Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 130222
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por la señora defensora oficial ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Diego Javier Pereyra o Claudio Javier Álvarez o Juan Carlos Ponce o Juan Carlos Ponce Gómez, con costas (art. 486 bis, CPP).
"PEREYRA, DIEGO JAVIER O ÁLVAREZ, CLAUDIO JAVIER O PONCE, JUAN CARLOS O PONCE GÓMEZ, JUAN CARLOS S/ RECURSO DE QUEJA, EN CAUSA N° 71.690 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA II".
La Plata, 9 de mayo de 2018.
La presente causa P. 130.222-RQ, caratulada: "Pereyra, Diego Javier o Álvarez, Claudio Javier o Ponce, Juan Carlos o Ponce Gómez, Juan Carlos s/ Recurso de queja, en causa n° 71.690 del Tribunal de Casación Penal, Sala II",
I. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, el 10 de noviembre de 2016, casó parcialmente la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 de La Matanza que había condenado a Diego Javier Pereyra o Claudio Javier Álvarez o Juan Carlos Ponce o Juan Carlos Ponce Gómez a la pena de trece años y cuatro meses de prisión, accesorias legales y costas, por haberlo hallado coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, privación ilegal de la libertad agravada por su comisión mediante violencia, homicidio triplemente agravado -reiterado- por su comisión con arma de fuego, por tratarse la víctima de un miembro de la fuerza de seguridad y criminis causae en grado de tentativa, resistencia a la autoridad y portación ilegal de arma de guerra -en calidad de autor-, en concurso real; y mantuvo la declaración de reincidencia. En consecuencia, declaró erróneamente aplicados los arts. 41 bis y 80 incs. 7 y 8 del fondal y disminuyó la sanción impuesta, la que estimó justo adecuar en doce años de prisión, accesorias legales y costas. Asimismo, mantuvo la declaración de reincidencia y, en lo restante, rechazó los planteos llevados en el remedio de la especialidad (v. fs. 23/29).
II. Frente a ello, la señora defensora oficial ante la sede casatoria -doctora Ana Julia Biasotti- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 32/41 vta.).
Allí distinguió sus agravios desde diversos axiomas:
II.1. En primer lugar, denunció la errónea aplicación del art. 142 inc. 1 del Código Penal.
Efectuó una serie de consideraciones sobre la conducta descripta en el tipo y entendió que la privación ilegítima de la libertad nunca se independizó del robo, pues el accionar de los autores se presentó, en el caso, como un medio necesario para consumarlo y procurar la impunidad en ese hecho.
II.2. Luego, alegó la violación al debido proceso, la defensa en juicio y la doble instancia -arts. 18, Const. nac.; 15 de la Constitución provincial; 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP-.
Dentro del tópico expuso que la decisión del a quo, en cuanto asumió competencia positiva y fijó pena, afectó las garantías aludidas así como la revisión amplia del fallo condenatorio. Citó, al efecto, los precedentes "Casal" de la CSJN; "Herrera Ulloa" y "Castillo Petruzzi" de la CIDH.
II.3. Por otra parte, esgrimió la vulneración del derecho a ser oído -arts. 8.1 de la CADH; 14.1 del PIDCP y 41 del Cód. Penal-.
Sustentó su reclamo en que la sede intermedia no fijó audiencia de visu con el imputado previo a imponer la nueva sanción. En abono de su postura, citó los fallos "Pin", "Maldonado" y "Vázquez Menéndez" del Máximo tribunal nacional.
II.4. Finalmente, sostuvo el quebranto a la utilidad de la defensa en juicio en el contexto de la obligación a la revisión amplia y con esfuerzo del fallo de condena.
Allí, cuestionó la parcela del resolutorio que desestimó los planteos llevados en la memoria por novedosos. Refirió al texto del art. 451, cuarto párrafo, del Código Procesal Penal, e insistió en la garantía de revisión amplia conforme "Casal".
En ese discurrir, enunció las causas "González Arroyo" y "Martínez Caballero", de la Corte federal; el caso "Mohamed" de la CIDH y lo resuelto por este alto Tribunal en las causas P. 92.143 y P. 117.659.
III. La sede casatoria, mediante el pronunciamiento dictado el 5 de diciembre de 2017, declaró parcialmente admisible el remedio articulado -en el tramo vinculado a la errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 142 inc. 1 del Cód. Penal)- y rechazó el mismo en los restantes planteos formulados (v. fs. 42/46 vta.).
Así, juzgó que el agravio descripto en el acápite II.2 de la presente se relacionaba con una temática de derecho común que, conforme su naturaleza, resulta impropia de una eventual cuestión federal, argumento que si bien había sido expuesto no fue acompañado de la debida explicitación (v. fs. 44 vta./45).
Agregó que la defensa se había limitado a exponer su disenso expresando su particular interpretación acerca del modo en que debió resolverse, sin establecer la relación directa e inmediata entre lo decidido y las garantías constitucionales invocadas (v. fs. 45).
Por otra parte, en atención a la crítica indicada en el punto II.3 -determinación de la pena sin tomar previo conocimiento de visu del imputado- entendió que se dirigía a poner en evidencia un supuesto defecto procedimental anterior a la sentencia que se vinculaba con cuestiones procesales, ajenas a la vía interpuesta, sin que el recurrente hubiese conseguido formular adecuadamente el compromiso directo de garantías constitucionales (v. fs. cit.).
Finalmente, en orden a los cuestionamientos sobre el rechazo -por novedosos- de los argumentos llevados en la memoria que autoriza el art. 458 del Código Procesal Penal -v. apdo. II.4- expuso que los intentos defensistas a fin de abrir la instancia extraordinaria no habilitaban vía alguna de excepción toda vez que la parte entendía desarrollar una cuestión federal que no era tal (v fs. cit. vta.).
Adunó que, en ese contexto, sus críticas referían a la interpretación de normas de orden local -arts. 451 y 458 del digesto adjetivo-, materia ajena a la instancia pretendida; razón por la que -además- su ensayo no lograba demostrar que en el caso se hallara involucrada de manera directa e inmediata una cuestión de tal entidad susceptible de sortear el valladar objetivo de la norma de rito -arts. 14 y 15, ley 48- (v. fs. cit./46).
IV. Ante tal escenario, la señora defensora oficial interpuso recurso de queja (v. fs. 48/55 y vta.).
En primer lugar, sostuvo que la impugnación interpuesta fue erróneamente desestimada, en razón de que contenía agravios de índole federal, como la afectación a la doble instancia por no disponer el reenvío al tribunal de grado para resolver la cuestión atinente a la pena y la arbitrariedad del fallo por prescindir de un justificativo racional que explicase la elección del monto de pena impuesto (v. fs. 50 vta.).
Aclaró que no se discutió la infracción al art. 41 inc. 2 del Código Penal, sino que se había denunciado la violación del debido proceso, la defensa en juicio y la doble instancia. Agregó que el a quo no hizo referencia a los agravios de naturaleza constitucional y se limitó a decir que aquélla omisión era un tópico típicamente procesal (v. fs. 51).
En ese derrotero, afirmó la existencia de un gravamen actual y consideró que las pretendidas limitaciones en razón de la materia -ley sustantiva- previstas en el art. 494 del cuerpo de forma debían ser inaplicadas o declaradas inconstitucionales, a fin de poder tutelar el derecho al doble conforme (v. fs. cit. y vta.).
De seguido, esgrimió que la respuesta casatoria al planteo vinculado al rechazo -por extemporáneos- de los cuestionamientos llevados en la memoria no resultaba oponible al caso, pues en dicho tópico también se había manifestado la existencia de un agravio de orden federal (v. fs. cit./52).
Coligió que el temperamento adoptado por el órgano intermedio vulneró el acceso a la revisión amplia e integral de todos los aspectos sustanciales del fallo condenatorio y, en tal sentido, atentó contra la utilidad pública de la defensa. En abono de su postura, citó el precedente "Casal" del cimero Tribunal nacional (v. fs. 52/53).
Luego, recordó lo resuelto por esta Corte en la causa P. 85.977, en punto a que no resulta adecuado que el mismo órgano que resolvió la sentencia ahora impugnada sea quien analice si se incurrió en alguna de las deficiencias enunciadas en el art. 494 del ritual. En esa senda, comprendió involucrada la cuestión sobre la imparcialidad judicial (v. fs. 53 vta./54vta.).
Finalmente, estimó afectado el acceso a la jurisdicción en tiempo útil e insistió en la presencia de agravios federales que, a tenor de la doctrina sentada por la CSJN in re "Strada" y "Di Mascio", habilitaban el tránsito de los reclamos por ante este Tribunal (v. fs. 54 vta./55).
V. La queja no prospera (art. 486 bis, CPP).
Ocurre que la defensa no controvirtió de modo eficaz la conclusión arribada en la sede casatoria.
Ello, por cuanto ha circunscrito la vía directa a insistir sobre el pretendido cariz federal de sus agravios, desentendiéndose de los motivos por los cuales aquella instancia obturó su progreso.
Y cuando el remedio local sólo se sustenta en cuestionamientos de tal índole, sobrepasando las exigencias de admisibilidad de la ley ritual, deben hallarse exteriorizados con suficiencia los recaudos que permitirían sortear con éxito su acceso a la instancia prevista en la ley 48 (arts. 14 y 15), pues únicamente así los planteos son aptos para previamente ser resueltos por este Tribunal (conf. Ac. 100.210, resol. de 14-XI-2007; e.o.).
Por otra parte, el temperamento adoptado por el tribunal intermedio respecto del rechazo del agravio referido a la vulneración del derecho a ser oído resulta conteste con el criterio sentado por este Cuerpo en numerosos precedentes similares al presente (conf. P. 110.459, res. del 4-IV-2012; P. 109.331, res. del 9-XII-2010, P. 109.001, res. del 26-X-2010, P. 109.618, res. del 2-VII-2010, e.o.).
Asimismo, frente a la crítica vinculada al rechazo -por extemporáneos- de los embates llevados en la memoria que autoriza el art. 458 del digesto de forma, tampoco evidencia la parte que su cuestionamiento trascendiera de una diversa interpretación de la norma ritual, como señaló el Tribunal de Alzada.
VI. Finalmente, en lo que hace a la supuesta afectación del acceso a la jurisdicción y derecho a la revisión de la condena, lo cierto es que tampoco se demostró de qué manera -a pesar de que el Tribunal de Casación Penal declaró erróneamente aplicados los arts. 41 bis y 80 incs. 7 y 8 del fondal y, en consecuencia, redujo el monto punitivo oportunamente impuesto- dicha garantía se vería afectada ante la denegatoria de un recurso extraordinario que no abastece los recaudos formales de admisibilidad.
VII. En función de todo lo expuesto, la petición de inconstitucionalidad del art. 494 del ritual carece de virtualidad en la medida en que lo decidido por el Tribunal de Casación -y que el recurrente no pudo conmover- no se fundó, de modo dirimente, en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se exteriorizaron de modo idóneo los recaudos que permitirían superar con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de este Cuerpo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por la señora defensora oficial ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Diego Javier Pereyra o Claudio Javier Álvarez o Juan Carlos Ponce o Juan Carlos Ponce Gómez, con costas (art. 486 bis, CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia