Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128749
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por el Defensor Oficial de Pablo Ezequiel Álvarez (arts. 482, 486 -t.o según ley 14.647-, 494 y ccds., CPP).
La Plata, 18 de octubre de 2017.-
La presente causa P. 128.749, caratulada: “Álvarez, Pablo Ezequiel s/ Recuso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 63.728 y su acumulada n° 63.729 del Tribunal de Casación Penal, Sala, III”,
I. 1. La Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 29 de marzo de 2016, hizo lugar parcialmente a los recursos de la especialidad deducidos por el Ministerio Público Fiscal y por el particular damnificado contra la absolución dictada por el Tribunal en lo Criminal N° 5 de La Matanza a favor de Pablo Ezequiel Álvarez. En consecuencia, lo condenó por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio con exceso en la legítima defensa y dispuso el reenvío a los jueces de la instancia para que establezcan la medida de la pena y su modalidad de cumplimiento (fs. 97/103 vta.).
I. 2. El Defensor Oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, presentó revocatoria y solicitó se declare la nulidad del fallo por no haberse notificado debidamente a la defensa oficial previo al dictado de la sentencia, todo lo cual -a su entender- quebrantó el derecho de defensa en juicio por no haber podido expedirse debidamente sobre las impugnaciones de la acusación pública y privada (fs. 116/120).
I. 3. La Alzada, el 14 de julio de 2016, rechazó el pedido de nulidad (fs. 125/126).
I. 4. Contra esta última decisión, la defensa oficial articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 128/133).
Alegó que la resolución es equiparable a definitiva pues ocasionó un gravamen de imposible reparación ulterior en tanto afectó el ejercicio del derecho de defensa en juicio en el marco de la revisión amplia del fallo condenatorio.
Puntualizó que el órgano revisor no corrió vista a la defensa oficial, previo a la resolución del caso, circunstancia que le impidió formular planteos respecto a la inadmisibilidad e improcedencia de las impugnaciones de la acusación pública y privada.
II. El 20 de diciembre de 2016, el a quo concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 136/139 vta.).
Para arribar a tal decisión, recordó que los carriles previstos en el art. 479 del ritual sólo proceden contra sentencias definitivas o equiparables a tales.
A continuación, citó precedentes del Máximo Tribunal nacional y concluyó que deben equipararse a definitivos los pronunciamientos que causen un agravio de imposible reparación ulterior (conf. art. 482, CPP y P. 112.755, res. del 11-XI-2015).
Sentado lo anterior, detalló las causales propias del art. 494 del ritual y recordó que es el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas (conf. Strada, Di Mascio y Christou de la Corte nacional).
En función de ello, indicó que la defensa denunció la violación del derecho de defensa en juico en el marco de la revisión amplia de la condena y que tales críticas se expusieron con la suficiencia y carga técnica necesaria por lo que la impugnación resultaba admisible.
III. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe declarase mal concedido ya que el Tribunal de Casación Penal realizó un análisis genérico y desacertado en torno al cumplimiento del recaudo de la definitividad (arts. 482 y 486, CPP).
Dicho error se advierte con claridad en el tramo de la decisión que pretende reforzar la equiparación a definitiva con la cita de la causa P. 112.755 de esta Corte (res. del 11-XI-2015) cuando, en rigor, dicho precedente ninguna vinculación guarda con el sub lite pues la equiparación allí dispuesta fue en función de lo decidido por el Máximo Tribunal nacional en un supuesto de suspensión de juico a prueba concedida, sustrato fáctico que ninguna similitud guarda con el presente.
4. Sentado lo anterior, lo cierto es que la decisión que desestimó el recurso de revocatoria en el que la defensa solicitaba la nulidad del fallo de condena (v. punto I. 3. del presente) no es definitiva (conf. doct. art. 482, CPP).
Ello es así en tanto la resolución en cuestión tiene como consecuencia la obligación de que el imputado siga sometido a proceso, por lo que tampoco representa un supuesto de equiparación a ella pues, por sus efectos, no provoca un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior que requiera tutela judicial inmediata (conf. P. 116.515, res. del 19-IX-2012; P. 121.998, res. 14-X-2015; P. 119.653, res. del 15-X-2014; P. 124.764, res. del 14-XII-16; P. 118.572, res. del 4-XI-2015; P. 124.803, res. del 29-XII-2015; P. 127.121, res. del 14-XII-2016, e.o.).
V. Resulta pertinente recordar que tanto este Tribunal como la Corte Suprema de Justicia de la Nación tienen dicho que las decisiones que admiten o deniegan nulidades -como aconteció en el presente, v. puntos I. 2. y I. 3.-, en términos generales, no constituyen sentencia definitiva y que en la materia campea un criterio de interpretación restrictiva (P. 119.778, res. del 11-VI-2014, P. 123.864, res. de 1-4-2015, P. 125.550, res. de 3-6-2015; Fallos: 325:1404) y solo se ha excepcionado esa premisa cuando el agravio articulado no podría ser objeto de reparación ulterior, ante la flagrante violación del debido proceso, cuya salvaguarda exige asegurar una inobjetable administración de justicia (conf. Fallos 321:1385 y 3679, y 328:1874; entre muchos) no habiéndose demostrado que en el caso bajo estudio se configure un supuesto semejante.
VI. Por último, cabe recordar que pretensas cuestiones federales (violación del derecho de defensa en juico en el marco de la revisión amplia del fallo condenatorio) no suplen la ausencia de definitividad de la decisión impugnada (Fallos: 254:12; 256:474; 267:484; 276:366; 296:552; 304:1344; etc.) en tanto la justificación de ese extremo es lógicamente anterior a la consideración de estas problemáticas (P. 122.306, res. del 17/VI/2015; P. 122.397, res. del 1/VII/2015; P. 123.664, res. del 1/VII/2015; P. 123.664, res. del 1/VII/2015, e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por el Defensor Oficial de Pablo Ezequiel Álvarez (arts. 482, 486 -t.o según ley 14.647-, 494 y ccds., CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia