Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 118213
C.118.213/118.396
En la ciudad de La Plata, se reúnen en acuerdo ordinario los jueces designados para integrar la Sala V del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Dres. Fernando Luis María Mancini y Mario Eduardo Kohan, con el fin de dictar sentencia en la causa nro. 118.213 caratulada “FERREIRA, LUIS MARIO S/ RECURSO DE CASACIÓN” y su acumulada nro. 118.396 caratulada “DURÉ, SANTIAGO DAVID S/ RECURSO DE CASACIÓN”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación los jueces deberán observar el orden siguiente: MANCINI-KOHAN.
El 10 de mayo de 2022, y como consecuencia del veredicto de culpabilidad (unánime) dictado por el Tribunal de Jurados, el Tribunal Criminal 1 del Departamento Judicial Necochea, mediante la intervención de la jueza Luciana Irigoyen Testa, falló en el marco de la causa N° 6371 de esa sede y condenó a Luis Mario Ferreira y a Santiago David Duré, a la pena de diez (10) años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautores penalmente responsables del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por dos o más personas, en razón del hecho cometido en L. D., partido de Necochea, el 19 de enero de 2020, en perjuicio de la entonces menor de 15 años de edad N. P. (arts. 12, 45, 119 tercer párrafo en relación al cuarto párrafo inc. "d" del Código Penal y arts. 375 bis primer párrafo, 531 y 532 del C.P.P.).
Contra dicha sentencia interpusieron sendos recursos de casación las defensas técnicas de los acusados Ferreira y Duré, representadas por los Dres. Rodrigo López Santoro y Carlos F. Gosella respectivamente.
Habiéndose acumulado ambos legajos y efectuado las vistas correspondientes, la presente causa se encuentra en estado de dictar sentencia por lo que este tribunal decidió plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Son admisibles los recursos de casación interpuestos?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Mancini dijo:
Se hallan reunidos los requisitos de tiempo y forma exigidos normativamente a los fines de otorgar legitimidad a los actos de interposición de los remedios casatorios, como así también los elementos que hacen a la impugnabilidad objetiva y subjetiva, en tanto se trata de una resolución pasible de ser recurrida en los términos de los artículos 450 y 451 del Código Procesal Penal.
Las defensas, asimismo, se encuentran legitimadas para hacer uso de los recursos interpuestos a tenor de lo establecido en el artículo 454 inc. 1 del código de forma y, por lo tanto, deben declararse los mismos admisibles y proceder el Tribunal a decidir sobre los fundamentos de los motivos que los sustentan.
Voto, entonces, por la afirmativa (arts. 75 inc. 22 de la CN; 8.2.h de la CADH; 14.5 del PIDCyP; 421, 451, 454 inc. 1º, 530, 531 y cctes. del CPP).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Kohan dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Mancini dijo:
I. Recurso de casación en favor de Ferreira.
El Dr. López Santoro postula, en primer lugar, que la sentencia impugnada ha incurrido en “... infracción al derecho de defensa en juicio y a las garantías del debido proceso, imparcialidad del juzgador (Arts. 18 de la CN; 8 de la CADH, art. 14 PIDCyP, tratados internacionales incorporados normativamente por el art. 75, inc. 22 de la CN y con jerarquía superior a la ley local, art. 31 de la CN, art. 1 del CPP), que acarrea la nulidad de la cámara gesell; la nulidad de la audiencia prevista para los fines del art. 338 del CPP y de los actos consecuentes; nulidad de la audiencia de debate, cesura, sentencia y de los actos consecuentes privación de la libertad de mi asistido (Arts. 1, 201, 203 ss. y cc. del CPP)... ”
Funda su pretensión nulificante en la imposibilidad de interrogar a la supuesta víctima en el debate, lo cual –a su juicio- afectó la bilateralidad de las partes, la inmediatez, la contradicción e igualdad ante la ley que deben primar para un correcto, legal y eficaz derecho de defensa en juicio; y también condicionó la decisión del jurado, resultando (lo declarado en Cámara Gesell) causa eficiente de la condena y privación de la libertad ambulatoria de Luis Mario Ferreira. Refiere que la decisión de que N.P. no preste declaración en el debate impidió a las defensas contrastar sus dichos con otras pruebas que los desestimarían.
Cuestiona lo resuelto por el a quo frente al mismo planteo en oportunidad del art. 338 del rito, señalando que “... el Tribunal prejuzga la condición de víctima de P., de haber sufrido el delito denunciado, ello sin recibir la prueba en el debate y que las partes ejercieran el derecho de defensa en juicio confrontando íntegramente la misma ...”
Alega sobre el punto que “... el perjuicio de Ferreira resulta evidente, la cámara gesell se produce el 9 de marzo de 2020, en el ámbito del ministerio público fiscal y la recibe una empleada de dicha dependencia, afectando la forma triangular de la relación procesal, la igualdad entre las partes, más allá que la señora jueza de garantías se encontrara detrás de un vidrio. La paridad de partes implica que el juez carezca de facultades acusatorias y que la acusación pública no tenga funciones judiciales ...”
En segundo término, el recurrente plantea la insuficiencia de la prueba colectada para derribar el estado de inocencia de Ferreira, habiéndose limitado aquélla a los dichos de la menor en Cámara Gesell y al “... apoyo de las psicólogas empleadas por el Estado .”
Postula su visión de los hechos a partir de su interpretación de parte de la prueba producida en el debate. En tal sentido describe una secuencia en la que la menor víctima se dirigió junto al coimputado Duré a un auto en el estacionamiento del paraje y mantuvieron relaciones sexuales consentidas. Afirmó al respecto: “... N. P. no era una niña que fue sorprendida y abusada sino una mujer que decidió mantener relaciones sexuales con Duré en la tarde del 19 de enero de 2020, dado que se había distanciado de su novio F. F., que tenía la misma edad que los acusados .”
Además de indicar que los resultados de la pericia de genética forense no evidencian que Ferreira haya tenido relaciones sexuales con P. y que el reconocimiento médico descartó lesiones compatibles con abuso sexual, manifiesta que “...[l] a declaración de la testigo ausente se intentó validar mediante el apoyo de tres licenciadas en psicología que en sus declaraciones evidenciaron a visión sexista o de género, connivente con la denunciante Chirino, violando los principios de neutralidad e imparcialidad al caer en la demagogia de sostener que el menor no miente por el solo hecho de serlo ...” Aduce que muchas denuncias progresan en función del “sesgo del investigador”.
En subsidio reitera el pedido de recalificación del hecho como constitutivo del delito de estupro (art. 120, CP.) bajo el criterio de que la Fiscalía no habría logrado acreditar que el acceso carnal haya sido sin consentimiento de P.
Solicita la casación del fallo de conformidad con lo postulado y deja expresamente planteada la reserva del caso federal (art. 14, ley 48).
Recurso de casación en favor de Duré.
En línea con lo expresado por la defensa de Ferreira en el segundo motivo de agravio, el Dr. Gosella plantea que en autos ha existido un apartamiento manifiesto de la prueba por parte del Jurado Popular (art. 448 bis ap. ‘d’ del C.P.P.)
Hace hincapié también en el resultado del reconocimiento médico practicado sobre la víctima que descartó la existencia de lesiones a nivel genital compatibles con un abuso sexual, lo cual conjuga con el tenor de las conversaciones telefónicas mantenidas entre Duré y la joven, para concluir que las relaciones sexuales entre ambos fueron libremente consentidas.
Considera que, de ser cierto lo relatado por la víctima, “... hubieran surgido elementos probatorios de un peso tal que ni siquiera estaríamos discutiendo ni el veredicto ni la sentencia (semen en la ropa de la menor, del propio Ferreira, y en las sabanas donde supuestamente ocurrió el hecho investigado )...”
Dice que el problema que plantea la existencia de un testigo único a los efectos de pronunciar una condena no es de orden legal (pues no existe prohibición al respecto), sino lógico jurídico, dado que se exige una motivación sólida que desbarate el principio de inocencia.
Postula, entonces, la recalificación del hecho y su subsunción en el delito de estupro (art. 120 del C.P.).
II. La Señora Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Alejandra Marcela Moretti, postuló el íntegro rechazo de los recursos traídos.
Con respecto al planteo de nulidad de la Cámara Gesell esgrimido por la defensa de Ferreira sostuvo que, además de haber reconocido la propia parte interesada que la Jueza de Garantías estuvo presente durante la diligencia, se trata de un acto de la investigación que quedó subsanado no siendo ésta la oportunidad para formular la petición (art. 205, C.P.P.) Agregó que, teniendo a su vista las oposiciones a la requisitoria de elevación a juicio de la causa, no surge que la defensa de Ferreira haya cuestionado la validez del acto que ahora critica.
Además, teniendo en cuenta la edad de N.P. y en línea con lo dictaminado por la Asesora de Menores, sostuvo que someter a la menor a una nueva declaración en el debate implicaría su revictimización lo cual se encuentra prohibido por los principios enumerados por la Ley de víctimas (ley 15232, art. 2 inc. b).
También propició el rechazo del agravio traído por ambos recurrentes vinculado con el alegado apartamiento manifiesto por parte del Jurado de la prueba producida, no advirtiendo del examen de las constancias valoradas la existencia de duda alguna respecto del acontecer del hecho juzgado y de la participación criminal de los imputados.
Por último, discrepó con el pedido de recalificación del hecho en virtud de que los miembros del jurado fueron instruidos por la jueza técnica sobre las diferencias entre los distintos tipos de abusos sexuales (incluida la figura del estupro) y los elementos requeridos para que éstos se configuren.
III. El recurso no prospera.
Tal como lo expone la Dra. Moretti en su dictamen, la pretensión del Dr. López Santoro de que se declare la nulidad del testimonio brindado bajo la modalidad de Cámara Gesell por la víctima N.P. no puede ser receptado.
El primer escollo legal que encuentra este planteo viene dado por el principio de preclusión procesal consagrado por el art. 205 del rito que establece que las nulidades producidas en la I.P.P. sólo podrán ser articuladas durante el trámite de la misma.
No surge ni de lo expresado en el recurso ni de la documentación acompañada digitalmente, que la defensa haya puesto en tela de juicio la validez de esta diligencia que, como termina reconociéndolo la propia parte, se llevó a cabo con la presencia de todas las partes que el segundo párrafo del art. 102 bis del rito prevé.
Por el contrario, de la lectura del acta de debate se advierte que, al inicio de la audiencia, la Sra. Jueza técnica interviniente preguntó a las partes si existían cuestiones preliminares para discutir, lo cual fue contestado negativamente. En consecuencia procedió a enumerar la prueba incorporada por su lectura, exhibición y/o reproducción al juicio (incluida la video filmación de la declaración prestada en Cámara Gesell por N.P.), sin que la por entonces defensora particular de Ferreira haya formulado reparo alguno.
Los cuestionamientos de la actual defensa en torno a la decisión de no convocar a la víctima a declarar en el debate, olvidan que el mecanismo especial que establece el art. 102 bis del C.P.P. tiene en miras, precisamente, evitar –o al menos, aminorar- los efectos de la revictimización del menor cuya integridad sexual fue atacada, velar por su integridad psíquica y moral , preservando el derecho superior del niño.
Dice textualmente la norma en cuestión: "... A fin de evitar la necesidad de repetición de la declaración del menor en forma personal, se observarán las exigencias del artículo 274 del CPP disponiendo la video-filmación u otro medio de similares características de registración del acto, para su eventual incorporación ulterior al debate oral." Tal lo acontecido en el juicio donde se reprodujo la declaración de N.P., oportunidad en la que las partes -nuevamente- y los miembros del jurado -por primera vez- pudieron tener contacto directo con el relato de la joven.
Entonces, habiéndose cumplimentado las exigencias que la ley prevé para esta especial diligencia (en concreto, garantizada la presencia de la defensa con todas las facultades de preguntar en las condiciones que este mecanismo permite), no se advierte el perjuicio ocasionado a la parte, resultando ajustada a derecho la decisión de que N.P. no vuelva a declarar en el marco del juicio oral.
Tampoco habrán de ser receptados favorablemente los agravios -comunes a ambas defensas- vinculadas con la valoración de la prueba, desde que no se demostró -más allá del criterio subjetivo de los recurrentes- la configuración de un apartamiento manifiesto de las constancias objetivas de la causa por parte de los miembros del Jurado Popular. Veamos.
Surge de la sentencia atacada que los acusados fueron -de manera unánime- hallados culpables por parte de los miembros del Jurado en razón del siguiente hecho: " En la localidad de L. D., el 19 de enero de 2020 entre las 19:00 y las 21.30 horas, Luis Mario Ferreyra y Santiago David Duré, de 26 y 30 años de edad respectivamente, de manera coordinada y siguiendo un plan previamente establecido, condujeron a la menor de 15 años de edad, N. P., al establecimiento rural '…', situado en Ruta Provincial […], km […], donde la accedieron carnalmente introduciendo sus penes en su vagina y obligándola a practicarles sexo oral. Para llevar a cabo la conducta descripta tanto Ferreyra como Duré se valieron del grado de vulnerabilidad de la víctima dada su corta edad, la imposibilidad de consentir libremente en virtud del contexto como su falta de madurez para entender el significado y alcance de las conductas sexuales desplegadas. Del hecho narrado resultó víctima la menor de edad N. P.”
Recordemos que, a grandes rasgos, las pretensiones absolutorias delineadas por los impugnantes, conforme fueran delimitadas las argumentaciones en los recursos, se sustentan por un lado en la alegada insuficiencia del material de cargo limitado a la declaración de la víctima en Cámara Gesell y a lo informado por las psicólogas que tuvieron contacto con ella y, por el otro, en la inexistencia de lesiones genitales propias de un ataque sexual como el descripto en la materialidad ilícita.
Así, el motivo aparece direccionado a expresar que el jurado, habiendo juzgado en caso conforme al sistema de la íntima convicción –art. 210 del rito- se habría apartado manifiestamente de la prueba producida en el debate –art. 448 bis inc. d) del CPP-.
En efecto, dicha norma establece como casable la sentencia condenatoria que se derive de un veredicto de culpabilidad apartado manifiestamente de la prueba producida en el debate. Entonces, bajo el parámetro de la norma citada es que voy a cimentar la respuesta al agravio.
En lo que respecta a la tarea de revisión de este Tribunal en los casos de juicios por jurados, a las dificultades –salvables en muchísimos casos- propias de analizar la evaluación de prueba que no se produjo frente a los ojos y oídos de los jueces de Casación, se suma la ardua tarea adicional de revisar un veredicto que es inmotivado pues el jurado no debe rendir cuentas de las razones que guiaron su decisión.
No se trata solamente de que el jurado no está obligado a dar razones escritas de su veredicto, sino que además no debe hacerlo, ya que su decisión es fruto de su íntima convicción (conf. Art. 210 último párrafo del C.P.P.), resultando ajena, por imperio de la ley, al sistema de valoración de las libres convicciones razonadas, propio de los jueces técnicos.
Y es aquí donde, a mi entender, adquiere fundamental trascendencia para delimitar la tarea de este Tribunal, el vocablo “manifiestamente” utilizado por el legislador en el inc. “d” del art. 448 bis del C.P.P.
Según la Real Academia Española (conf. www.rae.es ), el adjetivo “manifiesto” define a aquello que resulta descubierto, patente y/o claro.
Entonces, la prosperidad de un recurso de casación contra la condena derivada del veredicto de un jurado popular supone un grosero apartamiento de la prueba, de modo tal que resulte evidente (en el sentido de que su constatación no requiera más que la simple vista), es decir: manifiesto.
Debe entenderse que el legislador procesal penal, al exigir el apartamiento manifiesto de las pruebas rendidas en el debate como supuesto específico de revisión por parte de este Tribunal, alude sólo a determinados casos en los que la falta de comprobación de una determinada situación de hecho emerge de un modo tan claro y nítido que no permite disputa al respecto. Es decir, cuando se advierte un desajuste apreciativo de tal dimensión que implique una fractura con la realidad más llana y objetiva.
Pero en el caso, no puede evaluarse la posibilidad de encontrarnos frente a esa situación de excepción desde que resulta insuficiente la formulación de los agravios (lo cual impide su progreso), pues las partes se han limitado a poner de resalto la versión dada por uno de los acusados apuntalada por la de allegados suyos y la ausencia de lesiones genitales compatibles un abuso sexual, para fundamentar su postura diversa a la asumida por el jurado popular, pero admitiendo la existencia también de testimonios (incluido el de la propia N.P.) que inculpan de modo directo a los imputados, lo cual antes que alcanzar para mostrar el manifiesto desajuste requerido por la ley, evidencia simplemente una discrepancia en orden al grado de convicción que se debió otorgar a cada declaración, lo cual no muestra el perfil casatorio exigido por el código de rito, como ya ha sido explicado.
A partir de esas elucubraciones para fundamentar su postura diversa a la asumida por el jurado popular, no han hecho otra cosa las defensas sino admitir la existencia de prueba cargosa (inclusive contundente, en el caso de la testigo/víctima), más allá de que también ha invocado determinados elementos que irían de la mano de sus teorías del caso.
En efecto, para cuestionar los hechos no sólo debe invocarse la situación de excepción contemplada en el art. 448 bis inc. “d” del CPP, sino que además es insoslayable considerar la totalidad de la evidencia con la que contaba el jurado a la hora de decidir, para demostrar que todo ese cúmulo de probanzas, considerado integralmente, no era de ningún modo apto para arribar a la conclusión alcanzada.
¿Cómo estaremos en condiciones de sostener que hay un manifiesto apartamiento de la prueba producida para sostener que los hechos ocurrieron como lo marcó la Fiscalía, si paralelamente se admite la existencia de prueba directa e indirecta en tal dirección, y -como contraposición- sólo se presenta la mención de unos pocos elementos (en particular la declaración de Ferreira y el resultado del reconocimiento médico que no evidenció lesiones a nivel genital en N.P.) que avalarían una coartada de la defensa (elementos que, en forma conjunta, también fueron percibidas por el jurado popular)?
Como antes dije, la admisión de la existencia de elementos con tal perfil impide, de plano, un mayor desarrollo al respecto: la propia parte reconoce la existencia de prueba en el sentido decidido por el jurado, lo cual obtura su planteo, cuya única posibilidad de análisis es bajo la estructura de excepción contemplada en el inc. “d” del art. 448 bis.
En efecto, con la mención de elementos en sentido diametralmente opuesto a las aspiraciones defensistas (a partir de lo declarad
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