Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129254
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal y revocar el pronunciamiento atacado (art. 496 y concs. del CPP y 31 bis de la ley 5827).
"ALTUVE CARLOS ARTURO AGENTE FISCAL- S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY EN CAUSA N° 79.791 SEGUIDA A KUHLMAN FERNANDO GABRIEL O KUHLMANN FERNANDO GABRIEL O KUHMANN FERNANDO GABRIEL, DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA V".
La Plata, 29 de noviembre de 2017.
La presente causa P. 129.254-RC, caratulada: "Altuve Carlos Arturo Agente Fiscal- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 79.791 seguida a Kuhlman Fernando Gabriel o Kuhlmann Fernando Gabriel O Kuhmann Fernando Gabriel, del Tribunal de Casación Penal, Sala V",
I. La Sala V del Tribunal de Casación Penal, el 1 de septiembre de 2016, rechazó por inadmisible- el recurso de queja interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial San Martín que denegó el recurso de casación articulado en oposición a la sentencia de la Sala I de ese mismo órgano que confirmó la resolución del Juzgado en lo Correccional n° 5 Departamental en cuanto dispuso la aplicación del instituto de la suspensión del proceso a prueba por el plazo de un año y tres meses a favor de Fernando Gabriel Kuhlmann, acusado de la comisión del delito de lesiones culposas agravadas por la conducción de un vehículo automotor (v. fs. 22/27).
II. Frente a lo así resuelto, el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Dr. Carlos Arturo Altuve- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 35/42 vta.), el que fue concedido por la aludida Sala del Tribunal de Casación Penal, mediante pronunciamiento del 23 de mayo de 2017 (v. fs. 46/49).
Para arribar a tal pronunciamiento, sostuvo que la impugnación fue articulada contra una sentencia asimilable a definitiva del Tribunal de Casación Penal que si bien no supera el quantum punitivo al que alude el ceremonial (art. 494, CPP) se sustentó en agravios de derecho común e importó la denuncia de un supuesto de arbitrariedad en la interpretación del art. 76 bis del Cód. Penal y que, en definitiva, el remedio impugnativo es admisible conforme los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio" de la Corte nacional.
III. El recurso debe estimarse sin más trámite por resultar este caso sustancialmente análogo al decidido por esta Corte en la causa P. 125.430 (sent. de 7-IX-2016), tal como lo advirtió la parte al solicitar la aplicación de su doctrina (v. fs. 39 vta.; art. 31 bis de la ley 5827, t.o. por la ley 13.812).
IV. En efecto, en el citado precedente, a cuyos fundamentos se hace expresa remisión, se juzgó que tanto la interpretación literal, como la histórica (análisis del debate parlamentario de la ley 24.316 y de los proyectos parlamentarios de reforma), la teleológica y la sistemática del art. 76 bis del Cód. Penal, permite concluir en forma clara que la suspensión de juicio a prueba no procede para delitos reprimidos con pena de inhabilitación, sea ésta única, conjunta o alternativa (v. punto III. 1. y 2. a., b., c. y d. del voto del Juez Soria en causa P. 125.430 op. cit.).
El motivo por el cual este tipo de delitos queda excluido radica en que la pena de inhabilitación contempla un interés social específico vinculado con la incompetencia del imputado en el desempeño de una actividad, arte o profesión cuyo ejercicio depende de una licencia o habilitación del poder público en el presente, licencia para conducir vehículos automotores-. Se advierte que al impedir la aplicación de la suspensión de juicio a prueba en estos supuestos, se otorga una especial preponderancia a la investigación de los hechos en los que existe una autorización estatal para la actividad reglada en base a la cual se configura el obrar imprudente que da origen al delito reprochado (v. punto III. 2. e. y f. del voto citado).
Por otra parte, también asiste razón al apelante en cuanto sostiene que de los precedentes "Acosta" y "Norverto" de la Corte nacional no puede inferirse que la suspensión de juicio a prueba se pueda aplicar a delitos reprimidos con pena de inhabilitación (v. carril extraordinario de inaplicabilidad de ley a fs. 41 y vta.), sino que tal como se explicó en la citada causa P. 125.430-, la correcta exégesis de tales fallos indica que ambos se ciñeron a sostener la "tesis amplia", superadora de la restrictiva fijada por la Cámara nacional de Casación Penal en el plenario "Kosuta".
En efecto, en ellos se resolvió que el instituto en cuestión procede respecto de los delitos cuyo máximo excede los tres años de prisión pero que las circunstancias particulares del caso permitirían dejar en suspenso el cumplimiento de la condena. Ninguna implicancia tiene en lo que concierne a los ilícitos sancionados con pena de inhabilitación (v. punto III. 2. g. del voto citado).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal y revocar el pronunciamiento atacado (art. 496 y concs. del CPP y 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
Lucia Jofre
Subsecretaria
Fin de la sentencia