Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 138633
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 138633 caratulada “NIEVAS IGNACIO GABRIEL S/ RECURSO DE CASACION”, en la Causa N° 138858 caratulada "GONZALEZ, PAULO OSCAR; LENCI, FRANCO JAVIER; LARA, DAMIÁN ALEJANDRO S/RECURSO DE CASACIÓN", y en la Causa N° 138919 caratulada "LENCI, FRANCO JAVIER S/RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO POR PARTICULAR DAMNIFICADO", las dos últimas acumuladas a la primera (todas correspondientes a la IPP 0200-12580-21), conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
I. El 5 de diciembre de 2024 el Tribunal de Jurados dictó veredicto unánime de culpabilidad respecto de Damián Alejandro Lara, en orden al delito de homicidio agravado “ criminis causa ”; respecto de Paulo Oscar González, en orden al delito de homicidio en ocasión de robo; y respecto de Franco Javier Lenci, en orden al delito de robo agravado por haber sido cometido en un lugar poblado y en banda.
Luego de celebrada la audiencia de cesura, la jueza del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Bahía Blanca, María Mercedes Rico, dictó sentencia el 10 de febrero de 2025. Condenó a Damián Alejandro Lara a la pena de prisión perpetua, por resultar autor del delito de homicidio agravado “ criminis causa ”; a Paulo Oscar González a la pena de veinticuatro (24) años de prisión, por resultar autor del delito de homicidio en ocasión de robo; y a Franco Javier Lenci a la pena de nueve (9) años y seis (6) meses de prisión, por resultar autor del delito de robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda (arts. 45, 165, 167 inc. 2 y 80 inc. 7, del Código Penal).
II. Por otro lado, respecto del mismo hecho que fue materia del pronunciamiento aludido en el apartado anterior, el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, integrado por las juezas Claudia Cecilia Fortunatti y Daniela Fabiana Castaño, y por el juez Eugenio Casas, mediante la sentencia dictada el 26 de diciembre de 2024, condenó a Ignacio Gabriel Nievas a la pena de prisión perpetua, por resultar coautor del delito de homicidio agravado “ criminis causa ” (arts. 45 y 80 inc. 7 del Código Penal).
III. La particular damnificada interpuso recurso de casación, postulando la declaración de nulidad del veredicto de culpabilidad dictado por el Tribunal de Jurados interviniente, respecto de Franco Javier Lenci, en orden al delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda.
El recurso fue declarado inadmisible por el Tribunal en lo Criminal n° 2 de Bahía Blanca, frente a lo cual interpuso recurso de queja con la que se formó el legajo n° 138919.
Respecto de la admisibilidad de la impugnación, señaló que aun cuando rige un criterio restrictivo en las facultades recursivas del Ministerio Público Fiscal y del Particular Damnificado, el art. 448 bis inciso “c” del ordenamiento adjetivo contempla la procedencia del recurso de casación, contra la condena dictada en un juicio por jurados, cuando “(…) se hubieran cuestionado las instrucciones al jurado y se entendiera que éstas pudieron condicionar su decisión ”.
Consideró que la norma aludida debe interpretarse a la luz del art. 25 incs. 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, del art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y del art. 18 de la Constitución Nacional. Afirmó que debe garantizarse el debido proceso, y agregó que la pretensión recursiva es admisible por encontrarse en juego la motivación del veredicto en virtud de la errónea instrucción recibida por el jurado.
Planteó que en el caso existe una cuestión federal que debe ser analizada en el marco del recurso de casación deducido, citando jurisprudencia en apoyo de su pretensión.
En punto al agravio invocado para sostener el recurso impetrado, comenzó por señalar que oportunamente dejó constancia de su protesta contra la resolución de la jueza profesional interviniente, que denegó la oposición que había hecho esa parte, en contra de la inclusión del delito de robo agravado propuesto por la defensa del acusado (art. 167 inc. 2, Cód. Penal), entre las alternativas de veredicto suministradas al jurado.
Entendió que esa figura legal no era compatible con una de las estipulaciones probatorias acordadas por las partes, aquella que señalaba el fallecimiento de la víctima del robo, y tampoco lo era con la declaración del acusado Lenci, quien reconoció la autoría del robo.
Expresó que resulta “ incongruente y contradictorio que la teoría de la defensa reconozca el robo y el fallecimiento de la víctima, incluso por accionar de un coimputado, y por otro lado solicite una calificación legal, entre otras tantas que ofreció, manifiestamente improcedente como lo es el delito de robo agravado” .
Sostuvo que el reconocimiento de la autoría del robo, y el fallecimiento de la víctima “ con nexo causal al delito de robo ”, excluía la posibilidad de aplicación de la figura contemplada en el art. 167 inc. 2 del Código Penal, y en el mejor de los casos para el acusado, imponía la figura del art. 165 del citado cuerpo legal, que comprende los supuestos de homicidio que no pueden ser enmarcados en el art. 80 inc. 7 del código sustantivo.
Agregó que la decisión de la magistrada, que consideró errónea, provocó un perjuicio concreto a la acusadora particular, ya que confundió al jurado con un “ popurrí ” de delitos de posible aplicación respecto del acusado Lenci. Puntualizó que la estrategia de la defensa estuvo dirigida a “ sobrecargar de información al jurado con calificaciones –manifiestamente inadmisibles según su propia teoría del caso- para aminorar la responsabilidad entre todas las calificaciones legales que fueron propuestas ”.
Señaló que la facultad de decisión del jurado se vio invadida por las instrucciones recibidas, que confundieron su potestad para decidir el derecho aplicable, entendiendo que de allí surge la afectación al debido proceso legal invocado como sostén de su pretensión.
En función de todo ello, postuló la declaración de nulidad del veredicto de culpabilidad dictado respecto de Franco Javier Lenci, por haberse producido un quebrantamiento de forma esencial en el proceso de instrucción al jurado, solicitando la celebración de un nuevo debate (art. 461, CPP).
Hizo reserva de caso federal.
IV. La defensa de Paulo Oscar González y Damián Alejandro Lara interpuso recurso de casación, contra el veredicto de culpabilidad y la sentencia condenatoria dictada respecto de sus defendidos.
Describió en primer término las circunstancias fácticas comprobadas del caso, señalando que las mismas resultaron coincidentes con los descargos efectuados por los tres acusados.
Luego de ello, afirmó que existe una contradicción en los veredictos de culpabilidad de González y Lara, que imponen su revocación.
En ese orden de ideas, expresó que, mientras la acusación postuló para todos los acusados, la aplicación del delito de homicidio agravado “ criminis causa ” (art. 80 inc. 7, Cód. Penal), por existir una coautoría funcional, la defensa reclamó que debían distinguirse distintos grados de responsabilidad entre cada uno de los imputados.
En este punto, y en lo que aquí interesa descartar, hizo hincapié en una circunstancia ocurrida durante el desarrollo de los acontecimientos, concretamente el momento en el que la víctima “ tomó el arma y comenzó a dispararles ”. Afirmó que a partir de ese momento “(…) la ejecución del robo fue desistida y comenzó un conjunto de acciones individuales –sin coordinación ni organización- que tendieron a salir con vida del lugar ”.
Señaló que no discute el veredicto de culpabilidad de Franco Javier Lenci (por el delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda), pero sí cuestiona la decisión del jurado respecto de Paulo Oscar González y Damián Alejandro Lara, puesto que fueron considerados coautores de dos figuras legales con exigencias típicas diferentes, ya que una de ellas (homicidio agravado “ criminis causa” ) requiere una ultra finalidad, que en el supuesto de la acusación se habría configurado por el intento de lograr la impunidad.
Planteó que, de la contradicción advertida en los veredictos dictados respecto de los nombrados González y Lara, se desprende que el jurado realizó “ una absurda valoración de la prueba y/o del derecho, ya que si consideran que ambos formaron parte –como coautores- del hecho, no pueden calificar con el agravante a Lara por el simple hecho de haber reconocido que él disparó ”.
Destacó que, si bien el veredicto del jurado no debe ser motivado, sí tiene que ser razonable y no apartarse manifiestamente de la prueba producida y del derecho explicado, razón por la cual, frente a la falta de comprobación de la ultra finalidad exigida por el art. 80 inc. 7 del Código Penal, la conducta de Damián Alejandro Lara no pudo ser considerada constitutiva de ese delito.
Agregó que, si los nombrados González y Lara tuvieron “ la misma implicación en los hechos y los mismos elementos probatorios en su contra ”, no podía encontrarse al primero culpable de un delito (homicidio en ocasión de robo) y al segundo culpable de un delito diferente y más grave (homicidio “ criminis causa” ), puesto que tal diferenciación importa una clara vulneración del principio de igualdad ante la ley.
En el mismo orden de ideas, señaló que la contradicción advertida también vulnera la congruencia entre los hechos probados y el veredicto dictado, ya que las dos figuras delictivas mencionadas presentan diferencias sustanciales en cuanto a la intención y conducta de los imputados, lo cual genera un error manifiesto en la interpretación de la prueba y consecuentemente en la validez del veredicto.
Puntualizó que la única diferencia en la situación de Lara y González es que el primero resultó ser el autor material de los disparos, circunstancia que, considera la defensa, por sí sola no permitía adoptar una decisión distinta a la que se tomó respecto del segundo de los nombrados.
Aclaró que el veredicto de culpabilidad dictado respecto de Paulo Oscar González no puede modificarse por un delito más grave (el previsto en el art. 80 inc. 7), como consecuencia de lo cual, la modificación que se impone es la del veredicto de culpabilidad de Lara, “ ya que de lo contrario estaríamos ante un mismo hecho juzgado en un mismo acto procesal y por un mismo jurado con dos resultados distintos ”.
En ese orden de ideas, describió las distintas alternativas de veredicto planteadas al jurado, una de las cuales consistió, en el caso del acusado Lara, en que sea declarado culpable como autor de homicidio en ocasión de robo (art. 165 del Código Penal), ya que la conducta posterior del nombrado permitía descartar la ultra finalidad invocada por la acusación (procurar impunidad), en tanto “ no abandonó la ciudad, no se fue del país, no mintió en declaración, reconoció su participación, reconoció que disparó, continuó viviendo en su hogar y yendo al mismo lugar de trabajo, etc ”.
En función de tales consideraciones, postuló la modificación del veredicto de culpabilidad dictado respecto de Damián Alejandro Lara, postulando la aplicación de la figura contemplada en el art. 165 del código sustantivo.
En el último párrafo del desarrollo del agravio, la defensa también solicitó la modificación del veredicto dictado respecto de Paulo Oscar González, proponiendo a su respecto que se lo considere culpable del delito de robo previsto en el art. 166 del Código Penal.
En subsidio, postuló que se modifique la pena impuesta, con base en los argumentos desarrollados en el siguiente apartado de su presentación.
Planteó la recurrente que la decisión adoptada por la jueza María Mercedes Rico se apartó de las pautas de mensura contempladas en los arts. 40 y 41 del Código Penal, en lo que respecta a la entidad de las penas impuestas a Paulo Oscar González y a Franco Javier Lenci.
En esa dirección, realizó distintas consideraciones, con cita de doctrina y jurisprudencia, vinculadas con los principios constitucionales que consideró aplicables, destacando los de humanidad, proporcionalidad y lesividad.
Luego de ello, analizó la situación particular del acusado Franco Javier Lenci, puntualizando las distintas circunstancias atenuantes que rigen a su respecto: excelente concepto, ausencia de antecedentes penales, excelente informe del Servicio Penitenciario, actitud procesal, confesión de su participación como también pedido de disculpas y sincero arrepentimiento, además de la ausencia de ejercicio de violencia de su parte.
Agregó para su consideración, el fin resocializador de la pena, y destacó que la escala penal en abstracto prevista para el delito por el que fue condenado, contempla un mínimo de tres (3) años de prisión y un máximo de diez (10).
Señaló que, en ese contexto, la pena de nueve (9) años y seis (6) meses de prisión establecida en la sentencia resulta absolutamente arbitraria y desproporcional, puesto que prácticamente llega al máximo de la escala mencionada pese a la existencia de las circunstancias atenuantes anteriormente descriptas.
Consideró que la decisión contradice otras sentencias dictadas por el tribunal interviniente, respecto de casos similares por delitos como el atribuido al acusado Lenci.
Cuestionó que la magistrada haya considerado como agravante el resultado causado, y haya descreído de que Lenci no supiera que sus consortes de causa llevaban armas de fuego al ingresar al domicilio de la víctima. Destacó que la decisión del jurado, de encontrar al nombrado culpable del delito de robo en poblado y en banda, implica que reconocieron que no sabía de la existencia de las armas, razón por la cual esa circunstancia no puede ser considerada por la jueza como agravante en los términos de los arts. 40 y 41 del código sustantivo.
También criticó que haya descartado considerar, por falta de pruebas, el excelente concepto social, personal y penitenciario del acusado, destacando los testimonios recibidos y el informe del Servicio Penitenciario que demostraron esa circunstancia invocada como atenuante de la sanción.
En razón de todo ello, postuló la reducción de la pena hasta el mínimo legal aplicable (tres años de prisión), o el monto que se entienda pertinente.
Respecto del acusado Paulo Oscar González, planteó que la magistrada no valoró correctamente las atenuantes invocadas (confesión, arrepentimiento, excelente concepto penitenciario, desistimiento inmediato del hecho), y que aplicó una pena prácticamente igual al máximo contemplado en la escala en abstracto (veinticuatro años de prisión), incurriendo en una absurda valoración de la prueba e incorrecta aplicación de la ley.
Entendió que la entidad de la sanción resulta arbitraria, desproporcionada y violatoria de los principios constitucionales que rigen la materia, como así también alejada de los parámetros contemplados en el art. 41 del código sustantivo.
Solicitó que, en caso de modificarse la calificación legal por el delito previsto en el art. 166 del Código Penal, se lo condene a una pena de ocho (8) años de prisión. En subsidio, de mantenerse la figura prevista en el art. 165 del mismo cuerpo legal, se establezca el monto de la sanción que se propuso en la audiencia de cesura, esto es, doce (12) años de prisión.
Por otro lado, en lo que respecta al acusado Damián Alejandro Lara, solicitó que se le imponga una pena acorde a la calificación legal de su conducta en el delito previsto en el art. 165 del Código Penal, postulando la estimación de distintas circunstancias atenuantes (excelente concepto, confesión, conducta procesal estando en libertad, arrepentimiento), y en consecuencia una sanción de doce (12) años de prisión, cercana al mínimo contemplado para ese delito.
En subsidio, planteó la inconstitucionalidad de la prisión perpetua. En este punto, destacó un fallo de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en la que se declaró la inconstitucionalidad del art. 14 del código sustantivo, y en el mismo sentido destacó los precedentes “Guerra” y “Giménez Ibáñez” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por último, hizo reserva de caso federal.
V. La defensa de Ignacio Gabriel Nievas interpuso recurso de casación, contra el pronunciamiento dictado el 26 de diciembre de 2024 por el Tribunal en lo Criminal n° 2 de Bahía Blanca (conformado por las juezas Claudia Cecilia Fortunatti y Daniela Fabiana Castaño, y el juez Eugenio Casas), que lo condenó a la pena de prisión perpetua por resultar autor del delito de homicidio agravado “ criminis causa ”.
Planteó tres motivos de agravio. Por un lado, reiteró su pretensión de nulidad del peritaje mediante el cual se realizó un estudio comparativo de ADN. Por otro lado, invocó la absurda valoración de la prueba en punto a la calificación legal establecida en la sentencia, postulando su modificación por el delito previsto en el art. 165 del código sustantivo. Por último, planté la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, y del artículo 14 del Código Penal.
En lo que hace al primero de los agravios señalados, sostuvo que la extracción compulsiva de una muestra de sangre del acusado, para la realización del peritaje comparativo de ADN, fue ordenada sin que existieran indicios suficientes que indicaran una sospecha sobre la intervención del nombrado en los hechos investigados. En apoyo de su postura, invocó el fallo “Gualtieri Rugnone de Prieto, Emma Elidia y otros s/sustracción de menores”, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Señaló que fue recién en la etapa del juicio oral, caracterizada por la bilateralidad y control probatorio, cuando pudo demostrar la inexistencia de indicios que sostuvieran la sospecha en contra de Ignacio Gabriel Nievas, tarea que no se le permitió desarrollar durante la etapa de investigación preparatoria.
Afirmó que, contrariamente al criterio sostenido por los magistrados que dictaron la sentencia, la nulidad planteada es de carácter esencial e insalvable, en los términos del art. 247 del ordenamiento adjetivo. En ese orden de ideas, destacó que no fue notificada la defensa en forma previa, de la autorización a la extracción compulsiva de la muestra de sangre, y tampoco se notificó a la asistencia técnica y al imputado del resultado del estudio comparativo.
Analizó los elementos que se habían invocado para justificar la extracción compulsa de una muestra de sangre de Oscar Ignacio Nievas, expresando los razones por los que concluyó que no hubo una “causa razonable” (“ no había auto coincidente, no había presencia de Nievas y Lara el día del hecho, no había herida de armas ”), y en consecuencia postuló la declaración de nulidad del peritaje.
Sostuvo que aun en el caso de rechazarse la exclusión probatoria solicitada, correspondía dictar la absolución del acusado por aplicación del principio “ in dubio pro reo ”, puesto que el resultado del peritaje comparativo de ADN “no vincula, sólo excluye”, señalando que no existe ninguna otra prueba que dé sustento a la acusación, y destacando
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