Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124107
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967) y 2) ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
C. 124.107 "CENTENO ANDRES EDUARDO C/ AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. S/ RECLAMO C/ ACTOS DE PARTICULARES (SUMARIO)"
I. La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, en el marco de un juicio de daños y perjuicios promovido por el señor Eduardo Andrés Centeno contra American Express Argentina S.A., confirmó la decisión del juez de grado quien, a su turno, hiciera lugar parcialmente a la pretensión y condenara a la demandada a abonar las sumas indicadas, rechazando el pedido de nulidad de contrato de tarjeta de crédito y la aplicación de daño punitivo (v. sentencias de fechas 27-II-2019 y 26-XII-2019).
Frente a dicho pronunciamiento, el legitimado activo interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad (v. escrito electrónico de fecha 20-II-2020), los que fueron concedidos (v. resolución de 5-III-2020).
II. Pasando a considerar la vía nulitiva otorgada, es oportuno recordar que la misma sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; causas C. 122.755, "Dortona", resol. de 17-X-2018; C. 123.071, "Mogaburu", resol. de 10-IV-2019; C. 123.590, "Martínez", resol. de 13-XI-2019; C. 123.760, "Perugini", resol. de 12-II-2020 y C. 123.872, "Arato", resol. de 28-IX-2020).
En el caso, en la presentación articulada se advierte que en el apartado dedicado a tal medio de impugnación (v. acápite V del escrito electrónico de fecha 20-II-2020), no se han expuesto ni tampoco desarrollado agravios apoyados en el contenido normativo de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia cuya vulneración se predica (causas C. 120.525, "Decunto", resol. de 4-V-2016; C. 120.916, "La Tilde S.A.", resol. de 26-X-2016; C. 121.516, "Recupero de Siniestros S.R.L.", resol. de 21-VI-2017; C. 122.460, "Comité de Administración del Fideicomiso de Recuperación Crediticia Ley 12.726", resol. de 16-V-2018 y C. 123.872, cit.).
Así, de su lectura se observa que en su escueta fundamentación se denuncia la falta de intervención previa del agente fiscal -alegando al respecto la violación de los arts. 52 de la ley 24.240, 27 de la ley 13.133 y ley 14.442-, no obstante mencionar la remisión de los autos a la Fiscalía luego del dictado de la sentencia, y luego se invoca que se ha fallado contra legem por haberse transgredido en el pronunciamiento lo dispuesto en el art. 52 bis de la ley 24.240, remitiendo en este punto a lo expresado al fundar el recurso de inaplicabilidad de ley. Tales planteos esgrimidos en sustento de la vía anulatoria se refieren en rigor a presuntos errores de juzgamiento, que no son propios del carril recursivo en consideración (doctr. causas C. 119.725, "Lukin", resol. de 10-VI-2015; C. 120.797, "Cincione", resol. de 20-IX-2017; C. 123.829, "Valle,", resol. de 27-V-2020 y C. 123.872, cit.), sin perjuicio de lo cual deviene pertinente destacar que del trámite de los autos surge la intervención del representante del Ministerio Público Fiscal previo al dictado de la sentencia de la instancia de origen, luego de la sustanciación de los memoriales de agravios y finalmente una vez dictada la sentencia de Cámara (v. presentaciones de fechas 19-X-2018, 10-X-2019 y 19-II-2020, respectivamente).
En tales condiciones, cabe concluir que la vía extraordinaria de nulidad ha sido mal otorgada (art. 296, CPCC).
Se impone, asimismo, reputarla inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967; causas C. 121.635, "Rodríguez Vigo", resol. de 28-VI-2017; C. 121.913, "Portela", resol. de 4-IV-2018 y C. 123.872, cit.).
III. Ingresando en el estudio de la vía de inaplicabilidad de ley por medio de la cual se denuncia infracción a los arts. 2.3.1.1 de la comunicación "A" 6664 del Banco Central de la República Argentina; 332, 354 inc. 3, 377, 385 y 496 del Código Procesal Civil y Comercial; 3, 4, 8 bis, 36, 37 y 52 bis de la ley 24.240; 6, 8 y 13 de la ley 25.065; 1094, 1095, 1097, 1104, 1105 y 1100 del Código Civil y Comercial; 16 y 42 de la Constitución nacional y conculcación de doctrina legal, no puede prosperar en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada -a la luz de las pruebas colectadas- para confirmar el pronunciamiento de primer grado sostuvo que "... evaluando los antecedentes del legajo, coincidente con lo dicho por el colega de la otra instancia que ' debo mencionar que no se dan las circunstancias para poder considerar que el accionar de la parte demandada tuvo una intención deliberada de lesionar de alguna forma a la accionante' (v. fs. 403 vta), no resultado del examen de los hechos que emane una inconducta deliberada, culpa grave o dolo o una actuación cercana a la malicia por parte de American Express SA ..." (v. pág. 17 de la sentencia electrónica de fecha 26-XII-2019).
Tal fundamento, que se erige en el pilar jurídico del pronunciamiento en crisis, no logra ser conmovido por los reproches expuestos en las págs. 3/36 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con la ponderación de la prueba, la incorporación extemporánea, la conducta negligente de la accionada, el daño producido y la entidad de la compañía) se han limitado a reiterar -en sustancia- lo expuesto ante el órgano anterior que ha sido tratado y desechado, omitiendo atacarse de modo directo y eficiente las afirmaciones y conclusiones vertidas por la Cámara. Con tal proceder, el impugnante ha desinterpretado el contenido de lo resuelto sin realizar un ataque hábil sobre los pilares jurídicos que lo fundamentan (v. escrito electrónico de fecha 10-IV-2019; conf. art. 279, cit. y doctr. causas C. 118.323, "Gaetan", resol. de 4-III-2015; C. 120.474, "Botta", resol. de 24-II-2016; C. 121.700, "Galli", resol. de 20-IX-2017; e. o.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el iter lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Asimismo, cuadra destacar que el canal bajo estudio exhibe un desentendimiento de las normas legales expresamente actuadas en la solución recurrida (arts. 260 y 261, CPCC). En este aspecto, ha manifestado esta Corte que es insuficiente la vía revisora que no sólo no formula una réplica de las razones estructurales y definitorias del fallo sino que -además- omite denunciar como violados los arts. utilizados en él (conf. doctr. causas C. 119.728, "Sandoval", resol. de 20-V-2015; C. 119.856, "Ríos", resol. de 17-VI-2015 y C. 120.761, "Gauna", resol. de 13-VII-2016; entre varias).
Lo dicho, basta para repeler esta parcela revisora y permite descartar las infracciones normativas indicadas en la pág. 3 del recurso (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. El mismo déficit porta la transgresión a las garantías constitucionales citadas en la pág. 3 del escrito electrónico, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo del interesado -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
III.3. Finalmente, tampoco cabe atender el tópico que alega violación a la doctrina legal expuesta en la pág. 3 del embate, toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.), carga ésta última no abastecida por el impugnante que conllevan a repeler este segmento de la protesta.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967) y 2) ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/12/2020 14:59:10 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/12/2020 19:10:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/12/2020 13:30:54 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/12/2020 12:43:11 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/12/2020 13:00:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/12/2020 13:28:44 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia