Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 123919
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Ángel Natiello y Mario Eduardo Kohan, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 123.919 de este Tribunal, caratulada: “FIGUEREDO, Cristian Yair s/ Recurso de Casación" y sus acumuladas N° 124.201 caratulada “AMORI, Sergio Damián s/ recurso de casación” y N° 124.298 caratulada “FIGUEREDO, Cristian Yair y AMORI, Sergio Damián s/ recurso de casación interpuesto por el particular damnificado”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: NATIELLO - KOHAN , procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. El Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 5 del Departamento Judicial San Martín, en causa nro. 4805, condenó a Cristian Yair Figueredo, a la pena de ocho (8) años y seis (6) meses de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de tortura (arts. 5, 12, 19, 29, 40, 41, 45 y 144 tercero, inciso 1° del Código Penal); y, a Sergio Damián Amori, a la pena de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión, e inhabilitación especial perpetua para desempeñarse en cargos públicos, accesorias legales, y costas, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de omisión de evitar la comisión de hechos calificados como torturas, cuando tuviese competencia para ello (arts. 5, 12, 19, 29, 40, 41, 45 y 144 cuarto, incisos 1° y 4° del Código Penal).
II. Contra dicho pronunciamiento, interpone recurso de casación el defensor particular de Figueredo, Dr. Nazareno Julián Cejas Ale (T. VIII F. 171 C.A.D.).
Denuncia el recurrente absurdo y arbitrariedad en la valoración de la prueba, como así también, la errónea calificación legal del hecho adjudicado a su asistido.
Sostiene que el “a quo” arribó a un razonamiento arbitrario, pues no ha observado la ley sustantiva y las normas adjetivas, pues de las pruebas desarrolladas en la audiencia de debate en modo alguno quedó demostrada la materialidad ilícita de la conducta endilgada a Figueredo.
Alega el recurrente que no pudo comprobarse más allá de los testimonios de los tres denunciantes, que existiera un elemento que provocara lesiones electro específicas en la prueba introducida al expediente y que resultó negativo el allanamiento efectuado en la morada de su defendido para cualquier elemento estilo “picana” eléctrica.
Sostiene además, que de los informes de los peritos intervinientes, no se pudo determinar que las lesiones que presentaban las víctimas, fueran causadas por pasaje de electricidad, y que los tres denunciantes coinciden en expresar que no vieron el elemento al que llamaron “picana”.
Cuestiona así cada uno de los elementos probatorios valorados por el “a quo”, sopesando su importancia, alegando que son insuficientes a la hora de fundamentar la sentencia recurrida, por lo cual, por el beneficio de la duda, su defendido debió ser absuelto.
Critica también la calificación jurídica otorgada a los hechos, toda vez que según lo relatado por las víctimas, resulta desproporcionada la pena con el sufrimiento ocasionado, y que no se puede configurar la tortura, ya que en ningún momento se pudo apreciar la aplicación de un tormento desmesurado para la humanidad de las víctimas.
Solicita se case el fallo y se absuelva a su asistido de los hechos por los que fue condenado, o en subsidio se califique su conducta como apremios ilegales.
III. Contra el mismo fallo se alza la Sra. Defensora Oficial de Amori, Dra. Verónica Jolliffe.
Denuncia la recurrente, la errónea calificación legal en la figura imputada a su defendido, y orfandad probatoria respecto de la acreditación de la materialidad ilícita y consecuente autoría de Amori, en el delito de omisión de evitar torturas.
Sostiene que el “a quo” arribó a un razonamiento arbitrario, pues de las pruebas desarrolladas en el juicio oral, en modo alguno quedó demostrada la materialidad ilícita de la conducta endilgada a Amori.
Alega la recurrente que no pudo comprobarse más allá de los testimonios de los tres denunciantes, que el evento ocurrido en la calle Firpo, -utilización de un elemento que provocara lesiones electro específicas llamado comúnmente picana- fuese el causante del estrés postraumático advertido por los peritos, sino que estas consecuencias psicológicas habrían sido producto de otros malos tratos (golpes e insultos), una vez que las víctimas se encontraban en la comisaria. Alega que el evento donde fueron agredidos con la picana, fue muy efímero, por sobre la ropa de los damnificados y sin que se hallen esposados.
De esta manera resta entidad la defensora a ese grave episodio, toda vez que, en sus palabras, duró muy poco, no pudiendo tal hecho, afectar la psiquis de las víctimas.
Cuestiona así cada uno de los elementos probatorios valorados por el “a quo”, sopesando su importancia, alegando que son insuficientes a la hora de fundamentar la sentencia recurrida, cuestionando en definitiva, la calificación jurídica otorgada a los hechos por el juez “a quo”, toda vez que según lo relatado por las víctimas, fueron muchas las agresiones sufridas, pero posteriores al evento ocurrido en la vía pública, por lo cual no puede configurar tortura ya que en ningún momento se pudo apreciar la aplicación de un tormento desmesurado para la humanidad de las víctimas y que el mismo sea la causa de las consecuencias psíquicas sufridas.
Por otra parte, sostiene que se afectó el principio de congruencia, toda vez que la acusación tanto pública como privada desde el comienzo hasta los alegatos finales, sostuvieron la coautoría en el delito de torturas, mientras que el juez “a quo” condenó en definitiva por la omisión de evitar aquellas. Que más allá de la sorpresa o no, para esa parte, el principio constitucional se vio vulnerado.
Solicita se case el fallo y se absuelva a su asistido de los hechos por los que fue condenado.
IV. Del mismo modo, se queja frente al mismo decisorio, Roberto Cipriano García, en su carácter de Secretario de la Comisión Provincial por la Memoria -Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nacional 26.827)-, con el patrocinio letrado de la Dra. Margarita Jarque, (T. XXXVII Fº203 C.A.L.P.), Directora del Programa de Litigio Estratégico de la C.P.M., conjuntamente con la Dra. Josefina Rodrigo, (T. LVIII F. 311 C.A.L.P.), la Dra. María Luz Santos Morón (T. LXI F. 158 C.A.L.P.) y el Dr. Guillermo José María Anderson (T. LXI, F. 268 C.A.L.P.), en representación de las víctimas de autos.
Alegan que al analizar la cuestión vinculada a la concurrencia de agravantes, coincidieron en cuanto a la valoración de la nocturnidad y la pluralidad de víctimas a tener en cuenta al momento de graduar la pena, por el mayor grado de intimidación e impunidad que ello implica, así como por la extensión del daño causado, respectivamente.
Por el contrario, aducen que no se valoró el medio empleado para producir la tortura: picana eléctrica, método de tortura implementado en nuestro país durante los años del Terrorismo de Estado.
A su vez, cuestionan que tampoco se consideró como agravante su condición de policías dado que configuraba el elemento esencial del tipo penal de tortura, como tampoco el mayor estado de vulnerabilidad en razón de la edad y contexto socio cultural de los damnificados, por cuanto consideraron que no se acreditó que fuera conocido y buscado o aprovechado por los imputados.
Asimismo, sostienen que “la recurrencia en los hechos” fue considerada por el Tribunal como producida en el mismo contexto de intimidación y abuso policial que sirvió de marco para la configuración del tipo penal.
Por otro lado, la contextura física de los imputados respecto de los jóvenes, como la falta de resistencia u hostilidad de parte de las víctimas, resultan elementos propios de la situación en la que se desarrollaron los hechos; sin que se hubiese probado que la diferencia de contextura física fuese una circunstancia aprovechada por los imputados.
Afirman que las penas aplicadas resultaron insuficientes en función de los agravantes que debieron valorarse.
Explican que ello demostró un intento de legitimación y aceptación de la tortura, que remarca el carácter que tiene la misma en los efectos que provocó en la psiquis de las víctimas, al estar bajo custodia de esos mismos policías.
Adunan que la permanencia reveló cierto goce o placer en la humillación a la que fueron sometidos los jóvenes durante toda su detención ilegítima.
Por su parte, estiman que Figueredo, participó en los hechos sucedidos en la comisaría como una continuación de lo que había iniciado, y que ambos a la vez, fueron observadores de hechos igualmente agraviantes por parte de otros funcionarios policiales.
A su vez, cuestionan la decisión del Tribunal de no valorar la edad de las víctimas por considerar que no había sido aprovechada por los imputados. Ilustran que sí debió considerarse como agravante, porque de los informes psicológicos y de las testificales de los profesionales de la psicología tanto oficiales como de la C.P.M., el factor (edad) de su juventud fue un elemento determinante en la producción de daños psíquicos (cuadros de estrés postraumáticos compatibles con los graves episodios vividos a manos de los imputados) y su trauma actual. Dicha circunstancia no debió pasarse por alto, dado que por su temprana edad y en relación con su desarrollo, se trata de una psiquis más inestable y menos preparada para la experiencia traumática vivida (factores exógenos, y por ende más vulnerable). La corta edad de las víctimas era evidente tanto por su actitud como por su aspecto físico (de hecho Linardi era menor de edad) y se aprovecharon de ello para torturarlos.
Continúan señalando que los jóvenes estaban indefensos y no se resistieron ante la detención, de los relatos en el juicio oral surgió que tenían miedo. Ante la sospecha infundada en la supuesta comisión de un robo que nunca fue investigado, los policías Figueredo y Amori procedieron así de manera abusiva, ilegal e inhumana.
Por todo lo expuesto, sostienen que el Tribunal efectuó una arbitraria valoración de los agravantes para mensurar la pena impuesta, por lo que solicitan se case la sentencia y resuelva elevar el quantum de las penas en relación a la correcta valoración de los agravantes y circunstancias del hecho.
A su vez, tanto el Sr. Defensor Adjunto de Casación, Dr. Nicolás Agustín Blanco, representante de Amori, como el Dr. Cejas Alé, defensor de Figueredo, presentan memoria escrita, desistiendo de la audiencia de informe y solicitando se haga lugar a los recursos incoados.
Por último, presentan memorial los particulares damnificados, considerando innecesaria la celebración de la audiencia oral, revocando lo expresado en el escrito recursivo.
VI. Habiéndose dispuesto el pase del presente al Acuerdo y encontrándose en estado de dictar sentencia, la Sala Cuarta del Tribunal decidió plantear y resolver las siguientes:
1ra.) ¿Son admisibles los recursos de casación interpuestos?
2da.) En su caso, ¿resultan procedentes?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
I. Se encuentran cumplidos los recaudos de tiempo y forma exigidos por el ritual (art. 451 del C.P.P.), y tampoco advierto objeciones relacionadas con la impugnabilidad objetiva o subjetiva, pues se trata de una sentencia definitiva (conf. art. 105 y 450 del C.P.P.) que, resulta expresamente recurrible por los imputados o sus defensas.
II. En lo atinente al remedio incoado por los particulares damnificados, además de hacerlo en tiempo y forma, cumple con los recaudos previstos por el art. 453 en su reenvío al art. 452 inc. 2 en cuanto al límite material para recurrir, sin perjuicio de lo sentenciado por este Tribunal in re “Donza”, acerca de la legitimación amplia de la cual actualmente goza el particular damnificado, autónomamente de las remisiones que efectúa el art. 453 del rito al art. 452 del mismo ordenamiento (Sala IV, causa nro. 104.392 y acumuladas, resolución del 23/3/21).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del doctor Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Entiendo que el recurso en trato es una reedición de los argumentos que la defensa esgrimiera en el debate, y que han sido contestados con fundadas razones, por el sentenciante. El recurrente debió hacerse cargo de esos fundamentos y evidenciar su absurdo o arbitrariedad. Nada de ello ha acontecido.
No obstante, a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos “Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa” , que formulara una interpretación armónica amplia del art. 456 del C.P.P.N., en armonía con los arts. 8. 2. H de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se sostuvo que resulta aplicable en nuestro derecho la doctrina que en el derecho alemán se conoce como la del agotamiento de la capacidad de revisión o de la capacidad de rendimiento, abandonando la limitación del recurso de casación a las llamadas cuestiones de derecho, induciéndonos así al tratamiento de la presente, en tal sentido. Pero debo también aclarar que, ese ha sido el comportamiento de este Tribunal, desde hace años, dentro –claro está-, de la limitación obvia de quien no ha participado en el debate (cfr. Sala I –integración según ley 11.982-, causa n° 6165 “Rec. Fiscal” sent. del 5/VI/03, N° 8646 “Gianasi” sent. del 23/X/03, N° 9476 “Chiclana” sent. del 24/II/04).
En realidad el recurrente sólo ha evidenciado una convicción diferente a la que arribara el "a quo", sin quebrantar el iter desarrollado.
I. Así, el “a quo” tuvo por debidamente acreditado que: “ el día 2 de junio del año 2021, alrededor de las 3.00 hs., en circunstancias en que Gabriel Hernán Fleitas, Sebastián Emilio Linardi y Brandon Alexis Quiroga caminaban por la calle Firpo a la altura catastral del 9.600, de la localidad de Remedios de Escalada, partido de Tres de Febrero, en esta Provincia, fueron interceptados por los oficiales de policía Cristian Yair Figueredo y Sergio Amori, quienes en su calidad de personal del Comando de Patrullas de Tres de Febrero circulaban a bordo del móvil AE 768 BR. Los efectivos policiales descendieron del móvil, les impartieron la orden de que se detuvieran y los obligaron a recostarse boca abajo en el suelo, acusándolos de haber participado en un hecho de robo ocurrido momentos antes en una fábrica cercana. En tales circunstancias, el oficial Cristian Yair Figueredo, munido de un objeto utilizado como picana, aplicó una descarga eléctrica con dicho elemento a Gabriel Hernán Fleitas y a Brandon Alexis Quiroga, en sus glúteos, a modo de castigo por la sospecha infundada de su participación en el robo, en una zona del cuerpo que evidencia un trato humillante, mientras Amori permanecía junto a Figueredo sin tomar intervención alguna; seguidamente fueron trasladados los tres damnificados, esposados, a bordo del móvil policial en el que habían arribado los imputados, en dirección a la comisaria de Tres de Febrero 11va. Las lesiones físicas recibidas fueron de leve entidad; mientras que el daño psíquico como consecuencia de ese accionar –que luego se vería intensificado en otras secuencias fácticas que no fueron motivo de acusación- produjo una situación de grave estrés postraumático directamente vinculado con el hecho aquí descripto e imputado a Figueredo y Amori ”.
I. Previo a dar responde a los agravios vinculados a la valoración de la prueba –comunes a ambas defensas- procederé a dar tratamiento al embate introducido por la Dra. Jolliffe referido a la violación del principio de congruencia por mutación de la plataforma fáctica entre acusación y sentencia.
En primer lugar debo decir que no observo la violación denunciada. La descripción de la materialidad ilícita coincide con el supuesto fáctico que sostuvo el Ministerio Público Fiscal. El encartado pudo defenderse de los hechos por los que fue acusado en debida forma, en tanto su defensa técnica se opuso al mismo instando la absolución. Esto demuestra el claro ejercicio de la defensa en juicio y que el encartado tomó conocimiento del objeto procesal que fuera imputado.
En consecuencia, no se evidencia conculcación alguna a la garantía de defensa en juicio consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional, desde que el aquí imputado ha sido acusado, juzgado y condenado por el mismo hecho que fuera descripto por el representante del Ministerio Público Fiscal desde el comienzo del proceso, manteniéndose de esta manera la identidad fáctica requerida.
He sostenido desde antaño, cuando me expedí en el plenario solicitado por los representantes del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia en causa Nº 6467 de este Tribunal y, reafirmo ahora, que “ ...el Tribunal se encuentra habilitado a subsumir los hechos bajo conceptos jurídicos comprendidos en una calificación aún distinta de la expresada en la acusación o requerimiento fiscal... –aunque resalto que no es el caso- en tanto y en cuanto se trate del mismo “acontecimiento histórico imputado”, del cual la sentencia no se podrá apartar, porque su razón de ser es decidir precisamente sobre él... ”.
Entendí en esa oportunidad que “ ...No se viola el principio de congruencia si el inculpado fue acusado y sentenciado por el único y mismo hecho por el que fuera defendido en las oportunidades procesales correspondientes... ”.
Es decir, que el verdadero fundamento del principio de congruencia se encuentra en resguardar y cumplir acabadamente con la garantía de defensa en juicio, circunscribiendo la actividad contradictoria de la etapa de juicio, exclusivamente a aquella plataforma fáctica que ha sido materia de investigación, intimación y acusación durante la etapa de preliminar preparatoria.
Ahora bien, como puede deducirse, el hecho histórico aquí enjuiciado se mantuvo inalterado a lo largo de todo el proceso, cambiando tan sólo el encuadre jurídico otorgado al mismo.
En consecuencia, la garantía tutelada por el art. 18 de la Constitución Nacional y contemplada en los instrumentos internacionales incorporados a la misma se vio más que debidamente resguardada. Y ello también, en estricto cumplimiento de las normas rituales bonaerenses.
Por lo tanto, y como también sostuviera el Superior Tribunal de la Nación, si se admitiera la posibilidad de condenar por un hecho distinto al contenido en la requisitoria de elevación a juicio, se arribaría a la inadmisible consecuencia de dejar en manos del tribunal la determinación del objeto mismo de la acusación, lo que además de violar el principio de contradicción afectaría el principio de imparcialidad (CSJN, “Fariña Duarte, Santiago y otros s/ recurso de casación”, F. 179. XXXVII., consid. 13 y 14 del voto de los Dres. Fayt y Vázquez).
En efecto, el principio acusatorio -plasmado en el ordenamiento procesal provincial por la reforma introducida por la ley 11.922- supone como regla de garantía que el juzgador queda ligado a la acusación en el sentido de su imposibilidad de condenar a persona distinta de la acusada y por hechos distintos de los imputados en el requerimi
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