Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135120
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial adjunto a favor de J. A. S., con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.120, "S., J. A.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 93.087 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres, Kogan, Genoud.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de julio de 2020, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Morón, que -en su composición unipersonal- condenó a J. A. S. a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal -reiterado en dos ocasiones- y abuso sexual simple, todos cometidos en perjuicio de una menor de trece años de edad, en concurso real, los que a su vez concurren en forma ideal con el delito de corrupción agravada por ser la víctima menor de trece años de edad (arts. 40, 41, 54, 55, 119, párrs. primero y tercero y 125, párr. segundo, Cód. Penal; v. fs. 53/61).
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 66/70 vta.) el que fue admitido parcialmente por el Tribunal de Casación (v. fs. 71/72 vta.), sin que la parte formulara contra ello recurso de queja (v. informe de fs. 99).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 104/107), dictada la providencia de autos (v. fs. 109) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa denuncia errónea calificación legal en los términos del art. 125 del Código Penal, en tanto no se acreditó la intención de su defendido de "promover o facilitar" la corrupción de la víctima, circunstancia que -según dijo- amplió los límites de la legalidad estricta en materia penal (arts. 18 y 19, Const. nac.; v. fs. 68 vta.).
Luego de transcribir lo decidido por el tribunal revisor, pone de manifiesto que a los efectos de tener por acreditada la figura atribuida no solo debe tenerse en cuenta la entidad o capacidad corruptora del acto, sino también la intencionalidad del sujeto activo pues "...no hay corrupción de menores sin el dolo específico del autor". Dice, además, que las distintas modalidades abusivas no exceden el tipo penal del abuso sexual. En suma, que no pueden tenerse por acreditados los extremos típicos del delito en cuestión, en tanto el elemento volitivo "...intencionalidad de corromper el desarrollo de la víctima" no aparece justificado en el caso (v. fs. 68 vta./69 vta.).
Destaca que la corta edad de la víctima y la ejecución de un acto con contenido sexual respecto de aquella, son insuficientes como datos configurativos del delito previsto en el art. 125 citado, y que el autor debe "...conocer y querer que la acción que ejecuta provoque o facilite el estado de corrupción" (fs. 69 vta. y 70).
Estima que el cuadro probatorio sólo da cuenta de actos de abuso sexual que no apuntan a la corrupción del sujeto pasivo, entendido como el estado contrapuesto de la normalidad del desarrollo de la sexualidad de las personas.
Concluye que se violenta el principio de máxima taxatividad legal cuando se interpreta automáticamente que los actos de abuso sexual consumados contra un menor de edad resultan potencialmente idóneos para facilitar su corrupción (v. fs. 70).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 104/107).
Coincido en que el recurso no prospera.
III.1. El tribunal de juicio tuvo por debidamente acreditado que "...en fechas indeterminadas pero que bien pueden establecerse, la primera, entre el 1° de marzo de 2013 y 28 de febrero de 2014, y; la segunda, entre el 1° de marzo de 2014 y el 28 de febrero de 2015, esto es cuando N. E. M. contaba con ocho y nueve años respectivamente, su tío J. A. S., en ambos casos en el interior de su habitación de la finca ubicada en … … de la localidad de William Morris, partido de Hurlingham, y aprovechando la situación de indefensión de la niña debido a la inmadurez propia de su corta edad, previo sujetar sus manos, abusó sexualmente de la menor mediante acceso carnal vía vaginal". "Asimismo, el día 20 de julio de 2016, poco más o menos las 21, el mismo individuo, en el interior de la mencionada finca, aprovechándose de las circunstancias ya mencionadas, abusó de su sobrina N. E. M., quien contaba con once años de edad, efectuándole tocamientos inverecundos en sus zonas erógenas con ánimo de desahogar un apetito de lujuria". "Todas estas conductas practicadas por J. A. S., con el fin de ver satisfechos sus más bajos instintos sexuales, debido a su naturaleza, a las circunstancias de su realización y la corta edad de la menor, fueron suficientemente idóneas como para desviar su normal desarrollo sexual por su precocidad y por lo tanto facilitar y promover la corrupción" (fs. 14).
El juzgador de origen consideró que J. A. S. resultó ser el autor responsable de los hechos acreditados, los cuales fueron calificados como abuso sexual con acceso carnal -reiterado en dos ocasiones- y abuso sexual simple, en concurso real, los que a su vez concurren en forma ideal con el delito de corrupción agravada por ser la víctima menor de trece años de edad (arts. 119, párrs. primero y tercero y 125, párr. segundo, Cód. Penal). En consecuencia, dictó veredicto condenatorio y le impuso la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas.
III.2. La defensa oficial interpuso contra ello recurso de casación a través del cual cuestionó -en lo que interesa para la solución del caso-, la acreditación del tipo subjetivo del art. 125 del Código Penal por estimar que no se había probado el dolo directo que requiere la figura (v. particularmente fs. 30 vta./31 vta.).
III.3. El Tribunal del recurso, respecto de ese motivo de agravio, rechazó el planteo de la parte enderezado a desacreditar el delito de corrupción de menores. Señaló que las conductas abusivas fueron realizadas desde que la menor tenía ocho años de edad, con maniobras que duraron hasta cumplidos los once años; que la madre y la pareja conviviente en el curso del debate atestiguaron que lo anterior provocó que N. presentara actos prematuros de conducta sexual, "...como la detección en el móvil de la niña del acceso a páginas web de contenido sexual, y el envío de una foto propia en ropa interior a otro chico de mayor edad". También destacó que los actos antinaturales a los que se vio sometida condujeron a que en debate se sostuviera que "...una experiencia tan traumática perfectamente puede ser idónea para vulnerar la personalidad y desviar el normal desarrollo de su sexualidad (de la Perito Pérez Suazo)"; y que "...estos actos descriptos tienen entidad para desviar el normal desarrollo de la sexualidad por la escasa edad. Tuvo afectado el desarrollo evolutivo (Laura Cantero)" (fs. 59).
Aseguró que en el caso se hallaron cumplidos los aspectos objetivos y subjetivos de la figura, puesto que "...el delito de corrupción exige algo más que el mero abuso, o la sola exhibición de pornografía, etc., y es que los actos tengan capacidad corruptora, características abarcadas por el dolo del autor". De tal modo reputó que "...no se borra la diferencia que el legislador ha marcado entre los delitos de corrupción y las distintas formas de abuso sexual y otras figuras afines (conf. causa n° 10.362 (registro de Presidencia n° 36.980) caratulada 'Lanciotti, Carlos Alberto s/ recurso de casación', sent. del 16/8/2011)"; en tanto que "...obran hechos concretos, así como prueba pericial, que comprueban el acaecimiento de la descripción de conducta contenida en el art. 125, segundo párrafo del C.P." (fs. 59 vta.). Con tales fundamentos, confirmó la calificación legal actuada por el sentenciante de grado.
IV. El planteo traído por la defensa sobre la errónea aplicación del art. 125 del Código Penal es insuficiente.
Lo decidido por el tribunal intermedio no mereció por parte de la defensa una crítica idónea para desbaratar la subsunción jurídica en cuestión. En rigor, la parte se limitó a insistir con la alegada ausencia del elemento subjetivo del delito de la corrupción, sin rebatir de modo eficaz los fundamentos brindados por la casación a efectos de convalidar la figura contenida en el art. 125 del Código Penal con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa.
El cuestionamiento a lo resuelto más bien se focaliza en que las acciones descriptas en el fallo y la corta edad de la víctima -hechos que comenzaron desde que la niña tenía ocho años y hasta los once años-, no alcanzan para tener por configurado el conocimiento y voluntad que exige la figura para torcer el desarrollo sexual de la menor.
Tal argumentación resulta ser solo una posición contraria a lo fallado, desprovista de toda relación con el contenido de la causa y sin controvertir adecuadamente las consideraciones realizadas por el tribunal intermedio, por ejemplo, sobre que la menor víctima realizó actos prematuros de conducta sexual (acceso a páginas web de contenido sexual, y el envío de una foto propia en ropa interior a otro chico de mayor edad), o que de conformidad con lo expuesto por la perito Pérez Suazo y la licenciada Laura Cantero, las conductas vividas resultaron idóneas para vulnerar la personalidad y desviar el normal desarrollo de su sexualidad (v. particularmente fs. 59, sent. de casación y 13 vta., sent. de condena).
Frente a ello, el recurrente no realiza ningún esfuerzo para desacreditarlo, e insiste con los argumentos llevados en el recurso de casación (v. particularmente fs. 30 vta. y 31). Media pues insuficiencia impugnativa (art. 495, CPP).
Cabe recordar que es doctrina de esta Corte que "...no teniendo el art. 125 del Código Penal por núcleo la referencia a quien corrompiere sino a quien 'promoviere' o 'facilitare' la corrupción, el tipo no requiere, entonces, que se produzca la concreta corrupción. Pero, en el otro extremo, no basta con la pura actividad de ejercitar actos idóneos para corromper. Promover significa 'iniciar', 'comenzar', 'empezar', 'dar principio a una cosa', 'adelantar' algo -'procurando su logro'-, 'mover', 'llevar hacia delante'. De modo que para perfeccionarse este núcleo no es necesario que se concrete la corrupción, pero no es suficiente que se realicen actos idóneos para ello: se requiere que el autor inicie (comience, empiece, dé principio, mueva, lleve hacia adelante) la corrupción del sujeto pasivo. Y facilitar significa crear las condiciones para que ello sea posible o pueda hacerse 'sin mucho trabajo' o pueda 'suceder con mucha probabilidad'" (conf. causas P. 117.524, sent. de 1-VII-2015; P. 131.393, sent. de 14-VIII-2019; e.o.).
De conformidad con lo resuelto, el Tribunal de Casación Penal tuvo por acreditado el aspecto objetivo y subjetivo del delito de corrupción de menores, al sostener que la figura "...exige algo más que el mero abuso, o la sola exhibición de pornografía, etc.", y es que los actos "...tengan capacidad corruptora, características abarcadas por el dolo del autor" (fs. 59 vta.).
En definitiva, la defensa no logra justificar la incorrección de la aplicación del tipo penal en ciernes.
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial adjunto a favor de J. A. S., con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/04/2022 09:13:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/04/2022 11:54:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/04/2022 14:07:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/04/2022 23:57:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/04/2022 08:48:06 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 13/04/2022 09:26:06 hs. bajo el número RS-36-2022 por SP-ARCHUBY PAULA VALERIA.
Fin de la sentencia