Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 122666
C-122.666 y acumulada C- 122.670
En la ciudad de La Plata, sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Jueces integrantes de la Sala Quinta, integrada al efecto por la doctora María Florencia Budiño y el doctor Carlos Ángel Natiello, para resolver la presente causa N° 122.666 caratulada “IRALA, MARINA PAOLA S/ RECURSO DE CASACIÓN” y su acumulada causa N° 122.670 caratulada "OLGUiN, CRISTIAN DAVID S/RECURSO DE CASACIÓN" . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debe observarse el orden BUDIÑO-NATIELLO .
Tras la celebración del debate, el tribunal de jurados se pronunció dictando veredicto de culpabilidad, por unanimidad de votos, respecto de la imputada Marina Paola Irala en orden al delito de homicidio calificado por haber sido cometido por quien ha mantenido una relación de pareja, con ensañamiento, alevosía y por el concurso premeditado de dos o mas personas; y respecto del imputado Cristian David Olguin en orden al delito homicidio calificado por haber sido cometido con ensañamiento, alevosía y por el concurso premeditado de dos o mas personas; cometido el día 15 de noviembre de 2015 en perjuicio de Miguel Gómez.
Luego, el Juez doctor Claudio Joaquín Bernard, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial La Plata, condenó a Irala y Olguin a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar, la primera, coautora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por haber sido cometido por quien ha mantenido una relación de pareja, con ensañamiento, alevosía y por el concurso premeditado de dos o mas personas en los términos del artículo 80 incisos 1, 2 y 6 del Código Penal; y el segundo, coautor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por haber sido cometido con ensañamiento, alevosía y por el concurso premeditado de dos o mas personas en los términos del artículo 80 incisos 2 y 6 del Código Penal.
Como consecuencia de ello, las defensas particulares, doctora Solange Alonso Bernetche, en representación de Paola Marina Irala; y el doctor Martín Herrero Carre, en representación de Cristian David Olguin, interpusieron respectivamente recurso de casación en favor de sus asistidos.
Efectuadas las vistas correspondientes, y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar la siguiente:
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada , la doctora Budiño dijo:
I. A fin de dar una respuesta más ordenada a los planteos recursivos, comenzaré por exponer los agravios esgrimidos en cada recurso para seguidamente tratarlos en conjunto para de ese modo evitar repeticiones innecesarias.
a] Recurso en favor de Irala.
La recurrente funda su primer motivo de agravio en el art. 448 bis inc. b) del CPP, señala que el juez admitió de manera arbitraria la exhibición de prueba que condicionó al jurado.
Finca su reclamo particularmente en la exclusión probatoria planteada durante el debate de la exhibición de fotografías del cadáver y que fuera rechazada por el juez técnico, previo a la declaración del testigo Miñones quien realizó la autopsia, por cuanto, en su opinión genera prejuicios en el jurado, conculca el principio de inocencia e invierte la carga de la prueba. Critica que tanto el juez como la acusación refirieron sobre el punto que el jurado puede condenar en base a sentimiento, lo cual, sostiene que conculca con el art. 342 bis inc. 2° del CPP.
Alude, en apoyo de su postura, que en la audiencia de selección de jurados varias personas refirieron tener emociones fuertes, relacionadas a aspectos psicológicos y psiquiátricos, por lo que entiende que un juicio sobre un homicidio podría impactarles negativamente.
Como segundo motivo de agravio, el cual también funda en la normativa previamente citada, critica la admisión de la realización de "una nueva pericia informática" que surgió a pedido de la acusación en los términos del art. 363 del CPP, luego de escuchar al perito Giles durante el debate. Refiere que dicha prueba, conocida al momento de la investigación y que no fue solicitada como instrucción suplementaria, condicionó al jurado y resultó violatoria de la prohibición del art. 357 del CPP.
Al respecto, señala que el perito manifestó que al momento de la pericia originaria no se contaba con suficiente tecnología, lo cual fue objetado por la defensa, atento que el experto refirió que dicha tecnología "se conoce desde hace 5, 6 o 7 años a la fecha", motivo por el cual, entiende que no resultaba admisible.
Agrega que se admitió la realización de una nueva pericia a realizarse en una fecha determinada y con una extensión mayor a la autorizada oportunamente por el juez de garantías, sin haber sido fundada por el juez técnico. En definitiva, afirma que lo expuesto vulnera el derecho a la intimidad, el derecho de defensa y el debido proceso legal ante la imposibilidad de controlar la misma en ésta instancia; como así también la fundamentación de las decisiones judiciales. Menciona los arts. 106 del CPP, 168 y 171 de la Const. prov., y 18 Const. nac.
Sobre el punto, también cuestiona que ante la deliberación de dicha exclusión probatoria el jurado no fue retirado del recinto, lo cual, en su opinión, vulneró el art. 357 del CPP.
De igual modo, y replicando los motivos expuestos en los párrafos precedentes, la recurrente cuestionó la exhibición de las fotografías aportadas por el testigo Maximiliano Gómez, sobre supuestas salpicaduras de sangre que encontró con posterioridad al hecho en el domicilio de la víctima, quien era el progenitor del testigo, como el faltante de una hachas decorativas, dado que las tenía desde el año 2015, sin haber podido siquiera la recurrente constatado su autenticidad.
En tal sentido, sostiene que se opuso a aquellas preguntas sobre su personalidad, en cuanto entendía que ello implicaba un juzgamiento sobre su personalidad y sin perspectiva de género y no sobre el hecho que se estaba juzgando.
Como cuarto agravio, denuncia la inobservancia del art. 357 del CPP por cuanto alega conducta desleal de la acusación en perjuicio de la imputada y que el juez incumplió sus funciones como presidente del jurado al haber escuchado las oposiciones de la defensa y los pedidos de exclusión ante la presencia del jurado popular.
Sobre la conducta de la acusación, refiere que engañó al jurado utilizando garantías constitucionales que amparan a su asistida, al sostener en sus alegatos que Irala no había prestado declaración por lo que tampoco se sabía su versión de los hechos, cuando el jurado no debe conocer las incidencias de la ipp.
En definitiva entiende que se vulneró el art. 442 bis inc 4° in fine del CPP.
Como quinto agravio, alega apartamiento arbitrario de la prueba producida en el debate por el jurado.
Finca su critica en que el veredicto de culpabilidad del jurado no superó el estándar de duda razonable. Entiende que no se condice con el quantum y el peso de la prueba de los hechos que efectivamente se produjeron en el debate. Aduce que la decisión sobre los hechos resulta arbitraria, por cuanto la prueba rendida durante el debate ha sido favorable a la defensa ante la orfandad en el plexo probatorio de la acusación.
En tal sentido, plantea la nulidad del veredicto porque carece de base razonable al ser confrontado con las pruebas producidas durante el juicio.
Alega que con la prueba producida durante el debate no se demostró cuál fue el lugar del hecho, cuál fue el arma (o armas), quien o quienes mataron a la víctima, tampoco se demostró el motivo, ni el plan entre al menos tres personas o los coimputados.
Afirma que los indicios no son lo suficientemente contundentes para endilgar el hecho a su asistida. En esa línea argumental, sostiene que "un jurado razonable de doce miembros, actuando conforme a derecho y debidamente instruido, no habría rendido el mismo veredicto", pues, en su opinión, se habrían basado en la prueba guiados por la lógica y el sentido común y no en sentimientos.
Solicita entonces, se case la sentencia, se asuma competencia positiva y se absuelva a su asistida "por orfandad probatoria a raíz de los agravios evidenciados y del apartamiento arbitrario de la prueba por parte del veredicto del jurado el cual ha condicionado por prejuicios de culpabilidad durante todo el debate oral y público".
b] La impugnación de la defensa de Olguin.
El recurrente expone como primer motivo de agravio la "inobservancia o errónea aplicación de normas procesales regulatorias del debate en juicio por jurados que constituyen un defecto grave del procedimiento y un quebrantamiento de las formas esenciales del proceso". Finca su queja en el art. 448 inc. 1° del CPP.
Puntualmente señala que el juez técnico permitió la producción de prueba durante el debate frente a los jurados de hechos y circunstancias que habían sido objeto de estipulación por las partes, tales como el lugar donde fue encontrado el vehículo que contenía el cadáver el estado en que éste se encontraba. Asimismo, cuestiona que el juez preguntó a un testigo, lo que en su opinión, resultó perjudicial para su asistido. Cita el art. 342 bis inc, 4° párrafo 7 y 342 bis in fine del CPP en apoyo de su postura.
Asimismo, critica que el juez permitió a la fiscalía y al particular damnificado mencionar y exhibir al jurado constancias de la IPP que puso en conocimiento de la existencia de antecedentes penales de su asistido, y no evitó la contaminación del jurado mediante la "generación de prejuicios o la formación de un criterio condenatorio por la existencia de antecedentes penales condenatorios.
Cuestiona también la realización de una nueva pericia "telefónica" en los términos del art. 363 del CPP mediante la utilización de tecnología que el Ministerio Público Fiscal posee desde al menos 5 o 6 años anteriores. Funda su agravio en el art. 448 bis inc, b y aduce que el mismo es complementaria de los arts. 338 inc, 1° y 2° y 357 del CPP. Agrega que ante la oposición de la defensa el jurado no fue retirado de la sala ni ordenó su deliberación en su despacho, circunstancia que se encuentra prohibida según lo dispuesto en el art. 357 del CPP.
Critica que al momento de los alegatos de clausura la fiscal invocó como indicio de culpabilidad la negativa a prestar declaración de los imputados. En esa línea, cuestiona que al finalizar su alegato la fiscalía utilizó un audio de la víctima -en la cual ésta le envía un audio al testigo Carnevale pidiéndole perdón por una pelea que habían tenido- lo que generó en el jurado "un alto impacto emocional", provocando así un perjuicio irreparable a su derecho de defensa. Postula que las inobservancias argüidas se encuentra sancionadas con nulidad.
Por otra parte, expone como agravio que el veredicto de culpabilidad resultó arbitrario por haberse apartado manifiestamente de la prueba producida en el debate. Argumenta que el veredicto no supera el estándar probatorio de duda razonable (art. 448 bis inc. d) del CPP).
Aduce que el veredicto deviene nulo ya que carece de la base razonable, pues al ser confrontado con las pruebas producidas "no podría nunca arribar a un veredicto condenatorio". Hace hincapié en que el impacto emocional contaminó la valoración probatoria.
Hace referencia a la admisibilidad de la prueba, oposición defensista mediante, previo a que pase a declarar el tesigo Miñones. Cabe mencionar, que dichas criticas se condicen con lo ya expuesto por la defensora de la coimputada y que fueran señaladas en el acápite precedente.
Por último, alega que ninguno de los testimonios permite vincular a Olguín con la comisión del homicidio.
En cuanto al testigo de identidad reservada, refiere que las descripciones que dio de los tres sujetos ocupantes del vehículo ninguna de ellas se condice con los imputados y ni siquiera fueron confrontados para su reconocimiento directo.
Peticionó entonces que se declare la nulidad del debate por las irregularidades denunciadas y en consecuencia, se asuma competencia positiva, se revoque la condena se absuelva a su asistido. Hace reserva del caso federal.
II A pedido de las partes se realizó la audiencia prevista en el art. 458 del CPP, a través del sistema de videoconferencia Microsoft Teams.
III. En formato digital obra el traslado corrido a la señora Fiscal Adjunta ante esta instancia revisora, doctora Daniela Bersi, quien postula el rechazo de los remedios casatorios impetrados por la defensa de la imputada Irala y del imputado Olguin.
IV. Los recursos de casación merecen ser rechazados.
Dado el tenor de los reclamos traídos a revisión de esta Sede, y con el propósito de lograr un mejor examen sobre las objeciones planteadas, he de dividir los planteos de la siguiente manera:
En primer término, evaluaré los reclamos vinculados al desarrollo del debate, injerencias subjetivas, la conducta cuestionada por parte del presidente del jurado y por la fiscalía, la exhibición de fotografías y la admisión de prueba durante el debate.
En un segundo orden, sobre el apartamiento manifiesto de la prueba en la que el Tribunal de Jurados fundó su decisión y la afirmación de que los imputados no fueron los autores.
Ahora bien, inicialmente no puedo acompañar el reclamo de las defensas sobre la exclusión probatoria con relación a la exhibición de fotografías del cadáver de la víctima previo a la declaración del perito que realizó la autopsia, doctor Miñones, al sostener que había sido estipulado y por entender que le iba a generar prejuicios al jurado. El juez técnico, sostuvo, de modo atinado, que en virtud de la amplitud probatoria no hay inconveniente alguno para que la exposición del testigo sea acompañada por imágenes o videos pudiendo la defensa contrarrestar o preguntar sobre la deposición y las respectivas fotos. Asimismo, cabe agregar que tal extremo no surge de las estipulaciones consignadas y la declaración del perito fue una de las pruebas que las partes acordaron para utilizar durante el debate, sin haber hecho mención a reparo alguno sobre el punto, por lo cual, no existe óbice para que su testimonio se complemente con el documento que corresponde, máxime considerando las características de la experticia sobre la cual dio cuenta (art. 338 inc. 1° del CPP), quedando sin sustento el reclamo a su respecto.
En este sentido, tampoco prospera el reclamo sobre la exhibición de una fotografía por parte del testigo Maximiliano Gómez, ello así, pues conforme surge del acta de debate la defensa no efectuó ninguna objeción o protesto con relación a su admisión y, más aún, al momento de observar la fotografía conforme se advierte en el registro audiovisual de la audiencia, la misma fue observada por la parte sin haber efectuado ninguna manifestación sobre la autenticidad que aquí cuestiona, por lo que también corresponde el rechazo de éste tramo de la queja.
En cuanto a la critica sobre valoración de la prueba por parte del jurado en base a "sentimientos y emociones" argüido por los recurrentes en pos de motivar la exclusión probatoria, no obstante tratarse de una situación netamente subjetiva e infundada, es dable destacar que el jurado fue adecuadamente instruido: se le explicó, entre otras circunstancias que sólo cabía dilucidar si Irala y Olguin habían cometido el hecho, se les dijo que debían ser imparciales, libres de presiones. También se les explicó que su decisión no podía estar influenciada por sentimientos de lástima, prejuicio o miedo, que debían valorar imparcialmente la prueba. Se informó a los miembros del jurado respecto de las reglas básicas relativas a la presunción de inocencia, carga probatoria, duda razonable; así como también se los ilustró respecto de la prueba en general y en particular. Todo lo cual deja sin sustento el argumento defensista y sella el rechazo de este tramo de la queja.
De igual modo, y por idénticos motivos corresponde expedirme con relación a la critica que en la audiencia de selección de jurados varias personas refirieron tener emociones fuertes, relacionadas a aspectos psicológicos y psiquiátricos, y que un juicio como el presente podría impactarles negativamente.
Cabe destacar, de un lado, que tal apreciación efectuada por la defensa colisiona con la voluntad expresada por los imputados quienes decidieron ejercer su derecho de someterse a este tipo de proceso (art. 22 bis del CPP), por lo que deviene ahora totalmente inoficioso y extemporáneo alegar que la integración de un jurado con participación ciudadana perjudicó a sus defendidos.
En este andarivel, es dable señalar que todas las partes celebraron la audiencia prevista en el art. 338 quáter del código ritual, para constituir el jurado para resolver el caso. Así, no surge del acta labrada en virtud de dicha audiencia que la doctora Bernetche haya formulado reposición a alguna recusación planteada respecto de los jurados, por lo que el planteo, más allá de su generalidad, deviene extemporáneo (art, 338 quáter inc. 3° primer párrafo del CPP).
El cuestionamiento efectuado por los recurrentes con relación a la nueva pericia sobre el teléfono peritado, llevada a cabo durante el debate, tampoco habrá de prosperar.
En efecto, conforme surge del debate en oportunidad de encontrarse prestando testimonio el funcionario policial Daniel De Jesús Giles, quien había peritado el teléfono incautado -perteneciente a la imputada-, la parte acusadora, solicitó una pericia sobre dicho teléfono en los términos del art. 363 del CPP, por cuanto al momento del hecho no contaban con la suficiente tecnología para conocer sobre la existencia de mensajes de whatsapp, y mediando oposición de las respectivas defensas, el juez dispuso, haciendo hincapié en la amplitud probatoria y porque el perito testigo no conocía este nuevo método al momento de realizar la primera pericia, se procediera a encender el teléfono peritado para leerse las conversaciones de
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.