Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120472
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.472, "Stoppini, Mónica Noemí contra Provincia ART S.A. Recurso de apelación", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, de Lázzari, Soria, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Bragado, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes, acogió la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 154/163).
Se dedujo, por el letrado apoderado de Provincia ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 189/203).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado hizo lugar a la acción deducida por la señora Mónica Noemí Stoppini y condenó a Provincia ART S.A. a pagarle la indemnización prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Resolvió de esa manera, en tanto juzgó acreditado que, como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió el 27 de julio de 2008, mientras trabajaba bajo dependencia de la Municipalidad de Bragado (afiliada a la citada aseguradora) la actora padece una incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva que la invalida en un 13,32% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 154 vta.).
También tuvo por demostrado que la minusvalía adquirió carácter permanente el 1 de enero de 2009, fecha que -resolvió- coincidía con la primera manifestación invalidante.
En la sentencia, y puesto a determinar el importe de dicha prestación dineraria, el a quo declaró aplicables al caso las pautas indemnizatorias previstas en el decreto 1.694/09 y en la ley 26.773 (v. sent., fs. 158 vta./162).
Tuvo en cuenta, en primer lugar, que por aplicación del piso indemnizatorio establecido en el art. 3 del decreto 1.694/09, el importe original de $14.928,32 -inicialmente determinado según la fórmula polinómica prevista por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (53 x 1.566,38 x 1,35 x 13,32%)- debía ser elevado a $23.976, suma que, posteriormente, y por aplicación de los arts. 3 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, aumentó a $150.761,08 (v. fs. 161 vta. y 162).
Para ello, el tribunal de origen decretó -de oficio- la inconstitucionalidad del art. 16 del decreto 1.694/09, como así también la del 17 apartado 5 de la ley 26.773 (esta última peticionada por la parte actora a fs. 129/130), en cuanto establecen que sus disposiciones sólo resultan aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjera con posterioridad a la respectiva entrada en vigencia.
En lo sustancial, consideró que ambas disposiciones resultan contrarias a la Constitución nacional porque privan al trabajador de una reparación razonable y equitativa de los daños que lo aquejan.
Con apoyo en opiniones doctrinarias y en virtud del principio de indemnidad, sostuvo que las normas laborales -como las examinadas- deben dictarse para ampliar la tutela del trabajador, pero nunca para restringirla.
De tal modo concluyó que, en la especie, los preceptos bajo análisis contradicen los fines sociales y protectorios que amparan al trabajo subordinado, consagrados en los arts. 14 bis, 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional y 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Declaró además la inconstitucionalidad del art. 17 del decreto 472/14 (reglamentario de la ley 26.773), en cuanto determina que sólo las compensaciones adicionales de pago único, incorporadas al art. 11 de la ley 24.557, sus modificatorias, y los pisos mínimos establecidos en el decreto 1.694/09 se deben incrementar por aplicación del índice de Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) desde el 1 de enero de 2010 hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 26.773. Ello, por considerar que el Poder Ejecutivo incurrió en un exceso reglamentario, contraviniendo el marco de facultades autorizadas en el art. 99 inc. 2 de la Constitución nacional (v. fs. 161 in fine y vta.).
En consecuencia, condenó a Provincia ART S.A. a abonar a Mónica Noemí Stoppini la suma que estableció en concepto de prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -texto según decreto 1.694/09 y art. 3 de la ley 26.773-, más el índice RIPTE previsto en la última de las leyes citadas, a lo que dispuso adicionar los intereses moratorios desde la fecha de exigibilidad del crédito (1 de enero de 2009, esto es, a partir del momento en el cual la incapacidad de la actora se había transformado en definitiva) y hasta su efectivo pago, con arreglo a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de plazo fijo a treinta días (v. sent., fs. 162).
II. Contra dicho pronunciamiento la demandada Provincia ART S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14, 16, 17, 18, 19, 28 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional; 3, 21, 622, 656 segunda parte, 953, 1.071, 1.074, 1.109, 1.113 y 1.198 del Código Civil (ley 340); 7, 767, 768 y 770 del Código Civil y Comercial; 14 de la ley 24.557; 165, 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; así como la errónea interpretación de los arts. 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; de los decretos 1.694/09 y 472/14 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 189/203).
Alega que la decisión del tribunal a quo de juzgar aplicable -por conducto de declarar la inconstitucionalidad de los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773- un régimen legal que no se encontraba vigente a la época de la primera manifestación invalidante de la contingencia sufrida por la trabajadora, transgrede el principio de irretroactividad de la ley y sus derechos de propiedad y defensa en juicio.
Refiere que el accidente por cuyas secuelas incapacitantes se reclamó en autos aconteció en una fecha anterior a la entrada en vigencia de tales cuerpos normativos.
Con apoyo en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación alega que la declaración de inconstitucionalidad de una norma de jerarquía legal es un acto de suma gravedad institucional, que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico, y que constituye la más delicada de las funciones susceptible de encomendar a un tribunal de justicia, debiendo estar suficientemente fundada y demostrarse la lesión con referencia a las circunstancias concretas de la causa.
En este último aspecto, también trae a colación doctrina de esta Suprema Corte en cuanto tiene establecido que para que resulte viable el planteo que justifique la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal, es necesario demostrar un interés legítimo, particular e inmediatamente afectado por la disposición que se ataca, supuesto que, en el caso, no se verifica.
Sostiene que el juzgador aplicó la nueva legislación a consecuencias de hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigencia, de modo tal que la sentencia en crisis debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido.
Manifiesta que en materia de infortunios laborales resulta de aplicación la ley vigente al momento en que el titular de la acción adquiere noción de la disminución de su capacidad laborativa, habiéndose dictado los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773 con ajuste a esa directriz, lo cual impide que pueda tildarse de inconstitucionales a tales preceptos.
Se agravia asimismo del modo en que el tribunal dispuso incrementar la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva que porta la actora.
En este aspecto, indica que el a quo resolvió la contienda apartándose de las concretas disposiciones contenidas en el decreto 472/14, el cual prevé expresamente que sólo los pisos mínimos, y eventualmente las prestaciones adicionales, constituyen los montos que deben actualizarse conforme el índice RIPTE. De allí que, continúa, no corresponde ajustar con dicho mecanismo -tal como erróneamente hubo de resolverse en el pronunciamiento que impugna- el capital resultante de la fórmula prevista por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
En otro orden, señala que la definición de grado por la cual aplicó intereses sobre la prestación dineraria "ya actualizada" vulnera su derecho de propiedad y la garantía de defensa en juicio, así como la doctrina legal de esta Corte que identifica (v. rec., fs. 190 vta. in fine y 191).
III. El recurso prospera.
III.1. De inicio se impone destacar que quien ejerce la Secretaría del Tribunal de Trabajo no ha rubricado el veredicto ni la sentencia (v. fs. 154/156 y 158/163).
El defecto apuntado constituye una falencia de forma y no conduce por sí solo a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009).
También se observa la existencia de un error material en la adhesión plasmada al interrogante que contiene la tercera cuestión del veredicto. No obstante lo cual, dicha cuestión cuenta al pie con la firma de todos los integrantes del tribunal de trabajo interviniente, rubricando además tales magistrados las conclusiones a las que arribaron en la mentada pieza procesal (v. fs. 156; causas L. 86.649, "Herrera", sent. de 30-IX-2009 y L. 117.352, "Meer", sent. de 4-III-2015).
Las indicadas deficiencias no pasan inadvertidas en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Luego, e ingresando al tratamiento del recurso deducido, debo destacar que -a contrario de lo resuelto por el tribunal de grado a fs. 213- el valor de lo cuestionado ante esta instancia no supera el mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
En efecto, el monto del litigio, representado por la diferencia entre el importe que el tribunal condenó a pagar a Provincia ART S.A. y aquel otro que le correspondería abonar a ésta conforme las pautas suministradas en el recurso, no supera el mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (Ac. 3.803/16).
III.2.a. A tenor de lo señalado, el remedio procesal debió haber sido concedido en el estrecho marco delimitado por la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En ese contexto, la competencia de esta Corte queda limitada a verificar si la decisión del tribunal de trabajo contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en determinada controversia y el fallo apelado la transgrede precisamente en un caso similar (causas L. 116.498, "Mendoza", sent. de 12-XI-2014; L. 116.810, "L., M. A.", sent. de 24-VI-2015; L. 119.077, "B., C. A.", sent. de 14-XII-2016 y L. 119.351, "Martínez", sent. de 6-IX-2017).
III.2.b. Sin embargo, los cuestionamientos atinentes a la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada en la instancia ordinaria deben ser examinados con prescindencia del indicado límite cuantitativo por hallarse configurada una cuestión de naturaleza federal (art. 14, ley 48).
Por razones de celeridad y de economía procesal, el pronunciamiento de esta Corte debe adecuarse a lo resuelto por el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, que ha dispuesto, a partir de los precedentes "Strada" (Fallos: 308:490); "Christou" (Fallos: 310:324) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478), que todo pleito radicado ante la justicia provincial en el que se susciten cuestiones federales, debe arribar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo después de "fenecer" ante el órgano máximo de la judicatura local, dado que los tribunales de provincia se encuentran habilitados para entender en causas que comprendan puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales. Así, en los casos aptos para ser conocidos según el art. 14 de la ley 48, es necesaria la intervención del superior Tribunal de provincia en virtud de la regulación que el legislador nacional hizo del art. 31 de la Constitución, de modo que la legislatura local y la jurisprudencia de sus tribunales no pueden vedar el acceso a aquel órgano en tales supuestos (causa L. 85.710, "Aguirre", sent. de 26-IX-2007).
III.3. Partiendo de lo señalado, asiste razón a la quejosa en cuanto sostiene que el juzgador aplicó erróneamente al caso los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 6 de la ley 26.773.
III.3.a. La declaración de inconstitucionalidad de los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773, debe ser revocada, de conformidad con lo resuelto por esta Corte en la causa L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018) , en la que adherí al voto del doctor Soria, y que, en lo pertinente, habré de reproducir.
III.3.a.i. Cabe liminarmente señalar, que toda vez que el recurso no contiene ninguna crítica idónea en este concreto aspecto, no corresponde indagar -más allá de su acierto o error- si en el caso se hallaban reunidas las condiciones para que el tribunal de grado desplegara oficiosamente el control de constitucionalidad del art. 16 del decreto 1.694/09.
III.3.a.ii. Aclarado ello, cabe señalar que como bien lo indica la recurrente en su crítica extraordinaria (v. fs. 192 vta. in fine y 193), la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
En el caso, bajo la aparente contradicción con ciertos preceptos de la Constitución nacional, la solución a la que arribó el sentenciante de marginar del caso a los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773, reposa en verdad en un argumento que, lejos de sustentarse adecuadamente en una regla de rango constitucional, pretende encontrar fundamento en una pauta general prevista en la legislación civil (la de la aplicación inmediata de la nueva norma; art. 3, Cód. Civ. y art. 7, Cód. Civ. y Com.). Aunque ello se hace, reemplazando las normas especiales que contiene el régimen de infortunios laborales.
La reflexión plasmada en el pronunciamiento atacado no demuestra una falta de razonabilidad en el criterio escogido en las normas cuestionadas para determinar la entrada en vigencia de las disposiciones pertinentes teniendo en consideración la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante.
Tampoco la alusión al "principio de progresividad" justifica la decisión adoptada; máxime cuando ningún argumento porta el fallo tendiente a demostrar la configuración en el caso de una situación de "total desamparo" relativa a la damnificada que aconsejase aplicar una solución acorde con apoyo en el citado principio (CSJN causa "Arcuri Rojas, Elsa c/ ANSeS", sent. de 3-XI-2009).
Lo así resuelto no se ajusta a aquellas directrices de este Tribunal que señalan que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal sólo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004).
Resta señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación como este Tribunal se han expedido sobre la temática que gira en orden al ámbito temporal de aplicación del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773, debiéndose destacar que en dichas oportunidades ningún reproche constitucional mereció la pauta que recepta el art. 17 apartado 5 de la ley citada, cuya aplicación llevó a los mencionados tribunales a una solución que contrasta con la adoptada en la sentencia impugnada.
En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia.
III.3.b. Luego, en virtud de lo que prescribe el art. 16 del decreto 1.694/09, y la doctrina legal de esta Corte elaborada a su respecto (de igual tenor a la asentada con relación al decreto 1.278/00), se impone concluir que las modificaciones introducidas por ese reglamento a la ley 24.557 no resultan aplicables si, como sucede en la especie, la primera manifestación invalidante ocurrió con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia, es decir, el 6 de noviembre de 2009 (causas L. 116.513, "Orellana", sent. de 26-III-2014; L. 116.001, "Cabral", sent. de 26-III-2015; L. 116.622, "B., V.", sent. de 15-IV-2015 y L. 116.955, "Enriquez", sent. de 29-III-2017; e.o.).
Asimismo, corresponde señalar que en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), esta Corte estableció que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2001 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue reiterado con posterioridad en otros precedentes (causas L. 117.871, "Spinali", sent. de 28-IX-2016; L. 119.715, "Plenazzio", sent. de 13-X-2016; L. 118.459, "Caviglia", sent. de 14-XII-2016 y L. 118.202, "B. T., E. y otros", sent. de 8-II-2017; e.o.).
III.3.c. A tenor de lo expuesto, y teniendo en cuenta que a la fecha de la primera manifestación invalidante establecida por el juzgador (1 de enero de 2009; v. vered. cuarta cuestión, fs. 155 vta. y sent., fs. 159), el decreto 1.694/09 (B.O., 6-XI-2009) y la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012) no se encontraban vigentes, asiste razón a la recurrente en cuanto postula que dicha normativa no resulta aplicable al caso, por lo que cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en ellas, el importe de las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.
III.3.d. Por los mismos motivos, tampoco procede la prestación establecida en el art. 3 de la citada ley 26.773.
III.3.e. En consecuencia, siendo que el caso bajo examen cae bajo la órbita de aplicación de la ley 24.557 con las modificaciones del decreto 1.278/00, los autos deberán volver al tribunal de origen para que, nuevamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda.
III.4. En virtud de lo resuelto en el apartado anterior, no corresponde abordar los restantes agravios que porta la queja, concernientes al eventual apartamiento en el caso de las prescripciones del decreto 472/14 y la aplicación de intereses a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires sobre una prestación dineraria "ya actualizada" (v. rec., fs. 190 vta./191 y 200/202 vta.). Ello así, en tanto el tratamiento de cuestiones abstractas es impropio de la judicatura (causas L. 103.560, "Harismendi",
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