Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119926
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Genoud, de Lázzari, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.926, "Sívori, Zulma Ramona contra Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Recurso de apelación".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial San Nicolás hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 413/419).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 425/429 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo interviniente admitió el recurso de apelación deducido por la señora Zulma Ramona Sívori contra el dictamen emitido por la Comisión Médica 31 de Zárate en el expediente 031-L-00795/08 donde había determinado que como consecuencia del accidente de trabajo sufrido el día 17 de noviembre de 2006, la demandante padecía una incapacidad permanente definitiva del 3,5% por cicatriz retráctil del arco superciliar izquierdo (v. fs. 413/419).
Señaló que, permaneciendo firme la conclusión relativa al carácter laboral del accidente, correspondía abordar la cuestión concerniente a las secuelas derivadas de éste y al porcentaje de incapacidad resarcible.
Con apoyo en lo informado por el perito médico, estableció que la trabajadora a raíz de aquel siniestro padece hipoacusia perceptiva bilateral de tipo postraumática moderada grado I que la incapacita en un 3,96% del índice de la total obrera; limitación funcional lumbosacra moderada mayor del lado izquierdo a nivel de la pierna homolateral que le ocasiona una disminución física del 15%; acentuado síndrome de angustia y de minusvalía personal con alteración en el sueño y en las relaciones interpersonales compatible con un típico síndrome post contusional conocido como Desorden Mental Orgánico Post traumático Grado II-III, acompañado de cefaleas recurrentes y con picos que la obligan a reposos prolongados con mareos al cambiar la posición, alteración en la concentración y percepción exterior, intolerancia a los ruidos y los grupos humanos, con gran componente hipocondríaco que la incapacita en un 25% y dos heridas cicatrizales correspondientes a las de tipo contuso cortantes en el arco superciliar izquierdo y el párpado homolateral, indicando que respecto a esto último se apartaba del grado de incapacidad dictaminado por el perito (15%) fijándolo en el 6% (v. fs. 415).
Por lo expuesto, aplicando el método de la capacidad restante, concluyó que la minusvalía laborativa de la actora alcanzaba el 42,44% (v. fs. 415 vta.).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 425/429 vta.).
En sustancia, denuncia que el fallo impugnado adolece del vicio de absurdo toda vez que se sustenta en un informe pericial médico que carece de fundamento.
Puntualiza que el referido dictamen no se encuentra respaldado con ningún examen que demuestre que la cicatriz retráctil en el arco superciliar izquierdo que posee la accionante pudiera revestir mayor gravedad; además, afirma que no se acompañaron audiometrías y logoaudiometrías que pudieran acreditar la hipoacusia derivada del hecho denunciado, tampoco se agregaron estudios -tales como radiografías, resonancia y electromiograma- que verifiquen las invocadas limitaciones funcionales en la columna; finalmente, en cuanto al porcentaje de incapacidad determinado en concepto de desorden mental orgánico post traumático destaca que el perito médico no es neurólogo, psiquiatra o psicólogo y no ha adjuntado estudios que objetiven su diagnóstico.
Cierra su discurso efectuando breves señalamientos en orden a que la dolencia debe tener conexión causal adecuada con el siniestro; a que debió aplicarse la tabla de incapacidades múltiples; y que no puede soslayarse el hecho de que la actora retomó sus tareas habituales.
III. El recurso no prospera.
III.1. De manera liminar, se impone destacar que el recurso ha sido bien concedido, pues la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, y su validez constitucional fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014.
III.2. Sentado ello, cabe recordar que la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren así como la evaluación del material probatorio, específicamente lo atinente al mérito y fundamento de los informes periciales, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de trabajo, y, por ende, no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo que debe ser eficazmente demostrado por quien lo invoca (causas L. 105.461, "Berton", sent. de 22-VIII-2012; L. 117.358, "Isa", sent. de 26-III-2015 y L. 118.090, "Mayer", sent. de 27-IX-2017).
El señalado vicio no es demostrado por el recurrente, quien se limita a expresar su disconformidad con la solución alcanzada por el juzgador de origen a través de la mera reiteración de las manifestaciones vertidas al impugnar el dictamen médico, objeciones que -por cierto- reproduce en esta oportunidad.
Así, por conducto de su propia opinión en orden a la entidad convictiva que, a su juicio, correspondería asignarle a la referida experticia, el impugnante no consigue descalificar la labor axiológica del juzgador, pues el recurso sólo refleja una mera contraposición de criterios con el razonamiento empleado en el fallo de grado, revelando su insuficiencia para demostrar el excepcional yerro valorativo invocado (causas L. 110.785, "Dinapoli", sent. de 14-VIII-2013; L. 116.941, "G., P. A.", sent. de 15-VII-2015 y L. 117.656, "Barraza", sent. de 23-XI-2016).
Es sabido que el absurdo es un instituto excepcional para casos extremos, que no queda configurado aun cuando el criterio de los jueces pueda calificarse de objetable, discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 107.358, "López", sent. de 15-VII-2015; L. 115.518, "Colotta", sent. de 29-VI-2016 y L. 117.470, "Burcez", sent. de 11-X-2017).
Por cierto, las sucintas manifestaciones que plasma el interesado relativas a la relación de causalidad, a la aplicación de la "tabla de incapacidades múltiples" y a la circunstancia que indica que la actora -según sus dichos- habría retomado sus tareas habituales, teñidas de un acentuado dogmatismo y desprovistas de una seria argumentación, en modo alguno constituyen una réplica eficaz (art. 279, CPCC) con virtualidad para modificar la suerte adversa del recurso.
En suma, circunscripta la facultad revisora de este Tribunal al contenido de la sentencia según la concreta impugnación contra ella formulada en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 106.683, "Suárez", sent. de 29-V-2013; L. 112.152, "Donato", sent. de 5-XI-2014 y L. 117.634, "Savia", sent. de 25-X-2017), la insuficiencia del recurso interpuesto impide revisar el acierto o desacierto de la decisión de grado.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud y de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Debo decir, de modo previo a cualquier otra consideración, que si bien esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, se ha pronunciado -por mayoría que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, mi opinión es contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que expuse al votar en dicho precedente, a los que -por razones de brevedad- me remito.
Dicho ello, adhiero al voto que abre el acuerdo.
Con el alcance allí indicado, voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia