Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 81434
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación, a los 2 días del mes de octubre de dos mil dieciocho, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces, doctores Víctor Horacio Violini y Ricardo Borinsky, con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver en la presente causa Nº 81.434 (Registro de Sala nro.22.430), caratulada “Boan, Héctor Enrique s/ recurso de casación”, conforme al siguiente orden de votación: BORINSKY - VIOLINI.
En lo que interesa destacar, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó la resolución del Juzgado de Garantías, declaró extinguida la acción penal por prescripción y sobreseyó a Héctor Enrique Boan en relación a los hechos calificados como abuso sexual simple, abuso sexual agravado por el vínculo y abuso sexual con acceso carnal, reiterados, disponiendo la inmediata libertad del nombrado (cfr. fs.1/6).
Contra dicho pronunciamiento, el Fiscal General interpuso el presente recurso de casación denunciando errónea aplicación de los artículos 18 de la Constitución Nacional; 2, 62 y 63 del Código Penal, al hacer lugar la Cámara al pedido de extinción de la acción penal, por prescripción, respecto de los delitos mencionados perpetrados a mujeres menores de edad, desoyendo –de este modo y a su entender- los principales Tratados y Convenciones de Derechos Humanos que este Estado ha ratificado y por el cual ha comprometido su voluntad de investigar y sancionar a los responsables, y haciendo hincapié en los principios de legalidad e irretroactividad de la ley penal al exponer que no pueden aplicarse las leyes 26705 y 27206 -modificatorias de los plazos de la prescripción- por ser las mismas normativas más gravosas para el imputado en relación a la vigente al momento de los hechos, cuando debió decidir lo contrario para no comprometer la responsabilidad del Estado Argentino.
Por lo que, con cita de Tratados y Convenciones Internacionales, en especial la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en atención a los hechos que se investigan, y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitó se haga lugar al recurso y se case la resolución en crisis, devolviendo los autos al Juzgado, a sus efectos.
Radicado con noticia a las partes, la Fiscal postuló su procedencia con los motivos que expone en su presentación y acompañando los fundamentos de su par de la instancia.
Luego, la Sala queda en condiciones de resolver, por lo que se tratan y votan las siguientes:
Primera ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión, el señor juez doctor Borinsky dijo:
La resolución de la Cámara que revoca la decisión de primera instancia, declara la extinción de la acción penal por prescripción y sobresee en consecuencia a Héctor Enrique Boan es, a entender de esta Sala, derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias de la causa.
Si bien es claro el esfuerzo del Fiscal que recurre y de su par ante esta Sede para evitar la impunidad en los hechos concretos cometidos contra mujeres menores de edad, considerando los sucesos que se relatan gravísimos, los argumentos no conmueven las fundadas razones expuestas en el decisorio en pugna, pues la retroactividad de la ley penal sólo se permite en los casos en que la norma es más benigna para el imputado lo que, a simple vista, no es precisamente la circunstancia que rodea al presente caso, sino más bien todo lo contrario, llevando sin más a resolver en base a lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Fondo según ley 25.990 (16/12/2004) y no así en los términos de la ley 27.206 (B.O. 9/11/15) –como se pretende- donde se extiende el plazo temporal que mantiene viva la acción penal contra el imputado, lo que le resulta claramente perjudicial por ser obviamente más gravosa que la vigente al momento de los hechos.
Recordemos que esta última estableció como párrafo cuarto de la mencionada norma que en los delitos previstos en los artículos 119, 120, 125, 125 bis, 128, 129 parte final, 130 párrafos segundo y tercero, 145 bis y 145 ter del Código Penal se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría.
Todo lo expuesto responde, ni más ni menos, al principio de legalidad que rige en materia penal (artículo 18 de la Constitución Nacional) donde dentro de su contenido se encuentra la irrectroactividad de la ley, y es por ello que no puede neutralizarse (como se pretende) con la sola invocación de los lineamientos que surgen de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la vigencia de normas nacionales (como los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional), ni de iguales normas convencionales a través de las cuales el Estado también asumió compromisos internacionales frente a los que debe responder (artículos 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 11.2 de la Declaración de Derechos Humanos, entre otros).
Por último, y ante el pedido de analizar el presente caso bajo las pautas y circunstancias establecidas en el fallo “Bueno Alves vs. Argentina” del 11 de mayo de 2007, dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diré que los supuestos fácticos que se imputan a Héctor Enrique Boan en el presente no se condicen con los de aquél (como bien lo aclara la propia parte recurrente a fs. 15vta.) donde se hace referencia a la responsabilidad internacional del Estado por los actos de tortura en perjuicio del nombrado Bueno Alves por parte de agentes policiales, así como la falta de investigación y sanción de los responsables de los hechos, por lo que al no ajustarse a lo allí expuesto, lo intentado no prospera.
Luego, si desde la fecha de los hechos en cuestión (como se los detalla a fs. 2/3: Hecho I: entre 2001 y 2005; Hecho II: entre 2000 y 2009; Hecho III: entre 1991 y 1996) y el llamado a declarar en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal (26 de junio de 2016) ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 62 inciso 2 del Código Penal, en relación a los artículos 67 según ley 25.990 –más benigna para el imputado- y 119 primer párrafo, tercer párrafo y último párrafo del mismo Cuerpo Legal, la acción penal no se encuentra vigente y debe estarse a lo decidido en la instancia anterior.
Por ello, corresponde y así lo propongo al Acuerdo, rechazar el recurso de casación por improcedente, sin costas (artículos 18 de la Constitución Nacional; 448, 450, 451, 454, 465, 530 y 532 del Código Procesal Penal) y, a esta primera cuestión, me pronuncio POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión, el señor juez doctor Violini dijo:
Adhiero al voto del doctor Borinsky, por sus fundamentos, y a esta primera cuestión, también VOTO POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Borinsky dijo:
Tal como ha quedado resuelta la cuestión precedente, corresponde rechazar el recurso interpuesto, sin costas (artículos 18 de la Constitución Nacional; 448, 450, 451, 454, 465, 530 y 532 del Código Procesal Penal). ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Violini dijo:
Que, por sus fundamentos, adhiero al voto del doctor Borinsky.
Por lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo, dictando la Sala la siguiente
R E S O L U C IÓ N
RECHAZAR el recurso interpuesto, sin costas.
Rigen los artículos 18 de la Constitución Nacional; 448, 450, 451, 454, 465, 530 y 532 del Código Procesal Penal.
Regístrese, notifíquese y oportunamente, remítase a origen.
Firmado: Ricardo Borinsky – Víctor H. Violini, Jueces.Ante mí: Andrea Karina Echenique, Secretaria. Registro: 922.
Fin de la sentencia