Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 100742
REGITRO NRO AÑO 2020
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces que en estos autos integran la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causas N º 100.742 y agr. 100.755 de este Tribunal, caratuladas: “POMPEI, Jorge Luis s/ Recurso de Casación” y “BERNARD, Ricardo Luis s/ Recurso de Casación”, respectivamente . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: KOHAN – NATIELLO procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. El Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial San Isidro con fecha 10 de septiembre del 2019, condenó -bajo el procedimiento de juicio abreviado- a Ricardo Luis Bernard y a Jorge Luis Pompei a la pena de tres (3) años de prisión de ejecución condicional y costas del proceso, por hallarlos coautores penalmente responsables de los delitos de estafa procesal en concurso real con depositario infiel (arts. 172 y 263 en función del art. 261 del C.P.), disponiendo asimismo el cumplimiento de determinadas reglas conductas para los encausados durante el plazo de la condena de conformidad a lo normado por el art. 27 bis del C.P. (v. fs. 24/25 del leg. 100.742).
II. Contra dicho decisorio, los defensores de confianza de los imputados, doctores Mariano Mendilaharzu y Hernán Jáuregui Lorda interpusieron análogos recursos de casación, en los que denuncian la falta de adecuación típica de los hechos tenidos por probados a las figuras legales aplicadas, constitutivas de los delitos de estafa procesal y depositario infiel.
Sostienen que el escenario más desfavorable para sus defendidos atendiendo a los hechos –no discutidos-, eventualmente los haría responsables de los delitos de falsa denuncia o calumnias y desobediencia, respectivamente.
En esa dirección expresan que el engaño o ardid supuestamente perpetrado por el señor Bernard consistió en mentir al Sr. Juez de garantías respecto a la posesión del inmueble que ejercía su apoderado Pompei , todo ello en el marco de la IPP 14-02-3068-15, en trámite por ante el Juzgado de Garantías nro. 7 Departamental.
Que el hecho que habría ocasionado el engaño del magistrado no habría sido otro que la afirmación de Bernard respecto de la supuesta posesión que ejercía su poderdante, el señor Pompei , del terreno objeto de litigio. Que idéntico “engaño” se habría producido en la persona del Sr. Fiscal interviniente. Aducen que resulta imposible sostener válidamente sobre esa base, que el accionar endilgado tenga entidad suficiente como para inducir a engaño a un Magistrado y a un Fiscal, cuando ambos funcionarios poseían amplias facultades legales y procesales de verificación del estado de posesión del predio.
Refiere que la pereza judicial no puede cargar a cuenta de los imputados. Señala que el sentenciante pretende otorgarle la calidad de “ardid idóneo” a las simples mentiras que pudo haber sostenido alguno de los imputados y a la manifestación inserta por el señor Pompei en el documento de venta del terreno ocupado por el señor Nina (que no son más que formulismos de rigor que contiene cualquier escritura pública de compraventa), soslayando por completo que se obvió tomar alguna medida competente que permita verificar lo que sus asistidos alegaban en esa oportunidad. Cita doctrina en apoyo de su postura (v. fs. 37vta./38).
En cuanto a la declaración del señor Jara González, quien en oportunidad de acompañar al señor Bernard a cambiar el cerco perimetral del terreno el día 16 de marzo del 2015, sufrió agresiones del señor Nina y declaró en Sede policial que “…se hizo presente en el terreno ubicado en las calles Chazarreta entre Verazzi y Manzoni, juntamente con empleados de la colocación de alambres de la empresa Arias, con el fin de cambiar el cerco perimetral del terreno ocupado, ya que el colocado por los dueños hace un tiempo atrás, había sido cambiado por usurpadores …” (v. fs. 38), refiere que al no agregar ni dar mayores certezas sobre cómo tenía conocimiento de que se trataba de un terreno ocupado o que “había sido cambiado por usurpadores”, ninguna precisión aporta sobre la posesión del terreno en manos de los imputados y por ende no posee entidad para coadyuvar al engaño necesario para incurrir en el delito de estafa procesal. Cita jurisprudencia en su favor (v. fs. 38vta./39 del leg. 100742).
Por último señala que si el magistrado hubiere reparado en la posible aplicación de la ley 27.117, denominada “Ley de Agricultura Familiar”, vigente al momento del hecho, se hubiera tornado imposible la comisión de los dos delitos, en tanto el art. 19 de dicha ley suspendía toda ejecución de sentencia y actos procesales que tengan por objeto el desalojo de agricultores familiares.
En fin, considera que no se encuentra acreditado en autos los elementos objetivos y subjetivos que reclama la figura legal aplicada.
III. En lo concerniente a la figura de depositario infiel aplicada (art. 263 del C.P.), sostienen que el Juez de Garantías no designó como depositario judicial a ninguno de sus defendidos; que solamente le impuso una caución juratoria al Sr. Bernard conforme puede leerse en el acta que así lo dispone de fs. 32. Que el incumplimiento de una caución juratoria trae aparejada la pérdida del beneficio obtenido pero de ninguna forma supone la comisión de un delito.
Que por su parte, la obligación de no vender –inserta en la caución juratoria-, fue impuesta al señor Bernard, quien no poseía injerencia en el destino de la propiedad objeto de litigio, ya que el propietario del terreno resultaba ser el señor Pompei. Que el poder especial que detentaba Bernard, no lo facultaba para disponer del bien, conforme surge de fs. 27, incurriendo en un error a este respecto lo sostenido por la Jueza del Tribunal, quien fundó su postura en el supuesto “dominio del hecho”, que había tenido el señor Bernard cuando nunca tuvo facultad para impedir la venta del terreno por parte de su titular, el señor Pompei.
Sobre el tópico señala que resulta conteste la doctrina en cuanto exige del sujeto activo de la figura, que: “…la designación del administrador y depositario, tienen que ser realizadas por autoridad competente y de acuerdo con las formalidades legales, agregando que “la calidad de administrador y de depositario solo se adquieren con el consentimiento del interesado” (v. fs. 41).
Sostiene que a todo evento la conducta endilgada a sus defendidos constituiría el delito de desobediencia, sin dejar de mencionar que en este hecho no es posible hablar de coautoría, dado que sólo pudo llevarse a cabo por una sola persona.
En base a las consideraciones brindadas, solicitan se case el decisorio impugnado y se resuelva en el sentido propiciado.
Hacen reserva de interponer recurso extraordinario federal (art. 14 de la ley 48).
IV. Concedidos y elevados que fueran los recursos por el órgano "a quo", se dispuso la radicación en Sala de los mismos, notificándose a las partes.
A fs. 57/58 del legajo nro. 100.742 , el señor Fiscal Adjunto ante este Tribunal, doctor Jorge Armando Roldán, postuló el rechazo del recurso interpuesto en favor de los encausados.
V. A fs. 56 del legajo nro. 100.755, consta que se procedió a la acumulación de ambos recursos, por existir conexidad objetiva, continuando su trámite por las presentes actuaciones nº 100.742.
Cumplidos los trámites de rigor, el presente recurso pasó a estudio sin más trámite.
VI. Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, el Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Son admisibles los recursos de casación interpuestos?
2da.) En su caso ¿son procedentes?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Se encuentran cumplidos los recaudos de tiempo y forma exigidos por el ritual (art. 451 del C.P.P.), y no advierto objeciones relacionadas con la impugnabilidad objetiva o subjetiva, pues se trata de una sentencia definitiva, recaída en el marco de un juicio abreviado (conf. art. 105 y 450 del C.P.P.) que, por imperio del artículo 401 del C.P.P., resultan expresamente recurrible por los imputados o su defensa.
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
I. La identidad de agravios invocados por las defensas en sus respectivas presentaciones, ameritan el tratamiento conjunto de los recursos interpuestos.
En ese camino, adelanto, que las impugnaciones traídas a conocimiento de esta instancia casatoria deben ser desestimadas, toda vez que contrariamente a lo que postulan los recurrentes, encuentro que la impugnada constituye el resultado de la valoración armónica y conjunta del plexo probatorio revelado por el sentenciante –conforme las reglas contenidas en los arts. 210 y 373 del ritual-, sin que en dicha operación se verifique la presencia de vicio o defecto alguno que constituya absurdo o arbitrariedad en dicha labor.
Antes, se impone mencionar que en el marco del presente proceso ha adquirido relevancia el acuerdo de juicio abreviado al que arribaran las partes donde, como es sabido, la conformidad del imputado supone aceptar como adecuada a una hipótesis fáctica -el hecho materia de acusación- la calificación y la pena solicitada por el Fiscal, y que la sentencia dictada, que no es -ni puede ser- mera homologación, sólo puede fundarse en las evidencias legítimamente producidas durante la I.P.P., a las que las partes elevan al rango de prueba en virtud del acuerdo mencionado, constituyendo un pronunciamiento jurisdiccional fundado en el análisis racional y lógico de esa prueba legalmente incorporada al proceso.
De esta manera el segundo párrafo del art. 371 del C.P.P. prevé una motivación exhaustiva de las cuestiones de hecho planteadas y de la valoración de los medios de prueba que funden las afirmaciones fácticas realizadas en la sentencia, exigiendo del mismo modo, que exprese las razones del porqué no se atiende a ciertas pruebas dirimentes presentadas en el juicio, debiendo responder a los planteamientos efectuados por las partes.
Es decir, que nuestro procedimiento penal bonaerense exige el dictado de una sentencia que, en lo pertinente, debe observar las disposiciones de los artículos 371 y ssgtes. del Ritual, y resolver sobre los extremos de hecho en la forma establecida en los artículos 106, 210 y 373 del C.P.P..
Dentro de este marco, como ya lo he sostenido en numerosos precedentes (causas nro. 54.780, 55.341, 55.510 entre muchos otros), corresponde a esta instancia casatoria el control de legalidad y logicidad de la prueba utilizada por el sentenciante, como resultado del equilibrio entre una revisión eficaz e integral de la sentencia de condena, entendido como el más amplio derecho al recurso del imputado, sin desnaturalizar el recurso de casación convirtiendo a éste último, llegado el caso, en un segundo y nuevo juicio (Conf. Arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN en función de lo normado por los arts. 1.1, 8 inc. 2 letra h), 25 de la C.A.D.H., y 14 inc. 5 del P.I.D.C.P.; Comisión I.D.H. informes 30/97, en caso 10.087: Argentina; informe 17/94, caso: 11.086, Argentina (caso “Maqueda”) e informe 55/97, caso: 11.137, Argentina (caso “Abella”); Corte Interamericana de Derechos Humanos “Herrera Ulloa vs. Costa Rica” del 2/7/2004; Comité de Derechos Humanos de la O.N.U., in re: “Cesario Gómez Vázquez c. España” (701/1996), dictamen del 20/07/2000 y “M. Sineiro Fernández c. España” (1007/2001), del 07/08/2003).
Por su parte, debo mencionar que el pronunciamiento del órgano “a quo” fue dictado en un pie de igualdad con la revisión que aquí se pretende, ello por cuanto las constancias escritas en las se valió el tribunal de mérito son las que cuenta esta instancia para resolver las presentaciones. De allí que la revisión amplia que, de acuerdo a los estándares fijados en el ya citado fallo ‘Casal’, debe efectuar este Tribunal permiten echar mano de los autos principales que fueran solicitados al órgano ‘a quo’ .
II. Dicho esto, para dar respuesta a los cuestionamientos de la defensa, corresponde dejar sentado que el “a quo” tuvo por acreditado que:
“… Hecho N º 1: “Que los aquí imputados…en el periodo comprendido entre los días 16 de marzo del 2015 y 8 de junio del año 2015 en el marco de la Investigación Penal Preparatoria Nro. 14-02-3068-15-00 del Registro de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro. 1 del Distrito Del Pilar realizaron un ardid de entidad suficiente, mediante la utilización fraudulenta de documentos materialmente genuinos, para lograr engañar y así estafar procesalmente al Sr. Juez de Garantías interviniente en la pesquisa antes mencionada, Dr. Walter Federico Saettone, haciéndolo, influido por la falsedad de dicha disvaliosa acción, fallar el día 2 de junio del año 2015 -resolución protocolizada bajo el registro Nro. 16, del libro Nro. VII del año 2015 del Juzgado de Garantías Nro. 7 de San Isidro- a favor de los nombrados y en detrimento de los derechos patrimoniales de Alberto Nina, por cuanto este último fue desalojado del inmueble sito en la calle Chazarreta entre Manzoni y Verazi de la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar …el cual fue entregado a los imputados privando de esa forma a Nina de la explotación comercial que hasta aquella fecha venían realizando en el período de mención…”.
“ Hecho N º 2: “….los aquí imputados…en el período comprendido entre los días 8 de junio y el 22 de junio del año 2015 realizaron maniobras tendientes a violar la caución juratoria oportunamente prestada -mediante acta de fecha 3 de junio del año 2015- en el marco de la Investigación Penal Preparatoria Nro. 14-02-3068-15-00…por la cual se comprometían a “…detentar la posesión del bien, no venderlo ni enajenarlo, no dar lugar embargo del mismo y no ceder derechos a favor de terceras personas…” maniobra que finalmente fue ejecutada el día 22 de junio del año 2015 cuando mediante escritura nro. (…) se procedió a la venta del predio…” .
Ahora bien, la defensa alega en relación al hecho 1, la falta de adecuación típica a la figura legal aplicada, aduciendo que la conducta de sus defendidos de ningún modo puede configurar el ardid o engaño que reclama el delito de estafa, señalando que, a todo evento, se trató de una simple mentira.
Frente a ello señalo que, el sentenciante avaló la calificación acordada por las partes, teniendo en cuenta –a contramano de lo afirmado por la defensa- el cúmulo de elementos obrantes en la causa, que claramente ponen al descubierto el montaje escénico llevado a cabo por los aquí imputados en el marco de la IPP 14-02-003068-15, logrando el engaño suficiente en el Magistrado, que provocó el yerro en su decisión al disponer el lanzamiento (cf. lo normado por el art. 231 bis del C.P.P.), de quienes ocupaban pacíficamente, hasta ese entonces, el predio objeto de “usurpación”, ocasionándoles un perjuicio económico, privándolos de la explotación comercial de naturaleza agrícola que venían desarrollando.
Resulta válido colacionar que al momento de ordenar el lanzamiento en los términos del art. 231 bis del C.P.P., - 2/06/2015- , el Magistrado interviniente ponderó no sólo la falsa denuncia de usurpación efectuada con fecha 12/03/2015 por Bernard en su carácter de apoderado del propietario de las tierras, Sr. Pompei , sino que también tuvo en cuenta las circunstancias fácticas en la sucesión de los hechos que fuera generada artificiosamente por los imputados, plenamente robustecida por los testimonios obtenidos en el marco de la causa y la documentación acompañada al efecto por el denunciante, logrando aparentar una situación de hecho inexistente, configurativa del delito de usurpación (art. 181 del C.P.).
Nótese así que el 2 de junio del 2015 , el magistrado dispuso la medida cautelar (v. fs. 28/30 de los autos principales) teniendo en consideración lo constatado en el acta de procedimiento en cuanto a que “…personal policial se dirigió a las inmediaciones del inmueble en cuestión a raíz de un llamado recibido en la comisaría de Pilar VI logrando constatar efectivamente que el aquí imputado {Alberto Nina} se encontraba manipulando una escopeta con la cual le había efectuado disparos a las personas que se encontraban allí” ; Que “…las declaraciones testimoniales obrantes a fs. 13/17,…de los agentes policiales actuantes ratifican el contenido de dichas actas...” . Que la víctima “…refirió que el día 16 de marzo del año en curso se hizo presente en su carácter de apoderado del Sr. Pompei en el inmueble en cuestión junto con personal de la empresa “Alambrados Arias” a los fines de cambiar el alambrado oportunamente colocado por esa misma empresa, cuando fueron sorprendidos por el aquí imputado que descendió de su rodado y previo amenazarlos, corrió hacia su domicilio ubicado a 30 mts. aproximadamente y regresó con una escopeta, con la cual empezó a efectuarles disparos, lo que provocó al correspondiente llamado a la policía…” . Que en la misma línea se manifestaron el señor Gonzalo Paz, testigo de lo acontecido, y el propietario de la empresa de colocación de alambrados, Sr. Arias, siendo sus relatos coincidentes en un todo con el de la víctima.
Se sumó a este teatro, la documentación acompañada por el señor Bernard a fs. 76/81 de la mentada IPP, consistente en la copia de un testimonio de venta judicial - de fecha 27 de enero del 2015 - de las tierras en favor del Señor Pompei, quien manifestó –falsamente- “…hallarse en posesión material de lo adquirido por tradición verificada antes de este acto” (v. fs. 23 de los autos principales).
De tales consideraciones mal puede ampararse la defensa en una falta de diligencia por parte del Magistrado, para poner al descubierto el embute, en tanto como quedara de manifiesto el artificio verbal fue acompañado de documentación y de maniobras de objetiva entidad que llevaron al juicio equivocado del destinatario. Por su parte ante la supuesta inobservancia de lo normado por la ley Nº 27.118 que se alega, -más allá de otras consideraciones que puedan hacerse-, lo cierto es que la misma no aplica ante la comisión de un delito y resulta una mención contrafáctica de lo que podría haberse hecho y no se hizo. Insisto en que la articulación de medidas protectivas de la posesión no intentadas por quien ostentaba la misma en el inmueble no puede emplearse como excusa absolutoria frente a la comisión de un delito cuando ella no está prevista como tal. Resulta pueril el argumento de recargar las culpas en la víctima por lo que no hizo para justificar la comisión del ilícito por parte de los sujetos penalmente responsables.
Ahora bien, retomado el hilo, los elementos que fueron incorporándose a la causa, pusieron en evidencia el entramado y despliegue de las man
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