Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 123769
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Ángel Natiello y Mario Eduardo Kohan, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 123.769 de este Tribunal, caratulada: “CANSTATT, Rodrigo César Ezequiel o Exequiel s/ Recurso de Casación" y su acumulada N° 123.860 caratulada “MONTENEGRO, Sergio Darío s/ Recurso de Casación”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: NATIELLO - KOHAN , procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. El Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 1 del Departamento Judicial San Martín, en causa nro. 5063, y mediante un juicio por jurados, condenó a Rodrigo César Ezequiel Canstatt a la pena de seis (6) años de prisión y ocho (8) años de inhabilitación especial para desempeñarse en funciones operativas con la utilización de armas de fuego, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por el empleo de arma de fuego; y, a Sergio Darío Montenegro, a la pena de cuatro (4) años y cuatro (4) meses de prisión, y seis (6) años de inhabilitación especial para desempeñarse en funciones operativas con la utilización de armas de fuego y para el uso de armas de fuego, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de tentativa de homicidio con exceso en el cumplimiento del deber agravado por el empleo de arma de fuego.
II. Contra dicho pronunciamiento interpone recurso de casación el defensor particular de Canstatt, Dr. Diego José Martín Raidán (T. I F. 153 C.A.A.L.).
Denuncia el recurrente arbitrariedad en virtud de que el juez de grado fue dominante a la hora de fijar el monto de pena impuesto, toda vez que sobrepasó los límites propuestos por la calificación legal endilgada por el jurado.
Explica que se acordó que las opciones que tuvo el jurado popular, al serle otorgadas las instrucciones, serían las de:
OPCION A: CULPABLE DE HOMICIDIO AGRAVADO POR ABUSO EN LA FUNCIÓN COMO MIEMBRO DE UNA FUERZA DE SEGURIDAD PUBLICA Y POR EL USO DE ARMA DE FUEGO (víctima Diego Cagliero) y CULPABLE DE TENTATIVA DE HOMICIDIO AGRAVADO POR ABUSO EN LA FUNCIÓN COMO MIEMBRO DE UNA FUERZA DE SEGURIDAD Y POR EL USO DE ARMA DE FUEGO (víctimas Emmanuel Antonio Albelo, Alfonso Noé Roldan, Jonathan Javier Iadarola, Carlos Damián Villanueva, Rodrigo Ariel García, Mauro Emmanuel Tedesco y Ángel Eduardo Bramajo) se requieren 12 votos positivos. Si después de analizar cuidadosamente toda la prueba admitida y de conformidad con estas instrucciones, ustedes están convencidos de que los acusadores (fiscalía y/o los particulares damnificados) han probado más allá de toda duda razonable que Canstatt cometió el hecho deberán votar por un VEREDICTO DE CULPABILIDAD. Es decir, DECLARARLO CULPABLE.
OPCION B: CULPABLE DE HOMICIDIO POR USO DE ARMA DE FUEGO (víctima Diego Cagliero) y TENTATIVA DE HOMICIDIO POR USO DE ARMA DE FUEGO (Emmanuel Antonio Albelo, Alfonso Noé Roldan, Jonathan Javier Iadarola, Carlos Damián Villanueva, Rodrigo Ariel García, Mauro Emmanuel Tedesco y Ángel Eduardo Bramajo) (se requieren 10 votos positivos). Si después de analizar cuidadosamente toda la prueba admitida y de conformidad con estas instrucciones, ustedes están convencidos de que los acusadores han probado más allá de toda duda razonable deberán votar por un VEREDICTO DE CULPABILIDAD. Es decir, DECLARARLO CULPABLE.
OPCION C: CULPABLE DE HOMICIDIO Y TENTATIVA DE HOMICIDIO CON EXCESO EN LA LEGITIMA DEFENSA (se requieren 10 votos positivos) Si después de analizar cuidadosamente toda la prueba admitida y de conformidad con estas instrucciones, ustedes están convencidos de que se ha probado más allá de toda duda razonable deberán votar por un VEREDICTO DE CULPABILIDAD. Es decir, DECLARARLO CULPABLE.
OPCION D: CULPABLE HOMICIDIO CULPOSO por actuar con negligencia (se requieren 10 votos positivos) Si después de analizar cuidadosamente toda la prueba admitida y de conformidad con estas instrucciones, ustedes están convencidos de que se ha probado más allá de toda duda razonable deberán votar por un VEREDICTO DE CULPABILIDAD. Es decir, DECLARARLO CULPABLE.
OPCION E: CULPABLE POR HOMICIDIO Y TENTATIVA DE HOMICIDIO CON EXCESO EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER (se requieren 10 votos positivos) Si después de analizar cuidadosamente toda la prueba admitida y de conformidad con estas instrucciones, ustedes están convencidos de que se ha probado más allá de toda duda razonable deberán votar por un VEREDICTO DE CULPABILIDAD. Es decir, DECLARARLO CULPABLE.
OPCION F: VEREDICTO DE NO CULPABILIDAD. Esta opción incluye las siguientes posibilidades. Una, que consideren que no se probó, más allá de toda duda razonable, la existencia del hecho que finalizara con la muerte de Diego Cagliero y la tentativa de homicidio de los restantes ocupantes de la anotada camioneta o que Rodrigo Canstatt haya sido autor de los mismos; la otra que Rodrigo Cansttat actuó en legítima defensa; que Rodrigo Canstatt actuó en cumplimiento del deber y, la restante, que Canstatt haya procedido bajo un error de prohibición invencible. En estos supuestos, cualquiera que sea, deberán votar por un VEREDICTO DE NO CULPABILIDAD. Es decir, declararlo NO CULPABLE.
Ahora bien, prosigue, finalmente el jurado popular condenó -por mayoría de 10 votos- a su ahijado procesal por el delito de HOMICIDIO CULPOSO. Recuerda que el homicidio culposo se encuentra regulado en el art. 84 del C.P. y el mismo establece una escala penal de 1 a 5 años de prisión.
No obstante, a la hora de realizarse la audiencia de cesura de juicio, tanto la fiscalía como los particulares damnificados sorprendieron a todos -luego de hacer una ponderación de agravantes y atenuantes existentes en la causa- al hacer un pedido de pena de 6 años de prisión y 8 de inhabilitación.
Aduce que como se encuentra fielmente reflejado en las grabaciones de dicha audiencia, el Juez de grado tuvo que preguntarle de dónde provenía el monto de la pena peticionado, y recién ahí es cuando desde la vindicta pública aclararon que aplicaban al homicidio culposo la agravante del art. 41 bis, la que no formó parte de una fundamentación propiamente dicha.
Sentado ello, sostiene que se realizó un cambio repentino de la calificación legal propiciada por los acusadores, y se desentendió de lo dictaminado por el veredicto del jurado.
Afirma que la postulación de homicidio culposo, en sus formas y con toda la descripción, fue introducida por dicha defensa (ni siquiera el defensor de Montenegro la había postulado), y la misma fue sin la agravante de manera intencionada y consensuada. Con lo cual, considera que los acusadores sabían que la agravante debía ir incorporada en las instrucciones al jurado y en las opciones que se les daban, y por eso mismo ellos la peticionaron. No obstante, quizás por subestimar la opción o, simplemente, por una elección de estrategia, decidieron conscientemente no postularla dentro del delito de homicidio culposo.
Asevera que lo intentado por los acusadores (y convalidado por el Juez técnico de grado) atentó contra las leyes del mismo proceso, modificando el fallo dictado por el Jurado popular, simplemente porque el mismo no se ajustó a las pretensiones acusadoras.
Entonces, concluye que el “a quo” modificó la decisión tomada por el jurado, mutando la calificación legal, esgrimiendo que “ En relación a las instrucciones finales dispuestas al jurado para su deliberación final, que fueran consensuadas con las partes y aprobadas en la audiencia de rigor, es del caso poner de resalto que su ulterior cuestionamiento no puede tener basamento en la mera mención del título conferido a cada opción -como ahora pretenden las defensas-, dado que desde mi criterio ello genera confusiones y errores de una adecuada interpretación. Lo adecuado y necesario es analizar y examinar el contenido de cada opción ”.
Considera que faltó a la verdad el magistrado a la hora de referir dicha cita, toda vez que no se mencionó únicamente el nombre de la opción, sino que se refirió también las explicaciones dadas al jurado.
Advierte que, dentro de las instrucciones, se explicó con detalle cada una de las implicancias que tenía cada calificación legal. De hecho, en el extracto en donde explica qué debía tenerse en cuenta para encontrar culpable a su defendido de la opción D.
Por ello, afirma que el jurado, a la hora de deliberar su veredicto, no contempló el arma de fuego como agravante porque ni siquiera estaba como opción ni explicación.
Cita en su apoyo lo resuelto por la Sala II de este Tribunal causa nro. 101.456 “Carli”.
Por lo expuesto, solicita se case la sentencia impugnada y se quite la agravante genérica prevista por el art. 41 bis del C.P.
Formula formal reserva del caso federal.
III. Contra el mismo fallo se alza el Sr. Defensor Oficial de Montenegro, Dr. Fernando Luis Lagares, interponiendo recurso de casación.
Denuncia que el “a quo” inobservó el art. 371 quater del C.P.P. y como consecuencia de ello, aplicó erróneamente el art. 41 bis del C.P.
Alega que pese a que el veredicto de culpabilidad al que arribara el Jurado no hacía referencia al uso de un arma de fuego, que legisla el art. 41 bis del CP, el Magistrado decidió su aplicación al caso desarrollando diversos argumentos autónomos. El primero de ellos es que es el Jurado el que se encarga de la determinación de los hechos y es el Juez Profesional quien efectúa el juicio de subsunción legal.
Contrario a ello, con cita de doctrina, afirma que es un error conceptual grave sostener que el jurado debe simplemente declarar al acusado culpable, para luego el juez decidir el delito por el que deberá responder. Afirma que el Jurado debe declarar culpable al acusado indicando siempre el delito por el que deberá responder.
Por otro lado, critica que el fallo estableció que “ la mera mención del título conferido a cada opción " no puede obstar a la aplicación del art. 41 bis del C.P. y que las opciones de culpabilidad subsidiarias tenían como basamento fáctico y permanente referencia principal, la opción primera de culpabilidad.
Entiende que no se puede caracterizar como una simple mención de un título el delito mencionado en una opción de culpabilidad, puesto que en rigor es el delito por el cual el jurado puede terminar declarando culpable al acusado. Pero además, la opción de veredicto de culpabilidad expuesta en la letra "b)" fue incluida como delito menor a instancia de los particulares damnificados, y ahí sí postularon la expresa aplicación de la figura del art. 41 bis del C.P. En cambio, la opción de la letra "c)", que fuera propuesta por esa Defensa como delito menor incluido y seleccionada por el jurado, no incluyó esa misma mención de la ley de fondo. Y ello no fue cuestionado por ninguna de las contrapartes cuando se litigaron las instrucciones.
También cita en su apoyo el fallo “Carli” de la Sala II de este Tribunal.
En definitiva, finaliza concluyendo, la declaración de culpabilidad a la que arribó el jurado respecto de su defendido Montenegro lo fue por el delito de "homicidio en grado de tentativa con exceso en el cumplimiento del deber". Ese delito, que no es un mero título ilustrativo, quedó así fijado de manera definitiva en una audiencia donde litigaron todas las partes. Considera que la no mención del art. 41 bis del C.P. cerró cualquier posibilidad a su ulterior aplicación al momento de fijarse la sanción penal, a menos que el juez profesional se exceda su ámbito de competencia invadiendo, al mismo tiempo, el que es exclusivo y excluyente del jurado.
Por lo expuesto solicita desechar la aplicación del art. 41 bis del C.P. y, sin necesidad de reenvío, reducir proporcionalmente la pena impuesta al acusado Montenegro.
IV. Concedidos los remedios por el “a quo”, radicados ambos por ante esta Sala Cuarta y notificadas las partes, se presenta el Sr. Defensor Adjunto de Casación, Dr. Nicolás Agustín Blanco quien sostiene el recurso deducido por su par de instancia en favor de Montenegro y desiste de la audiencia para informar en derecho.
En tanto, el Dr. Raidán, solicitó expresamente la sustanciación de dicho acto procesal.
Asimismo, considera que el fallo resulta absurdo en virtud de la distinta calificación legal aplicada a los imputados, frente al mismo hecho.
Solicita en consecuencia se rechacen los recursos.
V. Llevada a cabo la mentada audiencia, habiéndose dispuesto el pase del presente al Acuerdo y encontrándose en estado de dictar sentencia, la Sala Cuarta del Tribunal decidió plantear y resolver las siguientes:
1ra.) ¿Son admisibles los recursos de casación interpuestos?
2da.) En su caso, ¿resultan procedentes?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Entiendo que los recursos deducidos son admisibles pues además de haberse deducido en tiempo y forma, se dirigen a cuestionar una sentencia definitiva del Juez Técnico en un Juicio por Jurados que, por su carácter condenatorio, genera agravio a los imputados y sus defensas (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 1.1, 8 inc. 2 ap. "h", 25 de la C.A.D.H.; 14 inc. 5 del P.I.D.C.P.; 421, 448, 448 bis, 450, 451, 454 inc. 1º y concs. del C.P.P.).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del doctor Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Principio en sostener que llevan razón los recurrentes.
Aquí corresponde hacer mención a lo que he sufragado respecto de la función del jurado y el rol que tienen las instrucciones impartidas por el Juez Técnico al mismo.
El modelo de jurado clásico, que inspira nuestra legislación, con apoyo constitucional, sostiene que el único cuerpo autorizado para determinar los hechos con arreglo a derecho -que lo explica previamente el Juez que interviene como presidente de la audiencia, en las instrucciones-, es el Jurado Popular, y lo hace a través de su veredicto. Reitero, el jurado llega a su conclusión, utilizando las herramientas legales que le suministrara el juez a partir de las instrucciones que antes del decisorio éste le imparte.
Es decir, conforme el diseño constitucional, se podrían resumir las funciones del jurado y del juez técnico explicando que “según reza el apotegma, es un juicio con dos jueces distintos: el juez profesional –que es el juez del derecho- y el juez lego –que es el juez de los hechos—. Es una clase de juicio público que se desarrolla en el marco de una colaboración entre estos dos actores que son muy diferentes. El juez conoce el derecho por su profesión. El jurado es un actor lego en leyes que necesita y debe ser informado sobre ellas” (Ledesma, Ángela; El juicio por jurados en la jurisprudencia nacional e internacional. Alberto M. Binder y Andrés Harfuch. Ad Hoc, 2016, tomo b, página 135). Conforme ese esquema general, el jurado se ocupa de la fijación de los hechos, es decir cuestiones materiales o fácticas, de allí que se expide dictando un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad, terminado en ese tramo su intervención.
De manera complementaria, el juez técnico fija la pena aplicable al caso concreto por medio de un juicio de cesura, con la obvia participación de las partes, que pueden postular agravantes y atenuantes, las cuales serán receptadas o rechazadas por el juez en la sentencia de manera fundada.
En cuanto al objeto del veredicto del jurado, el mismo se circunscribe a las instrucciones dadas por el juez, que brindan diferentes opciones entre las que debe decidir conforme a la convicción formada a partir de la prueba producida en el debate.
La trascendencia de las instrucciones, hace que las mismas sean litigadas y acordadas en una audiencia privada entre las partes y el juez, para que, a partir de ellas, sean los ciudadanos los que definan los hechos y dicten un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad.
La verdad jurídica, cuya determinación es la función constitucional del jurado, puede no estar en el extremo máximo que postula la acusación, ni en la absolución que solicita la defensa, sino en una posición intermedia, en la que se tuvieron por probados algunos extremos de la acusación, pero no otros. No es el juicio una apuesta a todo o nada entre las partes (el delito más grave o la absolución), pues ello impediría al jurado cumplir con su función de determinar la verdad fáctica.
De allí que se permita en las instrucciones plantear diferentes opciones al jurado, que habitualmente van desde los delitos más graves a delitos menos severos, tal lo acontecido en la presente causa, en la que se pusieron en consideración del jurado distintos moldes legales, en uno de los cuales deberían encastrar los hechos que el jurado entendió acreditados en el debate, más allá de toda duda razonable y en base a la prueba rendida frente a ellos.
En efecto, tal como señala Harfuch, si la sentencia es condenatoria, ésta se materializará luego del juicio sobre la pena (cesura del juicio, art. 372 del C.P.P.). Se transcriben las instrucciones y el veredicto de culpabilidad del jurado. Como dicho veredicto incluye el delito por el cual el jurado decidió condenar al acusado, en el ítem calificación legal de la sentencia se plasmará dicha decisión, con la cita legal correspondiente. Luego, se volcarán en la sentencia todas las consecuencias del juicio de cesura (eximentes, atenuantes y agravantes), y finalmente, la pena a imponer (Harfuch, Andrés; El juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, Ley provincial 14.543 anotada y comentada. El modelo de jurado clásico; Ad Hoc; Buenos Aires; 1ra. Ed. 2013; pág. 299).
Además, Nicolás Schiavo explica que “la materialidad del hecho obviamente no se restringe a la mera constatación binaria, sino que está delimitada por el contenido de la imputación, como por las ampliaciones o recortes propuestos por la defensa, y que como tales se expresan a través de las instrucciones. De este modo al jurado le corresponde contestar por la existencia del hecho en los mismos términos que deben responder por un acontecer fáctico del que se extrae de una causal de justificación o inimputabilidad, o incluso la posibilidad de imputar la conducta a título de dolo, o como un elemento que agrava el juicio posterior de reproche (por ejemplo, ¿Estaba el policía en ejercicio de sus funciones cuando fue víctima del homicidio?) o que lo atenúa (por ejemplo, ¿Existía una circunstancia extraordinaria de atenuación?)”. (Schiavo, Nicolás. Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires Análisis doctrinal y jurisprudencia, Hammurabi, 2015, tomo 2, página 418).
Siguiendo dicha tesitura, la Sala II de este Tribunal, ha establecido in re “Carli” (causa nro. 101.456, sent. del 18/V/21, reg. nro. 387), que: “ En tal contexto, la decisión del jurado sobre los hechos influye en la decisión sobre la calificación legal. Por ello es que el juez profesional instruye al jurado sobre los delitos en cuestión. Así, al emitir el veredicto, es el jurado quien define los hechos y su calificación entre
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