Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 33198 2
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la decisión de los Dres. Juan Manuel Sueyro y Federico Wacker Schroeder, quienes en la condición de Jueces del Tribunal en lo Criminal N° 3 Departamental, en el marco de la causa N° 6648 de su registro, resolvieron "No hacer lugar a la oposición a la extracción de muestras del perfil genético y su registro, y rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la normativa que autoriza esos procedimientos y regula la creación y reglamentación de los Registros Nacional y Provincial de Condenados y Banco de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (arts. 18, 43, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, Ley 13.869, Ley 26.879 y Protocolo para la toma de muestra, obtención de perfil genético e incorporación al Banco de Datos Genéticos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos (BPDG) y al Registro Nacional de Datos Genéticos (RNDG) en investigaciones relativas a delitos contra la integridad sexual)"; todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por parte de la Dra. Marianela Zafarana, defensora particular de Alejandro Mendoza. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
INC-33198-2 - "MENDOZA, Alejandro s/recurso de apelación" - IPP 08-00-020386-16
Mar del Plata.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° INC-33198-2, y de cuyas constancias,
La Dra. Marianela Zafarana, defensora particular de Alejandro Mendoza en la causa N° 6648 del registro del Tribunal en lo Criminal N° 3 Departamental, apeló la decisión de los Dres. Juan Manuel Sueyro y Federico Wacker Schroeder, quienes en la condición de Jueces del precitado órgano de juicio resolvieron "No hacer lugar a la oposición a la extracción de muestras del perfil genético y su registro, y rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la normativa que autoriza esos procedimientos y regula la creación y reglamentación de los Registros Nacional y Provincial de Condenados y Banco de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (arts. 18, 43, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, Ley 13.869, Ley 26.879 y Protocolo para la toma de muestra, obtención de perfil genético e incorporación al Banco de Datos Genéticos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos (BPDG) y al Registro Nacional de Datos Genéticos (RNDG) en investigaciones relativas a delitos contra la integridad sexual)".
La presentación recursiva, en lo que respecta a lo argumentativo, comienza con dos párrafos introductorios en los que la Sra. Defensora afirma que la resolución puesta en crisis vulnera derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, como así también principios fundamentales de la legislación que rige la ejecución de las penas a nivel nacional y provincial.
Afirma que si los condenados han cumplido su pena se debe considerar a la persona rehabilitada y, por tal motivo, con pleno ejercicio de la totalidad de sus derechos y vigencia absoluta de sus garantías y deberes, tal como sucede con el resto de la ciudadanía, pues lo contrario constituiría una violación a la igualdad ante la Ley.
Sobre ese hilo conductor cuestiona la conservación de muestra en sí, a la par de lo que sostiene que hace a la esfera del derecho a la intimidad, pues el almacenamiento constituiría "una injerencia abusiva en la vida privada y en la intimidad de las personas afectadas, violando la garantía de igualdad, porque no h razón para creer que es mas sospechoso que otros para cometer ese delito" (SIC) y a continuación afirma que tal derecho sólo se puede limitar en la medida en que las restricciones "estén previstas por una ley, persiguen un fin legítimo, cumplen con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto".
Sostiene que la decisión de almacenar material genético importa una presunción iure et de iure de que todos los condenados por delitos contra la integridad sexual son sospechosos de cualquier delito de idéntica naturaleza y ello importa adoptar una política de derecho penal de autor, por lo que concluye diciendo que se contradice el principio de culpabilidad que rige el proceso y, a la par de ello, se extiende la estigmatización.
Postula también que se viola el derecho a disponer del propio cuerpo y que cualquier "restricción a los beneficios concedidos a los penados -aún en pos del bien social-, que obstruya la finalidad resociabilización prevista en el ordenamiento supralegal, aparecerá como inconstitucional, por afectación a la garantía mencionada" (SIC).
Por último, al cierre de su presentación recursiva, se explaya en relación al control de constitucionalidad y convencionalidad que deben realizar los Magistrados.
I. A modo de introducción cabe decir que la toma de muestras genéticas para su conservación, sea en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculado a delitos contra la integridad sexual (Ley 26.879) o sea en el Banco de Datos Genéticos de la SCBA, y que la comunicación de una sentencia firme al Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual dependiente del Ministerio de Justicia bonaerense (Ley 13.869), aun cuando se encuentren asociadas a la imposición de una pena en orden a ese tipo de conductas delictivas (entre otras), no constituye una consecuencia de carácter punitivo-sancionatoria del delito sino, claro está, una actividad registral del Estado, por lo que -a consecuencia de tal naturaleza- no puede implicar per se un agravamiento de la condena impuesta.
Cabe agregar en lo que respecta al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculado a delitos contra la integridad sexual (Ley 26.879) y al Banco de Datos Genéticos de la SCBA (arts. 1 y 2 de la Ley 13.869) que la conservación de tales muestras resulta similar a otras actividades estatales que procuran el esclarecimiento de conductas delictivas. Vale mencionar a modo de ejemplo la conservación de huellas dactilares o palmares de personas procesadas y/o condenadas para que sean cotejadas por peritos o mediante el uso del AFIS e incluso la conservación de fotografías de las mismas o de algunos de sus rasgos particulares para la posible individualización por parte de víctimas en Oficinas de Identificación de Autores.
Las decisiones legislativas de almacenar ese tipo información, al igual que lo que acontece en el caso bajo análisis -muestras de ADN-, no son contrarias al derecho penal de acto ni implican presunción alguna en perjuicio del imputado. Mas aun, cabe recordar en apoyo de esta afirmación que con esa actividad el penado no resulta órgano de prueba sino objeto de la misma, posibilidad que no se encuentra vedada en el marco constitucional y no atenta contra el principio de auto-acriminación.
Por otra parte, la posibilidad de sostener tal cuestionamiento contra la actividad estatal realizada en procura de producir medidas de instrucción o prueba debiera ser cuestionada en aquel proceso en que se utilicen para acreditar los extremos de la acusación.
Lo señalado en relación a la naturaleza no punitiva del almacenamiento de muestras deja en evidencia que en modo alguno se puede relacionar el término de conservación con el agotamiento de la condena en la que se ordeno la extracción de material genético. Por otra parte, la posibilidad de que se conserven por 100 años -de acuerdo a previsiones legales- constituye una decisión no revisable en esta instancia, siquiera apelando a los criterios o estándares mas amplios de control difuso de constitucionalidad y convencionalidad que plantea la Defensa.
En otro orden de ideas, la posibilidad de que exista específicamente un registro de condenados por delitos contra la integridad sexual que funcione en la esfera del Ministerio de Justicia bonaerense (art. 6 de la Ley 13869), no parece violentar ninguna de las garantías y derechos que denuncia la defensa.
II. En lo que respecta a la eventual violación a la igualdad ante la ley, cabe recordar que el universo de personas de las que se obtienen las muestras se encuentra conformado por los procesados y condenados por delitos contra la vida, la integridad sexual, la identidad o la libertad de las personas (de acuerdo a lo que fijan las distintas normas), lo que deja en evidencia la improcedencia de tal argumento, ello en la medida en que establece un régimen idéntico a un conjunto de sujetos que se encuentra en idéntica situación.
Otra de las posibilidades legales, a saber la decisión de almacenar muestras en lugares de hechos con autores determinados no deja de ser una forma sistematizada de investigación que no viola ninguna de las garantías o derechos cuestionados.
III. Resta decir que la mecánica de obtención de muestras no constituye una actividad mortificante y que lejos está de erigirse en un tormento para aquel que se debe someter a la misma. No hay afectación alguna a derechos en tal sentido.
En otro orden de ideas, la información que se obtiene aun cuando por su naturaleza intrínseca no parece ser de carácter reservado y, en consecuecnia, amparadas por el derecho a la intimidad, lo cierto es que los cuerpos legales cuya constitucionalidad se cuestiona procuran justamente el resguardo de tal información, para lo que le dan el tratamiento de información sensible y reservada, su uso resulta exclusivo por uno de los poderes del Estado y en procura de una actividad específica. Por lo dicho tampoco hay afectación de derechos en este sentido.
Por todo ello, este Tribunal resuelve: confirmar la decisión de los Dres. Juan Manuel Sueyro y Federico Wacker Schroeder, quienes en la condición de Jueces del Tribunal en lo Criminal N° 3 Departamental, en el marco de la causa N° 6648 de su registro, resolvieron "No hacer lugar a la oposición a la extracción de muestras del perfil genético y su registro, y rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la normativa que autoriza esos procedimientos y regula la creación y reglamentación de los Registros Nacional y Provincial de Condenados y Banco de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (arts. 18, 43, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, Ley 13.869, Ley 26.879 y Protocolo para la toma de muestra, obtención de perfil genético e incorporación al Banco de Datos Genéticos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos (BPDG) y al Registro Nacional de Datos Genéticos (RNDG) en investigaciones relativas a delitos contra la integridad sexual)"; todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por parte de la Dra. Marianela Zafarana, defensora particular de Alejandro Mendoza. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 30/08/2023 13:52:38 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2023 12:07:25 - ANGULO Adrián - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2023 12:37:49 - DE LEÓN PRANDI Juan Manuel - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 31/08/2023 12:38:36 hs. bajo el número RR-598-2023 por DE LEON PRANDI JUAN MANUEL.
Fin de la sentencia