Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 119610
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 119.610, "Montezanti, Néstor Luis contra Patrignani, José Dante. Reclamo contra actos de particulares", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Pettigiani, Kogan .
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca confirmó la sentencia de primera instancia que había condenado al demandado, modificándola solo en cuanto antes se había rechazado la indemnización pecuniaria solicitada, a la que ahora se hace lugar, fijando el monto respectivo e imponiendo las costas al accionado (v. fs. 680).
Se interpuso, por este último, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 685/702).
Dictada la providencia de autos, la que fue notificada junto al traslado por la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El señor Néstor Luis Montezanti promovió acción sumarísima contra el señor José Dante Patrignani para que este último cesara la campaña de deshonra e invasión a su persona y vida privada que venía llevando adelante en la prensa y en los ámbitos de la Universidad Nacional del Sur (en adelante UNS) en la que, por esa época, el actor era profesor. Por tal motivo, reclamó una indemnización en los términos del art. 1.071 bis del Código Civil (v. fs. 28/31 vta. y 36).
Corrido el traslado de ley, el accionado respondió la demanda repeliendo la pretensión actora (v. fs. 53/58 y 60).
Producida la prueba ofrecida, se dictó sentencia haciendo lugar a la acción de amparo y condenando al demandado a remover los afiches que habían motivado la acción y cualquier otro elemento de similar contenido, de cualquier lugar y -particularmente- de los edificios públicos de la UNS, así como también a retirar del muro de su cuenta en Facebook las fotografías que contuvieran las imágenes del actor, debiendo abstenerse de reiterar acciones del tenor de las que en ese pronunciamiento se consideraron lesivas del honor, dignidad e imagen del accionante.
A su vez desestimó la petición del actor para que se fijara la indemnización que habilitaba el art. 1.071 bis del Código Civil. Impuso las costas al demandado (v. fs. 647/655).
Este pronunciamiento fue apelado por el actor y por el accionado (v. fs. 656 y 658); presentándose los respectivos memoriales de ambos (v. fs. 664/665 y 658/662) y solo la réplica del primero de ellos (v. fs. 669/670 vta.).
La Cámara confirmó parcialmente la decisión de primera instancia en cuanto a la condena que se había impuesto al demandado, pero la modificó en cuando al rechazo del reclamo indemnizatorio, fijando su cuantía (v. fs. 677 vta. y 678).
Los fundamentos de su decisión fueron los siguientes:
a) con cita del caso "Canavesi, Eduardo Joaquín y otra c/Diario 'El Día' Soc. Impr. Platense S.A.C.I s/daños y perjuicios", resuelto por la Corte federal el 8 de junio de 2010, sostuvo que el derecho a la información importa el brindar una noticia veraz, siendo reprochable el medio que se conduzca menospreciando la realidad de los hechos o proceda de un modo imprudente respecto de la intimidad y buen nombre de las personas. En el presente caso, agregó, se debían extremar aún más los recaudos al tratarse (quien divulga la información) de un particular y no de un medio periodístico (v. fs. 678 y vta.);
b) consideró que aquí no estaba en juego la veracidad de la información, sino el modo de reproducirla por un particular, con una clara exacerbación de la forma, lo que configuraba la arbitrariedad requerida por el art. 1.071 bis del Código Civil, adicionando que el derecho legislado no se preocupa por la verdad o la falsedad de la noticia, sino por evitar la violación a la vida privada (v. fs. 678 vta. y 679); y, por último,
c) estimó adecuado, teniendo en cuenta la norma civil actuada y la facultad que otorgaba a los jueces el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial, cuantificar la reparación debida, dado que había quedado demostrado el amplio espacio de difusión que habían tenido los afiches en esa ciudad, que los mismos habían sido reproducidos por un diario local y que, además, el accionado había propalado declaraciones contra el actor en un programa televisivo (v. fs. 679).
II. Se agravia el demandado denunciando la errónea y arbitraria aplicación del art. 1.071 bis del Código Civil; la violación de los arts. 14 y 18 de la Constitución nacional; 11, 13 y 15 de su par provincial; 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 19, inc. 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
II.1. Aduce, en relación a la condena a retirar los afiches y bajar las imágenes de la red social Facebook , que:
a) se lo ha condenado por " una clara exacerbación de la forma..." . Argumenta que el término "exacerbar" -de entre sus varios significados- debe haber sido utilizado por la Cámara en el sentido causar un grave enfado o enojo o de exagerar. Se pregunta, entonces, si debió usar una forma de comunicación alternativa que "afectase" (el enfático entrecomillado aparece en el original) en menor medida al actor.
En esta senda, y como apoyo a su postura, remite al voto del Juez Petracchi en la causa "Cancela, Omar c/ARTEAR S.A. y otros s/daños y perjuicios", donde el magistrado reitera lo que había suscripto en la causa "Servini de Cubría, María Romilda s/amparo" (CSJN S.289.XXIV, sent. de 8-IX-1992) destacando la importancia de la prensa humorística y satírica en las sociedades democráticas (v. fs. 686 vta.);
b) asegura que jamás tuvo intención de humillar o desacreditar al actor y que (no cuestionada la veracidad de que el mismo "fue PCI del Destacamento de Inteligencia 181 durante la última dictadura militar en el claustro de la Universidad Nacional del Sur" no ha procedido imprudentemente respecto de su intimidad y buen nombre, como tampoco hubo conducta arbitraria de su parte (v. fs. 688);
c) advierte que su situación es equiparable a la juzgada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando, en el caso "Hrico vs. Slovakia", resolvió que se encontraban protegidas por el derecho a la libre expresión las afirmaciones de un periodista que tildó a la decisión de un juez de "farsa legal". Si tan duro ataque, arguye, merece tutela judicial bajo el art. 10 de la Convención Europea, también corresponde declararla (por aplicación del art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos) a "una sátira inofensiva", concluyendo que el hecho de que el actor se haya sentido "afectado en su honor" no justifica suficientemente la sentencia condenatoria (v. fs. 688);
d) el concepto de derecho a la privacidad e intimidad, fijado por la Corte federal en la causa "Ponzetti de Balbín, Indalia c/Editorial Atlántida S.A." (sent. de ll-XII-1984; Fallos: 306:1892), protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituido por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, la acciones, hechos y datos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad, están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por extraños significa un peligro real o potencial para la intimidad. Siendo esto así, se pregunta si la imagen que se publicó en los claustros pertenecía a la intimidad del actor. Inmediatamente se responde en forma negativa, con sustento en los informes de la Comisión por la Memoria, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Defensa; en el hecho de que Montezanti fuera funcionario público (al tiempo de los hechos, ocupaba un cargo de magistrado de la Cámara de Apelación Federal y era docente de la UNS) y en que su nombre haya aparecido en una serie de medios escritos, radiales y televisivos (v. fs. 689/90). A todo ello suma que la protección de la esfera privada y el honor se estrecha cuando se halla involucrado el interés público en la actuación funcional de un agente (v. fs. 689/691).
Concluye en que la información que brindó fue conocida mucho antes que los afiches, que la noticia es de relevancia pública y que guarda relación con la actividad que el actor desarrolla en el medio en que fue divulgada.
II.2. En lo referente a la condena al pago de una indemnización a favor del actor, argumenta que:
a) la disposición de la Cámara de Apelación fue lacónica pues, sin ningún tipo de fundamentación legal, decidió fijar tal indemnización (aquí transcribe el realmente escueto párrafo donde el a quo se dedica al tema y, a la luz de lo prescripto por los arts. 1.071 bis del Código Civil velezano y 165 del CPCC, establece una cantidad de dinero como reparación);
b) se ha violado su derecho de defensa, por cuanto -si el actor pretendía un resarcimiento- correspondía el trámite de juicio sumario;
c) no se acreditó que hubiera habido dolo de su parte, circunstancia que no fue considerada por la Cámara.
II.3. Un tercer grupo de agravios va dirigido a cuestionar la constitucionalidad de la sentencia dictada. No me ocuparé de ellos ante la clara improcedencia de su planteamiento, extremo ya puesto de manifiesto por la Excelentísima Cámara interviniente en su pronunciamiento de fs. 777.
III. Entiendo que, según las consideraciones que enseguida desarrollo, el recurso ha de prosperar.
III.1. Para desbrozar el camino me dedicaré, primeramente, a un argumento del recurrente según el cual, en la sentencia de Cámara, al encontrar verificada " una clara exacerbación de las formas ", se forzó más allá de lo tolerable el ámbito de referencia lingüístico del art. 1.071 bis del código anteriormente vigente para, de esa manera, incluir su comportamiento. Esto no genera convicción alguna ni puede sustentar el intento recursivo.
Pero, ya que esta puerta la abrió el propio recurrente, me ocuparé someramente de hacer un análisis lingüístico de los alcances de la norma involucrada, del sentido del término usado en la sentencia y de los alcances del recurso que nos concita, para concluir en por qué, a mi modo de ver, esta argumentación resulta desencaminada.
Tanto el art. 1.071 bis como el actual art. 1.770 legislan prácticamente lo mismo (la diferencia en los tiempos verbales usados y algún detalle de redacción no afectan -al menos en lo que ahora interesa- el similar sentido que ha de asignarse a ambos preceptos). En ambos casos lo que se veda es la arbitraria intromisión en la vida ajena publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otro en sus costumbres o sentimientos o perturbando de cualquier forma su intimidad. Y, a primera vista, tal hipótesis quedaría cumplida por el hecho de la publicación de fotografías (trucadas, además) del actor por parte del demandado, conducta que ha sido calificada de "exacerbada" por parte de la Cámara y que el demandado atribuye a un cuestionable animus iocandi .
El recurrente dirige su ataque al uso de ese término (" exacerbar "), anotando el significado que le da la Real Academia y extrayendo de ello que su libertad de expresión ha sido objeto de censura. No discutiré, por ahora, tan extrema aseveración, interpretándola solo como un intento efectista -más bien elemental- de desviar el eje de la discusión. En cambio, señalaré que yerra al elegir su objetivo: discutir si hubo una exacerbación de las formas , o una exageración tendenciosa en el uso de los medios que tenía a su disposición para comunicar aquello que quería comunicar, son temas inatinentes y, a pesar de lo que se afirma en la sentencia, no conducen a lo nuclear de la cuestión. En todo caso, si se pretendía usar un argumento semántico, la mira debió ponerse en el adverbio " arbitrariamente ", que es el que califica a todas las conductas señaladas en la redacción de la norma. Para plantearlo en términos estrictos: aquí no importaba tanto alzarse contra el uso de "exacerbada " como demostrar la violación de la normativa vigente (que es, en definitiva, el sentido del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley), en tanto en ella se exige que la actuación juzgada haya sido inmotivada, injustificada, caprichosa, irrazonable, infundada o cualquier otro sinónimo que se quiera usar para " arbitraria ".
III.2. Desechado ese argumento, podemos pasar a otras cuestiones: la fundamental es si se ha hecho pública una información que de alguna manera pudiera afectar el genérico derecho a la intimidad del actor y si tal derecho podía sufrir una excepción ante la gravedad de la información que se quiere transmitir (sin perjuicio de la torpe vía elegida). Veamos el marco fáctico, normativo, doctrinario y jurisprudencial a que debemos sujetarnos.
III.2.a. Los hechos relevantes que son tratados en este juicio, así como los pronunciamientos habidos y aun el recurso extraordinario deducido contra la sentencia de la Cámara de Apelación, son anteriores a la entrada en vigencia del actual Código Civil y Comercial (ley 26.994). De conformidad con el art. 7 de este último, a lo juzgado resulta de aplicación la normativa anterior y no la nueva ley.
Tal aserto parece baladí si se tiene en cuenta que el art. 1.071 bis ingresado al Código velezano (la norma fue introducida por la reforma dispuesta en la ley 21.173) y el art. 1.770 del actual tienen una redacción tan similar que podría considerárselos iguales, característica que dejaría sin sustancia la pretensión de señalar con precisión la normativa aplicable. Empero, creo del caso detenerme brevemente en el tema para señalar que, aun cuando muchas de las normas del nuevo Código Civil y Comercial parezcan ser una reproducción remozada de la obra de Vélez, no debemos confundirnos: todas ellas (todo el Código, en definitiva) fluyen de un hontanar diferente y sus preceptos deben ser analizados, comprendidos y aplicados desde una perspectiva diversa, a la luz de la influencia decisiva de los arts. 1 y 2 nuevos.
Intento resumir algunas ideas vinculadas a este tema: mucho se discute sobre el derecho transitorio, el sentido del art. 7 del Código Civil y Comercial, la doctrina francesa de Roubier y la reinterpretación que de ella hiciera Borda, el significado y los alcances posibles de la expresión "consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes", etcétera. Aclarar todo esto es, sin duda, de medular importancia para el tráfico diario y para la seguridad y fluidez de las transacciones jurídicas: se trata, ni más ni menos, que de reconocer las normas que han de regular -o no- hechos y conflictos que, ocurridos bajo la vigencia de otra ley, perviven o producen efectos durante el imperio de esta nueva, situación que genera dudas, controversias e incertezas.
Tales incertidumbres, empero, no se trasladan -a mi entender- a la regla que emerge del art. 2 de la reciente codificación. Allí se indica cómo se ha de interpretar la ley (y las normas, en sentido amplio): teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, y se ha de hacerlo de un modo coherente con la totalidad del ordenamiento. Ese mandato, más allá de otras posibilidades -eventuales y atendibles, aunque excepcionales-, tiene como directos y naturales destinatarios a los jueces. Más específicamente: se dirige a los jueces concretos y actuales, y no a un juez ilusorio o ficticio; se encarga a los jueces de carne y hueso, y no a las evanescentes figuras que, aunque puedan ser necesarias para determinados desarrollos teóricos, jamás veremos sentadas en un estrado; en fin, tiene como sujetos destinatarios a los jueces de la razonabilidad, y no a los del aséptico silogismo. A ellos les compete resolver atendiendo ciertas reglas del nuevo código y son quienes tienen la misión de definir la ruta que ha sido señalada (pero no definitivamente trazada) por el legislador. En otras palabras: a los jueces, especiales receptores del Capítulo 1 del Título preliminar del nuevo Código, no solo nos toca reconocer ciertas fuentes jurígenas, por el art. 1, o cumplir inexcusablemente ciertos deberes, conforme el art. 3, sino también interpretar el derecho y las leyes -cualesquiera sean: las que se consagran ahora o las del venerable legado de Vélez- a la luz de las pautas actuales: criterios gramaticales, teleológicos, analógicos, integrativos y sistemáticos han de convivir y enlazarse dialécticamente con el reconocimiento de los valores jurídicos y de los principios que (sin perjuicio de su alto grado de abstracción) los actualizan y concretan. El caso que tenemos que resolver, y la norma del art. 1.071 bis del viejo Código Civil o la del art. 1.770 del actual, no son una excepción.
III.2.b. Aclarado lo anterior, repito que son de aplicación tanto los arts. 1.071 bis del Código Civil (leyes 340 y 21.173); 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 11 y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14, 18, 19 y 75, inc. 22 de la Constitución nacional; 10, 11, 12, 13 y concordantes de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, como también lo son los principios y valores que se desprenden y respaldan a nuestro ordenamiento jurídico (art. 2, Cód. Civ. y Com.). Por fin habrá de tenerse en cuenta las previsiones del art. 1 de la ley 26.032 (vigente desde el año 2005), que refuerza y amplía el significado de los arts. 14 y 32 del texto constitucional, estableciendo que la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión.
Tengo en cuenta, por otra parte, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación recalcó la importancia de la libertad de expresión en Internet como la piedra angular del sistema democrático, al tiempo que señaló que el derecho de transmitir ideas, hechos y opiniones por este medio es una forma de concreción del derecho personal que tiene todo individuo a hacer público, a informar, a difundir y a exteriorizar -o no hacerlo- sus ideas, opiniones, creencias, críticas, etcétera y que ello resulta un instrumento para la formación de la opinión pública ( in re "Rodríguez, María c/ Google Inc. y otro s/daños y perjuicios"; causa R.522.XLIX, sent. de 28-X-2014; Fallos 337:1174).
También ha dicho el máximo Tribunal (si bien en votos minoritarios, pero que, sin duda, deben ser considerados) que la Constitución nacional protege de modo relevante la esfera de la individualidad personal, amparando el respeto de las acciones realizadas en privado y reconociendo un ámbito en el que cada individuo es soberano para tomar decisiones sobre el estilo de vida que desea. Y uno de los aspectos centrales de la protección de tal ámbito está constituido por la tutela del derecho a la imagen de la persona, cuya dimensión jurídica trasciende las fronteras del derecho de propiedad, dado que pretende salvaguardar un ámbito propio y reservado, necesario para mantener una calidad mínima de la vida humana (Disidencia parcial de los Dres. Ricardo Luis Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda en Fallos 340:1236; "Gimbutas c/Google", sent. de 12-IX-2017).
En el ámbito internacional, a su vez, viene al caso recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso "L. c/Austria" (sent. de 8-VII-1986) afirmó la importancia de distinguir entre hechos y las opiniones o juicios de valor. Mientras que la materialidad de los primeros puede probarse, los segundos no son susceptibles de prueba o no pueden ser acreditados sino de manera
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