróneamente la normativa vigente. Ello por cuanto, la prueba informativa emitida por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) evidenció expresamente que su original o copia autenticada también integraba la documentación requerida al momento de abordar al servicio (v. fs. 594 y vta.).
Y agrega, que la ley es clara respecto de los requisitos exigibles para efectivizar el viaje y al no estar ellos cumplidos su poderdante no sólo tenía el derecho de denegar el viaje al accionante, sino que tenía la obligación legal de hacerlo. En consecuencia, aduce que la sentencia atacada debe ser dejada sin efecto, en tanto obliga a hacer lo que la ley no manda y a incurrir en una infracción legal susceptible de persecución por el organismo de policía administrativo (CNRT) vulnerando, así, el art. 19 de la Constitución nacional (v. fs. 595/598).
Por otro lado, y en consonancia con lo antedicho, alega que también dio motivos para demostrar la falta de acreditación de existencia de daño alguno por parte del legitimado activo, los cuales resultaban bastantes para desvirtuar el monto de condena impuesto en su contra (v. fs. 598/600 vta.).
II.3. Finalmente, expone que en tanto que en el presente pleito se puso en consideración la validez del texto de una norma legal nacional -decreto 38/2004- y las sentencias de las distintas instancias fueron resueltas en contra de ella, se encuentra -incuestionablemente, según su entender- habilitada la vía federal (v. fs. 600 y vta.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 603), el mismo fue contestado por el apoderado de la actora (v. escrito electrónico de fecha 10 de junio de 2019 y fs. 604/614 -soporte papel-).
En relación a dichas presentaciones, corresponde señalar que el plazo para la contestación del traslado del recurso extraordinario federal se cumple a los diez días de notificado -personalmente o por cédula- debiéndose computar el mismo conforme las normas establecidas por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (art. 257, segundo párrafo, CPCCN; CSJN, Fallos: 160:78; 307:2061; 308:2423; 311:1242; 316:2497 y 317:1354, entre otros).
En ese sentido, el propio Superior Tribunal de la Nación resaltó que dicho término es fatal y perentorio (art. 156, CPCCN; CSJN, Fallos: 114:209; 160:78; 307:2061; y 330:1094, entre muchos) y que resulta de aplicación lo atinente al "plazo de gracia" que contempla el Código Procesal nacional referido (conf. CSJN causa "S. D. c/ R. L. M. s/ reintegro de hijo y alimentos", sent. de 2-VII-2013).
Así, de conformidad con lo que surge de la cédula de fecha 21 de mayo de 2019, del escrito electrónico de fecha 10 de junio de 2019 -a las 11:33:36 hs.- y del cargo de fs. 614, la contestación resulta extemporánea, debiendo ser tenida por no presentada, reputándose inoficiosas también dichas actuaciones (doctr. art. 11, Acordada 4/2007; causas C. 120.937, "Vitale", resol. de 8-III-2017 y C. 120.622, "Municipalidad de Berazategui", resol. de 5-IV-2017, e.o.).
IV.1. Respecto de la vía federal intentada, corresponde liminarmente recordar que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación del derecho procesal (en el sub lite , la valoración del material probatorio efectuada en las instancias de grado y la aplicación de la figura prevista en el art. 31 bis de la ley 5.827) como así también las referidas al modo en que emiten sus votos los jueces de los tribunales colegiados y las formalidades de las sentencias, son ajenas -por regla y naturaleza- al recurso federal, por lo que en estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; CSJN Fallos: 320:1670; 324:1884, 325:703, 2219; 326:2682; 327:272; 329:5424; 330:53; 1708 y 4770; 332:1564; 338:693, 1335; entre otros), extremos que no se advierten en la pieza recursiva de marras, desde que las razones de la impugnante no constituyen más que discrepancias de criterio, ineficaces -como tales- para habilitar la instancia federal (doctr. art. 15, cit.).
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de dogmatismo, autocontradicción, falta de fundamentación, apartamiento de la solución normativa y de las constancias de la causa, tampoco se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional (doctr. art. 15, cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493, entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie.
IV.3. Resta decir, que la mera denuncia de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de defensa en juicio, igualdad ante la ley y propiedad; arts. 16, 17, 18 y 19, Const. nac.; v. fs. 588, 590 vta./591, 593 y 595), no abastece el remedio intentado, ya que dicha referencia no constituye una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017; C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.575, "Álvarez", resol. de 19-XII-2018; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por no presentada la contestación del recurso federal, reputándose inoficiosa la actuación respectiva (arts. 257, segundo párrafo, CPCCN y 11, segundo párrafo, Ac. 4/2007, CSJN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia