Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO: XIX REGISTRO: 015 FOLIO: 140/142
Caleta Olivia, 08 de junio de 2026.
Estos autos caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN EN AUTOS CARATULADOS: SR. AGENTE FISCAL S/ REQUIERE INSTRUCCIÓN" Expte. N°35.790/24, N° de Juzgado de Recursos 8470/26, Acumulado al Expte: 8474/26, venidos a despacho para resolver.
I.-Que a fs. 531/533 el Sr. Defensor Particular, doctor Marcelo Urbano Quintero, interpone recurso de casación contra la resolución dictada por este Juez de Recursos el día 21 de mayo del 2026 (fs. 439/449), que resuelve RECHAZAR los planteos de nulidad formulados por la Defensa y CONFIRMAR el auto interlocutorio de fs. 375/376 que confirma el rechazo de sobreseimiento del imputado, y en todo cuanto fuera materia de recurso de apelación.
Funda su impugnación en el art. 439 del C.P.P. en las causales de inobservancia o errónea aplicación de la ley y arbitrariedad e inobservancia de las normas que este Código establece bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad, siempre que, con excepción de los casos de nulidad absoluta, el recurrente haya reclamado oportunamente la subsanación del defecto, si era posible, o hecho protesta de recurrir en casación.
Procedencia del recurso de casación. La defensa sostiene que la resolución recurrida resulta equiparable a sentencia definitiva, por cuanto ocasiona un gravamen de imposible o tardía reparación ulterior. Afirma que se encuentran comprometidas garantías constitucionales vinculadas al debido proceso, defensa en juicio e imparcialidad judicial, habilitando la vía extraordinaria conforme doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tratados internacionales incorporados al bloque constitucional federal. Menciona Doctrina y Jurisprudencia.
Doctrina “casal” y derecho a la revisión amplia, Invoca la doctrina sentada por la C.S.J.N. en el fallo “Casal”, sosteniendo que el recurso de casación debe permitir una revisión integral de las cuestiones de hecho, prueba y derecho. La defensa argumenta que limitar el análisis únicamente a cuestiones jurídicas implicaría afectar el derecho al doble conforme y a la revisión amplia de las decisiones judiciales.
Arguye la defensa afirma que la cuestión reviste naturaleza federal por encontrarse comprometidos derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Señala violaciones a los principios de congruencia, debido proceso, defensa en juicio e imparcialidad judicial.
Expresa los motivos de su presentación y manifiesta arbitrariedad de la resolución.
Sostiene que la resolución recurrida carece de fundamentación lógica y jurídica suficiente, configurando un supuesto de arbitrariedad de sentencia. Se denuncia una valoración irrazonable de la prueba y una inobservancia de las reglas de la sana crítica racional.
La defensa cuestiona que el tribunal haya convalidado la continuidad del proceso pese a que el Ministerio Público Fiscal habría solicitado el archivo de las actuaciones. Afirma que ello vulnera el principio acusatorio, al asumir el órgano jurisdiccional funciones propias de la acusación, quebrantando la división de roles entre acusar y juzgar. Manifiesta el defensor que el magistrado instructor habría adelantado opinión sobre la culpabilidad del imputado, afectando la garantía de imparcialidad objetiva y subjetiva. La defensa invoca doctrina y jurisprudencia nacional e internacional sobre la “teoría de las apariencias” y el “temor fundado de parcialidad”.
Solicita se haga lugar a la nulidad del llamado a indagatoria solicitado, por considerar que fue dispuesto sin base probatoria suficiente y mediante una valoración sesgada de la prueba, violando garantías constitucionales y procesales previstas en el Código Procesal Penal. Menciona Jurisprudencia y doctrina acorde.
Cuestiona que el tribunal haya omitido valorar prueba considerada esencial para la resolución del caso, particularmente informes periciales psicológicos y técnicos producidos por profesionales intervinientes. Se afirma que tales elementos descartaban indicadores compatibles con abuso sexual y proponían explicaciones alternativas para la sintomatología observada.
La defensa crítica la valoración de los informes periciales, expresa que no existen pruebas objetivas, físicas o psicológicas que corroboren la hipótesis acusatoria. La defensa resalta que las expertas descartaron conductas típicas de ocultamiento, coerción o secreto propias de delitos de abuso sexual infantil.
Sostiene que la resolución recurrida incurre en afirmaciones meramente dogmáticas y aparentes, sin apoyo suficiente en prueba concreta. La defensa afirma que el fallo se aparta de las constancias objetivas de la causa y se basa en conjeturas o voluntarismo judicial. Finalmente expresa que la continuidad del proceso ocasiona un gravamen irreparable al imputado, sometiéndolo a un proceso penal, sin sustento probatorio suficiente y afectando gravemente sus derechos constitucionales.
Solicita así, se declare admisible el recurso de casación. Se case la resolución recurrida por arbitrariedad. Se declare la nulidad del llamado a indagatoria. Se disponga el sobreseimiento definitivo de su defendido. II.-Corresponde por lo tanto que este Juez de Recursos de cumplimiento a lo reglado en el párrafo primero del art. 447 del C.P.P., a fin de constatar, si el recurrente ha dado cumplimiento a cada uno de los requisitos taxativamente enumerados por la ley formal para la procedencia del recurso, sin ingresar en la valoración de la cuestión sustancial, que ha motivado la interposición del recurso.-
En tal sentido la Jurisprudencia refiriéndose al art. 464 del C.P.P.N. idéntico a nuestro art. 447 ha dicho: “Es facultad del Tribunal de mérito efectuar una primera revisión del recurso a fin de examinar si en su interposición se han observado las condiciones formales de tiempo y forma que la ley prevé, pero su decisión no se ciñe sólo al recuento de éstas exigencias, pues puede avanzar sobre las condiciones de admisibilidad impidiendo el progreso del trámite cuando de su estudio surja la improcedencia de la vía recursiva. Ello no implica que el Tribunal del Juicio se convierta en juez de su propio fallo, sino que participa en la habilitación de la instancia superior en la medida que el propio código establece” (CNCP, Sala II, causa número 28, 23/9/93, reg. Número 34, Boletín de Jurisprudencia número 4, p.p. 76/78).-
III.-Que conforme lo expuesto precedentemente deviene necesario considerar en forma concreta el cumplimiento de los requisitos formales, establecidos por nuestro Código Procesal Penal.
En cuanto a los recaudos exigidos por los incisos c) y d) del art. 4° de la ley 1687, se comprueba que el recurrente constituyó domicilio en jurisdicción del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en la calle de la ciudad de Rio Gallegos, provincia de Santa Cruz (Estudio Jurídico del Dr. Sandro Levin Dumenes) de la Ciudad de Río Gallegos, domicilio electrónico en registro de usuario 20242831846 y obló copia de depósito correspondiente obrando comprobante de pago a fs. 530.-
El recurso fue interpuesto dentro del plazo perentorio que establece el art. 446 del C.P.P., esto es en los diez días hábiles de notificada la resolución al recurrente. El Dr. Marcelo Urbano Quintero fue notificado de la resolución dictada por este Juez de Recursos el día 21 de mayo, conforme surge de comprobante que obra a fs. 451. e interpuso el recurso de casación el día 29 de mayo del corriente, ello dentro del plazo legal consignado. Y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 446 del Código Procesal de la Provincia, la impugnación se interpuso con firma electrónica del letrado, indicando las disposiciones legales que se consideran violadas, explicando la aplicación pretendida.
Sin embargo, en mérito a la facultad arriba mencionada e inspirado en principios de economía procesal, este Juez de Recursos, entiende que el recurso de casación no puede prosperar por la simple circunstancia de que el auto interlocutorio que se ataca, no reúne las condiciones objetivas de impugnabilidad exigidas por la norma del art. 440 del C.P.P: No es sentencia definitiva, ni resulta equiparable a aquellas porque no ocasiona gravamen irreparable o de tardía reparación, y no pone fin al proceso. La resolución que confirma el rechazo del sobreseimiento del imputado, no es sentencia definitiva, ni resulta equiparable a aquellas porque no ocasiona gravamen irreparable o de tardía reparación, y no pone fin al proceso.
En efecto la resolución recurrida no pone fin al proceso, ni impide la prosecución de la causa, por lo contrario hace posible su continuación. Así la C.N. Casación Penal, Sala IV, 25/6/98, Causa, 1031, “S.J.A.
S/RECURSO DE QUEJA”, Rev. “E.D.” del 10/9/98, p. 17 ha dicho "Las resoluciones cuya consecuencia es que el imputado continúe sometido al proceso no revisten el carácter de definitiva o auto equiparable a que alude el art. 457 del Cód. Procesal Penal. (Nuestro 440 del C.P.P.).- Por lo expuesto, como Juez de Recursos;
I.-RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por el Dr. Quintero a fs. 531/533, en contra del resolutorio de este Juez de Recursos obrante a fs. 439/449, por inadmisible en virtud del incumplimiento de los requisitos formales de procedencia (art. 440 del C.P.P.).
II.-Regístrese, Notifíquese. Cumplido remítanse los presentes al Juzgado de origen.
Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante Mi:
María Leandra Arana Secretaria
Fin de la sentencia