Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 124925
1600-4356-18 Causa n°124.925 y acumuladas n° 124.926 y n° 124.927.
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, se reúnen los señores jueces de la Sala V del Tribunal de Casación Penal, integrada al efecto por los doctores Daniel A. Carral y Carlos A. Natiello para resolver en el marco de la causa n° 124.925 caratulada “ARROYO, MÁXIMO Y ARROYO, JUAN FELICIANO S/RECURSO DE CASACIÓN" y sus acumuladas causa n° 124.926 caratulada "ARROYO, MÁXIMO; BARRIOS, NICOLÁS ALEJANDRO; GIMENEZ, MAURICIO GABRIEL Y GONZALEZ, AXEL HERNÁN S/RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR PARTICULAR DAMNIFICADA"; y causa n° 124927 caratulada "BARRIOS, NICOLÁS ALEJANDRO Y GIMENEZ, MAURICIO GABRIEL S/RECURSO DE CASACIÓN"; conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - NATIELLO.
I. El Tribunal de Jurados se pronunció, dictando veredicto de culpabilidad por mayoría de once de sus miembros, respecto de Juan Feliciano Arroyo, en orden al hecho constitutivo del delito de daño agravado por el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad.
Asimismo, respecto de Axel Hernán González, el jurado lo encontró culpable de los siguientes hechos: por unanimidad, del delito de atentado contra la autoridad doblemente agravado por la comisión a mano armada y por poner manos en la autoridad; por unanimidad del delito de daño agravado por el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad; por mayoría de once votos del delito de tentativa de homicidio agravado contra un miembro de fuerza de seguridad publica.
A Máximo Arroyo se lo encontró culpable de los siguientes hechos: por mayoría de once votos, del delito de atentado contra la autoridad doblemente agravado por la comisión a mano armada y poner manos en la autoridad; por unanimidad del delito de daño agravado por el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad; por mayoría de once votos del delito de del delito de tentativa de homicidio agravado contra un miembro de fuerza de seguridad publica; y por mayoría de diez votos del delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.
También el jurado encontró culpable a Mauricio Gabriel Giménez, de los siguientes hechos: del delito de atentado contra la autoridad doblemente agravado por la comisión a mano armada y por poner manos en la autoridad y del delito de delito de daño agravado por el fin de impedir el libre ejercicio, ambos por mayoría de once votos; y del delito de tentativa de homicidio agravado contra un miembro de fuerza de seguridad publica también por mayoría de once votos.
Por último, Nicolás Alejandro Barrios fue hallado culpable por el jurado de los siguientes hechos: del delito de atentado contra la autoridad doblemente agravado por la comisión a mano armada y por poner manos en la autoridad, del delito de daño agravado con el fin de impedir el libre ejercicio y del delito de tentativa de homicidio agravado contra un miembro de fuerza de seguridad publica, todos ellos, por mayoría de once votos.
Cabe señalar que el jurado quedó estancado respecto de Barrios y Giménez con relación al hecho constitutivo del delito de homicidio agravado cometido contra un miembro de fuerza de seguridad pública.
Celebrada la audiencia de cesura de juicio, la señora Jueza, doctora María Belén Ocariz, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial San Nicolás condenó a Juan Feliciano Arroyo como autor del delito de daño agravado con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad, a la pena de tres (3) años de prisión de ejecución condicional. (artículos 26, 27 bis y 184 inc. 1° del CP).
Mientras que a Máximo Arroyo Nicolás Alejandro Barrios y Mauricio Gabriel Giménez los condenó, por resultar autores penalmente responsables de los hechos constitutivos de los delitos de atentado contra la autoridad doblemente agravado por la comisión a mano armada y por poner manos en la autoridad; daño agravado con el fin de impedir el libre ejercicio y tentativa de homicidio agravado contra un miembro de fuerza de seguridad publica, a la pena de catorce (14) años de prisión, más la accesoria del art. 12 del CP (artículos 41 bis, 42, 80 inc. 8°, 184 inc.1°, y 238 incisos 1° y 4° del CP).
Por otra parte, la señora jueza del tribunal de la instancia absolvió a Máximo Arroyo en orden al delito de tenencia de arma de fuego de uso civil, ante el desistimiento formulado por el agente fiscal.
II. Las respectivas defensas técnicas de los acusados Máximo Arroyo, Juan Arroyo, Nicolás Barios y Mauricio Giménez, interpusieron recursos de casación, impugnando tanto el veredicto condenatorio como la sentencia recaída. Respecto de Iván Cabrera y Axel Hernán González, no hay recursos para su tratamiento en ésta sede.
III. El representante de la particular damnificada impugnó la pena impuesta a los nombrados por entender que resulta desproporcionada. IV. Ahora bien, a los fines de brindar claridad expositiva corresponder describir los agravios impetrados por los recurrentes en cada uno de los legajos de trámite ante este Tribunal
IV. i . causa n° 124.925.
El doctor Gabriel Rogelio Ruiz, en representación de Máximo Arroyo y Juan Feliciano Arroyo invocó los siguientes motivos de agravio: a) Violación del plazo razonable. Finca su planteo en que desde la fecha en que acaeció el hecho 1° de mayo de 2018, hasta la realización del debate transcurrieron cinco años con los imputados en prisión preventiva; b) Plantea la nulidad del allanamiento en el domicilio de Máximo Arroyo. Aduce que el procedimiento mediante el cual se incautó el revólver calibre 22 marca Pehuen fue ilegal; c) Alega violación a la ley de inteligencia 25520. Sobre el punto alega que el funcionario policial Sánchez se presentó de civil e interrogó a los vecinos sin pedir su identidad y que los testigos declarantes, ni siquiera fueron traídos como testigos con identidad reservada. Refiere que el anonimato no puede ser tomado como base de una investigación; d) Aduce sobre la falta de pruebas necesarias, por lo que solicitó la declaración del fiscal interviniente Giannorio para que se expida sobre determinadas diligencias que no se realizaron; e) Postula que el jurado se apartó de la prueba producida por lo que solicita la nulidad del veredicto. Sobre el punto refiere que dictaron veredicto de culpabilidad de Arroyo -hace mención sólo al delito de tentativa de homicidio- después de haber escuchado que se plantó el arma, que el testigo era inhábil y que el imputado no vivía en el Barrio. Por otra parte alega que los testigos son víctimas, por lo tanto, entiende que su juramento es falso. Por último plantea acción de revisión para el caso de que la sentencia estuviera firme. Por otra parte, en este tramo de la impugnación, alega que el hallazgo de un arma de fuego -revólver calibre 22 largo Pasper Bagual- en otra causa y que el fiscal no incorporó como prueba en este proceso, se trata de un ocultamiento de prueba para los defensores. Hace reserva del caso federal.
IV. ii causa n° 124.927.
El doctor Gabriel Elías Heriberto Ganón, en representación de Nicolás Alejandro Barrios y Mauricio Gabriel Gimenez, denuncia inobservancia o errónea aplicación de las reglas referidas a la constitución y recusación del jurado y a la capacidad de sus miembros. Señala que la constitución del jurado estaba contaminada por las noticias periodísticas, puntualmente indica que un medio periodístico publicó que juzgaban a los acusados de matar al policía Maldonado y que en el banquillo sentaban al rosarino Giménez acusado de efectuar el disparo que terminó con la vida del agente, lo cual, en su opinión afectó su imparcialidad. Por otra parte, cuestiona la labor de la jueza técnica por considerar que no fue proactiva y que las instrucciones brindadas al jurado no fueron lo suficientemente claras.
En este sentido, cuestiona que la fiscalía en su alegato de apertura sostuvo que los siete imputados integraban una banda, que siguieron un plan concreto, con división de tareas y que todos tenían el dominio funcional del hecho, mientras que "en las instrucciones no se abordaron esos planteos". Agrega que no hubo instrucciones precisas relativas a los diversos delitos atribuidos a los imputados. Refiere que tal imprecisión afecta el principio de congruencia. Asimismo, cuestiona que tampoco se incluyeron en las instrucciones los delitos menores. Por otra parte, expone como agravio que existió un apartamiento manifiesto de la prueba (art. 448 bis inc. "c" CPP). Sobre el punto argumenta que la jueza técnica no sugirió la prescindencia de la prueba superflua y/o superabundante.
Cuestiona las declaraciones de los funcionarios policiales Gutiérrez y Almendra quienes, en su opinión, "falsearon los hechos" y se contradicen con lo plasmado por la comisaria Rojas en el acta de procedimiento de fs. 1/4 y con los testimonios de Magali Gil y Jesica Lorena Rial. Postula que la jueza debió haber instruido al jurado que no se valoraran los testimonios de Almendra y Gutierrez. En definitiva sostiene que un correcto análisis de la prueba producida impide arribar al grado de certeza exigido para un veredicto de culpabilidad, más allá de toda duda razonable y que debían estar convencidos de las existencia del hecho. Por último plantea la inconstitucionalidad del art. 371 quater del CPP en cuanto dispone que, ante un jurado estancado, si el fiscal continúa con el ejercicio de la acusación, corresponde la realización de un nuevo juicio, pues, en su opinión, resulta violatorio del ne bis in idem.
Hace reserva del caso federal.
IV. iii. La particular damnificada, Nadia Paola Miras, con el patrocinio letrado del doctor Julián Cruz Dominguez -causa n° 124.926-, interpone recurso de casación contra la sentencia dictada respecto de Nicolás Alejandro Barrios, Mauricio Gabriel Gimenez y Máximo Arroyo y Axel Hernán González por resultar desproporcionada. Entiende que la pena de catorce años impuesta a los nombrados es errónea, por cuanto la fiscalía solicitó la pena de veintiseis años y seis meses de prisión y el particular damnificado solicitó cincuenta años de prisión. Plantea que la Jueza se limitó a imponer una pena "ampliamente inferior a la que realmente debe aplicarse, omitiendo describir los motivos jurídicamente valorados". Postula la inexistencia de atenuantes y que sí existieron pautas agravantes como "exceso de violencia, nocturnidad, camuflaje, arrojo homicida hacía una institución del estado y una agravante objetiva que es el arma de fuego".
Hace reserva del caso federal.
V. El señor Fiscal ante este Tribunal, doctor Fernando Luis Galán, dictaminó que los recursos de las respectivas defensas no pueden prosperar.
V. a] Con relación al recurso impetrado en la causa n° 124.925. Sostiene que el cuestionamiento del plazo razonable resulta improcedente. Argumenta que no es posible fijar en abstracto un término para el plazo máximo razonable de duración de la prisión preventiva y que resulta incumbencia de los jueces en cada caso particular. Hace mención al art. 2° del CPP en apoyo de su postura. Agrega que, en el presente, se tratan de injustos de suma gravedad y donde a la complejidad de la causa debe sumarse la actividad procesal legítima de siete imputados, así como del representante del particular damnificado. Sostiene que la cuestiona resulta extemporánea ya que se omitió hacer mención en el momento procesal oportuno.
En cuanto a la nulidad del allanamiento, señala, por un lado, que el planteo ya fue rechazado durante el debate sin que el recurrente haya rebatado aquellos argumentos; y por otro lado, que el planteo deviene extemporáneo conforme el art. 205 del CPP.
Respecto a la crítica con relación a la aptitud del arma de fuego, asevera que la cuestión deviene abstracta por haber sido absuelto Máximo Arroyo por el delito de tenencia ilegal de arma de uso civil.
También rechaza el agravio vinculado a la violación de la ley 25.520 de inteligencia nacional. Argumenta que sus dichos se basan en simples conjeturas carentes de sustento probatorio.
Por otra parte, repele el llamado a prestar declaración del fiscal de la investigación, pues entiende que ta cuestión resulta inadmisible en esta instancia.
También rechaza el planteo de nulidad por apartamiento de prueba, por cuanto entiende que se basa en meras conjeturas. Concluye sobre el punto que el agravio de la defensa no se encuentra contemplado en el art. 448 del CPP, ni resulta motivo especial de impugnación previsto en el art. 448 bis del rito. Agrega que el impugnante no demostró que el jurado se haya apartado manifiestamente de la prueba producida en el debate.
Con relación a la acción de revisión planteada por el recurrente "por cualquier motivo que la sentencia estuviera firme", sostiene que habiéndose concedido el recurso a fin de evitar la vulneración de derechos y garantías constitucionales, dicha acción no resulta admisible por ausencia de uno de sus recaudos legales.
Por último, en cuanto al agravio referido al hallazgo de un arma de fuego en otra causa penal y que el fiscal no incorporó por lectura, señala que dicha cuestión ya fue rechazada por la sentenciante.
V. b] Con relación a la impugnación en el marco de la causa n° 124.927, el señor fiscal dictaminó que la constitución del jurado no estaba contaminada. Argumenta que más allá de la extemporaneidad e improcedencia del planteo conforme lo normado en el art. 338 quater del CPP, el motivo argüido -la publicación del caso en un diario local- no resulta ser una causal suficiente de recusación.
Respecto a la critica sobre la actuación de la jueza técnica, con relación a su función para sugerir la prescindencia de prueba, el fiscal asevera que no está acreditado ningún perjuicio y además que no hay constancia alguna de que el jurado se haya sentido agobiado, cansado o confuso por la cantidad de pruebas.
En cuanto al agravio con relación a las instrucciones brindadas al jurado, refiere que el impugnante no detalla porqué resultan ser generales y abstractas o dónde radica la confusión, lo cual torna el reclamo en insuficiente.
Con respecto a la labor cuestionada de la jueza técnica, el fiscal afirma que ésta no condicionó al jurado sino que impidió que la defensa lo condicione al no aceptar su propuesta de no valorar las declaraciones de algunos testigos por considerarlas falsas. Tampoco comparte que no se hayan dado instrucciones para la valoración de la prueba testimonial, se remite a la fs. 11 del acta cuyo título da cuenta de la "CREDIBILIDAD DE LOS TESTIGOS".
En cuanto a las calificaciones menores que el impugante alega que no fueron mencionadas por el tribunal, señala que a fs. 27 los defensores, incluido el recurrente, desistieron del pedido de instruir respecto del delito menor -homicidio en riña-.
Respecto a la afectación del principio de congruencia, la fiscalía considera que precisamente ese principio protege que la defensa no se vea sorprendida por una acusación diferente que le impida ejercer el derecho de defensa y que, en el caso, la propia defensa admite que eso no ocurrió. En la misma línea, afirma que las instrucciones brindadas al jurado fueron completas, claras y especialmente que no fueron objetadas oportunamente por la defensa; por lo cual entiende que la crítica a su respecto resulta extemporánea e improcedente.
En virtud de todo lo expuesto, solicita que se rechacen los recursos de casación interpuestos por las respectivas defensas.
Encontrándose la causa en condiciones de ser resuelta en forma definitiva se plantean y votan las siguientes:
Primera: ¿Son procedentes los recursos de casación interpuestos por los respectivos defensores particulares y el representante de la particular damnificada?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión , el señor Juez doctor Carral dijo:
I. De los recursos de la casación impetrados por las respectivas defensas de los imputados.
i] Preliminarmente, corresponde mencionar que acompaño la decisión del tribunal de la instancia en cuanto declaró admisibles los recursos de casación impetrados por las defensas, aun cuando fueron presentados extemporáneamente, pues resolvió con un criterio amplio y tuvo en cuenta que ambos recurrentes habían interpuesto oportuna reserva e hizo especial hincapié en el derecho a la revisión de la sentencia condenatoria dictada en el marco de un juicio por jurados.
En este punto, hay que destacar que el escaso tiempo transcurrido por fuera del plazo, según se consignó en la concesión de sendos recursos, la lectura de la sentencia fue el 28 de marzo de 2023 y la defensa de Máximo Arroyo y Juan Feliciano Arroyo interpuso recurso de casación el 24 de abril de 2023 a las 7: 23 horas, y por su parte, la defensa de Barrios y Giménez impetró el remedio casatorio el 19 de abril de 2023 a las 8:56 horas; resulta un exceso ritual manifiesto que, por sí sólo, de ningún puede menoscabar el derecho constitucional de los imputados a recurrir el fallo ante el Superior (arts. 14.5, PICDP; 8.2h, CADH).
De este modo, encontrándose en condiciones de resolver las impugnaciones contra la sentencia dictada en el marco de un juicio por jurados, la acción de revisión planteada por la defensa de Máximo y Juan Arroyo, deviene, sin más, inadmisible.
ii] Ahora bien, previamente corresponde señalar que el Tribunal de jurados debió determinar si el Ministerio Público logró acreditar, más allá de toda duda razonable que "En la ciudad de San Nicolás a los 1 dia del mes de mayo de 2018, momentos después de las 21:00 hs., en inmediaciones de calle Chopin y Verdi de la ciudad de San Nicolás, Axel Hernán González, Iván Antonio Cabrera, Máximo Arroyo, Juan Feliciano Arroyo, Enzo Ariel Banegas, Mauricio Gabriel Giménez, Nicolás Alejandro Barrios, un menor de edad y otras personas no identificadas atentaron contra Natalia Rojas, Patricio Gajate, Juan Chorzewjsky, María Eugenia Cardozo, Cristian Benítez, Héctor Silva, Mauricio Silva Pablo Joaquín Rivero, Pablo Scoropad, Leandro Almendra, Brian Gutierrez, Daiana Carballo, Mauricio Da Silva, Joana Closs, Marcio Aguilar, Gustavo Javier Ponce, Aldana Cornejo, Guillermo Alonso, Carlos Martinez, Natalia Díaz, Alfredo Parra, Facundo Citadini, Emanuel Burrut, Marcelo Eichorn, Mauro Maldonado, Cristian Peralta, Diego Ferreyra, Fernando Iturriaga y Sebastián Cubillas, todos funcionarios policiales, tirando piedras contra los mismos, exigiendo que se retiren del lugar, a los fines de incendiar la vivienda de calle Verdi 1772 de San Nicolás, morada de la familia Contreras, resultando Pablo Scoropad lesionado con una piedra en su cabeza descriptas como lesiones leves y los móviles policiales 14 y 8 de la policía local siendo estos VW Voyage dominio AA432LM (rotura de óptica trasera izquierda) y dominio AA418NI (abolladura en puerta delantera derecha. parante de ventanilla de la misma puerta y rotura de óptica trasera derecha) y el móvil 22487 de la policía de la provincia de Buenos Aires, siendo esta Toyota Hilux dominio OLU-OJO (rotura de cristal puerta trasera izquierda). Asimismo, en las mismas circunstancias de tiempo y lugar, Axel Hernán González, Iván Antonio Cabrera, Máximo Arroyo, Juan Feliciano Arroyo, Enzo Ariel Banegas, Mauricio Gabriel Giménez, Nicolás Alejandro Barrios y
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