Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78292
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que en el caso no ha existido prevención en los términos del artículo 3 in fine de la Ley de Amparo, siendo arreglada a derecho la adjudicación mediante sorteo efectuada al Juzgado de Ejecución Penal N°3 del Departamento Judicial de San Isidro. Por Secretaría se le remitirá el expediente electrónicamente para la continuación de su trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
Asimismo, comuníquese lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 departamental.
B.78.292 “CNIP SA C/ MUNICIPALIDAD DE PILAR S/ RECURSO DE AMPARO -CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008-“
I. La firma Centro de Negocios Industriales Pilar Sociedad Anónima (CNIP SA), a través de su apoderado y de conformidad con los artículos 43 de la Constitución nacional, 20 inciso 2 de la Constitución provincial y la ley 13.928 y sus modificatorias, deduce la presente acción de amparo contra la Municipalidad del Pilar, con miras a que esta última le permita seguir llevando adelante las obras necesarias (replanteo de tierras, cerco perimetral, e.o.) para la construcción de un parque industrial "sostenible y sustentable", del que derivarían -dice- múltiples beneficios para los habitantes de la localidad.
Ello por cuanto, según afirma, la comuna demandada, a través de actos y vías de hecho administrativas, le estaría imposibilitando la realización de dicho proyecto, a pesar de contar "...con los requisitos exigidos tanto por las autoridades locales, las provinciales y las nacionales" ( sic ). Por tal motivo, aduce que el obrar del municipio resulta "ilegal" y "arbitrario".
Explica que, frente a ese panorama -que la motivó a constituirse como "particular damnificada" en las actuaciones penales en trámite ante el Juzgado de Garantías Nº7 y la Unidad Funcional de Instrucción Nº4 del Departamento Judicial de San Isidro- y con el ánimo de agilizar el inicio de las obras mencionadas, dio curso a distintos expedientes administrativos, pero aun así la comuna habría continuado con su inactividad material, razón por la que efectuó varias peticiones de pronto despacho cuyos resultados habrían sido los mismos.
Asegura que, ante tal circunstancia, se vio obligada a iniciar un amparo por mora el día 30 de marzo del corriente año en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 de aquella jurisdicción territorial, donde obtuvo, en el marco de la causa "CNIP SA c/ Municipalidad de Pilar s/ Amparo por mora" (expdte. n°30.198), una sentencia favorable, por medio de la cual se ordenó a la comuna a expedirse en torno a los reclamos de la actora en la instancia administrativa.
Denuncia que la Municipalidad aquí demandada, manteniendo incólume su accionar omisivo, no cumplió con el referido mandato, lo cual, junto a otras razones ( i.e. , presentación que hiciera la comuna en la instancia penal referida), condujo a que promoviera la presente acción a los fines de tutelar sus derechos constitucionales (arts. 14, 14 bis , 17, 75 inc. 22, Const. nac.; 27, 31 y 39, Const. prov.).
Finalmente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Amparo, requiere se decrete una medida cautelar de no innovar para que la comuna se abstenga de dictar o realizar actos o conductas que le impidan continuar llevando a cabo el proyecto objeto de autos (v. segundo documento adunado al escrito electrónico de fecha 29-VIII-2022).
II. La causa fue sorteada de conformidad con el régimen aplicable, resultando adjudicado el Juzgado de Ejecución Penal N°3 de aquel Departamento Judicial.
Advirtiendo la estrecha vinculación que estas actuaciones guardarían con lo resuelto por el juzgado del fuero contencioso administrativo en el amparo por mora, su titular se declaró incompetente, girando las actuaciones para que conozca también en este proceso (v. resol. electrónica de fecha 30-VIII-2022).
Al recibirlas, el juez en lo contencioso administrativo resistió la atribución de competencia con fundamento en los artículos 20 inciso 2 de la Carta local y 3 de la ley 13.928, como así también en las resoluciones de esta Corte al respecto. Además de ello, trazó marcadas diferencias entre la acción de amparo y el amparo por mora, dato que -remarcó- disipaba cualquier riesgo de pronunciamientos contradictorios (v. sent. interlocutoria de fecha 31-VIII-2022).
Devueltos los obrados al juzgado que los había remitido, su magistrado, a la par de expedirse en sentido negativo respecto de la tutela precautoria, mantuvo su postura primigenia y, en consecuencia, planteó la contienda negativa de competencia ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el artículo 7 inciso 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. resol. electrónica de fecha 1-IX-2022).
III. En diversos pronunciamientos este Tribunal ha dicho que corresponde apartarse del sistema de adjudicación mediante sorteo ante "cualquier juez" establecido por las resoluciones 1358/06 y 1794/06 (art. 20 inc. 2, Const. prov.) y decretar la competencia del juzgado en el cual medió prevención, cuando el objeto del primer proceso guarda suficiente relación de conexidad con la pretensión del amparo deducido con posterioridad (doctr. causas B. 69.446, "Damasauskas", resol. de 4-VI-2008; B. 70.166, "Bani", resol. de 26-VIII-2009; B. 71.460, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; B. 73.452, "C., L. A.", resol. de 29-XII-2014; B. 73.554, "Tiro Federal Argentino", resol. de 29-IV-2015; B. 75.165, "Rojas", resol. 4-VII-2018; B. 76.449, "Palotta", resol. de 23-XI-2020 y B. 77.372, "Fravega SACIEI", resol. de 27-X-2021, e.o.).
Sin embargo, conforme surge de los escritos iniciales presentados por la demandante en los dos litigios, resulta claro que, pese a su relación y semejanza, ambas pretensiones difieren en su objeto.
Ello así, por cuanto en el amparo por mora el actor se ciñó a requerir -como no podía ser de otra manera- que la comuna demandada se expidiera en torno a las peticiones que le formulara en el marco de los expedientes administrativos que promoviera. Es decir, la acción se dedujo en aquel entonces con el único fin de urgir el trámite del procedimiento administrativo por el que tramitaba su solicitud de habilitación para continuar con las obras aludidas. Además, cabe tener en cuenta que en dicho proceso -donde el magistrado interviniente también desestimó, juntamente con la medida cautelar peticionada, las pretensiones accesorias incoadas por la reclamante- recayó sentencia definitiva (conforme surge de la resolución interlocutoria de fecha 26-V-2022, según surge de la MEV).
A diferencia de lo allí pretendido, en la presente acción se persigue -por vía del amparo en sentido propio- obtener un pronunciamiento que le permita llevar a cabo la construcción de un parque industrial en la localidad de Pilar. En otras palabras, en el sub examine se busca alcanzar una solución judicial de fondo que resguarde los derechos constitucionales que se dicen vulnerados.
IV. Así las cosas, como ya se ha resuelto, no existe prevención en los términos del artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo cuando el primigenio proceso ha sido meramente instrumental, lo que implica que entre éste y el segundo sus objetos difieran ostensiblemente (doctr. causas B. 73.384, "Ávalos" y B. 73.386, "Romano", resols. de 3-XII-2014; B. 77.210, "Pascual", resol. de 6-IX-2021 y B. 77.251, "Domínguez", resol. de 17-IX-2021).
Por lo tanto, en tales circunstancias no se presentan las condiciones para excepcionalmente eludir la regla general de asignación de expedientes mediante sorteo, aplicable en la especie.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que en el caso no ha existido prevención en los términos del artículo 3 in fine de la Ley de Amparo, siendo arreglada a derecho la adjudicación mediante sorteo efectuada al Juzgado de Ejecución Penal N°3 del Departamento Judicial de San Isidro. Por Secretaría se le remitirá el expediente electrónicamente para la continuación de su trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
Asimismo, comuníquese lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/10/2022 15:48:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/10/2022 19:18:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/10/2022 09:57:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 10:06:47 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 11:24:16 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/10/2022 11:30:34 hs. bajo el número RR-1094-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia