Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul · Causa 51518-2026
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar por improcedente el recurso de apelación interpuesto por el Defensor Particular, Dr. Fabián Alejandro Concalves; y confirmar la resolución emitida por la Jueza del Juzgado de Ejecución Penal Departamental N° 2 de Azul, con sede en General Alvear, Dra. Adriana Raquel Bianco, por la cual resolvió no dar tratamiento al pedido de prisión domiciliaria solicitado en favor de Luciano Javier Curcio.
En la ciudad de Azul, se reúnen en acuerdo los Jueces que integran la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Doctores DAMIÁN PEDRO CINI, CARLOS PAULINO PAGLIERE y GUSTAVO AGUSTÍN ECHEVARRÍA a fin de resolver la causa Nº 51.518-2026 caratulada: "Curcio, Luciano Javier S/ Recurso de apelación contra el rechazo in limine de Prisión domiciliaria en IPP N° 01-03-000127-25".
Practicado el sorteo de ley resultó que en la votación debe observarse el siguiente orden: CINI- PAGLIERE- ECHEVARRÍA.
Vistas las actuaciones de mención de las mismas surgen los siguientes:
Por auto de fecha 02/06/2026 la Jueza Titular del Juzgado de Ejecución Penal Departamental N° 2 de Azul, con sede en General Alvear, Dra. Adriana Raquel Bianco, resolvió no dar tratamiento al pedido de prisión domiciliaria solicitado en favor de Luciano Javier Curcio y formar incidente de régimen abierto.
Contra dicho pronunciamiento, el Defensor Particular, Dr. Fabián Alejandro Concalves interpuso recurso de apelación solicitando se revoque el mismo y se conceda la prisión domiciliaria.
El recurso fue debidamente concedido.
En base a lo anteriormente expuesto y en razón de hallarse la causa en estado de resolver, la Cámara decidió plantear y votar la siguiente:
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA ÚNICA CUESTIÓN PLANTEADA, el Juez CINI , dijo:
1. La Magistrada, expresa "Atento el pedido de prisión domiciliaria incoado por el defensor particular en favor del penado Luciano Javier Curcio y no encuadrando el mismo en las previsiones del art. 10 del Código Penal y 32 de la ley 24660, siendo el encausado condenado, no corresponde dar tratamiento a lo peticionado, lo que así se resuelve. Del pedido de régimen abierto fórmese el incidente respectivo. Notifíquese".
2. El apelante entiende que el resolutorio impugnado le causa un gravamen irreparable.
Sostiene que la resolución recurrida incurre en un excesivo rigor formal que deviene en una denegación de justicia, al cercenar de forma automática e in limine el tratamiento de la morigeración solicitada, omitiendo realizar un análisis integrado y constitucional del caso.
En primer lugar, manifiesta que V.S. ha rechazado la petición aplicando una lectura dogmática y literal de las causales de la prisión domiciliaria, desconociendo que esta parte fundó el pedido en el principio de proporcionalidad y de menor lesividad (art. 18 de la CN). Aduna que se ha acreditado fehacientemente en el legajo que su asistido procedió al resarcimiento económico e integral de la totalidad de las víctimas de los delitos patrimoniales que motivaron la condena. Esta conducta post-delictiva, sumada a que Curcio es un sujeto de estricta primariedad, extinguió la lesividad social del conflicto.
Agrega que mantener el encierro efectivo en una Unidad de máxima seguridad (Unidad N° 7 de Azul) a quien ya devolvió el patrimonio y pacificó el conflicto con los damnificados se transforma en un exceso punitivo desproporcionado que el Juez de Ejecución no puede dejar de tratar.
En segundo lugar, expone que la resolución en crisis prescinde de evaluar los medios alternativos de sujeción que esa defensa ofreció para aventar cualquier peligro procesal (v.gr., el monitoreo por tobillera electrónica, el ofrecimiento de cauciones reales sobre activos familiares de gran valor, la entrega del pasaporte original y la designación de tutores idóneos).
Arguye que la jurisprudencia penal de la provincia y los tribunales federales han establecido de manera pacífica que, en delitos de contenido patrimonial, que carecen de violencia física o uso de armas, el dispositivo electrónico es un medio plenamente idóneo y suficiente para asegurar los fines del proceso en la etapa de ejecución, sin necesidad de recurrir al encierro celular absoluto.
En tercer lugar, plantea la vulneración al principio de humanidad de la pena (Fallo Verbitsky). En tal sentido manifiesta que el rechazo automático omite considerar la realidad habitacional y el contexto de sobrepoblación que registran las Unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. Someter a un condenado por un delito no violento, que registra calificaciones de Conducta 9 (Ejemplar) y Concepto 9 (Muy Bueno) al régimen hostil de un penal de máxima seguridad vulnera el estándar mínimo de dignidad humana y el principio de segregación por categorías.
En tal sentido, alega que, si el fin de la pena se puede garantizar en el ámbito favorable del domicilio bajo control satelital, el juzgado debió, cuanto menos, sustanciar el pedido y requerir los informes ambientales y técnicos antes de clausurar el debate.
Hace reserva del Caso Federal (Art. 14 de la Ley 48), por encontrarse en juego de manera directa la afectación de garantías constitucionales fundamentales de raigambre federal y adjunta documental.
Por todo ello, solicita se revoque la resolución impugnada y se conceda a su defendido la prisión domiciliaria.
Con fecha 03/07/2026, el Defensor hace saber como hecho sobreviniente que se le ha concedido a Luciano Javier Curcio el régimen abierto.
3. Analizado el recurso traído por el impugnante, junto con la resolución atacada, adelanto que la apelación deducida no debe prosperar.
En primer lugar, es pertinente recordar que las penas privativas de libertad, por principio general, se deben ejecutar en los establecimientos penitenciarios habilitados a tal fin (conf. ley 24.660 y 12.256) y que el cumplimiento de las mismas de manera domiciliaria es una excepción (art. 10 del Código Penal; 32 y conc. de la ley 24.660 y 19 y conc. de la ley provincial 12.256) ante causales específicamente determinadas.
Sentado lo antes dicho, el art. 10 del Código Penal establece " Podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria: a) El interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario; b) El interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal; c) El interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; d) El interno mayor de setenta (70) años; e) La mujer embarazada; f) La madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su cargo. (Artículo sustituido por art. 4° de la https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=149566 " style="color:#0000FF;font-style:italic;text-decoration:underline ;">Ley N° 26.472 , B.O. 20/1/2009)"
Advierto que, en el caso concreto, la situación de Luciano Javier Curcio -condenado a la pena firme de cinco años de prisión, accesoria legales y costas por resultar autor de los delitos de Asociación ilícita agravada por su carácter de jefe y Falsificación de documento privado en su carácter de coautor y detenido desde el 08/07/2025- no encuadra, tal como lo afirma el a quo , en ninguno de los supuestos taxativos reconocidos por la ley aplicable al caso para la aplicación del beneficio en trato .
En resumidas cuentas; teniendo en cuenta los motivos invocados por la defensa, expuestos en el apartado 2 de esta resolución; no se dan las condiciones excepcionales previstas los artículos 10 y 32 de la Ley 24.660, que permitan excepcionar la regla de que la pena deba de cumplirse en la cárcel, lo que impone desestimar la petición formulada.
4. A raíz de lo expuesto, propongo a mis colegas del acuerdo rechazar por improcedente el recurso de apelación interpuesto por el Defensor Particular y confirmar la resolución emitida por la Jueza del Juzgado de Ejecución Penal Departamental N° 2 de Azul, con sede en General Alvear, Dra. Adriana Raquel Bianco, por la cual resolvió no dar tratamiento al pedido de prisión domiciliaria solicitado en favor de Luciano Javier Curcio.
Así lo voto por ser mi más sincera y razonada convicción (art. 210, CPP).
A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA, el Juez Dr. PAGLIERE y Dr. ECHEVARRÍA adhieren al voto que antecede por compartir sus fundamentos (art. 210, CPP).
Con lo que terminó el acto, dictando la Cámara la siguiente:
POR LO EXPUESTO , y en base a lo dispuesto en los arts. 10 del Código Penal y 32 de la ley 24.660 a contrario sensu ; 21 inc. 1º, 421, 439 del Código Procesal Penal; SE RESUELVE :
RECHAZAR POR IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el Defensor Particular, Dr. Fabián Alejandro Concalves; y CONFIRMAR la resolución emitida por la Jueza del Juzgado de Ejecución Penal Departamental N° 2 de Azul, con sede en General Alvear, Dra. Adriana Raquel Bianco, por la cual resolvió no dar tratamiento al pedido de prisión domiciliaria solicitado en favor de Luciano Javier Curcio.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE lo resuelto al Fiscal General y a la Defensa particular, LÍBRESE oficio electrónico al Órgano de origen, RADÍQUESE el presente incidente, y ENCOMENDAR a la primera instancia que se practiquen las restantes comunicaciones al imputado y a las víctimas, con cumplimiento de la ley N° 15.232.
dc
Firmas
Funcionario firmante: ECHEVARRIA Gustavo Agustin - JUEZ
Funcionario firmante: PAGLIERE Carlos Paulino - JUEZ
Funcionario firmante: CINI Damian Pedro - JUEZ
Funcionario firmante: FURIO Lorena - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1642-2026
Fin de la sentencia