Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79331
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Dolores para conocer y decidir en la incidencia aquí planteada (arts. 7 inc. 1, CCA; 17 bis , ley 13.928 -texto según 14.192- y 38, ley 5.827).
B.79.331 "SUSZCZYK ALEJANDRA AURORA Y OTRO C/ INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL S/ RECURSO DE AMPARO. IOMA - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. La señora Alejandra Aurora Suszczyk promueve acción de amparo contra el Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (IOMA), a los fines de que dicha entidad le provea al señor L. M. -su cónyuge, a quien representa-, la cobertura total de las prestaciones médicas que este requiere en virtud de las patologías que padece (v. escrito electrónico de 18-IX-2023).
II. La causa fue asignada -previo sorteo- al Juzgado de Ejecución Penal N°1 del Departamento Judicial de Dolores, cuyo juez rechazó in limine la demanda puesto que, a su criterio, no concurrían los requisitos exigidos para que procediera la acción de amparo. En tal sentido, sostuvo, por un lado, que no existía ni ilegalidad ni arbitrariedad manifiesta en el obrar de la demandada, dado que de la documentación aportada surgía que la amparista había obtenido una respuesta favorable a su pedido; y, por el otro, que la requirente disponía de otras vías judiciales lo suficientemente idóneas para canalizar su reclamo (v. resol. electrónica de 21-IX-2023).
Contra ese pronunciamiento la demandante interpuso recurso de apelación y denunció como hecho nuevo que, no obstante la responsabilidad que le cabría al IOMA en su carácter de obra social, la prestadora Dar Salud Mar del Plata SRL le había informado que no continuaría brindando las prestaciones de las que era beneficiario su esposo por "dificultades operativas y logísticas" (v. escrito electrónico de 22-IX-2023).
Concedido el recurso y remitidos los autos a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, los jueces que la integran dieron acogida favorable a los argumentos vertidos por la apelante y, por consiguiente, revocaron la sentencia del juez de ejecución. Seguidamente, ordenaron su devolución a la instancia de grado para que "por intermedio de magistrado hábil desinsaculado de conformidad con lo dispuesto en la resolución SCBA n°1.644/12, modificada por su similar n°861/2023", continúe su trámite (v. sent. interlocutoria de 21-XI-2023).
Una vez devueltos al juzgado de origen, su titular, en atención a lo resuelto, decidió declararse incompetente para intervenir en el asunto, tras considerar que al haberse pronunciado previamente sobre la acción había tomado un temperamento que dejaba vislumbrar su opinión al respecto de la cuestión de fondo. En consecuencia, envió el expediente a la Oficina de Gestión de Audiencias departamental a efectos de que fuera sorteado nuevamente (v. proveído electrónico de 4-XII-2023).
De este modo, los autos recayeron en el Juzgado de Garantías N°3 de aquel departamento judicial, cuyo juez rechazó la competencia que se le endilgara tras ponderar que en el sub examine no surgía que "el magistrado designado como juez natural del proceso hubiere considerado y dispuesto desprenderse de su competencia por vía de excusación con el debido control de legalidad, ni habilitado por ende la intervención del SGA". Al resolver en tal sentido, dispuso la devolución de las actuaciones al juzgado de ejecución que las remitiera (v. segundo documento adunado al primer oficio electrónico de 13-XII-2023).
Radicadas de nuevo en el Juzgado de Ejecución N°1 departamental, su magistrado planteó formalmente la contienda negativa, argumentando esta vez -en relación a lo dicho por su colega preactuante- que el motivo principal del desprendimiento competencial de su parte radicaba en la orden emitida por el tribunal de alzada, en tanto dispusiera -según su parecer- la realización de un nuevo sorteo de la causa (v. transcripción parcial del pronunciamiento de cámara ut supra y providencia electrónica de 14-XII-2023).
Al así decidir, elevó los obrados a la Cámara de Garantías en lo Penal de aquel departamento judicial, cuya Sala I evitó pronunciarse al respecto en la inteligencia de que la naturaleza de la entidad demandada hacía aplicable lo dispuesto en el art. 17 bis de la ley 13.928, por lo que el expediente debía remitirse a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata (v. resol. electrónica de 19-XII-2023).
Dicha alzada, una vez elevados los autos, se negó a intervenir, arguyendo -en lo sustancial- que en casos de excusación, recusación, vacancias o impedimentos del magistrado, correspondería acudir al mecanismo previsto en la resolución SCBA N°1901/10, debiendo ser la cámara del fuero del órgano sorteado en primer término la que resuelva ese tipo de incidencias. Siguiendo esa línea de razonamiento, sus integrantes sostuvieron que en virtud de lo establecido en el art. 32 inc. 2 del Código Procesal Penal, la cámara, al no ser la instancia superior común a los juzgados intervinientes, no era competente para pronunciarse.
Por lo expuesto, trabada la contienda negativa de competencia entre ambas cámaras, se procedió a la elevación de los obrados a este Tribunal de acuerdo a lo establecido por el art. 7 inc. 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo (v. resol. de 19-III-2024).
III. No obstante los términos en los que se elevaran estas actuaciones, de lo relatado surge claramente que en autos no se ha suscitado una cuestión de competencia en razón de la materia, sino que lo que debe resolverse es si el desprendimiento competencial efectuado por el juez al que, de acuerdo a las reglas de asignación de las acciones de amparo, le tocó intervenir en este asunto, debe o no ser aceptado, ante el rechazo decidido por el magistrado que interviniera en segundo término.
En tal sentido, cabe señalar que si bien es cierto, como señala la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, que se trata de una cuestión que no ha sido expresamente regulada en las resoluciones que disponen el sistema de asignación de las acciones de amparo (Nros. 1.358/06 y 1.794/06), también lo es que la resolución 1.901/10 no constituye una reglamentación de esta cuestión, sino la decisión adoptada en un caso determinado que guarda cierta analogía con el presente, en el que la excusación de un juez perteneciente a un fuero no fue aceptada por un magistrado que forma parte de otro, situación que no está expresamente contemplada en el Código Procesal Civil y Comercial -que es aplicable al caso- y que puede presentarse en el ámbito de esta garantía, en la que cualquier juez es competente.
De acuerdo a lo resuelto en casos que llegaron a conocimiento del Tribunal con posterioridad al dictado de la citada resolución 1.901/10, la intervención que el art. 17 bis de la ley 13.928 -texto según ley 14.192- le confiere a las cámaras del fuero contencioso administrativo se ciñe a la actividad recursiva allí regulada, mas no a incidentes como el sub examine , los que deben ser tramitados por la alzada correspondiente al fuero al que pertenece el magistrado cuyo apartamiento debe ser resuelto (cfr. arts. 16 y sig., ley cit.; 11 y sig., CPCC; 38, ley 5.827; doctr. causas B. 73.404, "Rodríguez", resol. de 15-VII-2015; B. 75.350, "D. V., L. D.", resol. de 1-VIII-2018 y B. 75.607, "Blanco", resol. de 21-XI-2018; entre otras).
IV. Por lo tanto, considerando que en la instancia de grado tomó intervención el fuero penal, corresponde que sea la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Dolores la que conozca en la contienda.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Dolores para conocer y decidir en la incidencia aquí planteada (arts. 7 inc. 1, CCA; 17 bis , ley 13.928 -texto según 14.192- y 38, ley 5.827).
Hágase saber lo aquí resuelto al Juzgado de Ejecución Penal N°1 y al Juzgado de Garantías N°3, ambos pertenecientes al mismo departamento judicial, como, a su vez, a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/08/2024 20:15:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/08/2024 11:45:26 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/08/2024 18:19:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2024 10:04:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2024 10:48:17 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 19/08/2024 13:16:09 hs. bajo el número RR-621-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia