Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 129222
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la señora defensora adjunta de Casación, se revoca el pronunciamiento impugnado y, en consecuencia, se remiten los autos a la instancia anterior para que, debidamente integrado, dicte un nuevo pronunciamiento respecto de Daniel Enrique Galván y de Pablo Andrés Orellana, de conformidad con lo aquí resuelto (art. 496, CPP).
En la ciudad de La Plata, a 20 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Genoud, Kogan, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.222, "Galván, Daniel Enrique y Orellana, Pablo Andrés. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 28.139 del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el 30 de diciembre de 2011, hizo lugar parcialmente al recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial a favor de Daniel Enrique Galván y Pablo Andrés Orellana contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Mercedes que condenó a Galván a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, declarándolo reincidente, como autor penalmente responsable de los delitos de homicidio simple en grado de tentativa y coautor de robo calificado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa, en concurso real entre sí, y a Orellana a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, declarándolo reincidente, como coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de armas de fuego, en grado de tentativa; robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo llegar a acreditarse y por haberse perpetrado en lugar poblado y en banda; y tenencia ilegal de arma de guerra, todos en concurso real. En consecuencia, casó el pronunciamiento impugnado descartó como agravantes de la pena a "la reiteración delictiva", "el notorio grado de violencia desplegado apoyando armas de fuego en la cabeza de las víctimas", "las condenas anteriores que registran" respecto de ambos imputados; "el haber retornado a la senda delictiva, mientras se hallaba gozando del beneficio de libertad condicional en otra causa penal" respecto de Galván, y "la nocturnidad valorada", declaró la nulidad de la sentencia en cuanto a la reincidencia impuesta a los procesados, con envío a origen para que se dicte nuevo pronunciamiento conforme a derecho y fijó la pena de Galván en trece años y tres meses de prisión, accesorias legales y costas de primera instancia, como autor del delito de homicidio simple en grado de tentativa, y coautor de robo calificado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa, en concurso real; y la de Orellana en diez años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas de primera instancia, por resultar coautor de delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa; robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se acreditó y por haber sido cometido en lugar poblado y en banda; y tenencia ilegal de arma de guerra, todos en concurso real (v. fs. 98/110).
Frente a lo así decidido, la señora defensora oficial adjunta ante la aludida instancia interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a favor de ambos imputados (v. fs. 162/172 vta.).
Este Tribunal, con fecha 17 de junio de 2015, hizo lugar parcialmente al reclamo, y dejó sin efecto el ítem correspondiente a la determinación de la pena y dispuso el reenvío de los autos al tribunal de origen para que dictara un nuevo fallo de acuerdo a aquella, en tanto consideró que el órgano intermedio no brindó tratamiento al planteo relativo a la ponderación de la excesiva duración del proceso como pauta atenuante sobreviniente (v. fs. 179/181 vta.).
Así las cosas, la Sala interviniente, el 15 de noviembre de 2016, rechazó el agravio y mantuvo las penas impuestas en esa instancia (v. fs. 208/211).
Contra esta última decisión, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Juan Ignacio Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 213/217 vta.), el que fue concedido por la citada Sala (v. fs. 220/222 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 244/246), dictada la providencia de autos (v. fs. 247) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal; y la afectación al principio de razonabilidad y proporcionalidad (v. fs. 215).
Consideró que la sentencia desestimó arbitrariamente y sin fundamentación suficiente, la ponderación de la excesiva duración del proceso como circunstancia de atenuación de pena sobreviniente (fs. cit.).
Dio cuenta de los antecedentes del caso y consideró que frente al reclamo el a quo efectuó una revisión superficial y aparente de la sentencia cuestionada, violentando derechos y garantías constitucionales; y entendió que "...la mera expresión de afirmaciones dogmáticas en cuanto a la garantía en cuestión, sin argumentos del camino desarrollado para arribar a la conclusión de desestimación de la misma como circunstancia atenuante, no puede ser considerada como respetuosa de las prescripciones contenidas en el art. 8.2 h de la CADH" (fs. cit. y vta.).
Destacó que frente al reenvío dispuesto por esta Corte el a quo "...reseñó conceptos y definiciones de lo que se entiende por la garantía del plazo razonable y su receptación en la normativa nacional e internacional -sin cuestionar la excesiva duración del procedimiento en el supuesto de autos-, para luego rechazar arbitrariamente el agravio por entender que 'nada pued[e] encontrar que dicha circunstancia se relacione con cuestiones de tiempo, modo, lugar y ocasión en que se desarrolló el hecho como sucede con las circunstancias atenuantes y agravantes merituadas en la determinación de la pena'" (fs. cit.).
Sostuvo que la circunstancia atenuante en cuestión indudablemente se vincula directamente con las condiciones personales de sus defendidos -contempladas en el art. 41 del Código Penal-, quienes se ven sometidos a un procedimiento penal por un tiempo no sólo excesivo sino determinado, con los padecimientos que aquello implica (v. fs. 215 vta. y 216).
Citó en respaldo de sus afirmaciones los precedentes "Mozzati" y "Kipperband" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y solicitó que, como medio paliativo a los padecimientos y sufrimientos no imputables a sus defendidos, se ponderen las dilaciones indebidas del proceso como circunstancia de atenuación de pena sobrevinientes (v. fs. 216).
También se refirió a lo expuesto por esta Corte en la causa P. 88.303, sentencia de 25-III-2009 (v. fs. 216 vta.).
Consideró evidente la arbitrariedad del fallo del tribunal intermedio; solicitó que se case la sentencia impugnada, declarando la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, reenviando los autos al tribunal intermedio para que -previa audiencia de visu - reduzca la pena impuesta y fije una sanción respetuosa de las garantías constitucionales citadas (v. fs. 217).
II. Entiendo que el reclamo debe progresar.
II.1. Frente a la decisión de esta Corte, de anular parcialmente la sentencia de casación en el nivel correspondiente a la determinación de la pena, con remisión al tribunal de origen, para que proceda a dictar un nuevo fallo, debiendo evaluar la solicitud de la defensa de valorar como pauta atenuante sobreviniente la demora en el proceso revisor, el tribunal intermedio, con voto del señor juez Ordoqui -y adhesión simple del señor juez Natiello-, abordó el punto, y lo rechazó.
Primero aludió a su extemporaneidad con base en la doctrina del art. 451 del ritual (v. fs. 209 vta.). Luego, en virtud de lo ordenado por esta Corte, señaló que el plazo razonable resulta ser una garantía prevista en diversos pactos internacionales, los cuales, le otorgan rango constitucional; con cita de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y el Convenio Europeo sobre la Salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales (v. fs. cit. y 210).
Refirió que nuestro Código Procesal Penal recepta dicha garantía y a su vez contempla diferentes herramientas tendientes a controlar el plazo razonable de los procesos y sus consecuencias en caso de su incumplimiento, citando, al efecto, diferentes situaciones contempladas por dicha norma (v. fs. 210 y vta.).
Como fundamento de su rechazo juzgó que el reconocimiento del plazo razonable y su regulación en el Código Procesal Penal de la Provincia se encuentra ligado a una cuestión temporal del proceso en general y descartó que se relacione con las circunstancias atenuantes y agravantes de la determinación de pena (v. fs. 210 vta.).
II.2. En síntesis, el tribunal intermedio, frente a la remisión ordenada por esta Corte y en el contexto de abordar el tramo de la condena relativo a la determinación de la pena entendió que debía desestimarse la solicitud de la defensa de considerar como pauta atenuante sobreviniente la demora en el proceso revisor, en razón de lo previsto por el art. 451 del ritual, y descartó -asimismo- que esa pauta integre los elementos válidos concernientes a la culpabilidad.
III.1. A partir de lo expuesto, cabe precisar que si bien es cierto que esta Corte en reiterados pronunciamientos estableció que el momento de interposición del recurso marca el límite temporal para expresar los motivos de casación y que una vez vencido ese término el recurrente no podrá invocar otros distintos (doctr. art. 451, tercer párrafo, CPP; conf. causas P. 78.901, sent. de 7-XI-2001; P. 125.891, sent. de 23-XI-2016; P. 124.815, sent. de 16-VIII-2017; e.o.), tal temperamento no resulta aplicable cuando se ha justificado que se trata de una circunstancia sobreviniente. Por eso este Tribunal en la intervención citada en el párrafo anterior (v. fs. 144/151 vta.), ordenó someter ese planteo a conocimiento del órgano revisor.
III.2. Las demás consideraciones desarrolladas por el a quo , en virtud de la remisión citada, resultan contrarias a la doctrina de esta Corte, pues, tal como refiere el recurrente, este Tribunal -por mayoría- tiene dicho que el inadecuado tratamiento procesal a que se vio sometido un imputado (en cuanto a la indebida dilación del proceso penal) puede hallar apropiada reparación en las reglas de individualización de la pena y en las que legislan lo relativo a las condiciones de su ejecución, sin perjuicio de las enmiendas que se ofrecen desde otros ámbitos (conf. doctr. causas P. 88.303, sent. de 25-III-2009; P. 110.833, sent. de 4-V-2011; P. 109.935, sent. de 11-V-2012; P. 113.790, sent. de 26-IX-2012; P. 90.759, sent. de 23-X-2013; P. 126.655, sent. de 9-VIII-2017; P. 126.473, sent. de 16-VIII-2017; y más recientemente P. 128.909, sent. de 3-V-2018).
Las diferentes expresiones de los arts. 40 y 41 del Código represivo, en cuanto permiten ponderar en la determinación judicial de la pena, entre otros factores, las "condiciones personales" del procesado, imponiéndole a los jueces el deber de "tomar conocimiento directo y de visu" de aquel (art. 41, inc. 2, Cód. Penal), pueden servir de guía para encauzar la solución pretendida. Pues, al contemplar esa fórmula la posibilidad de que circunstancias posteriores a la ejecución del hecho repercutan menguando la pena proporcional a la culpabilidad, brinda un medio adecuado para reparar los efectos de la exorbitante morosidad judicial.
De esta forma queda sin sustento la afirmación del Tribunal intermedio relativa a que la aludida pauta no pudiese ser ponderada en el sentido pretendido por la defensa (v. fs. 210 vta.).
Ello, más allá del deber del a quo de verificar en el caso concreto si la parte se ha ocupado de evidenciar la concurrencia del conjunto de circunstancias que tanto la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y este Superior Tribunal provincial imponen valorar a los fines de fallar sobre la infracción de la garantía del plazo razonable en la tramitación del proceso revisor.
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Negri , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la señora defensora adjunta de Casación, se revoca el pronunciamiento impugnado y, en consecuencia, se remiten los autos a la instancia anterior para que, debidamente integrado, dicte un nuevo pronunciamiento respecto de Daniel Enrique Galván y de Pablo Andrés Orellana, de conformidad con lo aquí resuelto (art. 496, CPP).
Regístrese y notifíquese.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia