Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 127784
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del segundo de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 127784 (IPP 0701-5849-21) caratulada “G., A. L. S/ RECURSO DE CASACION” y Causa acumulada N° 127915 caratulada "B., J. I. S/ RECURSO DE CASACIÓN", conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
Originalmente, llegan estas actuaciones para conocimiento del Tribunal a raíz del recurso de casación interpuesto por el defensor de A. L. G. contra la sentencia dictada, con fecha 29 de agosto de 2023, por el Tribunal en lo Criminal N° 6 de Lomas de Zamora, a través de la cual se decidió absolver al mencionado por el delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda, por el uso de arma blanca y por la intervención de menores de edad, e imponerle -como medida de seguridad- que permanezca internado por el plazo máximo de doce (12) años (cfr. art. 34, inc. 1, Cód. Penal).
En el recurso incorporado al expediente electrónico del legajo casatorio nº 127784, la asistencia técnica de G. cuestiona la extensión de la medida de seguridad, a la que considera excesiva.
En esa dirección, señala que el progenitor del acusado declaró que su hijo comenzó con ciertos indicadores de la patología -esquizofrenia- durante la pandemia, que inmediatamente lo trataron y que, luego de un tiempo, el especialista le recomendó que saliera a dar una vuelta y fue en esas circunstancias en que sucedió el hecho.
Indica que -de la misma declaración- surge que el imputado era cuidado con mucho amor y dedicación por su familia, la cual le compraba los medicamentos que necesitaba y le brindaba cobertura médica con una obra social.
Considera que tales circunstancias no fueron tenidas en cuenta al momento de mensurar el plazo de la medida aplicada.
Agrega que la circunstancia que G. se encuentre internado en el ámbito del Servicio Penitenciario Provincial dificulta el acompañamiento de la familia, el cual resulta -en su parecer- primordial para lograr una externación en el mediano plazo.
Por otro lado, menciona que la agente fiscal actuante había solicitado -en el plenario- que la medida no superase los ocho años de duración, no obstante, los jueces le aplicaron doce -sin tener en cuenta otros elementos-, lo cual resultaría violatorio del debido proceso y del sistema acusatorio.
Concluye el recurso solicitando que se reduzca el plazo de la medida de seguridad impuesta y se autorice una internación en una institución privada.
Sorteadas que fueron las actuaciones, se notificó la radicación e integración de la Sala a las partes.
El defensor adjunto de casación desistió de la audiencia de informes y, al mismo tiempo, amplió los argumentos ofrecidos por su par de la instancia (v. memorial adjunto al expediente electrónico).
En primer lugar, critica el ejercicio jurisdiccional extra petita al momento de determinar la duración de la medida de seguridad, en tanto contraviene la naturaleza acusatoria del sistema procesal e implica, por lo tanto, “una rémora vetusta” del sistema inquisitivo; y, además, afecta al principio de igualdad de armas.
En apoyo de su posición, entiende que la vigencia de la doctrina plenaria de este Tribunal, sentada en la Causa Nº 6467, debiera ser revisada a la luz de la modificación que la ley 13.260 introdujera en la redacción del art. 371 del rito provincial.
En segundo lugar, cuestiona la duración de la medida de seguridad y su lugar de cumplimiento, en la medida en que no se tuvieron en cuenta la carencia de antecedentes penales del imputado, su corta edad, ni la circunstancia que la enfermedad psiquiátrica fue determinante para la comisión de hecho, en tanto lo cometió en una de las salidas aconsejadas por el médico tratante.
Refiere que, sobre tales circunstancias, debió mensurarse la duración de la medida de seguridad, acotándosela a lo mínimo indispensable y atendiendo -también- al principio de proporcionalidad, de acuerdo con el precedente “Antuña” de la Corte Federal (Fallos: 335:2228).
Plantea que, existiendo la posibilidad de que G. sea tratado en un hospital privado por fuera de la esfera del Servicio Penitenciario, la decisión de que permanezca alojado en la Unidad Penitenciaria n° 34 de Melchor Romero resulta arbitraria y contraria a las disposiciones legales que rigen la materia.
Cita más doctrina en apoyo de su postura.
Refuerza la idea de que la jueza que lidera el acuerdo de la mayoría soslayó por completo el acompañamiento familiar que posee el imputado, adicionando que su decisión de mantenerlo internado en la Unidad Penitenciaria contraviene el artículo 15 de la Ley de Salud Mental, que prohíbe utilizar el riesgo social como criterio de internación.
Concluye el memorial solicitando que se disponga, como plazo máximo, los ocho años requeridos por la Agente Fiscal y, además, el traslado a una institución psiquiátrica privada.
Por su parte, el fiscal adjunto ante este Tribunal propició el rechazo del recurso interpuesto, por cuanto entendió que no se configuraban las infracciones legales denunciadas -por los argumentos que desarrolló en su dictamen, el cual se encuentra agregado al expediente electrónico-.
Con fecha 30 de octubre del corriente año, en atención a que los legajos casatorios nº 127784 y 127915 se iniciaron en razón de sendos recursos interpuestos contra las sentencias dictadas por el Tribunal en lo Criminal Nº 6 de Lomas de Zamora y por el Tribunal en lo Criminal Nº 7 del mismo departamento judicial, los cuales se hallaban vinculadas al mismo hecho -de fecha 21 de julio de 2021-, se resolvió acumular a la causa mencionada en primer término la segunda, caratulada “B.J.I. s/ Recuso de Casación”.
Este último legajo se inició a partir del recurso de casación interpuesto por el defensor de M. J. I. B. contra la sentencia dictada, con fecha 1º de septiembre de 2023, por el aludido Tribunal en lo Criminal N° 7 -con integración unipersonal y mediante el procedimiento de juicio abreviado-, a través de la cual se condenó a B. a la pena de seis (6) años y ocho (8) meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por encontrarlo coautor responsable del delito de robo agravado por el empleo de arma y por la intervención de un menor de edad (arts. 41 quater y 166 inc. 2 primer párr., Cód. Penal).
En el recurso incorporado al expediente electrónico del legajo nº 127915, el defensor cuestiona parcialmente la calificación legal asignada al evento, en tanto considera que no se probó la utilización de un arma blanca en el evento “por fuera de toda duda razonable”.
Concretamente, aduce que el testimonio de la víctima no basta para probar el extremo cuestionado.
Concluye el recurso solicitando que se readecúe la calificación legal en el sentido propuesto y, consecuentemente, se reduzca la pena.
Conforme la prevención operada (Causa nº 127784), se notificó la radicación e integración de la Sala a las partes.
El fiscal adjunto ante este Tribunal también propició el rechazo de este recurso, por cuanto entendió que no se configuraban las infracciones legales denunciadas -por los argumentos que igualmente desarrolló en el dictamen respectivo, incorporado al expediente electrónico-.
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de dictar sentencia, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto por la defensa de G.?
Segunda: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto por la defensa de B.?
Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión, el señor juez doctor Carral dijo:
I. Preliminarmente, debe tenerse presente que, tras la celebración de la audiencia de debate, el Tribunal en lo Criminal Nº 6 de Lomas de Zamora decidió absolver a A. L. G. por el delito que había sido imputado, en tanto presentaba -al momento de comisión del hecho- un cuadro psicopatológico irreversible, del tipo psicosis esquizofrénica, el cual le impidió comprender la criminalidad de su acto y dirigir sus acciones, declarándolo inimputable (cfr. art. 34, inc. 1, Cód. Penal) y, dado que debía realizar un tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico, dispuso su internación compulsiva en una institución especializada, por resultar -su cuadro- peligroso para sí y para terceros (v. cuestión “TERCERA” del veredicto, vinculada con eximentes de responsabilidad).
Además, el tribunal dispuso que la medida debía cumplirse en la Unidad Penitenciaria (UP) n° 34 de Melchor Romero, en donde se encontraba alojado, en tanto posibilitaba la continuidad del tratamiento, fijándola -por mayoría- con una duración máxima de doce años.
Particularmente, el voto líder consideró, con base en fallo el “Antuña” de la Corte Federal que establece que debe asegurarse una razonable proporcionalidad entre el ilícito cometido y la medida ordenada (Fallos 335:2228), que:
“…teniendo en cuenta las especiales características del caso, la multiplicidad de intervinientes, la escasa edad de la víctima, el uso de una réplica de arma de fuego y de un arma blanca con la que se le ‘tiraron puntazos’, la nocturnidad como ámbito facilitador de comisión del hecho, como así también lo declarado por los médicos que peritaron a G. y lo que surge del informe de los médicos del Servicio Penitenciario Provincial [,] entiendo justo cuantificar la medida de seguridad en el plazo máximo de doce años…” (v. cuestión “PRIMERA” de la sentencia en crisis).
Sumado a ello, el tribunal anterior decidió remitir testimonio de la sentencia y del acta de debate a la Asesoría de Incapaces departamental, así como al Juzgado de Familia de turno, a los fines de que se evalúe el inicio de un juicio de determinación de la capacidad de G.
Con relación al hecho por el que fue llevado a debate, los magistrados tuvieron por acreditado que el sujeto declarado inimputable integró un grupo de cinco sujetos que, en la vía pública, abordó a una persona y, mediante el amedrentamiento con un cuchillo de cocina, le sustrajo sus pertenencias (v. cuestión “PRIMERA” del veredicto, referida a la materialidad infraccionaria).
Desde mi óptica, la naturaleza del evento atribuido no pone en evidencia una especial peligrosidad, mucho más cuando se trata de una intervención colectiva, sin que el comportamiento del inimputable se hubiera destacado por encima de sus consortes (cfr. acta de procedimiento y declaración de la víctima, relevadas en la cuestión antes cit.). Por lo demás, cuando se trata de una persona que no tiene capacidad para ser penalmente responsable no es posible asignarle mayor desvalor al injusto en función de la pluralidad de intervinientes.
En cuanto a las opiniones médicas que fueron recabadas en el plenario, los colegas de la instancia anterior valoraron la declaración de la médica psiquiatra y perito forense de la Asesoría Pericial departamental, Carmen Susana Mansilla, juntamente con su informe pericial -que fuera realizado en conjunto con la perito psicóloga Débora Solange Ayzaguer- de fecha 28 de julio de 2021 (v. cuestión “TERCERA” ya cit.).
La psiquiatra manifestó que el enjuiciado presentaba un cuadro de psicosis y que, ese tipo de pacientes, suele abandonar el tratamiento, a la par que recordó que el hecho había ocurrido en plena pandemia, cuando la atención médica estaba muy reducida, ya que los hospitales estaban abocados a la emergencia COVID, no funcionaba el sistema de recetas virtuales y, entonces, en las cuestiones de salud mental, se improvisaba mucho.
Continuó explicando que -tales pacientes- requieren “un circuito multidisciplinario sumamente intenso para poder lograr integrarlo al mundo conocido como normal”; y que -al momento de la evaluación- estaba “descompensado”, entonces resultaba peligroso para sí y para terceros, y requería una internación compulsiva.
Agregó que, previo al alta médica, se aconsejan salidas temporales para ver cómo responde y -además- debe evaluarse su contención familiar, dado que hay familias que pueden contener al paciente y otras que no.
Aclaró que si bien el Servicio Penitenciario, en ocasiones, no tiene la medicación exacta prescripta, lo cual puede llegar a retrasar las posibilidades de evolución del paciente, lo mismo ocurre en los hospitales públicos.
Respecto a la existencia de instituciones públicas que garanticen el tratamiento completo, dijo que están previstas en la normativa, pero -en la actualidad- no están funcionando; también, refirió que el certificado único de discapacidad (CUD) podría garantizarle la medicación que requiere, pero no un lugar de internación; y -finalmente- que es el fuero de familia y el curador quienes tienen que encontrar un lugar de internación diferente a la UP 34, en concreto, el curador debe buscar el lugar y el tratamiento adecuado para cada paciente.
En cuanto a la extensión temporal de la medida, contestó que no podía poner un término específico, ya que habría que ver cómo va evolucionando el paciente, el tratamiento aplicado y demás cuestiones que debían ser evaluadas por el equipo tratante.
Sumado a esa opinión, el perito oficial psiquiatra Pablo Román Fortes, quien evaluó a G. con posterioridad a la especialista Mansilla y emitió un informe que -al igual que el de su colega- integra el acervo probatorio, de fecha 15 de mayo de 2023, expresó que el paciente presentaba un cuadro de psicosis esquizofrénica, de naturaleza crónica y deteriorante, y que -al momento de la evaluación- la sintomatología no había remitido por completo, entonces el riesgo, amén de no resultar “cierto e inminente”, se mantenía “en estado potencial”.
En consecuencia, aconsejó que siga internado “un poco más” en una institución neuropsiquiátrica y -luego- “armar una red de seguimiento”, esto es, “alguien que se encargue de la medicación, de llevarlo a un hospital de día, etc.”, aunque aclaró que esa parte del tratamiento no está prevista la legislación.
En su informe, había especificado que -al momento de la evaluación- no era recomendable que realice un tratamiento ambulatorio debido “a la pobre respuesta al tratamiento” y que, si en un futuro se intentara esa modalidad, se requeriría una evaluación de la capacidad de contención que pueda ofrecer la familia, de su desempeño durante las salidas transitorias que eventualmente se implementen, de la accesibilidad a un tratamiento acorde, entre otros factores; y, además, que quien tiene la posibilidad de evaluarlos es el equipo tratante.
Puntualmente, respondió -en la audiencia- que tenía que seguir con el mismo tratamiento y que, si lo hacía en la UP 34 o en un hospital psiquiátrico, era lo mismo, siempre que sea en un lugar habilitado por el Ministerio de Salud.
Juntamente con ello, el tribunal valoró el informe médico y psiquiátrico emitido por la UP 34, con fecha 3 de julio de 2023, del cual se desprende -en lo que importa- que:
“…el paciente es visto permanentemente por el servicio de psiquiatría debido a [que presenta] un cuadro de apatía an[h]edonia, adinamia, hipolucido y falta de interacción con sus pares. Se encuentra recibiendo tratamiento psicofarmacológico…” (v. pág. 24 del registro informático del pronunciamiento en crisis, agregado al expediente electrónico).
Por último, los magistrados estimaron los dichos del progenitor de G., quien dijo que la enfermedad de su hijo había surgido unos dos meses antes del hecho, que acababa de iniciar el tratamiento y el psiquiatra les había dicho que tenía esquizofrenia, entonces no habían llegado a realizar el trámite por discapacidad, aunque -aclaró- que su hijo tiene la obra social de su trabajo “Hominis”.
Mencionó que su expectativa era que su hijo saliera cuanto antes del lugar en el que se encontraba porque no veía mejoras y, además, para poder estar más cerca, dado que la Unidad se encontraba a 75 kilómetros de distancia de su domicilio.
Finalmente, expuso que había averiguado para trasladarlo a una clínica en Avellaneda -de la que no recordó el nombre-, que no atiende por obra social y que costaría unos setenta mil pesos por mes, pero no estaba seguro del monto.
II. Pues bien, la defensa de G. centra su planteo en criticar la duración de la medida de seguridad, así como la modalidad de su implementación.
Concretamente, denuncia que el tribunal estableció su duración por encima del requerimiento de la acusación, en infracción al sistema acusatorio que rige nuestro ordenamiento; y, por otro lado, que no se tuvo en cuenta el acompañamiento familiar -como baremo para su mensuración-, así como la posibilidad de que la cumpla en una institución privada.
Al respecto, inicialmente constato que la representante del Ministerio Público Fiscal había fijado su pretensión, vinculada con la extensión temporal de la medida, en seis años y ocho meses (cfr. acta de debate, agregada al expediente electrónico).
En consecuencia, el proceder jurisdiccional de imponerle un plazo superior al requerido por la acusación -cercano al doble- desatiende la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que, en forma paulatina, fue delimitando la actuación judicial al pertinente impulso de la acusación, como recaudo necesario para brindar un adecuado amparo a las garantías del acusado en el proceso penal.
En efecto, al superar el plazo de la medida requerido por la fiscalía, la decisión de los magistrados resultó -sin dudas- violatoria del derecho de defensa, del debido proceso legal y del sistema acusatorio, al colocar a G. en estado de indefensión, pues su actuación no resultó consecuencia del contradictorio y, en consecuencia, impidió el efectivo ejercicio de la defensa en el tramo relativo a la duración de la medida de seguridad impuesta.
En ese sentido, desde que integré la Sala III sostuve que partiendo de la premisa que la persecución penal es ejercida en los delitos de acción pública por el Ministerio Público Fiscal, su pretensión limita al órgano sentenciante, en la inteligencia de que a través de ello se evita un posible estado de indefensión del legitimado pasivamente y su defensa (TCP, Sala III, causa 11.833, rta. 17.08.10, entre otras).
En igual dirección, en el Acuerdo Plenario (TCP, Causa N° 77.660 “Miranda Lobos, Manuel Alejandro s/ Recurso de Casación” –Pedido de Acuerdo Plenario, rta. 27.09.17) convocado para resolver si era posible el dictado de la reincidencia cuando no había sido incluida en el acuerdo de juicio abreviado, consideré que la cuestión no era una problemática exclusiva de ese procedimiento, aun considerando sus características especiales, pues “la potestad jurisdiccional para ingresar en aspectos que no han sido materia de requerimiento desde la acusación y, en consecuencia, sustraídas al contradictorio, es un dilema que atañe al sistema de enjuiciamiento y a la vigencia del debido proceso desde que se encuentran en juego la imparcialidad y la defensa en juicio”.
No caben dudas de que el modelo acusatorio viene impuesto desde la Constitución Nacional y, en el ámbito de nuestra provincia, inspiró el sistema de enjuiciamiento penal (ley n° 11.992).
Cabe recordar que la CSJN, en el precedente “Casal” (Fallos 328:3399) señaló que el sistema acusatorio era el que mejor resguardaba las garantías del imputado en un proceso penal y, en la misma línea jurisprudencial, en el precedente “Quiroga” (Fallos 327:5863) afirmó que el juez y el fiscal asumen posiciones procesales diversas y que, en el ejercicio efectivo de sus competencias, se excluyen recíprocamente en tanto que:
“…ni el fiscal puede juzgar ni el juez puede acusar; de otro modo (…) el imputado debe defenderse no sólo de quien lo acusa, sino de quien decide y de quien debería poder esperar independencia de criterio…”.
La Corte amplió esa línea jurisprudencial al limitar la jurisdicción sobre la cual los jueces pued
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